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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 2 de abril de 1993, en el recurso contencioso-administrativo número 4/196/1991, en el que son partes, de una, como demandante, don Cristóbal González Medina, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la resolución presunta del antiguo Ministerio de la Presidencia del Gobierno que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del citado extinto departamento ministerial de fecha 27 de diciembre de 1979, sobre indemnización por la evacuación del antiguo territorio español del Sahara.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Hidalgo Rodríguez, en nombre y representación de doña Blanca Rosa Suárez Guzmán, contra las resoluciones del Ministerio de la Presidencia de fechas 27 de diciembre de 1979 y 26 de marzo de 1981, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración por evacuación forzosa del Sahara, y en consecuencia, confirmando dichas resoluciones, en parte, se declara el derecho a percibir una indemnización por la pérdida de las concesiones para la explotación de varios servicios públicos de transportes en el Sahara de fechas 24 de noviembre de 1965, 30 de junio de 1964 y 9 de noviembre de 1965, cuya determinación se hará en ejecución de sentencia de acuerdo con las reglas señaladas en el fundamento jurídico tercero, desestimando el recurso en cuanto a la petición de declaración al derecho a indemnización por las empresas de transporte privado y de movimiento de tierras que el señor González Medina poseía en el Aaiún el tiempo de su evacuación forzosa en el mes de noviembre de 1975, con todas las consecuencias inherentes a tal declaración.

Sin expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 11 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.