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El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número cinco, ha dictado sentencia, con fecha 9 de diciembre de 2003 en el recurso promovido por D. José Micó Gisbert contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 3 de junio de 2003, sobre extensión de efectos de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 23 de enero de 2001.

La parte dispositiva de la expresada sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. José Micó Gisbert frente a la Resolución de 3 de junio de 2003, dictada por la Secretaría de Estado para la Administración Pública desestimando la solicitud presentada por el recurrente interesando la retroacción de efectos de su nombramiento como funcionario de carrera al día 22 de julio de 1996, anulando la resolución impugnada por no ser conforme al ordenamiento jurídico, y declara el derecho del recurrente a que los efectos de su nombramiento han de entenderse a dicha fecha del 22 de julio, con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

Por Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 20 de febrero de 2004, se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y el artículo 6. 3 del Real Decreto 2169/84, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, y a propuesta de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, resuelve:

Retrotraer los efectos del nombramiento como funcionario de carrera de la Escala Administrativa de Organismos Autónomos de D. José Micó Gisbert (Número de Registro de Personal: 2900828335 A6025) obtenido por la Resolución de 20 de diciembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre de 1996) a la fecha de 22 de julio de 1996, con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

Lo que comunico a VV. II.

Madrid, 10 de marzo de 2004.–El Secretario de Estado, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e Ilma. Sra. Directora General de la Función Pública.