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Documento BOE-A-2004-7165

Orden TAS/1027/2004, de 18 de marzo, por la que registra la Fundación Proyecto Aci Solidario (PROACIS) como fundación de cooperación para el desarrollo y promoción del voluntariado, y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Publicado en:
«BOE» núm. 96, de 20 de abril de 2004, páginas 16155 a 16155 (1 pág.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia:
BOE-A-2004-7165

TEXTO ORIGINAL

Por Orden Ministerial se clasifica y registra la Fundación Proyecto ACI Solidario (PROACIS).

Vista la escritura de constitución de la Fundación Proyecto ACI Solidario (PROACIS), instituida en Madrid.

Antecedentes de hecho

Primero. 

Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscripción de la entidad en el Registro de Fundaciones.

Segundo. 

La Fundación fue constituida mediante escritura pública, otorgada ante el Notario de Madrid, don Francisco Javier Pérez de Camino Palacios, el 26 de noviembre de 2003, con el número 2.958 de su protocolo, subsanada por otra otorgada ante el mismo Notario de Madrid, el 3 de marzo de 2004, con el número 520 de protocolo, por la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

Tercero. 

La dotación inicial de la Fundación es de treinta mil euros, cantidad aportada por la fundadora y depositados en una entidad bancaria a nombre de la Fundación.

Cuarto. 

El Patronato de la Fundación esta constituido por los siguientes miembros, con aceptación de sus cargos:

Presidenta: Doña Nelina-Isabel Leguen Fina.

Vicepresidenta: Doña María del Carmen Sánchez Luño.

Secretaria: Doña María Eduarda La Moura Barata.

Administradora: Doña Virginia Lanuza Alonso.

Vocales: Doña María Soledad Aranguren García, doña María de los Ángeles Jordán Iglesias, doña Francisca Oñate Jiménez.

Quinto. 

El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 4 de los Estatutos, radica en la calle San Agustín, número 11, de Madrid (28014).

Sexto. 

El objeto de la Fundación queda determinado en el artículo 6 de los Estatutos, en la forma siguiente:

«La Fundación tiene por objetivo general la mejora de la sociedad a partir del compromiso, individual y colectivo, por la solidaridad y la justicia social.

En concreto, son fines de la Fundación:

1. Promover y realizar proyectos de desarrollo en los sectores de la educación, la sanidad, la cultura y todos aquellos destinados a la promoción integral de las personas de los países en vías de desarrollo y de los núcleos de población que sufren las consecuencias de la pobreza y marginación en el llamado cuarto mundo, como medio que promueva su desarrollo equilibrado e integral, y ayude a avanzar hacia la fraternidad entre todos los países y personas.

2. Sensibilizar a los ciudadanos respecto a los problemas de la pobreza en los países en vías de desarrollo y promover una mayor conciencia cívica que permita ir haciendo realidad la solidaridad internacional con todos los que sufren una extrema pobreza.

3. Promover y alentar el Voluntariado como expresión concreta de la solidaridad personal, así como organizar y vertebrar su actuación en la Fundación.»

Séptimo. 

Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación, queda recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente el carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando obligado, dicho órgano de gobierno, a la presentación de las cuentas y del plan de actuación anuales ante el Protectorado.

Vistos la Constitución Española, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre; los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1.888/1996, de 2 de agosto, 140/1997, de 31 de enero, 2.288/1998, de 23 de octubre y 692/2000, de 12 de mayo.

Fundamentos de Derecho

Primero.

La Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de competencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 y disposición transitoria tercera de la Ley 50/2002, 26 de diciembre, de Fundaciones, en relación, con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, y con el Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de Reestructuración de Departamentos Ministeriales (artículo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica, entre otros, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículo 6), y con el Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por los Reales Decretos 140/1997, de 31 de enero, 2288/1998, de 23 de octubre y 692/2000, de 12 de mayo, por el que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículos 10 y 11).

La Orden Ministerial de 21 de mayo de 1996, sobre delegación del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE del día 27 de mayo), corregida por la Orden Ministerial de 25 de junio de 1996 (BOE del día 27 de junio) y modificada, entre otras, por Orden de 15 de marzo de 2001 (BOE del día 29 de marzo) y por la Orden de 3 de febrero de 2003 (BOE de 5 de febrero), dispone la delegación del ejercicio de las competencias, en relación con el protectorado del Gobierno sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secretaria General de Asuntos Sociales.

Segundo.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en sus artículos 34 y 35, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, así como informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de Fundaciones, sobre la idoneidad de los fines y sobre la suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución.

Tercero.

La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Cuarto.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, en su artículo 36, establece que existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad Autónoma. La estructura y funcionamiento del citado Registro se determinarán reglamentariamente. Asimismo, la disposición transitoria cuarta de dicha Ley, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que se refiere el citado artículo, subsistirán los Registros de Fundaciones actualmente existentes.

Quinto.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, establece que se inscribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución de la fundación, el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese, por cualquier causa, de los miembros del patronato y otros órganos creados por los Estatutos, y las delegaciones y apoderamientos generales concedidos por el patronato y la extinción de estos cargos.

Sexto.

La Fundación persigue fines de interés general, conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.

Séptimo.

La dotación de la Fundación, descrita en el antecedente de hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente para el cumplimiento de sus fines.

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado del Estado en el Departamento, ha dispuesto:

Primero.

Clasificar a la Fundación Proyecto ACI Solidario (PROACIS), instituida en Madrid, cuyos fines de interés general son predominantemente de cooperación para el desarrollo y promoción del voluntariado.

Segundo.

Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales, bajo el número 28/1.302.

Tercero.

Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente Orden, así como su aceptación de cargo.

Cuarto.

Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.

Madrid, 18 de marzo de 2004.–P. D. (O. de 15 de marzo de 2001), la Secretaria General de Asuntos Sociales, Lucía Figar de Lacalle.

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