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En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los

Tribunales, don José Antonio Ortenbach Cerezo, en nombre de la Iglesia

Parroquial de Nuestra Señora de Navarrés, contra la negativa de la Registradora

de la Propiedad de Enguera, doña Emilia García Cueco, a inmatricular

determinada finca urbana, en virtud de apelación de la señora Registradora.

Hechos

I

El 22 de julio de 1997, el Arzobispado de Valencia expidió certificación

exponiendo que según los antecedentes que obran en el archivo de la

Curia Diocesana, consta que a la Parroquia de la Asunción de Nuestra

Señora de Navarrés, con domicilio en la plaza de la Iglesia, número 11,

inscrita en el Registro de Entidades Religiosas en fecha 30 de junio de 1983,

pertenecen en pleno dominio, desde tiempo inmemorial, al menos más

de treinta años, sin que conste título de propiedad, las siguientes fincas:

Edificio destinado a templo parroquial, situado en la Plaza de la Iglesia,

número 11, solar situado en la calle del Cristo, número 73 y un terreno

situado en la partida de Frigalet, polígono 2, parcela 441, todas ellas del

término municipal de Navarrés, a fin de que conste a efectos de

inmatriculación en el Registro de la Propiedad, con arreglo a los artículos 206

de la Ley Hipotecaria y 303 y siguientes de su Reglamento, toda vez que

carece de título inscrito.

II

Presentada la anterior certificación en el Registro de la Propiedad de

Enguera fue calificada con la siguiente nota: "Inscrito el precedente

documento, donde indican los cajetines puestos al margen de las descripciones

de las fincas. No se practica operación alguna en cuanto a la finca descrita

en primer lugar, por no ser susceptible de inscripción conforme al

artículo 5, número 4 del Reglamento Hipotecario. Enguera, 13 de septiembre

de 1997. El Registrador". Firma Ilegible.

Don José Antonio Ortenbach Cerezo, en nombre del Reverendo don

Carlos Pons Rocher, como Párroco representante legal y canónico de la

Iglesia Parroquial Asunción de Nuestra Señora de Navarrés, interpuso

recurso gubernativo contra la referida calificación, y alegó: Que el

artículo 5, número 4 del Reglamento Hipotecario no tiene vigencia, después

del artículo 16 de la Constitución y la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio,

de Libertad Religiosa, en cuyo artículo 1.3 se establece que ninguna

confesión religiosa tendrá carácter estatal. Que el citado artículo 5 no prohíbe

la inscripción en sentido estricto, pues sólo utiliza el término exceptuar

que no implica dicha prohibición. Que conforme a lo dispuesto en el artículo

16 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio,

de Libertad Religiosa, mantener la negativa a la inscripción registral del

templo parroquial supone una discriminación frente a otras confesiones.

Que se considera que también se infringe el artículo 14 de la Constitución

Española, pues también existe desigualdad frente a Instituciones Locales,

ya que la Resolución de 31 de marzo de 1982 permite la inscripción de

templo católico propiedad de un Ayuntamiento, lo que no debería poder

hacerse con arreglo al apartado 2 del artículo 5 del Reglamento Hipotecario.

Que en este punto hay que citar las Sentencias del Tribunal Constitucional

de 2 de julio de 1981, de 29 de noviembre de 1984, de 10 de julio de 1985

y 16 de febrero de 1989. Que, en consecuencia, siendo inconstitucional

lo dispuesto en el artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario, se considera

que debe inscribirse el templo parroquial mencionado en el Registro de

la Propiedad.

IV

La Registradora de la Propiedad, en defensa de la nota, informó:

1. Que el artículo 5 del Reglamento Hipotecario dice que "quedan

exceptuados de inscripción: ...4.o Los templos destinados al culto

católico". Que estando la finca descrita en primer lugar en la certificación,

destinada a templo parroquial, es obvio que queda incluida dentro del

campo de aplicación de dicha norma. El mandato reglamentario no ofrece

dudas, tanto por lo que resulta de su propio texto, como de la oposición

al artículo 4 que directamente alude a que no son inscribibles en el Registro

de la Propiedad los derechos reales inmobiliarios si tienen por objeto

templos destinados al culto católico.

