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JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 14 de febrero de 1995, el Plenipotenciario de España firmó en San Salvador, juntamente con el Plenipotenciario de El Salvador, nombrados ambos en buena y debida forma al efecto, el Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de El Salvador,

Vistos y examinados los diecisiete artículos del Tratado,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución.

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 29 de abril de 1996.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,

CARLOS WESTENDORP

Y CABEZA

TRATADO SOBRE EL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

El Reino de España y la República de El Salvador,

Estimando que el objetivo de las penas es la rehabilitación social de las personas condenadas;

Considerando que para el logro de ese objetivo sería provechoso dar a los nacionales privados de su libertad en el extranjero, como resultado de la comisión de un delito, la posibilidad de cumplir la condena dentro del país de su nacionalidad;

Convienen lo siguiente:

Artículo 1.

Para los fines del presente Tratado se considera:

a) Estado de Sentencia, aquel en el que se ha condenado a la persona que pueda ser objeto del traslado.

b) Estado de Ejecución, aquél al cual el condenado puede ser trasladado o lo ha sido ya.

c) Condenado, a la persona a quien, en el Estado de Sentencia, le ha sido impuesta una pena o una medida de seguridad en razón de un delito.

Artículo 2.

1. Las penas o medidas de seguridad impuestas en España a nacionales de la República de El Salvador, podrán ser cumplidas en establecimientos penitenciarios de El Salvador o bajo la vigilancia de sus autoridades.

2. Las penas o medidas de seguridad impuestas en la República de El Salvador a nacionales de España podrán ser cumplidas en establecimientos penitenciarios de España o bajo la vigilancia de sus autoridades.

3. El traslado puede ser solicitado por el Estado de Sentencia, por el Estado de Ejecución o por el Condenado.

Artículo 3.

1. Las solicitudes de traslado y las respuestas se formularán por escrito.

2. Cada Estado designará una autoridad que se encargará de ejercer las funciones previstas en el presente Tratado, estableciéndose la comunicación por la vía diplomática.

3. Al decidir respecto del traslado de un Condenado se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes y la probabilidad de que el traslado contribuya a la rehabilitación social de aquél, incluyendo la índole y gravedad del delito y los antecedentes penales del Condenado, si los tuviere, las condiciones de su salud, la edad, los vínculos que por residencia, presencia en el territorio, relaciones familiares u otros motivos pueda tener con la vida social del Estado de Ejecución.

4. Las decisiones adoptadas por un Estado en la ejecución de este Tratado se notificarán sin demora al otro Estado sin necesidad de expresión de causa.

Artículo 4.

El presente Tratado sólo se aplicará con arreglo a las condiciones siguientes:

1. Que los actos u omisiones que han dado lugar a la sentencia penal sean también punibles en el Estado de Ejecución, aunque no exista identidad en la redacción de la norma, pero que los elementos del tipo sean iguales.

2. Que el Condenado sea nacional del Estado de Ejecución en el momento de la solicitud de traslado.

3. Que la sentencia sea firme.

4. Que el Condenado dé su consentimiento para su traslado, o que, en caso de incapacidad de aquél, lo preste su representante legal.

5. Que la duración de la pena o medida de seguridad pendiente de cumplimiento, en el momento de la presentación de la solicitud a que se refiere el artículo 9 sea por lo menos de un año. En casos excepcionales, las Partes podrán convenir la admisión de una solicitud aun cuando la pena o medida de seguridad pendiente de cumplimiento no alcance dicho plazo.

6. Que el Condenado solvente haya cumplido con el pago de multas, gastos de justicia, reparación civil o condena pecuniaria de toda índole que estén a su cargo, conforme a lo dispuesto en la sentencia condenatoria; o que garantice su pago a satisfacción del Estado de Sentencia.

7. Que el Condenado no esté domiciliado en el Estado de Sentencia.

Artículo 5.

1. Las autoridades competentes de las partes informarán a todo Condenado nacional de la otra Parte, sobre la posibilidad que le brinda la aplicación de este Tratado; y sobre las consecuencias jurídicas que derivarían del traslado.

2. La voluntad del Condenado de ser trasladado deberá ser expresamente manifestada. El Estado de Sentencia deberá facilitar que el Estado de Ejecución, si lo solicita, compruebe que el Condenado conoce las consecuencias legales que aparejará el traslado y que dé el consentimiento de manera voluntaria.

3. La manifestación del consentimiento se regirá por la Ley del Estado de Sentencia.

Artículo 6.

1. El Condenado puede presentar su petición de traslado al Estado de Sentencia o al Estado de Ejecución.

2. Cualquiera de los Estados que hubiere recibido una solicitud de traslado por parte del Condenado lo comunicará al otro Estado a la brevedad posible.

3. El Estado de sentencia deberá informar al Estado de ejecución la decisión de aceptación o denegación de la solicitud de traslado, y notificará tal decisión al Condenado.

En caso de denegación de la solicitud, esta decisión deberá ser razonada, señalando si ésta se fundamenta en la omisión o error de un requisito de forma o fondo.

Si la denegatoria se fundamenta en omisión o error de un requisito de forma el Condenado podrá hacer nuevamente su solicitud solventando dicha omisión o error.

Artículo 7.

