Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia de 18 de octubre de 1994, que confirma en parte la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de abril de 1993, en la que se condena a don Rafael de la Fuente Rodríguez, como autor de dos delitos de cohecho y tres de falsedad en documento mercantil, a las penas de dos meses de arresto mayor y multa de 2.000.000 de pesetas, con arresto sustitutorio de treinta días caso de impago, y seis años y un día de inhabilitación especial por el delito de cohecho del artículo 387 del Código Penal; a la pena de un mes y un día de arresto mayor y multa de 100.000 pesetas, con arresto sustitutorio de diez días caso de impago, por el delito de cohecho del artículo 390; por cada uno de los delitos de falsedad en documento mercantil, un año y un día de prisión menor y multa de 100.000 pesetas, con arresto sustitutorio de dieciséis días caso de impago, con las accesorias de suspensión de cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio activo y pasivo durante el tiempo que fuera la condena.

De conformidad con lo expuesto, esta Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el artículo 103 de la Ley 30/1990, de 27 de diciembre, acuerda:

Primero.-Elevar a firme la medida de suspensión provisional impuesta a don Rafael de la Fuente Rodríguez por resolución del Director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 15 de julio de 1992, en virtud de lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, y 23 del Reglamento de Situaciones Administrativas, aprobado por Real Decreto 730/1986, de 11 de abril.

Segundo.-Declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Rafael de la Fuente Rodríguez, perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, especialidad de Inspección y Gestión de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con el artículo 37.1.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, previa comunicación a este órgano, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación ante la Audiencia Nacional.

Madrid, 12 de enero de 1995.-El Presidente, Enrique Martínez Robles.