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En el recurso contencioso-administrativo número 1/196/1993, interpuesto por la representación legal don Ricardo Villar Martínez, contra acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 1992, que desestimó la reclamación de indemnización de daños y perjuicios, derivados de la anticipación de la edad de jubilación forzosa, confirmado por acuerdo del propio Consejo de 13 de noviembre de 1992, al resolver el recurso de reposición, se ha dictado por la Sala de lo Contencioso-Admninistrativo del Tribunal Supremo (Sección Sexta), con fecha 10 de julio de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 196/1993, interpuesto por don Ricardo Villar Martínez, representado por el Letrado don José Manuel Dávila Sánchez, contra acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 12 de junio de 1992, que desestimó la reclamación de indemnización de daños y perjuicios derivados de la aplicación al recurrente del artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, confirmado por acuerdo del mismo Consejo de fecha 13 de noviembre de 1992, al resolver el recurso de reposición, acuerdos que debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustados a Derecho; sin efectuar especial imposición de costas.»

El Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de enero de 1996 ha dispuesto, conforme a lo prevenido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Madrid, 27 de febrero de 1956.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.