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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 7 de junio de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 1.737/94, en el que son partes, de una, como demandante, don Raimundo Eraul Núñez, y, de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de fecha 11 de enero de 1994, sobre reingreso al servicio activo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibilidad alegada por el Abogado y estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Raimundo Eraul Núñez contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de fecha 11 de enero de 1994, que desestimó su petición de reingreso al servicio activo en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, debemos declarar y declaramos la mencionada Resolución disconforme con el ordenamiento jurídico, anulándola.

En consecuencia, declaramos el derecho del actor al reingreso al servicio activo en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado en los términos y por el procedimiento establecido en la legislación vigente y con efectos de 15 de octubre de 1993, fecha de la petición dirigida en tal sentido a la Administración, condenando a ésta a estar y pasar por dicha declaración y a adoptar las medidas necesarias para llevarla a efecto.

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general Técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.