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En virtud de lo previsto en el apartado segundo de la Resolución

de 28 de noviembre de 2002, por la que se da cumplimiento

del fallo contenido en el testimonio de sentencia estimatoria,

dictada con fecha 3 de septiembre de 2002, del Tribunal Superior

de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección Séptima, correspondiente al recurso número 406/99,

interpuesto por don Julián Moya Jurado, aspirante al Cuerpo de

Ayudantes de Instituciones Penitenciarias de la Escala Masculina en

el concurso-oposición para ingreso en este Cuerpo, convocado

por Orden de 12 de diciembre de 1997, se hace pública la

puntuación definitiva obtenida por el señor Moya Jurado en el proceso:

Fase de oposición, 17,00 puntos y fase de concurso 6,181, que

hacen un total de 23,181, puntuación que le supone la posibilidad

de acceso a una de las plazas convocadas de la Escala Masculina,

una vez finalizado y superado el preceso previsto en las bases

de la convocatoria.

Conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración

General del Estado, deberá presentar en la Subdirección General

de Personal de la Dirección General de Instituciones

Penitenciarias, los documentos que se señalan en la base 8.1 de la

convocatoria (Orden de 12 de diciembre de 1997), en el plazo de

veinte días naturales a contar desde el siguiente a la publicación

de la presente resolución en el "Boletín Oficial del Estado".

Si dentro del plazo fijado y salvo causa de fuerza mayor, no

presentase la documentación, o del examen de la misma se

dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la base

2 de la convocatoria, no podrá ser nombrado funcionario de carrera

y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la

responsabilidad en que hubiere incurrido por falsedad en la solicitud

inicial (apartado 8.3 de la convocatoria).

La presente resolución, de conformidad con el artículo 116

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, podrá

ser recurrida potestativamente ante el mismo órgano que lo ha

dictado, mediante la interposición del recurso de reposición en

el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su publicación,

o ser impugnada directamente ante la Audiencia Nacional,

pudiendo interponerse, en este caso, recurso contencioso-administrativo

en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su

publicación.

Madrid, 13 de diciembre de 2002.-El Director general de

Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.