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Documento BOE-A-1999-847

Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificacin de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La regulacin del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn constituye una pieza clave en las relaciones de la Administracin con los ciudadanos y en la satisfaccin de los intereses generales a los que la Administracin debe servir por mandato constitucional (103.1 CE). Ambos aspectos estn interrelacionados y, dada su importancia, aparecen contemplados en el artculo 149.1.18. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia para regular las bases del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas, por un lado, y directamente, por otro, el procedimiento administrativo comn. Se pretende garantizar de esta manera una igualdad en las condiciones jurdicas bsicas de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones pblicas.

Con base en estos planteamientos, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn sustituy a la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, introduciendo una nueva regulacin adaptada a los principios constitucionalesyalanueva organizacin territorial del Estado e incorporando avances significativos en la relacin de las Administraciones con los ciudadanos.

Sin embargo, durante su aplicacin se han suscitado algunos problemas que han llevado a plantear desde diversos sectores la necesidad de su modificacin. La proliferacin de normas reguladoras de procedimientos administrativos, los problemas detectados en la regulacin de ciertos artculos –como los referidos al silencio administrativo, la revisin de los actos o la responsabilidad patrimonial–, y la supresin del recurso de reposicin son lugares comunes en las crticas formuladas a la Ley 30/1992, que justifican su reforma pensando en el buen funcionamiento de la Administracin pblica y, sobre todo, en los ciudadanos, que son los destinatarios de su actuacin.

En este sentido, debe sealarse que, al igual que lo acontecido en relacin con la Ley de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado, los modelos administrativos deben construirse siempre en funcin de los ciudadanos, y no al revs. Por ello, tambin en el proceso de reforma de la Ley 30/1992 se ha tenido como objetivo esta orientacin general que debe presidir todas y cada una de las manifestaciones de la reforma administrativa, puesto que la Constitucin de 1978 ha querido sealar solemnemente en su artculo 103 que la Administracin Pblica sirve con objetividad los intereses generales.

Sobre estos presupuestos, el objeto de esta Ley de reforma se circunscribe a modificar los aspectos ms problemticos de la Ley 30/1992, segn la opinin de la doctrina y de los aplicadores del derecho: fundamentalmente, la regulacin del silencio administrativo –suprimiendo la certificacin de acto presunto–, el sistema de revisin de actos, la responsabilidad patrimonial y la regulacin de la suspensin del acto administrativo.

El texto de la Ley efecta algunas otras modificaciones que mejoran y completan la Ley 30/1992, con el fin de dar cumplimiento a la proposicin no de Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados el 3 de junio de 1997, por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de Ley de modificacin de la Ley 30/1992 que solucione las deficiencias detectadas en la aplicacin del texto vigente y su mejor adecuacin a la realidad plurilingstica del Estado.

II

En primer lugar, en el Ttulo preliminar se introducen dos principios de actuacin de las Administraciones pblicas, derivados del de seguridad jurdica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia contencioso-administrativa incluso antes de su recepcin por el ttulo preliminar del Cdigo Civil. Por otra, el principio, bien conocido en el derecho procedimental administrativo europeo y tambin recogido por la jurisprudencia contencioso-administrativa, de la confianza legtima de los ciudadanos en que la actuacin de las Administraciones pblicas no puede ser alterada arbitrariamente.

En el Ttulo I, y como corolario del principio general de buena fe aplicado al derecho pblico, se incluye tambin el principio de lealtad institucional como criterio rector que facilite la colaboracin y la cooperacin entre las diferentes Administraciones pblicas, recogiendo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Posteriormente, este deber genrico se articula a travs de una frmula orgnica, las Conferencias Sectoriales. Se mantiene con su contenido bsico la actual regulacin, que a su vez procede de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonmico, aunque en el actual momento de desarrollo de estos rganos se considera oportuno incorporar diferentes matizaciones en el artculo 5.

Estas incorporaciones vienen a dar respuesta a problemas reales existentes y que sin embargo en la actualidad carecen de previsin normativa adecuada, como la existencia de otros rganos de cooperacin diferentes de las Conferencias Sectoriales, que pueden ser tanto los rganos de apoyo de las Conferencias como aquellos otros en principio ajenos a las mismas por referirse a mbitos materiales especficos, y que requieren de una adecuada especializacin.

Se introduce y desarrolla el concepto de plan y programa conjunto, ya apuntado en la modificacin de la Ley General Presupuestaria operada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ya que en la prctica comienza a ser una frmula muy til para articular el ejercicio de las funciones administrativas del Estado y las Comunidades Autnomas.

La modificacin correspondiente al artculo 6, referente a la atribucin a los titulares de los Departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los Organismos pblicos de la competencia para la formalizacin de convenios de colaboracin, tiene como finalidad recuperar un principio tradicional en el derecho pblico espaol y lograr la coherencia adecuada entre el contenido de este artculo con el artculo anterior y las funciones que a aqullos atribuye la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado (LOFAGE), la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pblicas y la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

La modificacin del artculo 10, sobre comunicaciones a las Comunidades Europeas pretende ajustar el actual texto a la realidad del derecho comunitario, ya que parece conveniente diferenciar entre el plazo para la comunicacin de disposiciones de carcter general o resoluciones y el plazo para la remisin de proyectos de disposiciones.

En el Ttulo II, el artculo 13 se modifica permitiendo la delegacin de competencias en rganos de las entidades de derecho pblico dependientes, para facilitar la descentralizacin y, con ello, una ms fcil gestin que, en definitiva, se traduce en mayor eficacia y mejor servicio a los ciudadanos. Por otra parte, se clarifica la redaccin de su apartado 5 respecto a la admisibilidad de la delegacin en los procedimientos en que se prevea, con carcter preceptivo, un dictamen o informe.

III

Con idntico objetivo de lograr una mayor eficacia y servicio a los ciudadanos se modifican algunos aspectos de la regulacin de la actividad de las Administraciones pblicas contenida en el Ttulo IV.

Se modifica el artculo 36 para hacer efectiva la adecuacin de la Ley a la realidad plurilingstica del Estado, de conformidad con la proposicin no de Ley de 3 de junio de 1997, incorporando una regulacin inspirada en el artculo 231.4 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, segn la redaccin dada al mismo por la Ley Orgnica 16/1994, de 8 de noviembre.

Mediante la redaccin del apartado 4 del artculo 38 se pretende impulsar el empleo y aplicacin de las tcnicas y medios informticos y telemticos por parte de la Administracin. Por su parte, el nuevo apartado 5 regula la expedicin de copias de los documentos presentados ante la Administracin, respondiendo a la necesidad de dar efectivo cumplimiento al derecho reconocido a los ciudadanos por el artculo 35.c).

El artculo 42 sufre una profunda modificacin. En primer lugar, el apartado 1 precisa los supuestos en que es obligado dictar resolucin expresa, incluyendo los casos de prescripcin, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud y desaparicin sobrevenida del objeto del procedimiento, en los que la resolucin consistir en la declaracin de la circunstancia correspondiente.

Respecto al procedimiento para hacer efectiva la resolucin, se parte de la premisa de que un procedimiento administrativo que no sea gil y breve es difcil que pueda ser una institucin al verdadero servicio a los ciudadanos. Por eso, a falta de norma expresa, el apartado 3 de este mismo artculo establece como plazo general supletorio de duracin de los procedimientos administrativos el de tres meses, sin que en ningn caso pueda superar el de seis meses, segn el apartado 2, salvo que una norma con rango de Ley establezca lo contrario o as se prevea en la normativa comunitaria europea, plazo en el que deber notificarse la resolucin. El plazo, por otra parte, comenzar a contarse, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde que la misma haya tenido entrada efectivamente en el registro del rgano competente para su tramitacin. Este extremo debe ser comunicado a los solicitantes indicando la duracin mxima del procedimiento en cuestin, de acuerdo con el apartado 4.

En cualquier caso, el plazo puede suspenderse, acogiendo la inspiracin del moderno derecho pblico comunitario, por causas tasadas previstas en el apartado 5: requerimiento a los interesados para subsanar deficiencias, intervencin previa y preceptiva de un rgano de las Comunidades Europeas, informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolucin, realizacin de pruebas tcnicas o anlisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados o el inicio de negociaciones para finalizar convencionalmente el procedimiento administrativo. Se prev tambin la ampliacin de plazos en el apartado 6, aunque limitando su decisin al rgano competente para resolver y, en su caso, al superior jerrquico. En el 7 se realiza una referencia explcita a la responsabilidad disciplinaria, si bien se omite la relativa a la remocin del puesto de trabajo.

