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EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; Y DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO, Y DON VICENTE GIMENO SENDRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS NUMEROS 1.001/1988, 291/1990, 669/1990, 1.629/1990 Y 2.151/1990, FORMULADAS, RESPECTIVAMENTE, POR LOS JUECES DE MENORES DE TARRAGONA, NUM. 2 DE BARCELONA. NUMS. 3 Y 4 DE MADRID, Y EL DE OVIEDO, SOBRE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEGISLACION SOBRE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES, LEY Y REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO DE 11 DE JUNIO DE 1948, Y, EN SU CASO, SOBRE DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES. HAN SIDO PARTES EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y EL ABOGADO DEL ESTADO, Y HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I.

ANTECEDENTES

1. EL DIA 31 DE MAYO DE 1988 TUVO ENTRADA EN EL REGISTRO DE ESTE TRIBUNAL AUTO DE 25 DEL MISMO MES Y AÑO DEL JUZGADO DE MENORES DE TARRAGONA, POR EL QUE SE PLANTEA, EN EL EXPEDIENTE NUM. 97/1988, SEGUIDO CONTRA UN MENOR QUE PARTICIPO EN LA SUSTRACCION DE UN CICLOMOTOR, CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEGISLACION SOBRE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES, LEY Y REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO DE 11 DE JUNIO DE 1948, EN SU TOTALIDAD, POR CONCULCAR EL ART. 117 DE LA C.E., O, ALTERNATIVAMENTE, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 16, 18 Y 23 DE LA LEY COMO CONTRARIOS AL ART. 25.1 DE LA C.E., Y EL ART. 15 DE LA MISMA EN RELACION CON LOS ARTS. 29, 68 Y 69 DEL REGLAMENTO POR INFRINGIR EL ART. 24 DE LA C.E. DICHO ASUNTO FUE REGISTRADO CON EL NUM.

1.001/1988.

2. EL DIA 6 DE FEBRERO DE 1990 TUVO ENTRADA EN EL REGISTRO DE ESTE TRIBUNAL AUTO DE 18 DE DICIEMBRE DE 1989, DEL JUZGADO DE MENORES NUM. 2 DE BARCELONA, POR EL QUE SE PLANTEA, EN EL EXPEDIENTE NUM. 1.432/1987, SEGUIDO CONTRA UN MENOR IMPLICADO EN HECHOS CONSTITUTIVOS DE ROBO CON VIOLENCIA EN LAS PERSONAS, ABUSOS DESHONESTOS Y AMENAZAS, CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL ART. 15 DE LA LEY DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES EN RELACION CON LOS ARTS. 9, 10, 14, 17, 24, 25, 117, 120 Y 124 DE LA C.E.; PIDE ASIMISMO, QUE SI SE ESTIMA PROCEDENTE, SE EXTIENDA LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD POR LOS MISMOS MOTIVOS A LOS ARTS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1. , B) Y C); 11, 16, 17, A), Y 20 Y 22 DE LA MENCIONADA LEY. DICHO ASUNTO FUE REGISTRADO CON EL NUM. 291/1990.

3. EL DIA 14 DE MARZO DE 1990 TUVO ENTRADA EN EL REGISTRO DE ESTE TRIBUNAL AUTO DEL JUZGADO DE MENORES NUM.

3 DE MADRID, DE 13 DE MARZO DEL MENCIONADO AÑO, POR EL QUE SE PLANTEA, EN LAS DILIGENCIAS PREVIAS NUM. 489/1989, INCOADAS CONTRA UN MENOR QUE PARTICIPO EN LA UTILIZACION ILEGITIMA DE VEHICULO DE MOTOR AJENO E IMPRUDENCIA CON RESULTADO DE MUERTE Y DAÑOS MATERIALES, CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEGISLACION SOBRE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES, LEY Y REGLAMENTO, POR IR EN CONTRA DE LOS ARTS. 9, 3, 10, 14, 24, 25 Y 39.4 DE LA C.E., O, EN SU CASO, Y PARA EL SUPUESTO CONCRETO QUE MOTIVA LA CUESTION, QUE SE DECLARE QUE LOS ARTS. 15 Y 16 DE DICHA LEY SON CONTRARIOS A LOS MISMOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. DICHO ASUNTO FUE REGISTRADO CON EL NUM. 669/1990.

4. EL 27 DE JUNIO DE 1990 TUVO ENTRADA EN EL REGISTRO DE ESTE TRIBUNAL AUTO DEL JUZGADO DE MENORES NUM. 4 DE MADRID, DE 7 DE JUNIO ANTERIOR, POR EL QUE SE PLANTEA, EN EL EXPEDIENTE NUM.

70/1990, SEGUIDO CONTRA UN MENOR QUE PARTICIPO EN LA UTILIZACION ILEGITIMA DE VEHICULO DE MOTOR AJENO, CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL ART. 15 DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES, POR CONTRADICCION CON LOS ARTS. 9.3, 14 Y 24 DE LA C.E. DICHO ASUNTO FUE REGISTRADO CON EL NUM. 1.629/1990.

5. EL 21 DE AGOSTO DE 1990 TUVO ENTRADA EN EL REGISTRO DE ESTE TRIBUNAL AUTO DEL JUZGADO DE MENORES DE OVIEDO, DE 31 DE JULIO DEL MENCIONADO AÑO, POR EL QUE, EN LAS DILIGENCIAS PREVIAS NUM.

185/1989, INCOADAS CONTRA DOS MENORES IMPLICADOS EN UN HECHO CONSTITUTIVO DE VIOLACION, SE PLANTEA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LOS ARTS. 15 Y 16 DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES, EN RELACION CON LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 9.3, 10.2, 14, 24, 17.3, 120 Y 124 DE LA C.E. DICHO ASUNTO FUE REGISTRADO CON EL NUM. 2.151/1990.

6. TODAS LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PARTE DE QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCION DE MENORES TIENE LAS CARACTERISTICAS DE UN PROCESO Y COINCIDEN EN LO SUSTANCIAL DE SUS ARGUMENTOS. TIENEN, SIN EMBARGO, MUY DISTINTO ALCANCE, PUES EN TANTO QUE LAS CUESTIONES 1.001/1988 Y 669/1990 PRETENDEN LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE TODA LA LEGISLACION SOBRE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES, ESTO ES, TANTO DE LA LEY (EN LO SUCESIVO, LTTM) COMO DEL REGLAMENTO, Y LA CUESTION 291/1990 EXTIENDE TAMBIEN SUS DUDAS A LA MAYOR PARTE DE LOS ARTICULOS DE ESTA ULTIMA, LAS CUESTIONES RESTANTES SE CENTRAN SOBRE ARTICULOS CONCRETOS, QUE COINCIDEN, POR LO DEMAS, CON AQUELLOS QUE, EN LAS ANTES CITADAS, SON OBJETO DE UNA CONSIDERACION ESPECIFICA.

ASI, LAS CUESTIONES 1.001/1988, 669/1990 Y 2.151/1990, PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 16 DE LA LTTM, POR OTORGAR AL JUEZ UNA DESMESURADA DISCRECIONALIDAD, TODA VEZ QUE LOS MISMOS HECHOS COMETIDOS POR DIFERENTES MENORES EN LOS QUE CONCURRAN DIVERSAS CONDICIONES MORALES Y SOCIALES PUEDEN DAR LUGAR A LA APLICACION INDISTINTA E INDISCRIMINADA DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL ART. 17 DE LA LTTM, VULNERANDOSE CON ELLO LOS PRINCIPIOS DE INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PUBLICOS Y SEGURIDAD JURIDICA RECONOCIDOS EN EL ART. 9.3 DE LA C.E., ASI COMO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD GARANTIZADO EN EL ART. 14 DE LA C.E. Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL DEL ART. 25.1 DE LA C.E. LA INCOMPATIBILIDAD CON ESTE ULTIMO, DE LOS ARTS. 18 Y 23 DE LA LTTM SE AFIRMA TAMBIEN EN LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES ULTIMAMENTE CITADAS.

TODOS LOS JUECES DE MENORES COINCIDEN EN CUESTIONAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 15 DE LA LTTM, BASANDOSE EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

A) EN PRIMER LUGAR, EL MENCIONADO PRECEPTO CONCULCA LOS ARTS. 10.2 Y 39.4 DE LA C.E. SI BIEN, EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE NUEVA YORK DE 19 DE DICIEMBRE DE 1966, LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 10 DE DICIEMBRE DE 1948 Y EL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES ADOPTADO EN ROMA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1950, NADA SE ESPECIFICA EN CUANTO A LOS MENORES RESPECTO A LOS DERECHOS Y GARANTIAS QUE EN ELLOS SE ESTABLECEN, EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION CONSAGRADOS EN LOS MISMOS, HAY QUE ENTENDER QUE TALES DERECHOS AMPARAN TAMBIEN A LOS MENORES.

Y EN ESTE SENTIDO, SE RESALTA QUE LAS REGLAS MINIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA DE MENORES (<REGLAS DE BEIJING>, DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1985), EN LOS APARTADOS 2.3 Y 7.1, HACEN REFERENCIA A LAS GARANTIAS DE LOS PROCESOS DE MENORES Y A LOS DERECHOS DE ESTOS.

TAMBIEN, LA RECOMENDACION 20/1987, DEL COMITE DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA, ADOPTADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1987, RELATIVA A LAS <REACCIONES SOCIALES ANTE LA DELINCUENCIA JUVENIL>, REFUERZA LA POSICION LEGAL DE LOS MENORES DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO. POR ULTIMO, ALUDEN A LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVAS A LOS DERECHOS DEL NIÑO, APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1989, QUE ESTABLECE UNA SERIE DE GARANTIAS EN PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE MENORES.

B) EL ART. 15 DE LA LTTM INFRINGE TAMBIEN EL ART. 9.3 DE LA C.E., YA QUE, AL NO DISPONER UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO ADAPTADO A LA ESPECIAL SITUACION DEL MENOR, LOS JUECES DE MENORES APLICAN DIFERENTES NORMAS PROCESALES, PROVOCANDO INSEGURIDAD JURIDICA. CON ELLO SE VULNERA IGUALMENTE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD GARANTIZADO EN EL ART. 14 DE LA C.E., PORQUE, AL EXISTIR UN VACIO LEGAL EN CUANTO AL MINIMO CAUCE PROCESAL A SEGUIR RESPECTO DEL MENOR ENJUICIADO, SE HA HECHO POSIBLE QUE A LOS MENORES NO SE LES HAYAN APLICADO LAS GARANTIAS PROCESALES CON QUE CUENTAN LOS ADULTOS EN IDENTICA SITUACION, HABIENDO UNA DESIGUALDAD DE TRATO.

