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Por Resolución de la entonces Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo de 23 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de mayo) y de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades de 21 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre) se hacían públicas las convocatorias para la concesión de ayudas y subvenciones para estancias de investigadores, científicos y tecnólogos extranjeros en España.

Al amparo de los puntos 1.3.3 y 1.3.4, respectivamente, de las normas de aplicación específica de las mencionadas convocatorias, se han recibido escritos de solicitud de prolongación de estancia;

Vista la propuesta elevada por la Subdirectora general, teniendo en cuenta el informe presentado por los interesados y evaluados los objetivos científicos que se pretenden alcanzar. En uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de convocatoria, he resuelto:

Primero.

La concesión de las subvenciones relacionadas en el anexo a los organismos que se señalan, destinadas a la financiación de las prolongaciones de estancias de profesores extranjeros en régimen de año sabático en centros de investigación españoles por un importe total de 25.242,51 euros.

El gasto será imputado a la aplicación presupuestaria 18.07.541A.781 de los vigentes Presupuestos Generales del Estado, con el desglose siguiente:

Año 2002: 25.242,51 euros.

Los organismos perceptores de las subvención presentarán certificación que acredite que su importe se ha incorporado a su contabilidad, en el plazo de un mes a contar desde su percibo.

La subvención quedará afecta a los fines para los que se otorga. Dentro de los tres meses siguientes a la terminación de la estancia, los organismos receptores deberán justificar el cumplimiento de los fines de la subvención, mediante certificación que acredite el cumplimiento de los fines de la subvención, mediante certificación que acredite desglosada de los fondos percibidos, los organismos sujetos a fiscalización por el Tribunal de Cuentas, o con los justificantes originales, los no sujetos a esa fiscalización. En ambos casos, deberá presentarse fotocopia del reintegro al Tesoro Público de los fondos no utilizados.

Los beneficiarios quedan obligados al cumplimiento de lo establecido en el apartado 1.4 de las normas de aplicación específica de la convocatoria de 23 de abril de 1999 y en el apartado 7 de las normas de aplicación general de la convocatoria de 21 de septiembre de 2000, respectivamente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley /1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, que establece el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo de reposición, en el supuesto de haberse presentado, sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

Madrid, 14 de junio de 2002.‒El Director general, Ismael Crespo Martínez.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formación y Movilidad de Profesorado Universitario.

ANEXO