En cuanto al silencio administrativo, el artculo 43 prev como regla general el silencio positivo, exceptundose slo cuando una norma con rango de Ley o norma comunitaria europea establezca lo contrario. No podemos olvidar que cuando se regula el silencio, en realidad se est tratando de establecer medidas preventivas contra patologas del procedimiento ajenas al correcto funcionamiento de la Administracin que disea la propia Ley. Pues bien, esta situacin de falta de respuesta por la Administracin –siempre indeseable– nunca puede causar perjuicios innecesarios al ciudadano, sino que, equilibrando los intereses en presencia, normalmente debe hacer valer el inters de quien ha cumplido correctamente con las obligaciones legalmente impuestas.

Se exceptan de la regla general de silencio positivo lgicamente los procedimientos de ejercicio del derecho de peticin, los de revisin de actos administrativos y disposiciones generales, los iniciados de oficio, y los procedimientos de los que pudiera derivarse para los solicitantes o terceros la adquisicin de facultades sobre el dominio o servicio pblico. Se trata de regular esta capital institucin del procedimiento administrativo de forma equilibrada y razonable, por lo que se suprime la certificacin de actos presuntos que, como es sabido, permita a la Administracin, una vez finalizados los plazos para resolver y antes de expedir la certificacin o que transcurriera el plazo para expedirla, dictar un acto administrativo expreso aun cuando resultara contrario a los efectos del silencio ya producido. Por todo ello, el silencio administrativo positivo producir un verdadero acto administrativo eficaz, que la Administracin pblica slo podr revisar de acuerdo con los procedimientos de revisin establecidos en la Ley. Igualmente, se concibe el silencio administrativo negativo como ficcin legal para permitir al ciudadano interesado acceder al recurso contencioso-administrativo, aunque, en todo caso, la Administracin pblica tiene la obligacin de resolver expresamente, de forma que si da la razn al ciudadano, se evitar el pleito.

Por su parte, el artculo 44 regula la inactividad de la Administracin en los procedimientos iniciados de oficio. Se diferencian los casos en los que pudieran derivarse el reconocimiento o constitucin de derechos o situaciones jurdicas individualizadas, en los cuales los interesados que hubieran comparecido podrn entender desestimadas sus pretensiones (supuestos de subvenciones, concursos de traslado de funcionarios, etc.), de los casos en que la Administracin ejercite potestades sancionadoras o de intervencin susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, en los que los interesados podrn entender caducado el procedimiento.

En cualquier caso, con el fin de abordar detenidamente la transformacin del rgimen de silencio de cada uno de los aproximadamente dos mil procedimientos existentes en la actualidad, en el mbito de la Administracin General del Estado, en la disposicin transitoria primera se mantiene la vigencia del sentido del silencio previsto en las normas aprobadas en el proceso de adecuacin de procedimientos que sigui a la Ley 30/1992, si bien que su forma de produccin y efectos sern los previstos en la presente Ley. En este sentido, y en la lnea apuntada de profundizacin en el silencio positivo, se encomienda al Gobierno que en el plazo de dos aos desde la entrada en vigor de esta Ley realice la adaptacin de los procedimientos al sentido del silencio administrativo legalmente previsto. Para el estudio y propuesta de las reformas, y, en particular, con el fin de simplificar y racionalizar la gran variedad de procedimientos especiales que tras la Ley 30/1992 se han regulado en el mbito de la Administracin General del Estado y sus Organismos pblicos, en la disposicin adicional primera se ordena al Ejecutivo la creacin de una Comisin Interministerial presidida por el Ministro de Administraciones Pblicas.

En concordancia con las modificaciones de los artculos 42, 43 y 44 se modifica el rgimen de cmputo de plazos contenido en el artculo 48.4 y se precisa la regulacin de la ampliacin de trmites contenida en el artculo 49. Finalmente, y de conformidad con los artculos 102, 72 y 136, en el artculo 54 se exige la motivacin de la revisin de las disposiciones generales y de la adopcin de medidas provisionales.

IV

En el Ttulo V, la Ley modifica el rgimen de notificaciones del artculo 58 en aras del principio de seguridad jurdica, recuperando, por un lado, la convalidacin de la notificacin en parecidos trminos a como se contemplaba en la Ley de 1958, aunque reduciendo el plazo a tres meses. Por otro, se introduce en este mismo artculo una previsin dirigida a evitar que por la va del rechazo de las notificaciones se obtenga una estimacin presunta de la solicitud.

En el artculo 62.1 se precisa el supuesto de nulidad previsto en su letra a), eliminndose la expresin contenido esencial referida al mbito de la lesin de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que constituye una delimitacin vinculante para el legislador.

En el Ttulo VI, junto a la reforma del artculo 71 para lograr la concordancia con el resto de las modificaciones, se actualiza la regulacin de las medidas provisionales del artculo 72, introduciendo las previsiones necesarias para flexibilizar el momento de su adopcin con las cautelas necesarias para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. As se permite que, en los casos determinados por las Leyes sectoriales, se acuerden con carcter previo a la iniciacin del procedimiento. En el mismo sentido, se introduce la posibilidad de modificacin de dichas medidas en atencin a la regla rebus sic stantibus.

V

Diversas son las modificaciones que afectan al Ttulo VII, con la finalidad de reforzar las garantas jurdicas de los ciudadanos frente a la actuacin de la Administracin.

En materia de revisin de oficio, en el artculo 102, se introduce un trmite de inadmisin de las solicitudes de los interesados, sin necesidad de recabar el dictamen del Consejo de Estado u rgano consultivo de la Comunidad Autnoma. Por otra parte, se introduce la revisin de oficio de las disposiciones generales nulas, que no opera, en ningn caso, como accin de nulidad.

En cuanto a los actos anulables, se elimina la potestad revisora de la Administracin prevista en el artculo 103, con lo que se obliga a la Administracin pblica a acudir a los Tribunales si quiere revisarlos, mediante la pertinente previa declaracin de lesividad y posterior impugnacin, eliminando tambin la posibilidad de que los ciudadanos utilizasen esta va que haba desnaturalizado por concepto el rgimen de los recursos administrativos. De esta forma, se colocan Administracin y ciudadanos en una posicin equiparable.

En materia de revocacin de actos, el nuevo artculo 105 refuerza sus lmites, aadiendo que no puede constituir dispensa o exencin no permitida por las leyes, ni ser contraria al principio de igualdad o al inters pblico.

Respecto al sistema de recursos previsto en el captulo II se producen importantes modificaciones. En particular destaca el establecimiento, en los artculos 107 y 116 a 117, del recurso de reposicin con carcter potestativo, atendiendo, sobre todo, a los problemas planteados en el mbito de la Administracin Local. Se recupera, en el mismo artculo 107, el recurso de alzada, que se regula con su configuracin tradicional en los artculos 114 y 115. Todo ello junto al recurso de revisin contra actos firmes previsto en el artculo 108, del que se precisa la causa segunda de procedencia del recurso en el artculo 118.1, introduciendo en el artculo 119 un trmite de inadmisin similar al previsto para la revisin de oficio. Dada la trascendencia del sistema de recursos como institucin de garanta para los ciudadanos, en la disposicin transitoria segunda, se prev que a los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la modificacin no les ser de aplicacin la misma, salvo en lo relativo al sistema de recursos.

De conformidad con este esquema, se modifican los casos de actos que agotan la va administrativa, previstos en el artculo 109, y se suprime, recogiendo una peticin bien unnime, la llamada comunicacin previa a la Administracin que deban formular los interesados antes de interponer el recurso contencioso-administrativo prevista en el artculo 110.3, por ser, no slo innecesaria, sino probablemente obstaculizadora de un proceso judicial gil y breve.

