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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia, con fecha 21 de diciembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 347/1993, en el que son partes, de una, como demandante, don Alberto Pérez Domínguez, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 17 de diciembre de 1992, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 26 de marzo de 1992, sobre reintegro del importe de una prótesis ortopédica.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Alberto Pérez Domínguez, quien actúa en su propio nombre y derecho, contra las resoluciones reseñadas en el encabezamiento de esta sentencia, por ser las mismas contrarias al ordenamiento jurídico, por lo cual se anulan las mismas, y en su consecuencia se declara, se le conceda la ayuda económica de 7.650 pesetas a la parte recurrente.

No se hace expresa imposición de costas a ninguna de las partes.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 11 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992 «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.