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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado sentencia, con fecha 7 de septiembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 2.157/92, en el que son partes, de una, como demandante, don Ignacio Acebes Barroso, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 11 de junio de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de fecha 4 de marzo de 1992, sobre declaración de excedencia voluntaria.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:
«Fallo: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales señora Alday Mendizábal, en nombre y representación de don Ignacio Acebes Barroso, contra el acuerdo de fecha 11 de junio de 1992 dictado por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas, declarando la anulación del mismo por no ser conforme a derecho, sin que se realice especial mención a las costas devengadas en este proceso.»
En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II.
Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.
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