Por lo que respecta a la suspensin del acto administrativo en va de recurso regulada en el artculo 111, se mantiene la regla general de la no suspensin, si bien que se introducen, con las cautelas adecuadas, algunos criterios que la jurisprudencia haba manifestado reiteradamente sobre la tutela cautelar, autorizndose la posibilidad de que la suspensin, en el marco del principio de razonabilidad, puede prolongarse sin solucin de continuidad hasta la sede jurisdiccional.

VI

En el Ttulo IX, y con el objeto de favorecer la descentralizacin en aras del principio de eficacia, se suprime la prohibicin de la delegacin del ejercicio de la potestad sancionadora.

En materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones pblicas, en el Ttulo X se introducen algunas modificaciones importantes. Por una parte, se ampla la regulacin de la responsabilidad concurrente de diferentes Administraciones pblicas previsto en el artculo 140, distinguiendo el rgimen de las actuaciones conjuntas de otros supuestos de concurrencia. En el 141 se matizan los supuestos de fuerza mayor que no dan lugar a responsabilidad y, en beneficio del afectado, se prev la actualizacin de la cuanta de la indemnizacin.

Se opta, con la nueva redaccin del artculo 144, por la unificacin del rgimen jurdico sustantivo de la responsabilidad patrimonial de la Administracin sin discriminar su actuacin en rgimen de derecho pblico o privado en concordancia con la unidad de fuero.

Por lo que respecta a la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones pblicas, se pretende garantizar su efectividad, al preverse en el artculo 145 que se exigir de oficio. Por otra parte, desaparece del artculo 146 toda mencin a su responsabilidad civil por los daos producidos en el desempeo del servicio, clarificando el rgimen instaurado por la Ley 30/1992 de exigencia directa de responsabilidad a la Administracin, y, en concordancia con ello, en la disposicin derogatoria se derogan la Ley de 5 de abril de 1904 y el Real Decreto de 23 de septiembre de 1904, relativos a la responsabilidad civil de los funcionarios pblicos.

VII

Se modifica, por ltimo, la parte final de la Ley 30/1992, recogiendo un conjunto de prescripciones heterogneas respecto a su aplicacin. En primer lugar, y con el fin de reforzar la especificidad de los procedimientos tributarios dentro de la necesaria armona con los principios comunes al rgimen jurdico y procedimiento de las Administraciones pblicas, se modifica la redaccin del primer apartado de la disposicin adicional quinta.

Con una finalidad similar, se da una nueva redaccin a la disposicin adicional undcima, recogiendo la especialidad de los procedimientos instados ante las Misiones Diplomticas y Oficinas Consulares por ciudadanos extranjeros no comunitarios.

En concordancia con el artculo 144, la nueva disposicin adicional duodcima pone fin al problema relativo a la disparidad de criterios jurisprudenciales sobre el orden competente para conocer de estos procesos cuando el dao se produce en relacin con la asistencia sanitaria pblica, atribuyndolos a orden contencioso-administrativo.

Con el fin de racionalizar el procedimiento de formalizacin de los convenios de colaboracin, mediante la nueva disposicin adicional decimotercera se prev un desarrollo reglamentario de este aspecto.

Por otra parte, en la nueva disposicin adicional decimocuarta se dispone la aplicacin a las Ciudades de Ceuta y Melilla de lo dispuesto en el Ttulo I de la Ley, relativo a las relaciones entre Administraciones pblicas, por su condicin de tales.

La disposicin adicional decimoquinta regula, para el mbito de la Administracin General del Estado y sus Organismos pblicos, qu se entiende por registro del rgano competente para la tramitacin del procedimiento, a los efectos del artculo 42.3.b) de la Ley 30/1992, con lo que se facilita el cmputo de los plazos por los ciudadanos.

La supresin del ltimo inciso del primer prrafo de la disposicin final de la Ley 30/1992 contribuye a asegurar ms intensamente la seguridad jurdica en relaciones jurdicas entre Administracin y ciudadanos, a la vez que los exonera, como es lgico, de cargas de orden burocrtico otorgando eficacia directa al derecho reconocido en el artculo 35.f).

Artculo primero. Modificacin del articulado de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Los artculos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, que a continuacin se relacionan, quedarn redactados como sigue:

1. Artculo 3. Principios generales.

1. Las Administraciones pblicas sirven con objetividad los intereses generales y actan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqua, descentralizacin, desconcentracin y coordinacin, con sometimiento pleno a la Constitucin, a la Ley y al Derecho.

Igualmente, debern respetar en su actuacin los principios de buena fe y de confianza legtima.

2. Las Administraciones pblicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperacin y colaboracin, y en su actuacin por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

3. Bajo la direccin del Gobierno de la Nacin, de los rganos de gobierno de las Comunidades Autnomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administracin Local, la actuacin de la Administracin pblica respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurdico.

4. Cada una de las Administraciones pblicas acta para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurdica nica.

5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones pblicas actan de conformidad con los principios de transparencia y de participacin.

2. Artculo 4. Principios de las relaciones entre las Administraciones pblicas.

1. Las Administraciones pblicas actan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, debern:

a) Respetar el ejercicio legtimo por las otras Administraciones de sus competencias.

b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses pblicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestin est encomendada a las otras Administraciones.

c) Facilitar a las otras Administraciones la informacin que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.

d) Prestar, en el mbito propio, la cooperacin y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las Administraciones pblicas podrn solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposicin del ente al que se dirija la solicitud. Podrn tambin solicitar asistencia para la ejecucin de sus competencias.

3. La asistencia y cooperacin requerida slo podr negarse cuando el ente del que se solicita no est facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicar motivadamente a la Administracin solicitante.

4. La Administracin General del Estado, las de las Comunidades Autnomas y las Entidades que integran la Administracin Local debern colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos mbitos territoriales de competencias.

5. En las relaciones entre la Administracin General del Estado y la Administracin de las Comunidades Autnomas, el contenido del deber de colaboracin se desarrollar a travs de los instrumentos y procedimientos que de manera comn y voluntaria establezcan tales Administraciones.

Cuando estas relaciones, en virtud del principio de cooperacin, tengan como finalidad la toma de decisiones conjuntas que permitan, en aquellos asuntos que afecten a competencias compartidas o exijan articular una actividad comn entre ambas Administraciones, una actividad ms eficaz de los mismos, se ajustarn a los instrumentos y procedimientos de cooperacin a que se refieren los artculos siguientes.

3. Artculo 5. Conferencias Sectoriales y otros rganos de cooperacin.

1. La Administracin General del Estado y la Administracin de las Comunidades Autnomas pueden crear rganos para la cooperacin entre ambas, de composicin bilateral o multilateral, de mbito general o de mbito sectorial, en aquellas materias en las que exista interrelacin competencial, y con funciones de coordinacin o cooperacin segn los casos.

A efectos de lo establecido en el presente captulo, no tienen la naturaleza de rganos de cooperacin aquellos rganos colegiados creados por la Administracin General del Estado para el ejercicio de sus competencias en cuya composicin se prevea que participen representantes de la Administracin de las Comunidades Autnomas con la finalidad de consulta.

2. Los rganos de cooperacin de composicin bilateral y de mbito general que renan a miembros del Gobierno, en representacin de la Administracin General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representacin de la Administracin de la respectiva Comunidad Autnoma, se denominan Comisiones Bilaterales de Cooperacin. Su creacin se efecta mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de su rgimen.

3. Los rganos de cooperacin de composicin multilateral y de mbito sectorial que renen a miembros del Gobierno, en representacin de la Administracin General del Estado, y a miembros de los Consejos de Gobierno, en representacin de las Administraciones de las Comunidades Autnomas, se denominan Conferencias Sectoriales. El rgimen de cada Conferencia Sectorial es el establecido en el correspondiente acuerdo de institucionalizacin y en su reglamento interno.

4. La convocatoria de la Conferencia se realizar por el Ministro o Ministros que tengan competencias sobre la materia que vaya a ser objeto de la Conferencia Sectorial. La convocatoria se har con antelacin suficiente y se acompaar del orden del da y, en su caso, de la documentacin precisa para la preparacin previa de la Conferencia.

5. Los acuerdos que se adopten en una Conferencia Sectorial se firmarn por el Ministro o Ministros competentes y por los titulares de los rganos de gobierno correspondientes de las Comunidades Autnomas. En su caso, estos acuerdos podrn formalizarse bajo la denominacin de Convenio de Conferencia Sectorial.

