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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 8 de mayo de 1998, en el recurso contencioso-administrativo número 3/232/1996, en el que son partes, de una, como demandantes, don José Alberto Martínez Dobón y don Jesús Domínguez Sánchez-Mingallón, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 4 de marzo de 1996, que declaró inadmisibles los recursos ordinarios interpuestos contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 18 de diciembre de 1995, sobre convocatoria de pruebas selectivas, por promoción interna, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero. Desestimar el presente recurso número 232/1996, interpuesto por don José Alberto Martínez Dobón y don Jesús Domínguez Sánchez-Mingallón, contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 18 de diciembre de 1995, descrita en el primer fundamento de Derecho, que se confirma, en lo que es objeto del recurso, por ser conforme a derecho.

Segundo. No hacer una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 27 de agosto de 1998.‒P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.