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Por Orden INT/3453/2002, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial del Estado» de 17 de enero, se publicó concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en los Servicios Periféricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias correspondiente al Sector de Sanidad Penitenciaria, en el que se incluía la plaza de Jefe de Servicios Médicos en el Centro Penitenciario de Alcalá de Gudaira, vacante como consecuencia de Resolución del Director general de Instituciones Penitenciarias de 31 de julio de 2002, que imponía suspensión firme de funciones a don José Francisco Guzmán Pérez, titular de la misma.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la citada Resolución ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5, por el mismo se dicta auto de fecha 31 de enero de 2003 acordando la suspensión de la antedicha Resolución, resultando la de 5 de enero de 2003 del Director general de Instituciones Penitenciarias que ordena la incorporación inmediata al mencionado puesto de trabajo del citado funcionario.

En consecuencia, esta Dirección General de Instituciones Penitenciarias procede a retirar del anexo I-A) del concurso al principio referido la plaza de Jefe de Servicios Médicos en el Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaira, incluyéndola como parte de las resultas convocadas en el anexo I-B).

Al no suponer una modificación esencial en la convocatoria no procede un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá ser recurrida potestativamente ante esta Dirección General, mediante la interposición de recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, o ser impugnada directamente ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Madrid, 24 de febrero de 2003.‒P. D. (Orden INT/2992/2002, de 21 de noviembre), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.