6. Las Conferencias Sectoriales podrn acordar la creacin de comisiones y grupos de trabajo para la preparacin, estudio y desarrollo de cuestiones concretas propias del mbito material de cada una de ellas.

7. Con la misma finalidad, y en mbitos materiales especficos, la Administracin General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autnomas podrn constituir otros rganos de cooperacin que renan a responsables de la materia.

8. Cuando la materia del mbito sectorial de un rgano de cooperacin de composicin multilateral afecte o se refiera a competencias de las Entidades Locales, el pleno del mismo puede acordar que la asociacin de stas de mbito estatal con mayor implantacin sea invitada a asistir a sus reuniones, con carcter permanente o segn el orden del da.

4. Artculo 6. Convenios de colaboracin.

1. La Administracin General y los Organismos pblicos vinculados o dependientes de la misma podrn celebrar convenios de colaboracin con los rganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autnomas en el mbito de sus respectivas competencias.

2. Los instrumentos de formalizacin de los convenios debern especificar, cuando as proceda:

a) Los rganos que celebran el convenio y la capacidad jurdica con la que acta cada una de las partes.

b) La competencia que ejerce cada Administracin.

c) Su financiacin.

d) Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento.

e) La necesidad o no de establecer una organizacin para su gestin.

f) El plazo de vigencia, lo que no impedir su prrroga si as lo acuerdan las partes firmantes del convenio.

g) La extincin por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, as como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extincin.

3. Cuando se cree un rgano mixto de vigilancia y control, ste resolver los problemas de interpretacin y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios de colaboracin.

4. Cuando los convenios se limiten a establecer pautas de orientacin poltica sobre la actuacin de cada Administracin en una cuestin de inters comn o a fijar el marco general y la metodologa para el desarrollo de la colaboracin en un rea de interrelacin competencial o en un asunto de mutuo inters se denominarn Protocolos Generales.

5. Cuando la gestin del convenio haga necesario crear una organizacin comn, sta podr adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jurdica o sociedad mercantil.

Los estatutos del consorcio determinarn los fines del mismo, as como las particularidades del rgimen orgnico, funcional y financiero.

Los rganos de decisin estarn integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporcin que se fije en los Estatutos respectivos.

Para la gestin de los servicios que se le encomienden podrn utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislacin aplicable a las Administraciones consorciadas.

5. Artculo 7. Planes y programas conjuntos.

1. La Administracin General del Estado y la Administracin de las Comunidades Autnomas pueden acordar la realizacin de planes y programas conjuntos de actuacin para el logro de objetivos comunes en materia en las que ostenten competencias concurrentes.

2. Dentro del respectivo mbito sectorial, corresponde a las Conferencias Sectoriales la iniciativa para acordar la realizacin de planes o programas conjuntos, la aprobacin de su contenido, as como el seguimiento y evaluacin multilateral de su puesta en prctica.

3. El acuerdo aprobatorio de planes o programas conjuntos debe especificar, segn su naturaleza, los siguientes elementos de su contenido:

Los objetivos de inters comn a cumplir.

Las actuaciones a desarrollar por cada Administracin.

Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administracin.

Los compromisos de aportacin de recursos financieros.

La duracin, as como los mecanismos de seguimiento, evaluacin y modificacin.

4. El acuerdo aprobatorio de un plan o programa conjunto, que tendr eficacia vinculante para la Administracin General del Estado y las Comunidades Autnomas participantes que lo suscriban, puede ser completado mediante convenios de colaboracin con cada una de ellas que concreten aquellos extremos que deban ser especificados de forma bilateral.

5. Los acuerdos aprobatorios de planes o programas conjuntos son objeto de publicacin oficial.

6. Artculo 10. Comunicaciones a las Comunidades Europeas.

1. Cuando en virtud de una obligacin derivada del Tratado de la Unin Europea o de los Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus instituciones deban comunicarse a stas disposiciones de carcter general o resoluciones, las Administraciones pblicas procedern a su remisin al rgano de la Administracin General del Estado competente para realizar la comunicacin a dichas instituciones. En ausencia de plazo especfico para cumplir esa obligacin, la remisin se efectuar en el de quince das.

2. Cuando se trate de proyectos de disposiciones o cualquiera otra informacin, en ausencia de plazo especfico, la remisin deber hacerse en tiempo til a los efectos del cumplimiento de esa obligacin.

7. Artculo 13. Delegacin de competencias.

1. Los rganos de las diferentes Administraciones pblicas podrn delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros rganos de la misma Administracin, aun cuando no sean jerrquicamente dependientes, o de las entidades de derecho pblico vinculadas o dependientes de aqullas.

2. En ningn caso podrn ser objeto de delegacin las competencias relativas a:

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de la Nacin, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

b) La adopcin de disposiciones de carcter general.

c) La resolucin de recursos en los rganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

d) Las materias en que as se determine por norma con rango de Ley.

3. Las delegaciones de competencias y su revocacin debern publicarse en el ‘‘Boletn Oficial del Estado’’, en el de la Comunidad Autnoma o en el de la Provincia, segn la Administracin a que pertenezca el rgano delegante, y el mbito territorial de competencia de ste.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegacin indicarn expresamente esta circunstancia y se considerarn dictadas por el rgano delegante.

5. Salvo autorizacin expresa de una Ley, no podrn delegarse las competencias que se ejerzan por delegacin.

No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trmite preceptivo, la emisin de un dictamen o informe; no obstante, no podr delegarse la competencia para resolver un asunto concreto una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

6. La delegacin ser revocable en cualquier momento por el rgano que la haya conferido.

7. La delegacin de competencias atribuidas a rganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un qurum especial, deber adoptarse observando, en todo caso, dicho qurum.

8. Artculo 36. Lengua de los procedimientos.

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administracin General del Estado ser el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los rganos de la Administracin General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autnoma podrn utilizar tambin la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitar en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitar en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirn en la lengua elegida por los mismos.

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autnomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustar a lo previsto en la legislacin autonmica correspondiente.

3. La Administracin pblica instructora deber traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autnoma y los documentos dirigidos a los interesados que as lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autnoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no ser precisa su traduccin.

9. Artculo 38. Registros.

1. Los rganos administrativos llevarn un registro general en el que se har el correspondiente asiento de todo escrito o comunicacin que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. Tambin se anotarn en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros rganos o particulares.

2. Los rganos administrativos podrn crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organizacin otros registros con el fin de facilitar la presentacin de escritos y comunicaciones. Dichos registros sern auxiliares del registro general, al que comunicarn toda anotacin que efecten.

Los asientos se anotarn respetando el orden temporal de recepcin o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarn la fecha del da de la recepcin o salida.

Concluido el trmite de registro, los escritos y comunicaciones sern cursados sin dilacin a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

3. Los registros generales, as como todos los registros que las Administraciones pblicas establezcan para la recepcin de escritos y comunicaciones de los particulares o de rganos administrativos, debern instalarse en soporte informtico.

El sistema garantizar la constancia, en cada asiento que se practique, de un nmero, epgrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentacin, identificacin del interesado, rgano administrativo remitente, si procede, y persona u rgano administrativo al que se enva, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicacin que se registra.

Asimismo, el sistema garantizar la integracin informtica en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del rgano administrativo.

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los rganos de las Administraciones pblicas podrn presentarse:

a) En los registros de los rganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier rgano administrativo, que pertenezca a la Administracin General del Estado, a la de cualquier Administracin de las Comunidades Autnomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administracin Local si, en este ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomticas u oficinas consulares de Espaa en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Mediante convenios de colaboracin suscritos entre las Administraciones pblicas se establecern sistemas de intercomunicacin y coordinacin de registros que garanticen su compatibilidad informtica, as como la transmisin telemtica de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

5. Para la eficacia de los derechos reconocidos en el artculo 35.c) de esta Ley a los ciudadanos, stos podrn acompaar una copia de los documentos que presenten junto con sus solicitudes, escritos y comunicaciones.

Dicha copia, previo cotejo con el original por cualquiera de los registros a que se refieren los puntos a) y b) del apartado 4 de este artculo, ser remitida al rgano destinatario devolvindose el original al ciudadano. Cuando el original deba obrar en el procedimiento, se entregar al ciudadano la copia del mismo, una vez sellada por los registros mencionados y previa comprobacin de su identidad con el original.

