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En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Rosina Montes Agustí, en nombre y representación de don Antonio Esteban Romero Araujo, contra la Administración del Estado, sobre indemnización por funcionamiento de la Administración de Justicia, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, con fecha 11 de junio de 1996, cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Antonio Esteban Romero Araujo, contra la sentencia dictada el 30 de abril de 1993 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 320.105, e imponemos al citado don Antonio Esteban Romero Araujo las costas ocasionadas en este recurso de casación.»

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón García Mena.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de Justicia.