C) PERO EL ALEGATO FUNDAMENTAL RECOGIDO EN TODAS LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ES EL DE QUE EL ART. 15 DE LA LTTM VA EN CONTRA DEL ART. 24 DE LA C.E. Y ELLO POR VARIAS RAZONES. EN PRIMER LUGAR, Y EN RELACION CON EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, PORQUE EL MANDATO, CONTENIDO EN EL PRECEPTO CUESTIONADO, DE QUE LAS RESOLUCIONES QUE SE DICTEN EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO DE MENORES SE REDACTEN CONCISAMENTE, HAN DADO COMO CONSECUENCIA QUE LAS RESOLUCIONES DE LOS JUZGADOS DE MENORES MUCHAS VECES EN LA PRACTICA CAREZCAN DE MOTIVACION, INFRINGIENDO EL ART. 120.3 DE LA C.E. Y CON ELLO TAMBIEN EL INDICADO DERECHO FUNDAMENTAL, PUES COMO HA DICHO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LAS SSTC 95/1983 Y 96/1983, LOS REQUISITOS Y FORMAS PROCESALES CUMPLEN UN PAPEL ESENCIAL EN LA ORDENACION DEL PROCESO.

POR OTRO LADO, AUN CUANDO MUCHOS DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS POR EL ART. 24.2 SE PUEDAN EJERCER DIRECTAMENTE POR OBRA DE LO DISPUESTO EN LA DISPOSICION DEROGATORIA TERCERA DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA, Y EL ART. 5.1 DE LA LOPJ, HAY OTROS DE LOS QUE SOLO PUEDEN GOZARSE MEDIANTE LA ACCION DEL LEGISLADOR. ASI ES IMPOSIBLE LA APLICACION EN ESTOS CASOS DEL PRINCIPIO ACUSATORIO QUE, COMO RESALTA LA STC DE 28 DE MARZO DE 1988, FORMA PARTE DE LAS GARANTIAS SUSTANCIALES DEL PROCESO PENAL, CONCULCANDOSE LO ESTABLECIDO EN LOS ARS. 124 Y 117, 3 Y 4, DE LA C.E., YA QUE DE OTRO MODO SE CONVERTIRIA EL JUEZ EN ACUSADOR, FUNCION QUE NO LE CORRESPONDE.

TAMBIEN SE VULNERA EL DERECHO A UN PROCESO PUBLICO CONTENIDO EN EL ART. 24.2 Y 120.1 DE LA C.E., ASI COMO EN EL ART. 6.1 DEL CONVENIO DE ROMA Y 14.3, C), DEL PACTO DE NUEVA YORK. IGUALMENTE SE INFRINGE EL PRINCIPO DE ORALIDAD DEL APARTADO 2. DEL ART.

120 DE LA C.E. Y LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ART. 17 DE LA C.E. Y POR ULTIMO, EN RELACION CON EL ART. 15 DE LA LTTM, EL JUEZ DE MENORES DE TARRAGONA PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 29, 68 Y 69 DEL REGLAMENTO, POR LOS MISMOS MOTIVOS ANTERIORMENTE EXPUESTOS.

7. POR PROVIDENCIA DE 6 DE JUNIO DE 1988, LA SECCION SEGUNDA ACORDO ADMITIR A TRAMITE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 1.001/1988, Y DAR TRASLADO DE LAS ACTUACIONES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO, AL GOBIERNO Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS PUDIERAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULAR LAS ALEGACIONES QUE ESTIMARAN CONVENIENTES A TENOR DEL ART. 37.2 DE LA LOTC.

IGUALMENTE, SE ACORDO LO EXPUESTO ANTERIORMENTE EN CUANTO A LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMS. 291/1990, 669/1990, 1.629/1990 Y 2.151/1990, POR PROVIDENCIAS, RESPECTIVAMENTE, DE LA SECCION CUARTA DE 12 DE FEBRERO DE 1990, DE LA SECCION SEGUNDA DE 2 DE ABRIL DE 1990, DE LA SECCION TERCERA DE 11 DE JULIO Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 1990.

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, EN NOMBRE DEL CONGRESO, COMUNICO AL TRIBUNAL QUE LA CAMARA NO SE PERSONARIA EN LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD NI FORMULARIA ALEGACIONES, PERO PUSO A DISPOSICION DEL TRIBUNAL LAS ACTUACIONES DE LA CAMARA QUE PUEDA PRECISAR.

EL PRESIDENTE DEL SENADO, EN NOMBRE DEL SENADO, SOLICITO SE LE TUVIERA POR PERSONADA A LA CAMARA EN LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, Y POR OFRECIDA SU COLABORACION A LOS EFECTOS DEL ART. 88.1 DE LA LOTC.

8. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO FORMULO ESCRITO DE ALEGACIONES A LAS DIVERSAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN PRIMER TERMINO, CONSIDERA RESPECTO A LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 29, 68 Y 69 DEL REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES PLANTEADA A LA CUESTION NUM. 1.001/1988, EN RELACION CON EL ART. 15 DE LA CITADA LEY, QUE NO PUEDE SER OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, YA QUE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, DE ACUERDO CON EL ART. 163.1 DE LA C.E., EXIGE NORMA CON RANGO DE LEY APLICABLE AL CASO, SIN QUE PUEDA HACERSE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE INFERIOR RANGO.

EN SEGUNDO LUGAR, LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEGISLACION SOBRE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES, LEY Y REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO DE 11 DE JUNIO DE 1948, PLANTEADA EN LAS CUESTIONES NUMS. 1.001/1988 Y 669/1990, ASI COMO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9.1, B); 9.1, C); 11, 16, 17, A), Y 20 Y 22 DE LA CITADA LEY PLANTEADA EN LA CUESTION NUM.

291/1990 NO SON ATENDIBLES, YA QUE LA TOTALIDAD DE LA NORMATIVA, POR UN LADO, NO TIENE EN SU CONJUNTO RANGO DE LEY, PORQUE SE ALUDE TAMBIEN AL REGLAMENTO, Y, DE OTRO, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA DISPOSICION NORMATIVA CON FUERZA DE LEY SOLO PUEDE RECONDUCIRSE POR MEDIO DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DESARROLLADO EN EL CAPITULO SEGUNDO DEL TITULO II DE LA LOTC. NO CONSTITUYENDO LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD UN MECANISMO ABSTRACTO DE CONTROL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS (STC 127/1987), Y REQUIRIENDO, ADEMAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 163 DE LA C.E. Y EL ART. 35.2 DE LA LOTC, QUE LA NORMA CON RANGO DE LEY CUESTIONADA TENGA INFLUENCIA DECISIVA EN LA RESOLUCION QUE DEBA PRONUNCIAR EL ORGANO JUDICIAL.

POR TANTO, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO CONSIDERA QUE LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DEBEN TENER SOLO POR OBJETO LOS ARTS. 15, 16, 18 Y 23 DE LA LTTM, YA QUE SOLO RESPECTO A ESTOS PRECEPTOS SE CUMPLEN LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

EN CUANTO AL ART. 16, SE ALEGA QUE EN ESTE SOLO SE CONTIENE UNA REMISION GENERAL DE LOS HECHOS TIPIFICADOS COMO DELITOS O FALTAS EN EL CODIGO PENAL, SIN DESCRIBIR NINGUNA OTRA CONDUCTA SUSCEPTIBLE DE GENERAR UNA MEDIDA REFORMADORA O DE PROTECCION QUE PUDIERA EN CIERTO MODO LIMITAR O RESTRINGIR ALGUNO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS.

TAMPOCO EL ART. 128 INCORPORA ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DE CONDUCTAS SANCIONABLES O DETERMINANTES DE MEDIDAS PROTECTORAS. POR TANTO, ESTOS PRECEPTOS NO SEÑALAN PENAS O SANCIONES, AUNQUE SI LA POSIBILIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE CARACTER REFORMADOR O DE PROTECCION. LA AUSENCIA DE PENA SE JUSTIFICA POR LA FALTA DE IMPUTABILIDAD DEL MENOR Y CONSIGUIENTEMENTE DE RESPONSABILIDAD. DE AQUI QUE LAS RESOLUCIONES DE LOS JUECES DE MENORES ADOPTEN LA TERMINOLOGIA DE ACUERDOS, QUE NO SON SANCIONADORES NI DEFINITIVOS, PUDIENDO MODIFICARSE Y AUN DEJARSE SIN EFECTO POR EL PROPIO JUEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART.23 DE LA LTTM, Y ESTA DISCRECIONALIDAD OTORGADA A LOS JUECES DE MENORES NO AFECTA AL PRINCIPO DE LEGALIDAD DEL ART. 25.1 DE LA C.E., YA QUE AQUELLA SE PREDICA DE MEDIDAS EDUCATIVAS O REFORMADORAS, AJENAS AL ORDENAMIENTO SANCIONADOR. ADEMAS, DICHA DISCRECIONALIDAD DENTRO DEL PROCESO DE MENORES ESTA RECONOCIDA EN EL AMBITO INTERNACIONAL EN LA REGLA 6.1 DE LAS LLAMADAS <REGLAS DE BEIJING>. POR LO QUE LOS ARTS. 16, 18 Y 23 DE LA LTTM NO SON INCONSTITUCIONALES.

EN CAMBIO, MANIFIESTA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, QUE VA EN CONTRA DEL ART. 24, 1 Y 2, DE LA C.E. LO ESTABLECIDO EN EL ART. 15 DE LA LTTM, YA QUE EN EL MISMO SE ESTABLECE UN PRINCIPIO INQUISITIVO, PUESTO QUE SOLO ACTUA EL JUEZ, SIN QUE INTERVENGA EL MINISTERIO FISCAL NI OTRO ORGANO O INSTITUCION, VIOLANDOSE EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTIAS, YA QUE FALTA EL DERECHO A SER OIDO, A UTILIZAR LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES, A LA CONTRADICCION PROCESAL, EL DERECHO A LA DEFENSA, ETC.

EL ART. 24 DE LA C.E. TAMBIEN ALCANZA A LOS PROCESOS DE MENORES, AUNQUE PERSIGAN FINES CORRECCIONALES, EDUCATIVOS O PROTECTORES, PORQUE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SE RECONOCEN A TODAS LAS PERSONAS, SIN QUE SEA POSIBLE NINGUNA DISCRIMINACION. ASI, EL ART. 14.1 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS ESTABLECE QUE LAS PERSONAS SON IGUALES ANTE LOS TRIBUNALES Y CORTES DE JUSTICIA, Y LAS <REGLAS DE BEIJING> DISPONEN UNA SERIE DE GARANTIAS Y DERECHOS EN EL PROCESO EN MATERIA DE MENORES, Y, POR ULTIMO, LA RESOLUCION 20/1987, DEL CONSEJO DE EUROPA, ESTABLECE LA NECESIDAD DE REFORZAR LA POSICION LEGAL DE LOS MENORES DURANTE TODO EL PROCESO, RECONOCIENDOLES LAS MISMAS GARANTIAS PROCESALES QUE A LOS ADULTOS.