6. Cada Administracin pblica establecer los das y el horario en que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentacin de documentos previsto en el artculo 35.

7. Podrn hacerse efectivas adems de por otros medios, mediante giro postal o telegrfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pblica correspondiente, cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento de la presentacin de solicitudes y escritos a las Administraciones pblicas.

8. Las Administraciones pblicas debern hacer pblica y mantener actualizada una relacin de las oficinas de registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicacin, as como los horarios de funcionamiento.

10. Artculo 42. Obligacin de resolver.

1. La Administracin est obligada a dictar resolucin expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciacin.

En los casos de prescripcin, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, as como la desaparicin sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolucin consistir en la declaracin de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicacin de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptan de la obligacin, a que se refiere el prrafo primero, los supuestos de terminacin del procedimiento por pacto o convenio, as como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos nicamente al deber de comunicacin previa a la Administracin.

2. El plazo mximo en el que debe notificarse la resolucin expresa ser el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podr exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o as venga previsto en la normativa comunitaria europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo mximo para recibir la notificacin, ste ser de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarn:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciacin.

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del rgano competente para su tramitacin.

4. Las Administraciones pblicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicacin de los plazos mximos de duracin de los mismos, as como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

En todo caso, las Administraciones pblicas informarn a los interesados del plazo mximo normativamente establecido para la resolucin y notificacin de los procedimientos, as como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mencin en la notificacin o publicacin del acuerdo de iniciacin de oficio, o en comunicacin que se les dirigir al efecto dentro de los diez das siguientes a la recepcin de la solicitud en el registro del rgano competente para su tramitacin. En este ltimo caso, la comunicacin indicar adems la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el rgano competente.

5. El transcurso del plazo mximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolucin se podr suspender en los siguientes casos:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanacin de deficiencias y la aportacin de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificacin del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artculo 71 de la presente Ley.

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un rgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la peticin, que habr de comunicarse a los interesados, y la notificacin del pronunciamiento a la Administracin instructora, que tambin deber serles comunicada.

c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolucin a rgano de la misma o distinta Administracin, por el tiempo que medie entre la peticin, que deber comunicarse a los interesados, y la recepcin del informe, que igualmente deber ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensin no podr exceder en ningn caso de tres meses.

d) Cuando deban realizarse pruebas tcnicas o anlisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporacin de los resultados al expediente.

e) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusin de un pacto o convenio en los trminos previstos en el artculo 88 de esta Ley, desde la declaracin formal al respecto y hasta la conclusin sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatar mediante declaracin formulada por la Administracin o los interesados.

6. Cuando el nmero de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo mximo de resolucin, el rgano competente para resolver, a propuesta razonada del rgano instructor, o el superior jerrquico del rgano competente para resolver, a propuesta de ste, podrn habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

Excepcionalmente, podr acordarse la ampliacin del plazo mximo de resolucin y notificacin mediante motivacin clara de las circunstancias concurrentes y slo una vez agotados todos los medios a disposicin posibles.

De acordarse, finalmente, la ampliacin del plazo mximo, ste no podr ser superior al establecido para la tramitacin del procedimiento.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliacin de plazos, que deber ser notificado a los interesados, no cabr recurso alguno.

7. El personal al servicio de las Administraciones pblicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, as como los titulares de los rganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el mbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligacin legal de dictar resolucin expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligacin dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente.

11. Artculo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo mximo sin haberse notificado resolucin expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, segn proceda, sin perjuicio de la resolucin que la Administracin debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este artculo.

2. Los interesados podrn entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. Quedan exceptuados de esta previsin los procedimientos de ejercicio del derecho de peticin, a que se refiere el artculo 29 de la Constitucin, aquellos cuya estimacin tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio pblico o al servicio pblico, as como los procedimientos de impugnacin de actos y disposiciones, en los que el silencio tendr efecto desestimatorio.

No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimacin por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entender estimado el mismo si, llegado el plazo de resolucin, el rgano administrativo competente no dictase resolucin expresa sobre el mismo.

3. La estimacin por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideracin de acto administrativo finalizado del procedimiento.

La desestimacin por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposicin del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

4. La obligacin de dictar resolucin expresa a que se refiere el apartado primero del artculo 42 se sujetar al siguiente rgimen:

a) En los casos de estimacin por silencio administrativo, la resolucin expresa posterior a la produccin del acto slo podr dictarse de ser confirmatoria del mismo.

b) En los casos de desestimacin por silencio administrativo, la resolucin expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptar por la Administracin sin vinculacin alguna al sentido del silencio.

5. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrn hacer valer tanto ante la Administracin como ante cualquier persona fsica o jurdica, pblica o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo mximo en el que debe dictarse y notificarse la resolucin expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del rgano competente para resolver. Solicitado el certificado, ste deber emitirse en el plazo mximo de quince das.

12. Artculo 44. Falta de resolucin expresa en procedimientos iniciados de oficio.

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo mximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolucin expresa no exime a la Administracin del cumplimiento de la obligacin legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

1. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitucin de derechos u otras situaciones jurdicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrn entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

2. En los procedimientos en que la Administracin ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervencin, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producir la caducidad. En estos casos, la resolucin que declare la caducidad ordenar el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artculo 92.

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpir el cmputo del plazo para resolver y notificar la resolucin.

13. Artculo 48. Cmputo.

1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se sealen por das, se entiende que stos son hbiles, excluyndose del cmputo los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se sealen por das naturales, se har constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

2. Si el plazo se fija en meses o aos, stos se computarn a partir del da siguiente a aquel en que tenga lugar la notificacin o publicacin del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimacin o desestimacin por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera da equivalente a aquel en que comienza el cmputo, se entender que el plazo expira el ltimo da del mes.

3. Cuando el ltimo da del plazo sea inhbil, se entender prorrogado al primer da hbil siguiente.

4. Los plazos expresados en das se contarn a partir del da siguiente a aquel en que tenga lugar la notificacin o publicacin del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimacin o la desestimacin por silencio administrativo.

5. Cuando un da fuese hbil en el municipio o Comunidad Autnoma en que residiese el interesado, e inhbil en la sede del rgano administrativo,oalainversa, se considerar inhbil en todo caso.

6. La declaracin de un da como hbil o inhbil a efectos de cmputo de plazos no determina por s sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones pblicas, la organizacin del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros. 7. La Administracin General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autnomas, con sujecin al calendario laboral oficial, fijarn, en su respectivo mbito, el calendario de das inhbiles a efectos de cmputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autnomas comprender los das inhbiles de las Entidades que integran la Administracin Local correspondiente a su mbito territorial, a las que ser de aplicacin.

Dicho calendario deber publicarse antes del comienzo de cada ao en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusin que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.

14. Artculo 49. Ampliacin.

1. La Administracin, salvo precepto en contrario, podr conceder de oficio o a peticin de los interesados, una ampliacin de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliacin deber ser notificado a los interesados.

2. La ampliacin de los plazos por el tiempo mximo permitido se aplicar en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomticas y oficinas consulares, as como a aquellos que, tramitndose en el interior, exijan cumplimentar algn trmite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de Espaa.

3. Tanto la peticin de los interesados como la decisin sobre la ampliacin debern producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningn caso podr ser objeto de ampliacin un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliacin de plazos o sobre su denegacin no sern susceptibles de recursos.

15. Artculo 54. Motivacin.

1. Sern motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legtimos.

b) Los que resuelvan procedimientos de revisin de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la va judicial y procedimientos de arbitraje.

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de rganos consultivos.

d) Los acuerdos de suspensin de actos, cualquiera que sea el motivo de sta, as como la adopcin de medidas provisionales previstas en los artculos 72 y 136 de esta Ley.

e) Los acuerdos de aplicacin de la tramitacin de urgencia o de ampliacin de plazos.

f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, as como los que deban serlo en virtud de disposicin legal o reglamentaria expresa.

2. La motivacin de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizar de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolucin que se adopte.

