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Por Resolución de este centro directivo de 30 de abril de 2002 («Boletín Oficial del Estado» número 122, de 22 de mayo), se convocó oposición libre para cubrir plazas de alumnos del Centro de Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, y se designaron los Tribunales calificadores que habrían de intervenir en el desarrollo, ejecución y calificación de las pruebas.

Con posterioridad a la fecha indicada, los Inspectores Jefes del Cuerpo Nacional de Policía, don Ángel Moya Castro, Vocal del Tribunal número 1, ha pasado a la situación de segunda actividad sin destino, y don Antonio Emilio Jarabo de la Peña, Vocal del Tribunal número 3, ha cambiado de destino, circunstancias que aconsejan modificar la composición de los mencionados Tribunales al objeto de garantizar la necesaria armonía, eficacia y funcionalidad en el desarrollo del proceso.

En su virtud, esta Dirección General, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 4 del Reglamento de los procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, acuerda:

Primero.

Nombrar Vocal del Tribunal número 1 al Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía don Hermógenes Carcedo Robles, en sustitución de don Ángel Moya Castro.

Segundo.

Nombrar Vocal del Tribunal número 3 al Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía don José María Ayala Val-puesta en sustitución de don Antonio Emilio Jarabo de la Peña.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de la Policía en el plazo de un mes, en los términos establecidos por el artículo 116 y concordantes de aquella ley; y contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.i) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma ley.

Madrid, 25 de febrero de 2003.‒El Director general, Agustín Díaz de Mera y García Consuegra.