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Documento BOE-A-1994-28510

Ley Orgnica 19/1994, de 23 de diciembre, de proteccin a testigos y peritos en causas criminales.

TEXTO

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

La experiencia diaria pone de manifiesto en algunos casos las reticencias de los ciudadanos a colaborar con la polica judicial y con la Administracin de Justicia en determinadas causas penales ante el temor a sufrir represalias.

Ello conlleva, con frecuencia, que no se pueda contar con testimonios y pruebas muy valiosos en estos procesos.

Ante esta situacin, el legislador debe proceder a dictar normas que resulten eficaces en la salvaguarda de quienes, como testigos o peritos, deben cumplir con el deber constitucional de colaboracin con la justicia.

De no hacerlo as, podran encontrarse motivos que comportasen retraimientos e inhibiciones por parte de posibles testigos y peritos no deseables en un Estado de Derecho, con el aadido de verse perjudicada la recta aplicacin del ordenamiento jurdico-penal y facilitada, en su caso, la impunidad de los presuntos culpables.

Es obvio, sin embargo, que las garantas arbitradas en favor de los testigos y peritos no pueden gozar de un carcter absoluto e ilimitado, es decir, no pueden violar los principios del proceso penal. De ah que la presente Ley tenga como norte hacer posible el necesario equilibrio entre el derecho a un proceso con todas las garantas y la tutela de derechos fundamentales inherentes a los testigos y peritos y a sus familiares.

El sistema implantado confiere al Juez o Tribunal la apreciacin racional del grado de riesgo o peligro y la aplicacin de todas o alguna de las medidas legales de proteccin que considere necesarias, previa ponderacin, a la luz del proceso, de los distintos bienes jurdicos constitucionalmente protegidos; medidas que, en el marco del derecho de defensa, sern susceptibles de recurso en ambos efectos.

El propsito protector al que responde la Ley no es, por lo dems, exclusivo de nuestro pas. De acuerdo con directrices sealadas por el Derecho comparado, se ha entendido ser imperiosa e indeclinable la promulgacin de las normas precisas para hacer realidad aquel propsito de proteccin de testigos y peritos que, adems, ha sido admitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo principio general se hace tambin patente en la Resolucin 827/1993, de 25 de mayo, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, concerniente a la antigua Yugoslavia.

El contenido de la Ley es breve. Junto a su mbito de aplicacin, regulado en el artculo 1, y las medidas protectoras y garantas del justiciable recogidos en los artculos 2 y 3, contiene el artculo 4 y ltimo una serie de medidas complementarias de proteccin que habrn de aplicar, cada uno en su esfera, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial.

Artculo 1.

1. Las medidas de proteccin previstas en esta Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos o peritos intervengan en procesos penales.

2. Para que sean de aplicacin las disposiciones de la presente Ley ser necesario que la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella, su cnyuge o persona a quien se halle ligado por anloga relacin de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos.

Artculo 2.

Apreciada la circunstancia prevista en el artculo anterior, el Juez instructor acordar motivadamente, de oficio o a instancia de parte, cuando lo estime necesario en atencin al grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad de los testigos y peritos, su domicilio, profesin y lugar de trabajo, sin perjuicio de la accin de contradiccin que asiste a la defensa del procesado, pudiendo adoptar las siguientes decisiones:

a) Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesin, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificacin de los mismos, pudindose utilizar para sta un nmero o cualquier otra clave.

b) Que comparezcan para la prctica de cualquier diligencia utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificacin visual normal.

c) Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede del rgano judicial interviniente, el cual las har llegar reservadamente a su destinatario.

Artculo 3.

1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial cuidarn de evitar que a los testigos o peritos se les hagan fotografas o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debindose proceder a retirar el material fotogrfico, cinematogrfico, viedogrfico o de cualquier otro tipo a quien contraviniere esta prohibicin. Dicho material ser devuelto a su titular una vez comprobado que no existen vestigios de tomas en las que aparezcan los testigos o peritos de forma tal que pudieran se identificados.

2. A instancia del Ministerio Fiscal y para todo el proceso, o si, una vez finalizado ste, se mantuviera la circunstancia de peligro grave prevista en el artculo 1.2 de esta Ley, se brindar a los testigos y peritos, en su caso, proteccin policial. En casos excepcionales podrn facilitrseles documentos de una nueva identidad y medios econmicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo. Los testigos y peritos podrn solicitar ser conducidos a las dependencias judiciales, al lugar donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su domicilio en vehculos oficiales y durante el tiempo que permanezcan en dichas dependencias se les facilitar un local reservado para su exclusivo uso, convenientemente custodiado.

Artculo 4.

1. Recibidas las actuaciones, el rgano judicial competente para el enjuiciamiento de los hechos se pronunciar motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de proteccin de los testigos y peritos adoptadas por el Juez de Instruccin, as como si procede la adopcin de otras nuevas, previa ponderacin de los bienes jurdicos constitucionalmente protegidos, de los derechos fundamentales en conflicto y de las circunstancias concurrentes en los testigos y peritos en relacin con el proceso penal de que se trate.

2. Las medidas adoptadas podrn ser objeto de recurso de reforma o splica.

3. Sin perjuicio de lo anterior, si cualquiera de las partes solicitase motivadamente en su escrito de calificacin provisional, acusacin o defensa, el conocimiento de la identidad de los testigos o peritos propuestos, cuya declaracin o informe sea estimado pertinente, el Juez o Tribunal que haya de entender la causa, en el mismo auto en el que declare la pertinencia de la prueba propuesta, deber facilitar el nombre y los apellidos de los testigos y peritos, respetando las restantes garantas reconocidas a los mismos en esta Ley.

En tal caso, el plazo para la recusacin de peritos a que se refiere el artculo 662 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se computar a partir del momento en que se notifique a las partes la identidad de los mismos.

En los cinco das siguientes a la notificacin a las partes de la identidad de los testigos, cualquiera de ellos podr proponer nueva prueba tendente a acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de su testimonio.

4. De igual forma, la partes podrn hacer uso del derecho previsto en el apartado anterior, a la vista de las pruebas solicitadas por las otras partes y admitidas por el rgano judicial, en el plazo previsto para la interposicin de recurso de reforma y apelacin.

5. Las declaraciones o informes de los testigos y peritos que hayan sido objeto de proteccin en aplicacin de esta Ley durante la fase de instruccin, solamente podrn tener valor de prueba, a efectos de sentencia, si son ratificados en el acto del juicio oral en la forma prescrita en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por quien los prest. Si se consideraran de imposible reproduccin, a efectos del artculo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habrn de ser ratificados mediante lectura literal a fin de que puedan ser sometidos a contradiccin por las partes.

Disposicin adicional primera.

El artculo 3.2 de esta Ley tendr el carcter de Ley ordinaria.

Disposicin adicional segunda.

El Gobierno, en el plazo de un ao a partir de la publicacin de la presente Ley, dictar las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para su ejecucin.

Disposicin derogatoria nica.

Quedan derogados cuantos preceptos se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposicin final nica.

Esta Ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Madrid, 23 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MRQUEZ

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 23/12/1994
  • Fecha de publicación: 24/12/1994
  • Entrada en vigor: 25 de diciembre de 1994.
Referencias anteriores
  • CITA Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1882-6036).
Materias
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Peritos
  • Prueba
  • Testigos

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