El Estado de Sentencia informará al Estado de Ejecución acerca de:

a) El nombre, la fecha y el lugar de nacimiento del Condenado;

b) La relación de los hechos que han dado lugar a la condena;

c) Duración, y fechas de comienzo y de terminación de la pena o medida de seguridad impuesta.

Artículo 8.

El Condenado deberá ser informado por sus autoridades diplomáticas o consulares de las gestiones realizadas en el Estado de Sentencia o en el Estado de Ejecución, en aplicación de los párrafos precedentes, así como de las decisiones adoptadas por cualquiera de las Partes respecto de su solicitud de traslado. A tal fin, los Estados facilitarán a dichas autoridades las informaciones que solicitaren.

Artículo 9.

1. El Estado de Ejecución acompañará a la solicitud de traslado:

a) Un documento que acredite que el Condenado es nacional de dicho Estado.

b) Una copia de las disposiciones legales de las que resulte que los actos u omisiones que han dado lugar a la condena constituyen también un delito en el Estado de Ejecución.

c) Información acerca de lo previsto en el párrafo 3 del artículo 3.

2. El Estado de Sentencia acompañará a su solicitud de traslado:

a) Una copia certificada de la sentencia, haciendo constar que es firme.

b) Una copia de las disposiciones legales aplicadas.

c) La indicación de la duración de la pena o medida de seguridad, el tiempo ya cumplido y el que quedare por cumplir.

d) Un documento en el que conste el consentimiento del Condenado para el traslado.

e) Cualquier información adicional que pueda ser útil a las autoridades del Estado de Ejecución para determinar el tratamiento del Condenado con vistas a su rehabilitación social.

3. Cualquiera de los Estados podrá, antes de formular una solicitud de traslado, solicitar de la otra Parte los documentos e informaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 de este artículo.

Artículo 10.

1. Una vez efectuado el traslado, la condena se cumplirá conforme a las leyes del Estado de Ejecución.

2. En la ejecución de la condena el Estado de Ejecución:

a) Estará vinculado por la duración de la pena o medida de seguridad;

b) Estará vinculado por los hechos probados en la sentencia;

c) No podrá convertir la pena o medida de seguridad en una sanción pecuniaria.

Artículo 11.

Sólo el Estado de Sentencia podrá conceder la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena o medida de seguridad conforme a su Constitución o a sus leyes.

Sin embargo, el Estado de Ejecución podrá solicitar del Estado de Sentencia la concesión del indulto o la conmutación, mediante petición fundada, que será benévolamente examinada.

Artículo 12.

1. El Estado de Sentencia mantendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto revisar la sentencia dictada.

2. El Estado de Ejecución deberá poner fin a la ejecución de la condena en cuanto le haya informado el Estado de Sentencia de cualquier resolución o medida que prive de carácter ejecutorio a la pena o medida de seguridad.

Artículo 13.

1. Un condenado entregado para el cumplimiento de una pena o medida de seguridad conforme el presente Tratado no podrá ser detenido, procesado, ni sentenciado en el Estado de Ejecución por los mismos hechos delictivos por los cuales fue sentenciado.

2. Para que el Condenado pueda ser juzgado, condenado o sometido a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que hubieren motivado su traslado, se procederá en los términos previstos en el Tratado de Extradición que se encuentra vigente desde 1885.

Artículo 14.

1. La entrega del Condenado por las autoridades del Estado de Sentencia a las del Estado de Ejecución se efectuará en el lugar y fecha en que convengan las Partes.

2. El Estado de Ejecución se hará cargo de los gastos de traslado desde el momento en que el Condenado quede bajo su custodia.

Artículo 15.

El Estado de Ejecución informará al Estado de Sentencia:

a) Cuando fuere cumplida la sentencia;

b) En caso de evasión del Condenado, y

c) De todo aquello que, en relación con este Tratado, le solicite el Estado de Sentencia.

Artículo 16.

El Condenado bajo el régimen de condena condicional o de libertad condicional podrá cumplir dicha condena, bajo la vigilancia de las autoridades del Estado de Ejecución.

El Estado de Ejecución adoptará las medidas de vigilancia solicitadas, mantendrá informado al Estado de Sentencia sobre la forma en que se llevan a cabo, y le comunicará de inmediato el incumplimiento por parte del Condenado de las obligaciones que éste haya asumido.

Artículo 17.

El presente Tratado estará sujeto a ratificación y entrará en vigor el último día del mes siguiente al del intercambio de los Instrumentos de Ratificación.

El presente Tratado tendrá una duración indefinida.

Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante un aviso escrito por vía diplomática. La denuncia será efectiva a partir del último día del siguiente sexto mes de haberse efectuado dicha notificación.

En fe de lo cual los Representantes Plenipotenciarios de ambos Gobiernos suscriben el presente Tratado Ad-Referendum. Hecho en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, a los catorce días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en dos ejemplares en lengua española, siendo los dos textos igualmente auténticos.

Por el Reino de España «a.r.»,

JAVIER SOLANA MADARIAGA,

Ministro de Asuntos Exteriores / Por la República de El Salvador,

ÓSCAR ALFREDO SANTAMARÍA,

Ministro de Relaciones Exteriores

El presente Tratado entrará en vigor el 30 de junio de 1996, último día del mes siguiente al del intercambio de los Instrumentos de Ratificación, según se establece en su artículo 17.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-El Secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio Bellver Manrique.