La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 11 de octubre de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/178/1994, en el que son partes, de una, como demandante, el Colegio Oficial de Ingenieros Navales, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 9 de diciembre de 1993, que desestimaba el recurso administrativo interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de fecha 3 de septiembre de 1993, sobre nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del extinto Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:
«Fallamos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso número 3/178/1994, interpuesto por la representación del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, contra las resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas, descritas en el primer fundamento de derecho, que se confirman por ajustarse al ordenamiento jurídico.
Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»
En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II.
Madrid, 31 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.
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