FINALMENTE SE ALEGA QUE LA STC 71/1990, RECAIDA EN LOS RECURSOS DE AMPARO ACUMULADOS 1.767/1987 Y 6/1988, VERSA SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER EL DERECHO DE LOS PADRES A LA GUARDA Y EDUCACION DE SUS HIJOS MENORES, QUE SE REGULA PRINCIPALMENTE EN LOS ARTS. 13 Y 14 DE LA LTTM, LLEGANDOSE A LA CONCLUSION DE QUE NO SE VULNERARON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS, PERO NO AFECTA AL ART. 15, QUE SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR Y PROTEGER A LOS MENORES, QUE VA EN CONTRA DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 24 DE LA C.E. Y, ADEMAS, EN CUANTO AL CARACTER PUBLICO DEL PROCESO, CONTRA LO DISPUESTO EN EL ART. 120.1 DE LA C.E. Y ART. 6.1. DEL CONVENIO DE ROMA.

EN ATENCION A LO EXPUESTO, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO INTERESA QUE SE DICTE SENTENCIA POR LA QUE SE DECLARE QUE EL ART. 15 DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES ES INCONSTITUCIONAL POR OPOSICION A LOS ARTS. 24, 1 Y 2 DE LA C.E., Y QUE SE ACUERDE LA ACUMULACION DE LAS DIVERSAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD A LA NUMERO 1.001/1988.

9. EL ABOGADO DEL ESTADO SE PERSONO, EN NOMBRE DEL GOBIERNO, Y PRESENTO ESCRITO DE ALEGACIONES, ALUDIENDO, EN PRIMER LUGAR, RESPECTO A LOS REQUISITOS FORMALES, QUE HAY UNA AUSENCIA DE CONDICIONES PROCESALES RESPECTO A LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADAS, YA QUE LAS MISMAS PUEDEN SER APRECIADAS NO SOLO EN EL TRAMITE DE ADMISION PREVISTO EN EL ART.

37.1 DE LA LOTC, SINO TAMBIEN EN LAS SENTENCIAS (3/1988, 4/1988, 141/1988 Y 188/1988).

ASI, MANIFIESTA QUE DE LOS ARTS. 163 DE LA C.E. Y 35 DE LA LOTC SE DERIVA QUE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOLO PUEDE PLANTEARSE EN EL SENO DE UN PROCESO, SIENDO REALIDADES INHERENTES AL MISMO LA SATISFACCION DE INTERESES Y EL ENFRENTAMIENTO DE LAS PARTES PROCESALES. PUES BIEN, EL PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR Y PROTEGER A LOS MENORES QUE REGULA EL DECRETO DE 11 DE JUNIO DE 1948 NO ES UN PROCESO, POR NO CONCURRIR LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, POR LO QUE LOS JUZGADOS DE MENORES NO TIENEN ATRIBUIDA LA FACULTAD DE PROMOVER CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LOS PRESENTES SUPUESTOS, YA QUE LOS PROCEDIMIENTOS QUE TRAMITAN NO SON VERDADEROS PROCESOS.

EN CUANTO A LAS CUESTIONES NUMS.

1.001/1988, 291/1990 Y 669/1990, SE ALEGA ASIMISMO POR EL ABOGADO DEL ESTADO QUE LA PRETENDIDA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE TODA LA LEGISLACION EN MATERIA DE MENORES ES INADMISIBLE, YA QUE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NO ES UNA ACCION CONCEDIDA PARA IMPUGNAR DE MODO DIRECTO Y CON CARACTER ABSTRACTO LA VALIDEZ DE LA LEY, SINO UN MECANISMO DE CONTROL CONCRETO, Y COMO QUIERA QUE SERIA UN USO NO ADECUADO A SU NATURALEZA, SE INCUMPLE EN ESTE PUNTO, POR CONSIGUIENTE, LOS REQUISITOS DE LOS ARTS. 163 DE LA C.E. Y 35 DE LA LOTC.

LA CUESTION NUM. 1.001/1988 ADOLECE TAMBIEN DE OTRO DEFECTO DE CARACTER FORMAL, COMO ES QUE AL PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOLO SE HA DADO AUDIENCIA AL MINISTERIO FISCAL, Y NO AL MENOR O SU REPRESENTANTE LEGAL, SIENDO LA FALTA DE AUDIENCIA UN DEFECTO INSUBSANABLE (SSTC 4/1988 Y 67/1988); DEBIENDO QUEDAR EXCLUIDO DE LA CITADA CUESTION LA PRETENDIDA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS.

29, 68 Y 69 DEL REGLAMENTO, YA QUE DE ACUERDO CON LOS ARTS. 163 DE LA C.E., 35.2 DE LA LOTC Y 5.2 DE LA LOPJ, EL PROCESO QUE NOS OCUPA UNICAMENTE PUEDE INICIARSE EN RELACION A NORMAS CON RANGO DE LEY O CON FUERZA DE LEY.

POR ULTIMO, EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES, SE ADUCE QUE LAS CUESTIONES NUMS. 291/1990 Y 2.151/1990 NO SE AJUSTAN A LOS LIMITES CONSTITUCIONALES, PORQUE PARA SER ADMITIDA UNA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD ES NECESARIO QUE AL PLANTEARSE SE OFREZCA UNA FUNDAMENTACION SUFICIENTE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD Y DE LA RELACION ENTRE LA NORMA CUESTIONADA Y EL FALLO, CARECIENDO DE JUICIO DE RELEVANCIA LAS CITADAS CUESTIONES, SIN QUE TENGA INCIDENCIA ALGUNA EN EL CURSO DEL PROCESO LA ANULACION DE LOS ARTS. 15 Y 16 DE LA LTTM.

EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO, EL ABOGADO DEL ESTADO EXAMINA LA PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 15, 16, 18 Y 23 DE LA LTTM.

LOS ARTS. 16, 18 Y 23 DE LA LTTM NO SON CONTRARIOS AL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN MATERIA SANCIONADORA DEL ART.

25.1 DE LA C.E. DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL, UNICO ASPECTO PUESTO DE MANIFIESTO EN LA CUESTION NUM. 1.001/1983, YA QUE NO ES POSIBLE EXIGIR LA RESERVA DE LEY DE MANERA RETROACTIVA PARA ANULAR DISPOSICIONES REGULADORAS DE MATERIAS Y DE SITUACIONES RESPECTO DE LAS CUALES TAL RESERVA NO EXISTIA DE ACUERDO CON EL DERECHO ANTERIOR A LA CONSTITUCION (STC 11/1981), NI TAMPOCO IGNORAR QUE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE SE TRADUCE EN LA RESERVA ABSOLUTA DE LEY NO INCIDE EN DISPOSICIONES O ACTOS NACIDOS AL MUNDO DEL DERECHO CON ANTERIORIDAD AL MOMENTO EN QUE LA CONSTITUCION FUE PROMULGADA (STC 15/1981).

POR OTRA PARTE, TAMPOCO EL ART. 16 DE LA LTTM CONCULCA LOS PRINCIPIOS DE INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PUBLICOS Y DE SEGURIDAD JURIDICA RECOGIDOS EN EL ART. 9.3 DE LA C.E. Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL ART. 14 DE LA C.E., PORQUE EL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL <ES COMPATIBLE CON LA EXISTENCIA DE DISTINTOS ORDENES JURISDICCIONALES Y DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DESARROLLAN ANTE CADA ORDEN JURISDICCIONAL CON ARREGLO A SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS> (STC 71/1990). Y ADEMAS, EL ART. 16 DE LA LTTM SOLO DISPONE QUE, EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA CORREGIR A LOS MENORES POR HECHOS CALIFICADOS COMO DELITOS O FALTAS EN EL CODIGO PENAL, LOS JUECES APRECIARAN LOS HECHOS CON RAZONADA LIBERTAD DE CRITERIO Y PRESCINDIENDO DEL CONCEPTO Y ALCANCE JURIDICO-PENAL DE TALES HECHOS, NO DETERMINANDO LA DESVINCULACION DEL JUZGADOR DE LOS PRINCIPIOS Y PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE, EN TODO CASO, ESTA OBLIGADO A APLICAR.

RESPECTO AL ART. 15 DE LA LTTM, SEÑALA EL ABOGADO DEL ESTADO QUE ESTE PRECEPTO SE LIMITA A DIFERENCIAR LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE ANTE LOS TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES DE AQUEL CUYA TRAMITACION CORRESPONDE A LA JURISDICCION PENAL, NO VULNERANDO NINGUN PRECEPTO CONSTITUCIONAL.

ASI, NO SE CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA DEL ART. 9.3 DE LA C.E., NO JUSTIFICANDOSE DICHA VULNERACION EN LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD.

TAMPOCO EL ART. 15 DE LA LTTM IMPLICA DESIGUALDAD ANTE LA LEY NI EN LA APLICACION DE LA LEY EN RELACION CON LOS ADULTOS, EXISTIENDO CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICAN LA DIFERENTE TRAMITACION DE LOS PROCESOS QUE AFECTAN A LOS MENORES RESPECTO DE AQUELLOS QUE SE SIGUEN FRENTE A ADULTOS Y, POR OTRO LADO, EL PRECEPTO EN CUESTION, EN SI MISMO, NO LEGITIMA UNA DESIGUALDAD EN LA APLICACION DE LA LEY, SINO QUE ESTABLECE PREVISIONES GENERALES RESPECTO DE LA TRAMITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS.

EL ART.

15 DE LA LTTM NO INFRINGE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DEL ART.

24.1 DE LA C.E., YA QUE EL CONTENIDO DE ESTE DERECHO SE HA DE SATISFACER, COMO HA PUESTO DE MANIFIESTO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA STC 71/1990, EN EL MARCO DE UNA UNICA JURISDICCION, PERO ELLO ES COMPATIBLE CON LA EXISTENCIA DE DISTINTOS ORDENES JURISDICCIONALES Y DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DESARROLLAN ANTE CADA ORDEN JURISDICCIONAL CON ARREGLO A SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS. NO PADECIENDO EL MENCIONADO DERECHO, SI LA ESPECIALIDAD DE LAS REGLAS QUE RIGE LOS PROCEDIMIENTOS QUE ANTE LOS DISTINTOS ORDENES JURISDICCIONALES SE SIGUEN, SE HACE COMPATIBLE, EN TODO CASO, CON UN NIVEL DE GARANTIAS PROCEDIMENTALES BASICAS QUE DEBEN CONCITARSE CON LA DEFENSA Y TUTELA DE LOS INTERESES PRIORITARIOS (EN ESTE CASO, LOS DERECHOS DEL MENOR) QUE SON OBJETO DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.

