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En el recurso contencioso-administrativo número 786/1994, interpuesto ante la Audiencia Nacional, por la representación procesal de don Juan Carlos Ibáñez Berasategui y doña Yolanda Castresana Villamor, contra la resolución del anterior Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de fecha 25 de febrero de 1993, por la que se aprueba el acta y plano de deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre, en el tramo de costa comprendido entre el dique de Luis Ocharán y la ría de Brazomar, término municipal de Castro Urdiales (Cantabria), en fecha 24 de enero de 1997, ha sido dictada sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de don Juan Carlos Ibáñez Berasategui y doña Yolanda Castresana Villamor contra la resolución reseñada en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, debemos declarar y declaramos que es la misma contraria a Derecho, anulándola en lo que hace a la propiedad de los recurrentes y desestimando la demanda en cuanto al resto de sus pedimentos; no se hace imposición de costas.»

Asimismo y en el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, contra la anterior sentencia, ha sido dictado auto, en fecha 4 de noviembre de 1997, por el que se declara desierta la casación interpuesta y firme la sentencia recurrida.

Este Ministerio, a los efectos de lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.‒P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Costas.