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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, en grado de casación, con fecha 19 de mayo de 1997, en el recurso de casación número 7.445/1995, en el que son partes, de una, como recurrente, la Diputación Foral de Guipúzcoa y, de otra, como recurrida, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en fecha 18 de julio de 1995, sobre relación de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración Local.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que dando lugar al recurso de casación interpuesto por la excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, debemos casar y anulamos la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 18 de julio de 1995, recurso número 2.388/1991, desestimatorio del recurso contencioso-administrativo promovido por dicha corporación, frente a las Resoluciones de la Dirección General de la Función Pública, de 27 de mayo y 24 de septiembre de 1991, que elevaron a definitiva la relación de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación nacional, en cuanto incluían entre dichos puestos el de Secretario de la Diputación de Guipúzcoa. Y en sustitución de esa sentencia, debemos estimar y estimamos el reseñado recurso contencioso-administrativo número 2.388/1991, interpuesto por la excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, y anulamos las Resoluciones de la Dirección General de la Función Pública, en el extremo a que se ha hecho referencia.

Cada parte satisfará las costas de esta casación.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 31 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.