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Por Resolución de 26 de julio de 2002 se acordó iniciar a la entidad

"Mapfre Guanarteme, Compañía de Seguros y Reaseguros de Canarias,

Sociedad Anónima", expediente de revocación de la autorización

administrativa concedida, para realizar la actividad aseguradora en el ramo

de pérdidas pecuniarias diversas, ramo número 16 de la clasificación de

los riesgos por ramos establecida en la disposición adicional primera de

la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los

Seguros Privados.

Dicho acuerdo se adoptó al considerar que el volumen de primas

devengadas por la entidad durante los ejercicios 2000 y 2001 no había superado

los importes mínimos que establece el artículo 81.1.4.o del Reglamento

de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real

Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y que dicha circunstancia está

incluida como causa de revocación del mencionado ramo, conforme a los

artículos 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, y 81.1.2.o del

Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el 26 de julio de 2002, se

concedió a la entidad un plazo de quince días para que se formulasen

las alegaciones que se estimasen oportunas.

La entidad no ha efectuado alegaciones referentes a este punto.

El artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, dispone que

el Ministro de Economía revocará la autorización administrativa concedida

a las entidades aseguradoras cuando la entidad aseguradora no haya

iniciado su actividad en el plazo de un año o cese de ejercerla durante un

período superior a seis meses. A esta inactividad, por falta de iniciación

o cese de ejercicio, se equiparará la falta de efectiva actividad en uno

o varios ramos, en los términos que se determinen reglamentariamente.

De acuerdo con los datos reflejados por la entidad en la documentación

estadístico-contable remitida a la Dirección General de Seguros y Fondos

de Pensiones se desprende que el volumen de primas devengadas (seguro

directo y reaseguro aceptado) no parece superar los importes mínimos

que establece el artículo 81.1.4.o del Reglamento de Ordenación y

Supervisión de los Seguros Privados en los ejercicios 2000 y 2001.

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,

de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y en el artículo

81.1.2.o del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros

Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, y demás disposiciones

aplicables al efecto, he resuelto:

Primero.-Revocar a la entidad "Mapfre Guanarteme, Compañía de

Seguros y Reaseguros de Canarias, Sociedad Anónima" la autorización

administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de

pérdidas pecuniarias diversas.

Segundo.-Inscribir en el Registro administrativo de entidades

aseguradoras el acuerdo de revocación de la autorización administrativa

concedida a la entidad "Mapfre Guanarteme, Compañía de Seguros y

Reaseguros de Canarias, Sociedad Anónima" para el ejercicio de la actividad

aseguradora en el ramo citado anteriormente.

Contra la presente Orden Ministerial, que pone fin a la vía

administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional

decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y

Funcionamiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer

con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes,

contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo

con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el

plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1. a), 25 y 46 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.-El Ministro, P. D. (Orden

ECO/2489/2002, de 3 de octubre, "Boletín Oficial del Estado" del 10), el

Secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos Jurado.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.