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La Audiencia Provincial de Tarragona, en sentencia de fecha 25

de marzo de 1998, condena a doña María Cristina Romero

Cervantes, funcionaria del Cuerpo Ejecutivo Postal y

Telecomunicación, A11TC-11437, como responsable criminalmente en concepto

de autora de un delito continuado de malversación de caudales

públicos y de un delito continuado de falsedad en documento oficial,

con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de confesión

a las autoridades de la infracción y de reparación del daño causado,

a la pena de un año y cinco meses de prisión e inhabilitación

absoluta durante cuatro años por el primero de los delitos, y a

la pena de un año de prisión y dos años de inhabilitación especial

por el delito de falsedad documental.

Como consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 37.1.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado,

de 7 de febrero de 1964, y artículo 105.1 de la Ley 13/1996,

de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del

Orden Social, en cuanto a los efectos de la pena de inhabilitación

absoluta, se dispone la pérdida de la condición de funcionaria

de doña María Cristina Romero Cervantes.

Madrid, 31 de julio de 1998.-P.D. (Resolución de 24 de abril

de 1998, "Boletín Oficial del Estado" número 119, de 19 de mayo),

el Consejero-Director general de la entidad pública empresarial

Correos y Telégrafos, José Ramón Esteruelas Hernández.

Ilma. Sra. Subdirectora de Gestión de Personal.