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El Consejo de Ministros, en su reunión del día 18 de abril de 1997, ha aprobado el Acuerdo de ejecución de sentencia de 4 de abril de 1997, dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 602/1996, interpuesto al amparo de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, por doña María Jesús Arostegui Beraza y doña Felipa Artano Sagastume y cuyo texto íntegro se publica como anexo a la presente Orden.

Madrid, 18 de abril de 1997.

SERRA REXACH

ANEXO

Acuerdo del Consejo de Ministros sobre ejecución de sentencia de 4 de abril de 1997, dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 602/1996, interpuesto al amparo de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, por doña María Jesús Arostegui Beraza y doña Felipa Artano Sagastume

En el recurso contencioso-administrativo número 602/1996, interpuesto por doña María Jesús Arostegui Beraza y doña Felipa Artano Sagastume, contra Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de agosto de 1996 por el que no se accede a la desclasificación de determinada documentación, se ha dictado sentencia por la Sala Tercera en Pleno del Tribunal Supremo, en fecha 4 de abril de 1997, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibilidad opuesta por el Abogado del Estado, estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto al amparo de la Ley 62/1978, por la representación procesal de doña María Jesús Arostegui Beraza y doña Felipa Artano Sagastume, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de agosto de 1996, cuyo Acuerdo anulamos y dejamos sin efecto en cuanto deniega la desclasificación del documento mencionado con el número 1 de la Exposición elevada al Ministro de Defensa por el Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número 1, relativa al sumario 15/1995, debiendo proceder el Gobierno a la cancelación de la clasificación como materia secreta de tal documento y a su entrega al Juzgado que lo ha solicitado; sin costas.»

El Consejo de Ministros ha dispuesto, conforme a lo prevenido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.