2. Que el recurrente formula dos objeciones: Una referente a la

vigencia de la norma ; otra, acerca de su interpretación. Procede examinarlas

por separado.

3. Que niega la vigencia del artículo 5.4.o del Reglamento Hipotecario

por inconstitucionalidad sobrevenida, pues se opondría a los

artículos 14 y 16 de Constitución.

4. Que por lo que se refiere a la supuesta violación del artículo 16

de la Constitución y su legislación de desarrollo (Ley Orgánica 7/1980),

el recurrente parece dar por supuesto que la norma debatida es una

consecuencia del carácter confesional del Estado anterior a la Constitución.

Que a la hora de encontrar la ratio del artículo 5 del Reglamento Hipotecario

que exceptúa de inscripción a determinados bienes, confluyen dos datos

distintos: De una parte, la titularidad de determinadas Entidades (Estado,

Provincia, Municipio, Iglesia Católica) e incluso la indefinida categoría

de la "utilidad pública o comunal", tratándose de servidumbres ; de otra,

la fácil recognoscibilidad social de la titularidad de los bienes y derechos

exceptuados de inscripción y su excepcional presencia en el tráfico

inmobiliario. Este último dato tiene importancia, ya que no están exceptuados

de inscripción todos los bienes de todas las Entidades Públicas (quedan

fuera los bienes patrimoniales), ni tan siquiera todos los bienes de dominio

público (no están exceptuados los bienes de servicio público municipal

o provincial). El último motivo citado es el verdadero fundamento de la

norma enjuiciada. Que la legislación hipotecaria no atribuye al Registro

de la Propiedad la función de ser un repertorio inerte de titularidades

jurídico-reales, sino la de dar publicidad de éstas en interés de terceros

que contratan sobre bienes raíces ; ahora bien, si ésta es notoria por razón

de las mismas características físicas del objeto, y si además el tráfico

jurídico de éste es reducidísimo, poco tiene que aportar la institución

registral. Que los antecedentes del precepto apoyan esta conclusión. El

preámbulo del Real Decreto de 6 de noviembre de 1863 justifica la

innecesariedad de inscribir los bienes de uso público general que se mencionan

en dicho Decreto (entre ellos los templos destinados al culto) porque "no

es indispensable que estén señalados con un número en el Registro para

que sea notorio su estado civil". Este planteamiento es confirmado por

la Resolución de 25 de marzo de 1982, en su primer considerando. Que

conviene recordar que la idea de uso público está reconocida en el Código

de Derecho Canónico en el canon 1214 y 1221. Que todo lo expuesto tiene

aplicación en el caso debatido. Por tanto, siendo el fundamento del

artículo 5 distinto de la "estatalidad" y confirmada la ratio en el caso concreto,

debe desestimarse su supuesta inconstitucionalidad sobrevenida por

infracción del artículo 16 de la Constitución.

5. Que en cuanto al artículo 14 de la Constitución, no es esta la única

disposición especial de la legislación hipotecaria respecto a la Iglesia

Católica, se pueden añadir los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 35 de

su Reglamento. Que numerosos especialistas de Derecho Eclesiástico del

Estado afirman que la Iglesia Católica merece trato jurídico diferente del

de las demás confesiones religiosas, por razón de su arraigo e implantación.

Que en el ámbito hipotecario, los artículos antes citados forman con el

artículo 5.4.o un todo inescindible que está justificado por las razones

antes mencionadas y que valorado en su conjunto resulta sin duda favorable

a la Iglesia Católica. Que no existe obstáculo constitucional para la vigencia

de la disposición reglamentaria como apreció la Resolución de 25 de marzo

de 1982, posterior a la Constitución.

6. Que es cierto que existen varias normas posteriores que ordenan

la inscripción de bienes inmuebles o derechos reales comprendidos en

alguno de los números del artículo 5 del Reglamento Hipotecario, y si

se inscriben dichos derechos la inscripción no es nula. Sin embargo, no

es posible llegar más lejos, como hace el recurrente, hasta prescindir lisa

y llanamente de la norma reglamentaria, vaciarla de contenido y hacer

del titular del inmueble el árbitro de la excepción de inscripción. Que

la norma se dirige también al Registrador, quien ha de vedar el acceso

al Registro a los bienes que están exceptuados de publicidad registral,

salvo que otra norma lo autorice.