16. Artculo 58. Notificacin.

1. Se notificarn a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los trminos previstos en el artculo siguiente.

2. Toda notificacin deber ser cursada dentro del plazo de diez das a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deber contener el texto ntegro de la resolucin, con indicacin de si es o no definitivo en la va administrativa, la expresin de los recursos que procedan, rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente,

3. Las notificaciones que conteniendo el texto ntegro del acto omitiesen alguno de los dems requisitos previstos en el apartado anterior surtirn efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolucin o acto objeto de la notificacin o resolucin, o interponga cualquier recurso que proceda.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligacin de notificar dentro del plazo mximo de duracin de los procedimientos, ser suficiente la notificacin que contenga cuando menos el texto ntegro de la resolucin, as como el intento de notificacin debidamente acreditado.

17. Artculo 59. Prctica de la notificacin.

1. Las notificaciones se practicarn por cualquier medio que permita tener constancia de la recepcin por el interesado o su representante, as como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La acreditacin de la notificacin efectuada se incorporar al expediente.

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificacin se practicar en el lugar que ste haya sealado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artculo.

Cuando la notificacin se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente ste en el momento de entregarse la notificacin podr hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificacin, se har constar esta circunstancia en el expediente, junto con el da y la hora en que se intent la notificacin, intento que se repetir por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres das siguientes.

3. Cuando el interesado o su representante rechace la notificacin de una actuacin administrativa, se har constar en el expediente, especificndose las circunstancias del intento de notificacin y se tendr por efectuado el trmite siguindose el procedimiento.

4. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificacin o el medio a que se refiere el punto 1 de este artculo, o bien, intentada la notificacin, no se hubiese podido practicar, la notificacin se har por medio de anuncios en el tabln de edictos del Ayuntamiento en su ltimo domicilio, en el ‘‘Boletn Oficial del Estado’’, de la Comunidad Autnoma o de la Provincia, segn cual sea la Administracin de la que se proceda el acto a notificar, y el mbito territorial del rgano que lo dict.

En el caso de que el ltimo domicilio conocido radicara en un pas extranjero, la notificacin se efectuar mediante su publicacin en el tabln de anuncios del Consulado o Seccin Consular de la Embajada correspondiente.

Las Administraciones pblicas podrn establecer otras formas de notificacin complementarias a travs de los restantes medios de difusin, que no excluirn la obligacin de notificar conforme a los dos prrafos anteriores.

5. La publicacin, en los trminos del artculo siguiente, sustituir a la notificacin surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administracin estime que la notificacin efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificacin a todos, siendo, en este ltimo caso, adicional a la notificacin efectuada.

b) Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deber indicar el tabln de anuncios o medios de comunicacin donde se efectuarn las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

18. Artculo 62. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones pblicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por rgano manifiestamente incompetente por razn de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infraccin penal o se dicten como consecuencia de sta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formacin de la voluntad de los rganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurdico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisicin.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposicin de rango legal.

2. Tambin sern nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitucin, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

19. Artculo 71. Subsanacin y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciacin no rene los requisitos que seala el artculo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislacin especfica aplicable, se requerir al interesado para que, en un plazo de diez das, subsane la falta o acompae los documentos preceptivos, con indicacin de que, si as no lo hiciera, se le tendr por desistido de su peticin, previa resolucin que deber ser dictada en los trminos previstos en el artculo 42.

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podr ser ampliado prudencialmente, hasta cinco das, a peticin del interesado o iniciativa del rgano, cuando la aportacin de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el rgano competente podr recabar del solicitante la modificacin o mejora voluntarias de los trminos de aqulla. De ello se levantar acta sucinta, que se incorporar al procedimiento.

20. Artculo 72. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento, el rgano administrativo competente para resolverlo, podr adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolucin que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.

2. Antes de la iniciacin del procedimiento administrativo, el rgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la proteccin provisional de los intereses implicados, podr adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley. Las medidas provisionales debern ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciacin del procedimiento, que deber efectuarse dentro de los quince das siguientes a su adopcin, el cual podr ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarn sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciacin no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

3. No se podrn adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difcil o imposible reparacin a los interesados o que impliquen violacin de derechos amparados por las leyes.

4. Las medidas provisionales podrn ser alzadas o modificadas durante la tramitacin del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopcin.

En todo caso, se extinguirn con la eficacia de la resolucin administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

21. Artculo 102. Revisin de disposiciones y actos nulos.

1. Las Administraciones pblicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u rgano consultivo equivalente de la Comunidad Autnoma, si lo hubiere, declararn de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la va administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artculo 62.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones pblicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u rgano consultivo equivalente de la Comunidad Autnoma si lo hubiere, podrn declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artculo 62.2.

3. El rgano competente para la revisin de oficio podr acordar motivadamente la inadmisin a trmite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u rgano consultivo de la Comunidad Autnoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artculo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, as como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

4. Las Administraciones pblicas, al declarar la nulidad de una disposicin o acto, podrn establecer, en la misma resolucin, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artculos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratndose de una disposicin, subsistan los actos firmes dictados en aplicacin de la misma.

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolucin producir la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podr entender la misma desestimada por silencio administrativo.

22. Artculo 103. Declaracin de lesividad de actos anulables.

1. Las Administraciones pblicas podrn declarar lesivos para el inters pblico los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artculo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnacin ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. La declaracin de lesividad no podr adoptarse una vez transcurridos cuatro aos desde que se dict el acto administrativo y exigir la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los trminos establecidos por el artculo 84 de esta Ley.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciacin del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producir la caducidad del mismo.

4. Si el acto proviniera de la Administracin General del Estado o de las Comunidades Autnomas, la declaracin de lesividad se adoptar por el rgano de cada Administracin competente en la materia.

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administracin Local, la declaracin de lesividad se adoptar por el Pleno de la Corporacin o, en defecto de ste, por el rgano colegiado superior de la entidad.

23. Artculo 105. Revocacin de actos y rectificacin de errores.

1. Las Administraciones pblicas podrn revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocacin no constituya dispensa o exencin no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al inters pblico o al ordenamiento jurdico.

2. Las Administraciones pblicas podrn, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritmticos existentes en sus actos.

24. Artculo 107. Objeto y clases.

1. Contra las resoluciones y los actos de trmite, si estos ltimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensin o perjuicio irreparable a derechos e intereses legtimos, podrn interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposicin, que cabr fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artculos 62 y 63 de esta Ley.

La oposicin a los restantes actos de trmite podr alegarse por los interesados para su consideracin en la resolucin que ponga fin al procedimiento.

2. Las leyes podrn sustituir el recurso de alzada, en supuestos o mbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia as lo justifique, por otros procedimientos de impugnacin, reclamacin, conciliacin, mediacin y arbitraje, ante rganos colegiados o comisiones especficas no sometidas a instrucciones jerrquicas, con respeto a los principios, garantas y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

En las mismas condiciones, el recurso de reposicin podr ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el prrafo anterior, respetando su carcter potestativo para el interesado.

La aplicacin de estos procedimientos en el mbito de la Administracin Local no podr suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los rganos representativos electos establecidos por la Ley.

3. Contra las disposiciones administrativas de carcter general no cabr recurso en va administrativa.

Los recursos contra un acto administrativo que se funden nicamente en la nulidad de alguna disposicin administrativa de carcter general podrn interponerse directamente ante el rgano que dict dicha disposicin.

4. Las reclamaciones econmico-administrativas se ajustarn a los procedimientos establecidos por su legislacin especfica.

25. Artculo 108. Recurso extraordinario de revisin.

Contra los actos firmes en va administrativa, slo proceder el recurso extraordinario de revisin cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artculo 118.1.

26. Artculo 109. Fin de la va administrativa.

Ponen fin a la va administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnacin a que se refiere el artculo 107.2.

c) Las resoluciones de los rganos administrativos que carezcan de superior jerrquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

d) Las dems resoluciones de rganos administrativos cuando una disposicin legal o reglamentaria as lo establezca.

e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideracin de finalizadores del procedimiento.

27. Artculo 110. Interposicin del recurso.

1. La interposicin del recurso deber expresar:

a) El nombre y apellidos del recurrente, as como la identificacin personal del mismo.

b) El acto que se recurre y la razn de su impugnacin.

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificacin del medio y, en su caso, del lugar que se seale a efectos de notificaciones.

d) rgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.

e) Las dems particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones especficas.

