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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 26 de abril de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 5/597/1992, en el que son partes, de una, como demandante, doña Gisela Abadías Calvo, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 11 de marzo de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 18 de noviembre de 1991, sobre nombramiento de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Estimar en parte el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en su propio nombre y derecho por doña Gisela Abadías Calvo, declarando la nulidad de la Resolución de 18 de noviembre de 1991, en lo que se refiere a la adjudicación al señor Sainz Moreno de la plaza de Interventor del Ayuntamiento de Huesca, por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, y, asimismo, el derecho de la actora a que se le adjudique la indicada plaza en caso de no haber otro demandante de mejor derecho.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.