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana revocó la nota de la Registradora, fundándose en que el artículo

5.4 del Reglamento Hipotecario no prohíbe la inscripción sino que la

exceptúa frente al principio del artículo 4, pues una interpretación prohibitiva

y no sólo dispensatoria del citado precepto, constituye un evidente caso

de discriminación por razón de religión, porque impide la inmatriculación

de un templo católico y permite la de destinarlo a cualquier otro culto.

Conforme al artículo 9.2 de la Constitución los poderes públicos

promoverán la igualdad de los individuos y grupos en que se integran para

que la igualdad sea real y efectiva. No existe motivo alguno razonable

para una tal discriminación en perjuicio de una sola religión. La norma

preconstitucional, si se estimase ser prohibitiva, queda vacía e ineficaz

desde la entrada en vigor de la norma suprema.

VI

La Registradora apeló el auto presidencial, manteniéndose en las

alegaciones contenidas en su informe.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 9.2, 14 y 16.3 de la Constitución ; 35, 37, 38, 746

y 752 del Código Civil ; 2.6, 199 y 206 de la Ley Hipotecaria; 4, 5, 6, 19

y 117 del Reglamento Hipotecario de 14 de febrero de 1947 ; 5 de dicho

Reglamento, modificado por el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre ;

los cánones 1222, 1254, 1259, 1269 y 1291 del Código de Derecho Canónico

de 25 de enero de 1983 ; el artículo 1 del Acuerdo entre el Estado Español

y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos de 3 de enero de 1979 ; la Sentencia

del Tribunal Constitucional de 16 de noviembre de 1993, y la Resolución

de 31 de marzo de 1982.

1. Se plantea como cuestión debatida en el presente recurso si, como

sostiene el recurrente, puede acceder al Registro de la Propiedad la

certificación del Arzobispo de Valencia por la que se declara que determinada

Parroquia es dueña, en pleno dominio, desde tiempo inmemorial de cierta

finca urbana destinada a templo parroquial, o si, como entiende la

Registradora, no es susceptible de inscripción, conforme al artículo 5.4.o del

Reglamento Hipotecario, en la redacción vigente en el momento de la

calificación.

Al constituir el objeto del recurso gubernativo sólo las cuestiones que

se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador

(artículo 117 del Reglamento Hipotecario), debe omitirse ahora cualquier

pronunciamiento sobre la idoneidad de la certificación expedida ex

artículo 206 de la Ley Hipotecaria por las Autoridades de la Iglesia Católica

para la inmatriculación de fincas que le pertenezcan.

2. Es cierto que el artículo 5 del Reglamento Hipotecario de 14 de

febrero de 1947 incluía los templos destinados al culto católico entre los

bienes exceptuados de inscripción. Mas si se tiene en cuenta que, aparte

los fundados argumentos aducidos por el Presidente del Tribunal Superior

de Justicia en el Auto apelado para ordenar la inscripción cuestionada,

aquella norma restrictiva ha sido derogada por el Real Decreto 1867/1998,

de 4 de septiembre, de modificación de determinados artículos del

Reglamento Hipotecario (en cuya exposición de motivos se expresa que "se

suprime por inconstitucional la prohibición de inscripción de los templos

destinados al culto católico" ; y es que, se trataba de una norma incompatible

con el principio de aconfesionalidad del Estado, toda vez que el artículo

16.3 de la Constitución veda cualquier equiparación entre la Iglesia Católica

y el Estado, no sólo respecto de lo que beneficie sino también en cuanto

implique un perjuicio para aquélla ; y con la proscripción del trato

discriminatorio por razón de religión no legitimado constitucionalmente

-cfr. artículo 14 de la Constitución, cuya recta interpretación ha de impedir

que se prohíba la inscripción de templos destinados al culto católico y,

en cambio, se permita la de los destinados al culto propio de cualquier

otra confesión religiosa-), debe concluirse en la admisibilidad de dicha

inscripción.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar

el auto apelado que revoca la nota de calificación de la Registradora.

Madrid, 12 de enero de 2001.-La Directora general, Ana López-Monís

Gallego.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.