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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 8 de abril de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1.197/1992, en el que son partes, de una, como demandante, el Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra), y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 11 de marzo de 1992, que desestimaba el recurso de reposición, interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de fecha 18 de noviembre de 1991, sobre nombramientos definitivos de funcionarios de Administración Local, con habilitación de carácter nacional.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo número de Registro General de la Sala 4.635, y de la Sección 03/1.197/1992, interpuesto por el Ayuntamiento de Lalín, y como demandante coadyuvante doña Adelaida Otero Noucho, por el que se impugnan la Resolución del Secretario de Estado para la Administración Pública, de 18 de noviembre de 1991, sobre nombramiento de Secretario para el Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra) a doña Adelaida Otero Noucho, y la desestimación del recurso de reposición, en 11 de marzo de 1992, designación que anulamos por ser contraria a derecho, y declaramos la procedencia de ser designado para dicho puesto a don Alfonso Alcalá Santórum, número 1, según la documentación remitida por la Corporación y propuesto por el Tribunal Técnico, anulando también los nombramientos del señor Alcalá para la Secretaría de Villagarcía de Arosa, y de doña Adelaida Otero Noucho para la del Ayuntamiento de Lalín, condenando a la Administración demandada a cumplir estas declaraciones, y sin condena en las costas ocasionadas en este proceso.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22): El Subsecretario, Jaime RodríguezArana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.