2. El error en la calificacin del recurso por parte del recurrente no ser obstculo para su tramitacin, siempre que se deduzca su verdadero carcter.

3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrn ser alegados por quienes los hubieren causado.

28. Artculo 111. Suspensin de la ejecucin.

1. La interposicin de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposicin establezca lo contrario, no suspender la ejecucin del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el rgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderacin, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causara al inters pblico o a terceros la suspensin y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podr suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecucin del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecucin pudiera causar perjuicios de imposible o difcil reparacin.

b) Que la impugnacin se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artculo 62.1 de esta Ley.

3. La ejecucin del acto impugnado se entender suspendida si transcurridos treinta das desde que la solicitud de suspensin haya tenido entrada en el registro del rgano competente para decidir sobre la misma, ste no ha dictado resolucin expresa al respecto. En estos casos no ser de aplicacin lo establecido en el artculo 42.4, segundo prrafo, de esta Ley.

4. Al dictar el acuerdo de suspensin podrn adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la proteccin del inters pblico o de terceros y la eficacia de la resolucin o el acto impugnado.

Cuando de la suspensin puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aqulla slo producir efectos previa prestacin de caucin o garanta suficiente para responder de ellos, en los trminos establecidos reglamentariamente.

La suspensin podr prolongarse despus de agotada la va administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de sta se extiendan a la va contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensin del acto objeto del proceso, se mantendr la suspensin hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnacin de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensin de su eficacia habr de ser publicada en el peridico oficial en que aqul se insert.

29. Artculo 114. Objeto.

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artculo 107.1, cuando no pongan fin a la va administrativa, podrn ser recurridos en alzada ante el rgano superior jerrquico del que los dict. A estos efectos, los Tribunales y rganos de seleccin del personal al servicio de las Administraciones pblicas y cualesquiera otros que, en el seno de stas, acten con autonoma funcional, se considerarn dependientes del rgano al que estn adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.

2. El recurso podr interponerse ante el rgano que dict el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el rgano que dict el acto impugnado, ste deber remitirlo al competente en el plazo de diez das, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

El titular del rgano que dict el acto recurrido ser responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el prrafo anterior.

30. Artculo 115. Plazos.

1. El plazo para la interposicin del recurso de alzada ser de un mes, si el acto fuera expreso.

Si no lo fuera, el plazo ser de tres meses y se contar, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del da siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa especfica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolucin ser firme a todos los efectos.

2. El plazo mximo para dictar y notificar la resolucin ser de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolucin, se podr entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artculo 43.2, segundo prrafo.

3. Contra la resolucin de un recurso de alzada no cabr ningn otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisin en los casos establecidos en el artculo 118.1.

31. Artculo 116. Objeto y naturaleza.

1. Los actos administrativos que pongan fin a la va administrativa podrn ser recurridos potestativamente en reposicin ante el mismo rgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. No se podr interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimacin presunta del recurso de reposicin interpuesto.

32. Artculo 117. Plazos.

1. El plazo para la interposicin del recurso de reposicin ser de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo ser de tres meses y se contar, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del da siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa especfica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, nicamente podr interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisin.

2. El plazo mximo para dictar y notificar la resolucin del recurso ser de un mes.

3. Contra la resolucin de un recurso de reposicin no podr interponerse de nuevo dicho recurso.

33. Artculo 118. Objeto y plazos.

1. Contra los actos firmes en va administrativa podr interponerse el recurso extraordinario de revisin ante el rgano administrativo que los dict, que tambin ser el competente para su resolucin, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolucin del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolucin recurrida.

3. Que en la resolucin hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolucin.

4. Que la resolucin se hubiese dictado como consecuencia de prevaricacin, cohecho, violencia, maquinacin fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado as en virtud de sentencia judicial firme.

2. El recurso extraordinario de revisin se interpondr, cuando se trate de la causa 1. , dentro del plazo de cuatro aos siguientes a la fecha de la notificacin de la resolucin impugnada. En los dems casos, el plazo ser de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial qued firme.

3. Lo establecido en el presente artculo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artculos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

34. Artculo 119. Resolucin.

1. El rgano competente para la resolucin del recurso podr acordar motivadamente la inadmisin a trmite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u rgano consultivo de la Comunidad Autnoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artculo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

2. El rgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisin debe pronunciarse no slo sobre la procedencia del recurso, sino tambin, en su caso, sobre el fondo de la cuestin resuelta por el acto recurrido.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposicin del recurso extraordinario de revisin sin haberse dictado y notificado la resolucin, se entender desestimado, quedando expedita la va jurisdiccional contencioso-administrativa.

35. Artculo 127. Principio de legalidad.

1. La potestad sancionadora de las Administraciones pblicas, reconocida por la Constitucin, se ejercer cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de Ley, con aplicacin del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este Ttulo.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los rganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposicin de rango legal o reglamentario.

3. Las disposiciones de este Ttulo no son de aplicacin al ejercicio por las Administraciones pblicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estn vinculados a ellas por una relacin contractual.

36. Artculo 140. Responsabilidad concurrente de las Administraciones pblicas.

1. Cuando de la gestin dimanante de frmulas conjuntas de actuacin entre varias Administraciones pblicas se derive responsabilidad en los trminos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes respondern de forma solidaria. El instrumento jurdico regulador de la actuacin conjunta podr determinar la distribucin de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones pblicas.

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la produccin del dao, la responsabilidad se fijar para cada Administracin atendiendo a los criterios de competencia, inters pblico tutelado e intensidad de la intervencin. La responsabilidad ser solidaria cuando no sea posible dicha determinacin.

37. Artculo 141. Indemnizacin.

1. Slo sern indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daos que ste no tenga el deber jurdico de soportar de acuerdo con la Ley. No sern indemnizables los daos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar segn el estado de los conocimientos de la ciencia o de la tcnica existentes en el momento de produccin de aqullos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o econmicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

2. La indemnizacin se calcular con arreglo a los criterios de valoracin establecidos en la legislacin de expropiacin forzosa, legislacin fiscal y dems normas aplicables, ponderndose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

3. La cuanta de la indemnizacin se calcular con referencia al da en que la lesin efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualizacin a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al ndice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadstica, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnizacin fijada, los cuales se exigirn con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

4. La indemnizacin procedente podr sustituirse por una compensacin en especie o ser abonada mediante pagos peridicos, cuando resulte ms adecuado para lograr la reparacin debida y convenga al inters pblico, siempre que exista acuerdo con el interesado.

38. Artculo 144. Responsabilidad de derecho privado.

Cuando las Administraciones pblicas acten en relaciones de derecho privado, respondern directamente de los daos y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerndose la actuacin del mismo actos propios de la Administracin bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigir de conformidad con lo previsto en los artculos 139 y siguientes de esta Ley.

39. Artculo 145. Exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones pblicas.

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el captulo I de este Ttulo, los particulares exigirn directamente a la Administracin pblica correspondiente las indemnizaciones por los daos y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

2. La Administracin correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigir de oficio de sus autoridades y dems personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instruccin del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarn, entre otros, los siguientes criterios: el resultado daoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones pblicas y su relacin con la produccin del resultado daoso.

3. Asimismo, la Administracin instruir igual procedimiento a las autoridades y dems personal a su servicio por los daos y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

4. La resolucin declaratoria de responsabilidad pondr fin a la va administrativa.

5. Lo dispuesto en los prrafos anteriores, se entender sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

40. Artculo 146. Responsabilidad penal.

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones pblicas, as como la responsabilidad civil derivada del delito se exigir de acuerdo con lo previsto en la legislacin correspondiente.

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones pblicas no suspender los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinacin de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijacin de la responsabilidad patrimonial.

Artculo segundo. Modificacin de las disposiciones de la parte final de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Las disposiciones de la parte final de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, que a continuacin se relacionan, quedarn redactadas como sigue:

1. Disposicin adicional quinta. Procedimientos administrativos en materia tributaria.

1. Los procedimientos tributarios y la aplicacin de los tributos se regirn por la Ley General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garantas de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las dems normas dictadas en su desarrollo y aplicacin. En defecto de norma tributaria aplicable, regirn supletoriamente las disposiciones de la presente Ley.

