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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 14 de julio de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1.704/1992 en el que son partes, de una, como demandantes don Rafael Gutiérrez Cordero y otros, y de otra, como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 27 de mayo de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 12 de marzo de 1992, sobre integración en el grupo B.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: Desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo número 1.704/1992, interpuesto por don Rafael Gutiérrez Cordero, don Pablo Muñoz Sánchez, don Ciriaco Romero Franco, don Antonio Molina Pozo, don Manuel Antonio González-Mohino Susmozas, don Cristóbal Ramírez Sánchez, don José López Contreras, don Ricardo Avila Alabarces, don José Molina Molina, don Eduardo Gallego Teruel, don Rafael Fontalba González, don Francisco Tortosa Linde, don José María Montosa Salas, don Francisco Ruiz Cortés, don Lucrecio Terrón López, don Jorge Luis Tortosa Domingo, don Enrique Valle Copado, don José Egido Freire, don Domingo Vallderrama Rodríguez, don Juan Antonio Barbero Codes, don José Sánchez López, don Juan José Parra Romero, don José Rodríguez Gilabert, don Dionisio Valverde Pozo, don Marcelino Viñas Martín, don Juan González Sancha, don Manuel López Lozano, don Jesús María Pérez Morales, don Félix Ruiz Coleto, don Pedro Illescas Toril, don Juan Ortiz Martín, don Eleuterio Calleja Marchal, don Juan Antonio González Alonso, don Angel Gutiérrez Cordero, don Manuel Peláez Jiménez, don Ignacio García Rivas, don Francisco Lara Aguilera, don José Antonio Lara Aguilera, don Baldomero Casado Caro, don Manuel Jiménez Aranda, don Francisco Martín del Pozo, don Antonio Parra Romero, don Antonio Martín Rodríguez, don Miguel Rueda López, don Francisco Emilio Alex Bruque, don Francisco Carreño Sevilla, don Julio Ros Orta, don Antonio Eusebio Pérez Pérez, don Antonio García Rubio, don Benito Rodríguez Fernández, don Diego Barriga Velo, don Antonio Jesús Ballesteros Olmo, don Antonio Gutiérrez Romero, don Reyes Alonso Martín Coleto, don Antonio Angel Díaz Ballesteros, don Luciano Barbancho Barbancho, don Inocencio Fernández López, don José Herrero Hernández, don Santiago Fernández Díaz, don José Soria Nieto, don Miguel Soto Díaz, don Rufino Nieto Ojeda, doña Elsa Navia Vilabrille, don Luis Ramón Mayendo Israel, don Francisco Hernández Leal, don Cándido Gil Sánchez, contra la Resolución del Secretario de Estado para la Administración Pública de 27 de mayo de 1992, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la de la misma autoridad de 12 de marzo de 1992, que denegó a los interesados, pertenecientes a la Escala de Monitores del Servicio de Extensión Agraria, el reconocimiento del índice de proporcionalidad 8 y el coeficiente 3,6; resoluciones que confirmamos por su adecuación al ordenamiento jurídico, absolviendo a la Administración General del Estado de las pretensiones contra ella deducidas en la demanda; sin expresa condena en las costas causadas en este proceso.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.