EL ABOGADO DEL ESTADO, EN LO REFERENTE A LA VULNERACION DEL PRECEPTO CUESTIONADO DEL DERECHO A UN PROCESO PUBLICO GARANTIZADO EN EL ART. 24.2 DE LA C.E., ADUCE QUE EL MENCIONADO DERECHO SE RECONOCE EN NUESTRA CONSTITUCION CON UNOS LIMITES QUE SON LOS PREVISTOS EN LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR ESPAÑA SOBRE LAS MISMAS MATERIAS. ASI, EL ART. 6.1 DEL CONVENIO DE ROMA ESTABLECE QUE LOS INTERESES DE LOS MENORES PUEDEN JUSTIFICAR LA LIMITACION QUE HA DE ENCONTRARSE LEGALMENTE PREVISTA (ART. 120.1 DE LA C.E. Y 232.1 DE LA LOPJ). LAS ESPECIALES CARACTERISTICAS QUE PRESENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CORRECCION Y REFORMA QUE SE TRAMITAN EN RELACION CON MENORES JUSTIFICAN EL ART. 15 DE LA LTTM, YA QUE EL PROCEDIMIENTO DE CORRECCION NO TIENE CARACTER SANCIONADOR, SINO EDUCATIVO Y TUTELAR. PERO ADEMAS LA NO PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO NO SUPONE UNA RESTRICCION DE LAS GARANTIAS DEL MENOR, Y EL CARACTER PROVISIONAL DE LAS MEDIDAS QUE ADOPTEN LOS JUECES DE MENORES (ART.

23 DE LA LTTM) CONSTITUYE, POR SI MISMO, SUFICIENTE GARANTIA Y PERMITE UN CONTROL PUBLICO PERMANENTE DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS, INCLUSO DESPUES DE LA TERMINACION DEL PROCEDIMIENTO. EN TODO CASO, LA CONVENIENCIA DE EVITAR LA PUBLICIDAD EN ALGUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS QUE CONOCEN LOS JUECES DE MENORES, CONCRETAMENTE EN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD PROTECTORA SE HA PUESTO YA DE MANIFIESTO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA STC 71/1990. Y ESTA MISMA SENTENCIA DETERMINA QUE LA INTERVENCION DEL MINISTERIO FISCAL EN LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE MENORES NO ES LA DE ACTUAR COMO ACUSADOR SINO LA DE SALVAGUARDAR LOS INTERESES DEL MENOR.

POR ULTIMO, SE ALEGA QUE LA PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 15 DE LA LTTM NO SE PRESENTA EN LAS CUESTIONES PLANTEADAS COMO RESULTADO DE SU CONFRONTACION CON ALGUN PARAMETRO DE CONSTITUCIONALIDAD, SINO QUE SE CONSTITUYE EN HIPOTESIS JUSTIFICADORA DE LA NECESIDAD DE UNA REFORMA DE LA LEGISLACION SOBRE MENORES. Y EL ESQUEMA PROCEDIMENTAL QUE TAN SOLO SE ESBOZA EN EL ART.

15 DE LA LTTM NO SUPONE NINGUN OBSTACULO PARA LA APLICACION DE LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCION, SIENDO ESTA NORMA DIRECTAMENTE APLICABLE.

EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, EL ABOGADO DEL ESTADO SUPLICA QUE SE DECLARE NO HABER LUGAR A PRONUNCIARSE SOBRE LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y, SUBSIDIARIAMENTE, SE DESESTIMEN LAS CUESTIONES Y DECLARE SER CONFORME A LA CONSTITUCION LOS PRECEPTOS LEGALES CUESTIONADOS. Y ASIMISMO SOLICITA QUE SE ACUMULEN LAS DIVERSAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD A LA NUM. 1.001/1988.

10. POR AUTO DE 29 DE OCTUBRE DE 1990, EL PLENO ACORDO ACUMULAR LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMS. 291/1990, 669/1990, 1.629/1990 Y 2.151/1990, A LA REGISTRADA CON EL NUM. 1.001/1988.

11. MEDIANTE PROVIDENCIA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1990, LA SECCION TERCERA ACORDO RECABAR DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL LA CONTESTACION A LA CONSULTA ELEVADA A DICHO ORGANO POR LOS JUECES DE MENORES DE MADRID EL 4 DE MARZO DEL MENCIONADO AÑO, SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR A MENORES.

EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1990 TUVO ENTRADA EN EL REGISTRO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL EL INFORME DE FECHA 30 DE MAYO DE 1990, DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, ELABORADO EN CONTESTACION A LA ANTERIOR CONSULTA. EN DICHO INFORME SE ADUCE, EN PRIMER LUGAR, QUE LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS JUECES DE MENORES DE MADRID TIENEN UN CARACTER BASICAMENTE JURISDICCIONAL, POR LO QUE FRENTE A CUALQUIER POSIBLE CONTESTACION SE ALZARIA LA PROHIBICION ESTABLECIDA EN EL ART. 12.3 DE LA LOPJ. NO OBSTANTE, SE PONE DE MANIFIESTO LA NECESIDAD DE REFORMAR LA ACTUAL LEGISLACION DE MENORES, YA QUE LA ACTUAL SITUACION DE LA JURISDICCION DE MENORES ES DE GRAN INSEGURIDAD JURIDICA, PROCEDIENDO INSTAR AL GOBIERNO, A TRAVES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, A QUE EJERZA SU INICIATIVA LEGISLATIVA Y REMITA CUANTO ANTES A LAS CORTES GENERALES EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEGISLACION TUTELAR DE MENORES. Y TAMBIEN PROCEDE DIRIGIRSE AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO A FIN DE QUE ESTABLEZCA CRITERIOS UNIFORMES DE ACTUACION DEL MINISTERIO FISCAL POR EL MEDIO QUE ESTIME OPORTUNO.

12. LA SECCION TERCERA, POR PROVIDENCIA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1990, ACORDO DAR TRASLADO DEL INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL AL ABOGADO DEL ESTADO Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN EL PLAZO COMUN DE DIEZ DIAS ALEGARAN LO QUE A SU DERECHO CONVINIERA.

EL ABOGADO DEL ESTADO, MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1990, SEÑALO QUE EL INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL NO APORTA NINGUNA LUZ QUE PUEDA AYUDAR A RESOLVER LA CUESTION DE FONDO PLANTEADA, YA QUE NO CONTIENE EL MAS MINIMO RAZONAMIENTO JURIDICO SOBRE LA ADECUACION A LA CONSTITUCION DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS.

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO PRESENTO ESCRITO EL 7 DE DICIEMBRE DE 1990, ADUCIENDO QUE EL INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PONE DE MANIFIESTO, DE UN LADO, LA INCOMPATIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LA LEGISLACION DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES CON LA CONSTITUCION, CUANDO EXCLUYE A AQUEL PROCEDIMIENTO DE LAS REGLAS PROCESALES VIGENTES EN LAS DEMAS JURISDICCIONES (ART. 15 LTTM), LO QUE EQUIVALE A SUSTRAERLE DE LAS GARANTIAS PROCESALES QUE CONSTITUYEN HOY BUENA PARTE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN EL ART. 24.1 Y 2 C.E. Y DE OTRO LADO, TAMBIEN PONE DE RELIEVE LA CONVENIENCIA DE QUE SEAN RESUELTAS CON LA MAYOR PREMURA POSIBLE LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS EN ESTE PROCESO.

13. POR PROVIDENCIA DE 12 DE FEBRERO DE 1991, SE ACORDO SEÑALAR PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EL DIA 14 SIGUIENTE.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. ANTES DE ENTRAR EN EL FONDO DE LAS DUDAS PLANTEADAS, ES PRECISO DETERMINAR SI SE CUMPLEN LAS CONDICIONES PROCESALES EXIGIDAS POR LOS ARTS. 35 Y 36 DE LA LOTC PARA LA ADMISION DE LAS MENCIONADAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, PUES TANTO EL ABOGADO DEL ESTADO COMO EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO OPONEN DIVERSOS REPAROS AL RESPECTO Y, SEGUN HA DECLARADO ESTE TRIBUNAL, <LA FALTA DE CONDICIONES PROCESALES PUEDE SER APRECIADA NO SOLO EN EL TRAMITE DE ADMISION PREVISTO EN EL ART. 37.1 DE LA LOTC SINO TAMBIEN EN LA SENTENCIA> (STC 141/1988, Y EN EL MISMO SENTIDO SSTC 3/1988, 4/1988, 188/1988, 41/1990, 157/1990, 186/1990).

2. EL ABOGADO DEL ESTADO ALEGA FRENTE A TODAS LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE, COMO SE INFIERE DE LOS ARTS.

163 C.E. Y 35 DE LA LOTC, LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOLO PUEDE

PLANTEARSE EN EL SENO DE UN PROCESO, SIENDO REALIDADES INHERENTES AL MISMO LA SATISFACCION DE INTERESES Y EL ENFRENTAMIENTO DE LAS PARTES PROCESALES. LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE PLANTEAN LAS DIFERENTES CUESTIONES POR LOS JUECES DE MENORES, POR EL CONTRARIO, NO SON VERDADEROS PROCESOS, SINO PROCEDIMIENTOS DE CARACTER EDUCATIVO Y CAUTELAR, EN LOS QUE NO CABE PROMOVER CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD; ESTAS SON POR TANTO INADMISIBLES.

LA CUESTION DE CUAL SEA LA NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE EN LOS JUZGADOS DE MENORES, Y CONCRETAMENTE, DEL PROCEDIMIENTO CORRECTOR O REFORMADOR EN EL QUE SE PLANTEAN LAS PRESENTES CUESTIONES ES, SIN EMBARGO, UNO DE LOS TEMAS BASICOS QUE ES PRECISO RESOLVER A LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADAS. ABORDAR TAL PROBLEMA COMO MOTIVO DE INADMISIBILIDAD SUPONDRIA EMITIR UN JUICIO ANTICIPADO SOBRE UNO DE LOS PRINCIPALES PUNTOS CONTROVERTIDOS. BASTA, POR ELLO, PARA RECHAZAR LA CAUSA DE INADMISIBILIDAD INVOCADA, CON ADELANTAR QUE NOS ENCONTRAMOS ANTE UN PROCESO SEGUIDO ANTE ORGANOS QUE EJERCEN POTESTAD JURISDICCIONAL, CUYAS DECISIONES PUEDEN SER APELADAS ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL RESPECTIVA (ART. 82.3 DE LA LOPJ).

