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En el recurso contencioso-administrativo número 1/760/1992, interpuesto por la representación legal de don Amalio Marino García-Castañón Fernández y otros, contra la denegación, en vía administrativa, de su solicitud de indemnización de daños y perjuicios derivados de la anticipación legal de la edad de jubilación forzosa, se ha dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Sexta), con fecha 24 de octubre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don Amalio Marino García-Castañón Fernández, don Tomás Villacorta Valbuena, don Francisco González Menéndez, doña María Concepción Pérez Montero, don José Luis Alvarez Fernández, don José Julio Fernández Fernández, don César Uz Pereira, don Eugenio González Vázquez y don Enrique Rodríguez Sánchez, contra la denegación, en vía administrativa, de su solicitud de indemnización de daños y perjuicios derivados de la anticipación legal de la edad de jubilación forzosa, denegación que debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar especial imposición de costas.»

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de abril de 1996, ha dispuesto, conforme a lo prevenido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, en sus propios términos, la referida sentencia.

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera González.

Ilmo. Sr. Subsecretario.