En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos mximos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, as como, en su caso, los efectos de la falta de resolucin sern los previstos en la normativa tributaria.

2. La revisin de actos en va administrativa en materia tributaria se ajustar a lo dispuesto en los artculos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicacin de la misma.

2. Disposicin adicional undcima. Procedimientos administrativos instados ante misiones diplomticas y oficinas consulares.

Los procedimientos instados ante las Misiones Diplomticas y Oficinas Consulares por ciudadanos extranjeros no comunitarios se regirn por su normativa especfica, que se adecuar a los compromisos internacionales asumidos por Espaa y, en materia de visados, a los Convenios de Schengen y disposiciones que los desarrollen, aplicndose supletoriamente la presente Ley.

3. Disposicin adicional duodcima. Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria.

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonmicos, as como de las dems entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daos y perjuicios causados por o con ocasin de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirn la tramitacin administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisin jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso.

4. Disposicin adicional decimotercera. Rgimen de suscripcin de convenios de colaboracin.

En el mbito de la Administracin General del Estado, los titulares de los Departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los organismos pblicos vinculados o dependientes, podrn celebrar los convenios previstos en el artculo 6, dentro de las facultades que les otorga la normativa presupuestaria y previo cumplimiento de los trmites establecidos, entre los que se incluir necesariamente el informe del Ministerio o Ministerios afectados. El rgimen de suscripcin de los mismos y, en su caso, de su autorizacin, as como los aspectos procedimentales o formales relacionados con los mismos, se ajustar al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

5. Disposicin adicional decimocuarta. Relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Lo dispuesto en el Ttulo I de esta Ley sobre las relaciones entre la Administracin General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autnomas ser de aplicacin a las relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte al ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas.

6. Disposicin adicional decimoquinta.

En el mbito de la Administracin General del Estado, y a los efectos del artculo 42.3.b) de esta Ley, se entiende por registro del rgano competente para la tramitacin de una solicitud, cualquiera de los registros del Ministerio competente para iniciar la tramitacin de la misma.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuya tramitacin y resolucin corresponda a rganos integrados en el rgano Central del Ministerio de Defensa, Estado Mayor de la Defensa y Cuarteles Generales de los Ejrcitos, el plazo para resolver y notificar se contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en los registros de los citados rganos.

7. Disposicin adicional decimosexta. Administracin de los Territorios Histricos del Pas Vasco.

En la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, a efectos de lo dispuesto en el artculo segundo, se entender por Administraciones pblicas las Diputaciones Forales y las Administraciones institucionales de ellas dependientes, as como las Juntas Generales de los Territorios Histricos en cuanto dicten actos y disposiciones en materia de personal y gestin patrimonial sujetos al derecho pblico.

8. Disposicin adicional decimosptima.

1. Para el ejercicio de la funcin consultiva en cuanto garanta del inters general y de la legalidad objetiva las Comunidades Autnomas, los Entes Forales se organizarn conforme a lo establecido en esta disposicin.

2. La Administracin consultiva podr articularse mediante rganos especficos dotados de autonoma orgnica y funcional con respecto a la Administracin activa, o a travs de los servicios jurdicos de esta ltima.

En tal caso, dichos servicios no podrn estar sujetos a dependencia jerrquica ya sea orgnica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicacin de los rganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantas de forma colegiada.

3. La presente disposicin tiene carcter bsico de acuerdo con el artculo 149.1.18. de la Constitucin.

9. Disposicin final. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicacin y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.

La presente Ley entrar en vigor tres meses despus de su publicacin en el ‘‘Boletn Oficial del Estado’’.

Artculo tercero. Modificacin de secciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Se modifican las siguientes secciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn:

1. Se modifica la rbrica de la seccin 2. del captulo II del Ttulo VII, que pasar a denominarse Recurso de alzada, comprendiendo los artculos 114 y 115 de la Ley.

2. Se introduce una nueva seccin 3. en el captulo II del Ttulo VII, bajo la rbrica Recurso potestativo de reposicin, comprendiendo los artculos 116 y 117 de la Ley.

3. La seccin 3. del captulo II del Ttulo VII, pasa a ser seccin 4. , bajo la rbrica de Recurso extraordinario de revisin, comprendiendo los artculos 118 y 119 de la Ley.

Disposicin adicional primera. Simplificacin de procedimientos.

1. El Gobierno, en el plazo de un ao a partir de la entrada en vigor de esta Ley, establecer las modificaciones normativas precisas en las disposiciones reglamentarias dictadas en la adecuacin y desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, para la simplificacin de los procedimientos administrativos vigentes en el mbito de la Administracin General del Estado y de sus organismos pblicos, atendiendo especialmente a la implantacin de categoras generales de procedimientos, as como a la eliminacin de trmites innecesarios que dificulten las relaciones de los ciudadanos con la Administracin pblica. En ningn caso, las especialidades de los distintos procedimientos podrn suponer una disminucin o limitacin de las garantas consagradas en esta Ley.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el Gobierno adaptar, en el plazo de dos aos, las normas reguladoras de los procedimientos al sentido del silencio administrativo establecido en la presente Ley.

3. Para el estudio y propuesta de las reformas, a que se refieren los nmeros anteriores, el Gobierno crear una Comisin Interministerial presidida por el Ministro de Administraciones Pblicas.

4. Los rganos competentes de las Comunidades Autnomas, dentro de sus respectivos mbitos, adaptarn aquellos procedimientos en los que proceda modificar el sentido del silencio administrativo a lo establecido por la presente Ley.

Disposicin adicional segunda.

En el plazo de dieciocho meses, el Gobierno remitir a las Cortes Generales el proyecto o proyectos de ley que resulten necesarios para regular los procedimientos de impugnacin, reclamacin, conciliacin, mediacin y arbitraje sustitutivos de los recursos de alzada y de reposicin.

Disposicin transitoria primera. Subsistencia de normas preexistentes.

1 Hasta tanto se lleven a efecto las previsiones de la disposicin adicional primera de esta Ley, continuarn en vigor, con su propio rango, las normas reglamentarias existentes y, en especial, las aprobadas en el marco del proceso de adecuacin de procedimientos a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, as como las dictadas en desarrollo de la misma, en cuanto no se opongan a la presente Ley.

2. En todo caso, cuando las citadas normas hayan establecido un plazo mximo de duracin del procedimiento superior a los seis meses, se entender que el plazo mximo para resolver y notificar la resolucin ser precisamente de seis meses, con las excepciones previstas en el apartado segundo del artculo 42.

3. Asimismo, y hasta que se lleven a efecto las previsiones del apartado 2 de la disposicin adicional primera, conservar validez el sentido del silencio administrativo establecido en las citadas normas, si bien que su forma de produccin y efectos sern los previstos en la presente Ley.

Disposicin transitoria segunda. Aplicacin de la Ley a los procedimientos en tramitacin.

A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les ser de aplicacin la misma, rigindose por la normativa anterior.

No obstante, s resultar de aplicacin a los mismos el sistema de revisin de oficio y de recursos administrativos regulados en la presente Ley.

Disposicin derogatoria nica.

1. Quedan derogados la Ley de 5 de abril de 1904 y el Real Decreto de 23 de septiembre de 1904, relativos a la responsabilidad civil de los funcionarios pblicos.

2. Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la presente Ley.

Disposicin final nica. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.

1. El Gobierno y las Comunidades Autnomas, en el mbito de sus respectivas competencias, dictarn las disposiciones de desarrollo y aplicacin de la presente Ley que resulten necesarias.

2. La presente Ley entrar en vigor a los tres meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 13 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 13/01/1999
  • Fecha de publicación: 14/01/1999
  • Entrada en vigor: 14 de abril de 1999.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

Referencias anteriores
  • DEROGA:
    • el Real Decreto de 23 de septiembre de 1904 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1904-5917).
    • la Ley relativa a la responsabilidad de los funcionarios pblicos, de 5 de abril de 1904 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1904-2132).
  • MODIFICA la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-1992-26318).
Materias
  • Administracin General del Estado
  • Administracin Local
  • Comunidades Autnomas
  • Procedimiento administrativo
  • Rgimen Jurdico de la Administracin del Estado
  • Responsabilidad Civil de la Administracin

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