EN LO QUE RESPECTA A LA NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE LOS JUZGADOS DE MENORES, ESTE TRIBUNAL EN STC 71/1990, Y ATC 473/1987 Y 952/1988, SI BIEN PUSO DE MANIFIESTO LA PECULIAR NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE PROTECCION DE MENORES, REGULADO JUNTO CON EL PROCEDIMIENTO REFORMADOR EN EL ART. 15 DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES (EN ADELANTE, LTTM), NO CUESTIONO, EN MOMENTO ALGUNO, SU NATURALEZA COMO UN VERDADERO PROCESO. IDENTICA AFIRMACION, CON MAS FUNDAMENTO AUN, HAY QUE REALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR O REFORMAR A MENORES.

NO ES ADMISIBLE NEGAR EL CARACTER DE PROCESO, COMO ARGUMENTO DE INADMISIBILIDAD, ADUCIENDO LA FALTA DE CONTRADICCION, LA NO INTERVENCION DEL MINISTERIO FISCAL NI DE LETRADO DEFENSOR DEL MENOR, PUES ELLO CONSTITUYE PRECISAMENTE UNO DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS ADUCIDOS PARA CUESTIONAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL CITADO PRECEPTO QUE, PESE A REGULAR UN CAUCE PROCESAL PARA IMPONER MEDIDAS REFORMADORAS A LOS MENORES QUE HUBIESEN INCURRIDO EN CONDUCTAS TIPIFICADAS POR LA LEY COMO DELITOS O FALTAS, NO PREVE LA NECESARIA INTERVENCION DE TALES PARTES, NI OTRAS GARANTIAS PROCESALES QUE PUDIESEN CONSIDERARSE IMPRESCINDIBLES EN UN ESTADO DE DERECHO PARA ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS.

POR OTRA PARTE, ESTE PROCEDIMIENTO SE SIGUE ANTE ORGANOS CON POTESTAD JURIDICCIONAL, PUES LOS JUECES DE MENORES SON CONFORME A NUESTRA LEGISLACION VIGENTE MIEMBROS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL. EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEGISLACION SOBRE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES, APROBADO POR EL DECRETO DE 11 DE JUNIO DE 1948, CONVERTIA A LOS TRIBUNALES DE MENORES EN ORGANISMOS HIBRIDOS ADMINISTRATIVOS-JURISDICCIONALES, YA QUE PODIAN ESTAR FORMADOS POR PERSONAS AJENAS A LA CARRERA JUDICIAL, NOMBRADOS POR EL MINISTRO DE JUSTICIA Y QUE, ADEMAS, DEPENDIAN, SEGUN LA LEY, DE UN ORGANISMO, EL CONSEJO SUPERIOR DE PROTECCION DE MENORES, DEPENDIENTE A SU VEZ DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. DICHA ESTRUCTURA SE ALTERO YA POR LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO 414/1976, DE 26 DE FEBRERO, QUE POSIBILITO AL PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL O FISCAL EN ACTIVO LA COMPATIBILIDAD DE SUS FUNCIOENS CON EL EJERCICIO DE LA JURISDICCION DE MENORES Y HA SIDO RADICALMENTE CAMBIADA DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA CONSTITUCION Y EN CONSONANCIA CON ESTA.

LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, EN EFECTO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCION INCARDINA A LOS TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES, QUE SON SUSTITUIDOS POR LOS JUZGADOS DE MENORES, DENTRO DE LA JURISDICCION ORDINARIA, DEJANDO DE SER UNA JURISDICCION ESPECIAL, Y ESTABLECE QUE LOS JUECES DE MENORES TIENEN POTESTAD JURISDICCIONAL (ART. 26), CORRESPONDIENDOLES <EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES PARA CON LOS MENORES QUE HUBIEREN INCURRIDO EN CONDUCTAS TIPIFICADAS POR LA LEY COMO DELITO O FALTA Y AQUELLAS OTRAS QUE, EN RELACION CON LOS MENORES DE EDAD, LES ATRIBUYAN LAS LEYES> (ART. 97). OTRAS CONSECUENCIAS, POR EJEMPLO, DE LA INCARDINACION DENTRO DE LA JURISDICCION ORDINARIA DE LA JURISDICCION DE MENORES SON LAS RELATIVAS A LA ELECCION DE DECANO (ART. 166), REPARTO DE ASUNTOS (ART. 167) CONCURSOS DE PROVISION (AUNQUE EN ESTE CASO CON PREFERENCIA POR LA ESPECIALIZACION, ART. 329.1 Y 3, APROBANDOSE EL REGLAMENTO PARA LA ESPECIALIZACION COMO JUEZ DE MENORES, POR ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE 16 DE JUNIO DE 1987). POR ULTIMO, LA LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACION Y DE PLANTA JUDICIAL, HA DETERMINADO LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE MENORES, QUE TENDRAN LA COMPETENCIA QUE RECONOCE A LOS TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES LA LEGISLACION VIGENTE.

POR LO TANTO, NO CABE NINGUNA DUDA, QUE ACTUALMENTE LOS JUECES DE MENORES SON MIEMBROS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL, POR LO QUE SON INDEPENDIENTES, INAMOVIBLES, RESPONSABLES Y SOMETIDOS UNICAMENTE AL IMPERIO DE LA LEY, SIENDO LOS JUZGADOS DE MENORES, JUZGADOS ORDINARIOS Y ESPECIALIZADOS.

3. EL FISCAL GENERAL Y EL ABOGADO DEL ESTADO ADUCEN QUE LA PRETENDIDA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE TODA LA LEGISLACION DE MENORES, PLANTEADA EN LAS CUESTIONES NUMS. 1.001/1988 Y 669/1990, ASI COMO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9.1 B), 9.1 C), 11, 16, 17 A), 20 Y 22 PLANTEADA EN LA CUESTION NUM. 291/1990, NO SON ADMISIBLES, YA QUE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NO ES UNA INSTITUCION PROCESAL QUE PERMITA IMPUGNAR DE MODO DIRECTO Y CON CARACTER ABSTRACTO LA VALIDEZ DE LA LEY, SINO UN MECANISMO DE CONTROL CONCRETO, PARA RESOLVER LAS DUDAS QUE SUSCITE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY DE CUYA VALIDEZ DEPENDA EL FALLO QUE, EN UN PROCESO CONCRETO, SE HA DE DICTAR.

EN ESTE PUNTO LA EXCEPCION HA DE SER ACEPTADA, PUES COMO REITERADAMENTE HA PUESTO DE MANIFIESTO ESTE TRIBUNAL (SSTC 17/1981, 94/1986, 106/1986 Y 55/1990), LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NO ES UNA ACCION CONCEDIDA A LOS ORGANOS JUDICIALES PARA IMPUGNAR DE MODO DIRECTO Y CON CARACTER ABSTRACTO LA VALIDEZ DE LA LEY, SINO UN INSTRUMENTO PUESTO A DISPOSICION DE AQUELLOS PARA CONCILIAR LA DOBLE OBLIGACION EN QUE SE ENCUENTRAN DE ACTUAR SOMETIDOS A LA LEY Y A LA CONSTITUCION. POR ESO, UNO DE LOS REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD DERIVADOS DE LOS ARTS. 163 Y 35.2 DE LA LOTC, ES EL LLAMADO <JUICIO DE RELEVANCIA>, YA QUE, EN OTRO CASO, NO CABRIA APRECIAR LA EXISTENCIA DE LAS GRAVES RAZONES QUE PERMITIERAN ACOMETER EL JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.

POR TODO ELLO, NO ES ADMISIBLE EL PLANTEAMIENTO DE UNA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD FRENTE A TODA LA LEGISLACION DE MENORES, EN SU CONJUNTO, O EN GRAN PARTE DE SU ARTICULADO, PUES NO TODOS LOS PRECEPTOS EN ELLA CONTENIDOS TIENEN UNA INFLUENCIA DECISIVA PARA LA RESOLUCION DE LOS ASUNTOS DE LOS QUE CONOCEN LOS JUECES DE MENORES QUE PROMUEVEN LAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS CUESTIONES.

TAMPOCO ES LICITO CUESTIONAR EL DECRETO DE 11 DE JUNIO DE 1948, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEGISLACION SOBRE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES, EN LA MEDIDA EN LA QUE CONTIENE, JUNTO A NORMAS DE RANGO LEGAL, OTRAS QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD POR NO TENER RANGO DE LEY, YA QUE TAL Y COMO DISPONEN LOS ARTS. 163 C.E. Y 35.2 DE LA LOTC, ES REQUISITO NECESARIO PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE LA NORMA DE CUYA VALIDEZ DEPENDE EL FALLO TENGA DICHO RANGO, CIRCUNSTANCIA QUE SOLO CONCURRE EN LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES. DE AHI QUE QUEDEN FUERA DE ESTE PROCESO LA PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS.

29, 68 Y 69 DEL REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LTTM, PLANTEADA EN LA CUESTION NUM. 1.001/1988, SIN PERJUICIO DE QUE TALES PRECEPTOS, SI HACEN UN DESARROLLO DE LA NORMA LEGAL INCOMPATIBLE CON LA INTERPRETACION DE ESTA QUE EXIGE LA CONSTITUCION DEBAN SER TENIDOS POR ILEGALES, Y EN CONSECUENCIA NO APLICADOS POR LOS JUECES (ART. 6 DE LA LOPJ).

4. EL ABOGADO DEL ESTADO NIEGA POR ULTIMO LA EXISTENCIA DEL LLAMADO <JUICIO DE RELEVANCIA> EN LAS CUESTIONES NUMS. 291/1990 Y 2.151/1990, EXIGIDO POR EL ART. 35.2 DE LA LOTC, POR ENTENDER QUE AMBAS HACEN REFERENCIA EXCLUSIVAMENTE A LA NECESARIA INTERVENCION DEL MINISTERIO FISCAL EN EL PROCEDIMIENTO REFORMADOR DE MENORES.

EN RELACION CON ESTE ARGUMENTO, CONVIENE PONER DE MANIFIESTO EN PRIMER TERMINO, QUE EL ART. 15 DE LA LTTM REGULA CONJUNTAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR Y PROTEGER A LOS MENORES. DE MODO QUE SUSCITANDOSE TODAS LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO REFORMADOR, EL CITADO JUICIO DE RELEVANCIA NO AFECTA AL VALOR DE DICHO PRECEPTO EN EL PROCEDIMIENTO PROTECTOR, CUYA NATURALEZA PROPIA NO PUEDE SER TOMADA AQUI EN CONSIDERACION POR NO SER ELLO PERTINENTE.

