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El Decreto 176/2002, de 18 de junio, constituyó y reguló el Instituto de Medicina Legal de Granada, recogiéndose en la Disposición Transitoria tercera, que el personal al servicio de la Administración de Justicia que a la entrada en vigor de esta norma estuvieran destinados en los servicios médicos-forenses quedará adscrito a los respectivos Institutos de Medicina Legal en la fecha de su entrada en funcionamiento.

Esta Secretaría General Técnica, en virtud de las competencias establecidas en el artículo 7.2.p) del Texto integrado del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, publicada por Orden de 27 de mayo de 2002, resuelve:

Primero.

Nombrar como funcionarios del Instituto de Medicina Legal de Granada, al personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en el Instituto Médico Forense y en la Clínica Médico Forense de Granada:

En los puestos de auxiliares adscritos a la sede Central:

D.ª Ana M.ª Giráldez Gómez, con D.N.I. n.º: 29.080.408.

D.ª Antonia Moreno Costela, con D.N.I. n.º: 24.193.140.

D. Francisco Javier Rodríguez Navarrete, con D.N.I n.º: 25.961.746.

En los puestos de agentes adscritos a la sede Central:

D.ª Carmen Jiménez Ramos, con D.N.I. n.º: 24.102.281.

D. Eugenio García Montero, con D.N.I. n.º: 24.148.541.

D. Antonio Jiménez Romero, con D.N.I. n.º: 24.172.214.

D. José Luis Sánchez Rodríguez, con D.N.I. n.º: 23.775.641.

D. Juan Carlos Torices Molero, con D.N.I. n.º: 24.207.394.

Segundo.

Estos funcionarios cesarán en los destinos anteriormente mencionados y tomarán posesión en el Instituto de Medicina Legal de Granada en la fecha que señale la Resolución del Viceconsejero de Justicia y Administración Pública, salvo que con anterioridad a esta última Resolución obtengan un destino definitivo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo competentes, en el plazo de dos meses contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Insértese en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 25 de febrero de 2003.–El Secretario general técnico, Carlos Toscano Sánchez.