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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 12 de julio de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 1.007/1992, en el que son parte, de una, como demandante, doña Fernanda Ugalde Aldama, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 7 de diciembre de 1988, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de fecha 12 de septiembre de 1988, sobre integración en el grupo A de la Escala de Técnicos de Administración de Enseñanzas Integradas.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo número 1.007/1992, interpuesto por doña Fernanda Ugalde Aldama contra la resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 28 de noviembre de 1988, confirmando en reposición la del propio Ministerio de 12 de septiembre anterior por la que se denegaba a la recurrente su petición de integración en el grupo A de la Escala de Técnicos de Administración de Enseñanzas Integradas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.