CENTRANDONOS, POR TANTO, EN EL PROCEDIMIENTO CORRECTOR, Y SUSCITADAS LAS DUDAS EN TORNO A SI LA PRESENCIA O NO DEL MINISTERIO FISCAL PUEDE TENER INFLUENCIA DECISIVA EN LA RESOLUCION QUE SE ADOPTE EN LOS MISMOS, CABE SEÑALAR QUE TANTO LA INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO COMO EL RESPETO A OTRAS GARANTIAS PROCESALES BASICAS, TENDRIAN UNA INDUDABLE TRASCENDENCIA EN LOS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS Y, EN CONSECUENCIA, EN LA FUTURA DECISION QUE EN ESTOS PUDISE ADOPTARSE, MAXIME CUANDO ESTE TRIBUNAL HA SEÑALADO DE MANERA REITERADA, ASI EN LA STC 42/1990, QUE <SI BIEN PUEDE RECHAZARSE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE ESTIME NOTORIAMENTE INFUNDADA, ELLO NO IMPLICA QUE PUEDA SUSTITUIRSE AL ORGANO JUDICIAL PARA DETERMINAR EN QUE MEDIDA DEPENDE EL FALLO DE LA VALIDEZ DE LA NORMA CUESTIONADA, DE FORMA QUE A LOS EFECTOS DE INADMISION QUE AHORA SE EXAMINAN , NO CABE CENSURAR NI EL JUICIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE LAS NORMAS QUE HACE EL JUEZ A QUO, NI LA INTERPRETACION QUE DE ELLAS SE EFECTUA, EN CUANTO NO SEAN MANIFIESTAMENTE IRRAZONABLES (STC 4/1988) Y SOLO CUANDO DE MANERA EVIDENTE Y SIN NECESIDAD DE UN ANALISIS DE FONDO, LA NORMA JURIDICA CUESTIONADA SEA, SEGUN PRINCIPIOS JURIDICOS BASICOS, INAPLICABLE AL CASO, CABRA RECONOCER QUE NO CUMPLE DICHO REQUISITO PROCESAL (STC 19/1988)>.

POR LO QUE RESPECTA AL ART. 16 LTTM, QUE ESTABLECE EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CRITERIO EN LO REFERENTE A LA APRECIACION DE LOS HECHOS CALIFICADOS DE DELITOS O FALTAS QUE SE ATRIBUYAN A MENORES, Y POR SU RELACION DIRECTA CON ESTE LOS ARTS. 18 Y 23 DE LA MENCIONADA LEY, QUE ALUDEN A QUE LAS MEDIDAS QUE SE ADOPTEN PODRAN PROLONGARSE HASTA LA MAYORIA DE EDAD CIVIL Y MODIFICARSE DE OFICIO EN CUALQUIER MOMENTO, NO CABE DUDA DE QUE, AL CUESTIONARLOS, SE ESTA CUESTIONANDO LA EXIGENCIA EN LOS CITADOS PROCESOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN RELACION CON EL DE SEGURIDAD JURIDICA QUE RIGE EN EL AMBITO PENAL Y EN EL ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, DE MODO QUE NO PUEDE NEGARSE LA IMPORTANCIA DE TAL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN. DE AHI QUE NO QUEPA NEGAR EN MODO ALGUNO LA CONCURRENCIA DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONTENIDO EN EL ART. 35.2 DE LA LOTC. DEBE QUEDAR EXCLUIDO, SIN EMBARGO, DE ESTE JUICIO DE RELEVANCIA, POR IDENTICAS RAZONES A LAS YA SEÑALADAS AL TRATAR EL ART. 15 LTTM, TODO LO RELATIVO AL AMBITO PROTECTOR CONTENIDO EN LOS ARTS. 18 Y 23 DE LA CITADA LEY.

FINALMENTE, Y EN RELACION CON LA CUESTION NUM. 1.001/88, SE SEÑALA POR EL ABOGADO DEL ESTADO QUE SOLAMENTE SE HA OIDO AL MINISTERIO FISCAL, PERO NO AL MENOR O AL REPRESENTANTE LEGAL, SIENDO POR CONSIGUIENTE UN REQUISITO INSUBSANABLE. DICHA OBJECION ES RECHAZABLE, YA QUE SI BIEN ES CIERTO QUE NO SE PUSO EN CONOCIMIENTO DEL MENOR O SU REPRESENTANTE LEGAL LA POSIBILIDAD DE ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVINIERA SOBRE LA PERTINENCIA DE PLANTEAR LA CUESTION (ART.

35.2 DE LA LOTC), NO LO ES MENOS QUE LA FALTA DE ALEGACIONES POR PARTE DE UN PERITO EN DERECHO EN NOMBRE DEL MENOR, ES PRECISAMENTE UNO DE LOS MOTIVOS INVOCADOS COMO FUNDAMENTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 15 DE LA LTTM, EN LA MEDIDA EN QUE LA COMPARECENCIA Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES DE MENORES SE PREVE SIN INTERVENCION DEL MISMO. POR OTRA PARTE, NO PUEDE CONSTITUIRSE COMO UN OBSTACULO PARA LA ADMISIBILIDAD LA FALTA DE ALEGACIONES SOBRE UNA CUESTION JURIDICA POR PERSONAS LEGAS EN DERECHO, MAXIME SI SE TIENE PRESENTE QUE SE DIO AUDIENCIA AL MINISTERIO FISCAL, ENCARGADO DE PROMOVER LA ACCION DE LA JUSTICIA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS (ART. 124 C.E.) Y ASUMIR O, EN SU CASO, PROMOVER LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN JUICIO Y FUERA DE EL, DE QUIENES POR CARECER DE CAPACIDAD DE OBRAR, NO PUEDAN ACTUAR POR SI MISMOS (ART. 3.7 DEL ESTATUTO ORGANICO DEL MINISTERIO FISCAL, APROBADO POR LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE) COMO ES EL CASO DE LOS MENORES.

EN VIRTUD DE TODO LO DICHO EN LOS ANTERIORES FUNDAMENTOS, SE HA DE CONCLUIR QUE LAS CUESTIONES ESTAN CORRECTAMENTE PLANTEADAS Y HAN DE SER ADMITIDAS A TRAMITE, SI BIEN SU OBJETO SE CIRCUNSCRIBE A LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 15, 16, 18 Y 23 DE LA LTTM, EN LO REFERENTE EXCLUSIVAMENTE AL AMBITO CORRECTOR.

ESTA DELIMITACION DEL OBJETO DE LA CUESTION, NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO ALGUNO SOBRE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS; NI SOBRE AQUELLAS QUE, POR SU CONEXION DIRECTA CON LOS PRECEPTOS LEGALES CUESTIONADOS, HAYAN DE SER VALORADAS POR EL JUEZ A LA LUZ DE LO QUE SOBRE ESTOS HAYAMOS RESUELTO (ART. 5.1 LOPJ), NI SOBRE AQUELLAS OTRAS QUE HABRA DE APLICAR O NO APLICAR EN RAZON DEL JUICIO QUE EN CADA CASO LE MEREZCA SU CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION, CON LA LEY O CON EL PRINCIPIO DE JERARQUIA NORMATIVA (ART. 6 LOPJ).

DE OTRA PARTE, Y COMO ES OBVIO, TAMPOCO ESTA DELIMITACION PUEDE SER ENTENDIDA COMO UNA IMPLICITA AFIRMACION DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS RESTANTES ARTICULOS DE LA LEY, PUES ES UNA RAZON ESTRICTAMENTE PROCESAL LA QUE LIMITA NUESTRO JUICIO A LOS CUATRO ARTICULOS YA INDICADOS. LA PRUDENCIA ACONSEJA NO EXTENDERLO POR VIA DE CONEXION O CONSECUENCIA A OTROS PRECEPTOS DE LA MISMA LEY, COMO AUTORIZA EL ART. 39.1 LOTC, PUES NI LA CONEXION DE ESOS OTROS PRECEPTOS CON LO QUE AHORA ENJUICIAMOS ES TAN ESTRECHA QUE ESTEMOS FORZADOS A HACERLO, NI SE AUMENTARIA CON ELLO LA ADECUACION A LA CONSTITUCION DE NUESTRO SISTEMA DE JURISDICCION DE MENORES, QUE, POR EL CONTRARIO, PODRIA VERSE IMPOSIBILITADA PARA CUALQUIER GENERO DE ACTUACION.

5. LA REGULACION APROBADA POR EL DECRETO DE 11 DE JUNIO DE 1948 ESTA INSPIRADA EN EL MODELO POSITIVISTA Y CORRECCIONAL, QUE CONSIDERA AL MENOR IRRESPONSABLE DE SUS ACTOS, AL QUE NO SE HAN DE APLICAR, PARA EXAMINAR SU CONDUCTA, LAS GARANTIAS JURIDICAS DE OTRAS JURISDICCIONES, POR ENTENDER QUE NO ES POSIBLE IMPONERLE MEDIDAS DE CARACTER REPRESIVO, QUE TENGAN LA CONSIDERACION DE PENAS O SANCIONES. POR ELLO, EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA REFORMAR A LOS MENORES PRESCINDE DE LAS FORMAS PROCESALES: ES EL JUEZ EL QUE LO INICIA, INVESTIGA Y DECIDE, SIN INTERVENCION DEL MINISTERIO FISCAL NI DE ABOGADO DEFENSOR, CUYA PRESENCIA ES INNECESARIA PORQUE ES EL PROPIO JUEZ EL ENCARGADO DE VELAR POR LOS INTERESES DEL MENOR Y EL QUE HA DE DECIDIR LAS MEDIDAS A IMPONER, BASANDOSE EN CRITERIOS MERAMENTE PATERNALISTAS.

ESTA ES, POR ASI DECIR, LA RACIONALIDAD INTERNA DEL SISTEMA EN EL QUE SE INSERTA EL ART. 15 DE LA LTTM, EN SU ASPECTO REFORMADOR, QUE SEGUN LOS JUECES QUE PROMUEVEN LAS CUESTIONES Y EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, INFRINGE LO DISPUESTO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR ESPAÑA Y LAS GARANTIAS CONTENIDAS EN EL ART. 24 DE LA C.E. PARA TODO TIPO DE PROCESO, ASI COMO LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURIDICA (ART. 9.3 C.E.) E IGUALDAD (ART. 14 C.E.).

EL CITADO PRECEPTO SEÑALA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA CORREGIR A MENORES, <LAS SESIONES QUE LOS TRIBUNALES TUTELARES CELEBREN NO SERAN PUBLICAS Y EL TRIBUNAL NO SE SUJETARA A LAS REGLAS PROCESALES VIGENTES EN LAS DEMAS JURISDICCIONES, LIMITANDOSE EN LA TRAMITACION A LO INDISPENSABLE PARA PUNTUALIZAR LOS HECHOS EN QUE HAYAN DE FUNDARSE LAS RESOLUCIONES QUE SE DICTEN, LAS CUALES SE REDACTARAN CONCISAMENTE, HACIENDOSE EN ELLAS MENCION CONCRETA DE LAS MEDIDAS QUE HUBIEREN DE ADOPTARSE.

