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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha dictado sentencia, en grado de apelación, con fecha 2 de febrero de 1994, en el recurso de apelación número 12.195/1991, tramitado de acuerdo con en el procedimiento especial regulado en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, en el que son partes, de una, como apelante la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado, y de otra, como apelado, don Fernando Escrivá Canet.

El citado recurso se promovió contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con fecha 26 de septiembre de 1991, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que declaramos inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, dictada el 26 de septiembre de 1991, en el recurso número 651/1991, seguido por los trámites de la Ley 62/1978; sin hacer pronunciamiento especial sobre las costas causadas en esta segunda instancia.» En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo VV. II.

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992 «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.