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Documento BOE-A-1999-8925

Orden de 6 de abril de 1999, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la Fundación denominada «25 de Abril por la Sanidad Pública».

Publicado en:
«BOE» núm. 95, de 21 de abril de 1999, páginas 14914 a 14914 (1 pág.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Comunidad Autónoma de Andalucía
Referencia:
BOE-A-1999-8925

TEXTO ORIGINAL

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en el Registro de

Fundaciones Docentes de esta Consejería, de la Fundación denominada

"25 de Abril por la Sanidad Pública" constituida y domiciliada en la

localidad de Málaga, en calle Miguel Moya, número 10, 1.

Antecedentes de hecho

Primero.-La Fundación fue constituida en escrituras públicas de fecha

31 de julio de 1996, ante don Mariano Parrizas Torres, Notario del Ilustre

Colegio de Granada, con número de protocolo 2000, y corregidas por el

mismo Notario con fecha 3 de febrero de 1997, con número de protocolo

237, 5 de marzo de 1998, con número de protocolo 570, y 25 de enero

de 1999 con número de protocolo 142, figurando como fundadora doña

María del Carmen Perea Baena y otros.

Segundo.-Tendrá principalmente, los objetivos y fines siguientes:

La defensa y difusión de un proyecto de sanidad que, desde los

principios de igualdad, equidad, gratuidad y universalidad, dé respuesta a

las necesidades de salud de la población, en la línea de los principios

en que se basa la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril.

Tercero.-La dotación inicial de la Fundación está constituida por la

cantidad de 1.800.000 pesetas, de las cuales se aporta el 25 por 100

elevándose a 450.000 pesetas ingresadas en el "Banco de Santander, Sociedad

Anónima", Agencia 1, de Málaga.

Cuarto.-El gobierno, administración y representación de la Fundación,

se confía de modo exclusivo a un Patronato, formado por un número

de patronos no inferior a cinco ni superior a nueve miembros, siendo

su Presidenta doña María del Carmen Perea Baena.

Vistos: La Constitución española; el Estatuto de Autonomía de

Andalucía; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos

Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General; el

Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de

Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Análogas, y demás normas de

general y pertinente aplicación.

Fundamentos de Derecho

Primero.-Esta Consejería tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983,

de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, las

competencias que en materia de Educación se traspasaron por Real Decreto

3936/1982, de 29 de diciembre, y en particular sobre las fundaciones

docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía, ejerciendo

en consecuencia el protectorado sobre las de esta clase.

Segundo.-Se han cumplido en la tramitación del expediente todos los

requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,

de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en

actividades de interés general y el Reglamento de Fundaciones Culturales

Privadas por lo que, procede el reconocimiento del interés público de

sus objetivos, y la inscripción en el pertinente Registro de Fundaciones

Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y fundamentos de Derecho

hasta aquí desarrollados, esta Consejería de Educación y Ciencia, visto

el preceptivo informe de la Asesoría Jurídica, resuelve:

1. o Reconocer el interés público de la entidad, e inscribir como

Fundación Docente Privada en el correspondiente Registro a la Fundación

"25 de Abril por la Sanidad Pública", de la localidad de Málaga, con domicilio

en calle Miguel de Moya, número 10, 1.

2. o Aprobar los estatutos, contenidos en las escrituras públicas de

fecha 31 de julio de 1996 y rectificadas por otras de fechas 3 de febrero

de 1997, 5 de marzo de 1998, y 25 de enero de 1999.

3. o Confirmar en sus cargos a los miembros del Patronato de la

Fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta Fundacional y que han

aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,

en el plazo de dos meses a partir de su publicación,

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso competente, conforme a lo

establecido en el artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 6 de abril de 1999.-El Consejero, Manuel Pezzi Cereto.

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