LAS DECISIONES DE ESTOS TRIBUNALES TOMARAN EL NOMBRE DE ACUERDOS, Y LA DESIGNACION DEL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE HAN DE CELEBRARSE SUS SESIONES SERA HECHA POR EL PRESIDENTE DEL RESPECTIVO TRIBUNAL. LOS LOCALES EN QUE ACTUEN LOS TRIBUNALES DE MENORES NO PODRAN SER UTILIZADOS PARA ACTOS JUDICIALES>.

ES ESTE PRECEPTO EL QUE HEMOS DE CONTRASTAR CON LAS NORMAS CONSTITUCIONALES E INTERNACIONALES QUE LOS JUECES QUE PLANTEAN LAS DIVERSAS CUESTIONES INVOCAN.

ENTRE LAS CONSTITUCIONALES FIGURAN, EN PRIMER LUGAR, COMO REITERADAMENTE QUEDA DICHO, LAS CONTENIDAS EN LOS ARTS. 9.3 Y 14 DE LA CONSTITUCION. EN LO QUE TOCA A LA PRIMERA DE ELLAS, ES CIERTO QUE LA SEGURIDAD JURIDICA, ENTENDIDA, EN SU SENTIDO MAS AMPLIO, COMO LA EXPECTATIVA RAZONABLEMENTE FUNDADA DEL CIUDADANO EN CUAL HA DE SER LA ACTUACION DEL PODER EN APLICACION DEL DERECHO ES DIFICILMENTE CONCILIABLE CON UNA SITUACION, COMO LA DESCRITA POR ALGUNO DE LOS JUECES PROPONENTES, EN LA QUE LA ORDENACION DEL PROCESO SE HACE DE DISTINTO MODO EN LOS DIFERENTES JUZGADOS DE MENORES CON PRESENCIA EN UNOS CASOS Y AUSENCIA EN OTROS DEL MINISTERIO FISCAL Y DEL LETRADO ASESOR. ESTA SITUACION NO ES DIRECTAMENTE IMPUTABLE A LA NORMA MISMA, SINO A LA UTILIZACION QUE DE ELLA SE HACE, PERO ESTA UTILIZACION DIVERSA ES CONSECUENCIA PRECISAMENTE DE LA PROHIBICION QUE LA NORMA CUESTIONADA ESTABLECE AL ORDENAR QUE <EL TRIBUNAL NO SE SUJETARA A LAS REGLAS PROCESALES VIGENTES EN LAS DEMAS JURISDICCIONES>. SI ESTA DELIBERADA EXCLUSION DE LA LEGISLACION PROCESAL FUERA CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE, LA DIVERSIDAD DE TRAMITACION, EN CUANTO NO AFECTARA A OTROS DERECHOS DE QUIENES FUERAN PARTES EN EL PROCEDIMIENTO NO PODRIA REPUTARSE CONTRARIA AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA; SI, POR EL CONTRARIO, LA MENCIONADA EXCLUSION ES EN SI MISMA INCONSTITUCIONAL, TAMBIEN LA DIVERSIDAD RADICAL EN LA TRAMITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS, DE MANERA QUE SE RESPETEN EN UNOS CASOS Y SE IGNOREN EN OTROS LOS DERECHOS GARANTIZADOS EN EL ART. 24 C.E., HABRA DE CONSIDERARSE VIOLATORIA DE LO DISPUESTO EN EL ART. 9.3 C.E. COMO ESTA ULTIMA ES PRECISAMENTE LA SITUACION, SEGUN MAS ADELANTE RAZONAREMOS, YA AHORA PODEMOS AFIRMAR QUE EL ART. 15 LTTM VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA CONSAGRADO EN EL ART. 9.3 C. E.

LAS MISMAS RAZONES EMPLEADAS PARA AFIRMAR LA VIOLACION DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA SON UTILIZADAS POR LOS JUECES PROPONENTES PARA SOSTENER LA CONTRADICCION ENTRE EL CUESTIONADO ART. 15 LTTM Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, PUES ESA CONTRADICCION SE HACE DEPENDER DE LA DISTINTA APLICACION QUE UNOS Y OTROS JUECES HACEN DE LA MISMA NORMA. EL RAZONAMIENTO RESULTA EN ESTE CASO, SIN EMBARGO, INVALIDO, PUES SI LA NORMA ES CONSTITUCIONALMENTE ADECUADA, LA DIVERSIDAD DE PROCEDIMIENTOS NO PODRA SER TACHADA DE DISCRIMINATORIA, Y SI NO LO ES, LA COMPARACION ENTRE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS ES UNA COMPARACION ENTRE ACTUACIONES AL MARGEN DE LA LEY, DE LA QUE NINGUNA CONSECUENCIA CABE EXTRAER RESPECTO DE LA IGUALDAD EN LA APLICACION DE LA LEY. EL ARGUMENTO, QUE ALGUNA DE LAS CUESTIONES INCORPORA TAMBIEN Y QUE EL ABOGADO DEL ESTADO REBATE, DE LA POSIBLE VIOLACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD POR LA EXISTENCIA DE DOS FORMAS PROCESALES DISTINTAS: UNA PARA LOS MENORES Y OTRA PARA LOS ADULTOS, NO REVISTE, COMO ES OBVIO, LA MINIMA CONSISTENCIA, PUES, COMO ES CLARO, LA DIFERENCIA SUSTANCIAL ENTRE UNOS Y OTROS EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD PENAL ES FUNDAMENTO OBJETIVO MAS QUE SUFICIENTE DE LA DIFERENCIA PROCESAL. (ASI, POR EJEMPLO, EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 29 DE FEBRERO DE 1988; CASO BOUAMAR).

DESPEJADO LO ANTERIOR, PARECE NECESARIO ORDENAR DE ALGUN MODO, PARA ENTRAR EN LO QUE PODRIAMOS LLAMAR EL FONDO DE LA CUESTION, LAS RESTANTES NORMAS, CONSTITUCIONALES UNAS E INTERNACIONALES OTRAS, QUE LOS JUECES CREEN VIOLADAS POR EL PRECEPTO CUESTIONADO. LAS NORMAS CONSTITUCIONALES SON, EN CONCRETO, LAS CONTENIDAS EN LOS ARTS. 10.2, 24, 39.4 Y 96.1 DE NUESTRA CARTA FUNDAMENTAL. DOS DE ELLAS (10.2 Y 96.1) HACEN REFERENCIA A LOS TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES; ESTA REFERENCIA TIENE, SIN EMBARGO, MUY DISTINTO SENTIDO, PUES EN TANTO QUE UNA DE ELLAS SE LIMITA SOLO A LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y A LOS TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE LAS MISMAS MATERIAS, Y CONTIENE UN MANDATO DIRIGIDO A TODOS LOS PODERES PUBLICOS, LA SEGUNDA, QUE ABARCA TODOS LOS TRATADOS INTERNACIONALES, SEA CUAL FUERE SU MATERIA, ADEMAS DE INCOPORARLOS A NUESTRO ORDENAMIENTO INTERNO, LOS DOTA DE UNA ESPECIAL RESISTENCIA O FUERZA PASIVA.

LA VIOLACION DEL ART. 96.1 QUE LOS JUECES CUESTIONANTES ADUCEN NO SE DA EN EL CASO PRESENTE; EL PRECEPTO CUESTIONADO DATA DE 1948, EN TANTO QUE EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y LA CONVENCION EUROPEA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES SE INCORPORAN A NUESTRO ORDENAMIENTO EL 30 DE ABRIL DE 1977, Y EL 10 DE OCTUBRE DE 1979, RESPECTIVAMENTE, CON LO QUE, COMO ES OBVIO, LA CONTRADICCION ENTRE LA NORMA LEGAL Y LAS INTERNACIONALES, DE EXISTIR, ES LA QUE EXISTE ENTRE LA NORMA ANTERIOR Y LA POSTERIOR.

TAMPOCO PUEDE ENTENDERSE AUTONOMAMENTE INFRINGIDO POR EL PRECEPTO CUESTIONADO EL ART. 10.2 DE LA CONSTITUCION, PUES ESTA NORMA SE LIMITA A ESTABLECER UNA CONEXION ENTRE NUESTRO PROPIO SISTEMA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES, DE UN LADO, Y LOS CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LAS MISMAS MATERIAS EN LOS QUE SEA PARTE ESPAÑA, DE OTRO. NO DA RANGO CONSTITUCIONAL A LOS DERECHOS Y LIBERTADES INTERNACIONALMENTE PROCLAMADOS EN CUANTO NO ESTEN TAMBIEN CONSAGRADOS POR NUESTRA PROPIA CONSTITUCION, PERO OBLIGA A INTERPRETAR LOS CORRESPONDIENTES PRECEPTOS DE ESTA DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE DICHOS TRATADOS O CONVENIOS, DE MODO QUE EN LA PRACTICA ESTE CONTENIDO SE CONVIERTE EN CIERTO MODO EN EL CONTENIDO CONSTITUCIONALMENTE DECLARADO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES QUE ENUNCIA EL CAPITULO SEGUNDO DEL TITULO I DE NUESTRA CONSTITUCION. ES EVIDENTE, NO OBSTANTE, QUE CUANDO EL LEGISLADOR O CUALQUIER OTRO PODER PUBLICO ADOPTA DECISIONES QUE, EN RELACION CON UNO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O LAS LIBERTADES QUE LA CONSTITUCION ENMARCA, LIMITA O REDUCE EL CONTENIDO QUE AL MISMO ATRIBUYEN LOS CITADOS TRATADOS O CONVENIOS, EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DIRECTAMENTE INFRINGIDO SERA EL QUE ENUNCIA ESE DERECHO O LIBERTAD, SIN QUE A ELLO AÑADA NADA LA VIOLACION INDIRECTA Y MEDIATA DEL ART. 10.2 C. E., QUE POR DEFINICION NO PUEDE SER NUNCA AUTONOMA, SINO DEPENDIENTE DE OTRA, QUE ES LA QUE ESTE TRIBUNAL HABRA DE APRECIAR EN SU CASO.

OTRO DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE INFRINGIDOS ES EL ART. 39.4, SEGUN EL CUAL, COMO SE SABE, LOS NIÑOS GOZARAN EN ESPAÑA DE LA PROTECCION PREVISTA EN LOS ACUERDOS INTERNACIONALES QUE VELAN POR SUS DERECHOS, DE MANERA QUE, EN CIERTO MODO, OPERA UNA RECEPCION GENERICA DE ESAS NORMAS DE PROTECCION QUE, SIN EMBARGO, A DIFERENCIA DE LO QUE SUCEDE EN EL CASO DEL ART. 10.2 NO INCORPORA EL CONTENIDO PROPIO DE DERECHO FUNDAMENTAL ALGUNO, PUESTO QUE, EN GENERAL (ART.

53.3 C.E.) LOS PRINCIPIOS RECONOCIDOS EN EL CAPITULO TERCERO DEL TITULO I, AUNQUE DEBEN ORIENTAR LA ACCION DE LOS PODERES PUBLICOS, NO GENERAN POR SI MISMOS DERECHOS JUDICIALMENTE ACTUABLES. CIERTAMENTE LA MAYOR RIGIDEZ DE LA NORMA INTERNACIONAL IMPONDRA NORMALMENTE LA PREVALENCIA DE ESTA SOBRE LA NORMA LEGAL, PERO NO ES ESTA CUESTION QUE AQUI ESTE PLANTEADA, PUES LA FALTA DE PROTECCION PARA EL MENOR QUE EVENTUALMENTE RESULTARIA DEL ART. 15 LTTM SE DA, DE EXISTIR, COMO CONSECUENCIA DE LA INFRACCION DE LA MORMA CONSTITUCIONAL QUE CONSAGRA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTIAS.

LA CONTRADICCION CON EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION ES, EN CONSECUENCIA, LA QUE FUNDAMENTA REALMENTE LA DUDA QUE LOS JUECES PROPONENTES ALBERGAN SOBRE EL ART. 15 LTTM. ANTES DE ENTRAR EN EL ANALISIS DE ESTE PROBLEMA CONVIENE PRECISAR, SIN EMBARGO, CUALES SON LAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES QUE HEMOS DE TOMAR EN CUENTA PARA ACATAR EL MANDATO DEL ART. 10.2 DE NUESTRA CONSTITUCION, PUES NO TODAS LAS MENCIONADAS EN LAS CUESTIONES SON TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR ESPAÑA. ASI SUCEDE CON LAS REGLAS MINIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA JUSTICIA DE MENORES, DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1985, TAMBIEN LLAMADAS REGLAS DE BEIJING (O DE PEKIN, EN EL ANTERIOR SISTEMA DE TRANSCRIPCION) O CON LA RECOMENDACION DEL COMITE DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1987 (R-87-20). TANTO AQUELLAS COMO ESTA EXPRESAN UNA DOCTRINA GENERALMENTRE ACEPTADA EN EL CORRESPONDIENTE AMBITO Y QUE, SEGURAMENTE, DEBE INSPIRAR LA ACCION DE NUESTROS PODERES PUBLICOS, PERO NO VINCULAN AL LEGISLADOR NI PUEDEN SER TOMADAS EN CONSECUENCIA COMO REFERENCIA PARA RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. LAS DISPOSICIONES A TOMAR EN CONSIDERACION SON, POR LO TANTO, LAS CONTENIDAS EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y EN LA CONVENCION DE ROMA, ASI COMO, AUTORIZADOS POR EL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, LAS QUE RECOGE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ADOPTADA POR LAS NACIONES UNIDAS EN 20 DE NOVIEMBRE DE 1989 E INCORPORADA A NUESTRO ORDENAMIENTO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1990, UNA CONVENCION QUE, COMO ES CLARO, EN RAZON DE SU FECHA, NO PUDO SER ADUCIDA COMO PARTE DE NUESTRO ORDENAMIENTO POR LOS JUECES PROPONENTES.

6. EXPUESTO YA ANTES EL CONTENIDO DEL PRECEPTO CUESTIONADO EN SU TENOR LITERAL, NO ES NECESARIO HACER CONSIDERACION ALGUNA PARA EVIDENCIAR SU INCOMPATIBILIDAD CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ENUNCIADOS EN EL ART.

24 C.E. EL ART. 15 LTTM EXCLUYE ROTUNDAMENTE LA APLICACION DE <LAS REGLAS PROCESALES VIGENTES EN LAS DEMAS JURISDICCIONES> Y, EN CONSECUENCIA, ES SUPERFLUO ENUMERAR UNO POR UNO LOS MENCIONADOS DERECHOS FUNDAMENTALES, QUE ESTABLECEN, ENTRE OTRAS COSAS, LOS PRINCIPIOS BASICOS QUE LAS <REGLAS PROCESALES VIGENTES> DEBEN INCORPORAR. QUIZA PROCEDA SOLO PRECISAR, PUESTO QUE ELLO NO DERIVA PRIMA FACIE DE LA LETRA DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL, QUE TAMBIEN EL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY RESULTA AFECTADO EN LA MEDIDA EN QUE DE EL FORMA PARTE EL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL, Y TAL DERECHO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE EL JUEZ MISMO ASUMA LA ACUSACION.

LA SEGUNDA PARTE DEL PRECEPTO QUE AHORA CONSIDERAMOS NO CONTIENE REFERENCIA ALGUNA AL PROCEDIMIENTO Y EN PARTE HA QUEDADO SIN CONTENIDO DESDE LA SUSTITUCION DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS POR ORGANOS UNIPERSONALES. LA PRECISION QUE EN EL MISMO SE HACE DE QUE LAS DECISIONES DE LA JURISDICCION DE MENORES (TAMBIEN EN EJERCICIO DE LA FACULTAD REFORMADORA) SEAN DENOMINADAS ACUERDOS, Y NO SENTENCIAS, E INCLUSO LA CARACTERIZACION QUE, A CONTRARIO, SE HACE DE LA ACTUACION DE ESTA JURISDICCION COMO ACTUACION NO JUDICIAL EVIDENCIAN TAMBIEN, SIN EMBARGO, LA MISMA CONCEPCION DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE MENORES COMO PROCEDIMIENTO DEL TODO AJENO A LA LEGISLACION PROCESAL Y EN EL QUE, POR TANTO, NO SE GARANTIZA EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE ENUNCIA EL ART. 24, DERECHOS CUYO DISFRUTE REQUIERE NORMALMENTE LA INTERPOSITIO LEGISLATIONIS .

ESTA PALMARIA DISCORDANCIA ENTRE EL PROCEDIMIENTO CONFIGURADO POR EL ART. 15 LTTM Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE GARANTIZA EL ART. 24 C.E. NO BASTA, SIN EMBARGO, PARA SOSTENER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE AQUEL. COMO ES OBVIO, DICHO PROCEDIMIENTO SOLO SERA CONSTITUCIONALMENTE ILEGITIMO SI, DEBIENDO ACOMODARSE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE A TODOS GARANTIZA LA CONSTITUCION EN RELACION CON EL PROCESO, NO LO HACE, PERO NO SI, EN VIRTUD DE SU NATURALEZA PROPIA, PUEDE SER REGULADO SIN ACOMODARSE AL MODELO QUE DERIVA DEL ART.

24 C.E. DICHO ENTRE OTROS TERMINOS: EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 15 LTTM SOLO PODRA SER CONSIDERADO CONSTITUCIONALMENTE ILEGITIMO POR COLISION DEL ART. 24 C.E. SI SE ENTIENDE QUE SE TRATA DE UN PROCESO (O EVENTUALMENTE DE UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO O SANCIONADOR), PERO NO SI SE LE ATRIBUYE UNA NATURALEZA DISTINTA.

ESTE PROBLEMA PUEDE SER ABORDADO, EN PRINCIPIO, POR DOS VIAS DISTINTAS. UNA, QUE HA SIDO UTILIZADA POR LA MAYORIA DE LOS JUECES PROPONENTES Y EMPLEADA TAMBIEN POR EL MINISTERIO FISCAL, CONSISTENTE EN DEDUCIR LA NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO A PARTIR DE LA NATURALEZA DE LAS INFRACCIONES QUE LO ORIGINAN Y DE LAS MEDIDAS (AUTENTICAS PENAS, DICEN ALGUNOS JUECES) QUE A SU TERMINO SE IMPONEN. OTRA, TAMBIEN ALUDIDA EN ALGUNA DE LAS CUESTIONES Y EN LAS ALEGACIONES DEL MINISTERIO FISCAL, ES LA DE RAZONAR A PARTIR DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE LA MATERIA.

EL PRIMERO DE ESTOS METODOS NO PERMITE ALCANZAR CONCLUSIONES ABSOLUTAMENTE FIRMES. ES CIERTO QUE LAS ACCIONES U OMISIONES QUE PUEDEN DAR ORIGEN A UN PROCEDIMIENTO DE REFORMA SON LAS QUE EL CODIGO PENAL CALIFIQUE DE DELITOS O FALTAS (ART. 9.1 A) LTTM), PERO TAMBIEN LAS INFRACCIONES <CONSIGNADAS EN LAS LEYES PROVINCIALES Y MUNICIPALES> (ART. 9.1 B) LTTM) E INCLUSO CONDUCTAS NO TIPIFICADAS PENALMENTE (ART.

9.1 C) LTTM). DE OTRA PARTE LAS MEDIDAS QUE EL JUEZ DE MENORES PUEDE ADOPTAR, ENUMERADAS EN EL ART. 17 LTTM, NO SE ADOPTAN EN EJERCICIO DEL IUS PUNIENDI , NI TIENEN FINALIDAD RETRIBUTIVA. EN LA MAYOR PARTE DE LOS CASOS ENTRAÑAN UNA RESTRICCION DE LA LIBERTAD PERSONAL DEL MENOR PERO TAMPOCO CABE EQUIPARARLAS A LAS PENAS DE PRIVACION DE LIBERTAD.

MAS EXPEDITO PARECE, EN CONSECUENCIA, EL METODO CONSISTENTE EN INTERPRETAR EL ART. 24 C.E. A LA LUZ DE LO DISPUESTO EN LOS TRATADOS Y CONVENIOS A LOS QUE SE REFIERE EL ART.

10.2 C.E. PARA PRECISAR SI LOS DERECHOS QUE EN EL MISMO SE ENUNCIAN DEBEN RECONOCERSE TAMBIEN A LOS MENORES SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO CORRECTOR ANTE UN JUZGADO DE MENORES.

LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (EN ADELANTE, CDN) NO EXCLUYE TOTALMENTE LA POSIBILIDAD DE UN PROCEDIMIENTO NO JUDICIAL PURAMENTE CORRECTOR, DISTINTO, NO SOLO EN MATICES Y DETALLES, SINO EN SU CONCEPCION GENERAL, DEL PROCESO PENAL. EL RECURSO A UN PROCEDIMIENTO DE ESTE GENERO, EN EL QUE EN TODO CASO <SE RESPETARAN PLENAMENTE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTIAS LEGALES> SE HACE DEPENDER, SIN EMBARGO, DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA EDAD MINIMA, POR DEBAJO DE LA CUAL <SE PRESUMIRA QUE LOS NIÑOS NO TIENEN CAPACIDAD PARA INFRINGIR LAS LEYES PENALES>.

NUESTRO SISTEMA NO SE HA ACOMODADO AUN, SIN EMBARGO, A ESTA RECOMENDACION. ES CIERTO QUE EL CODIGO PENAL (ART. 8.2) EXIME DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL A LOS MENORES DE DIECISEIS AÑOS Y CONSIDERA ATENUANTE (ART. 9.3) LA EDAD COMPRENDIDA ENTRE LOS DIECISEIS Y LOS DIECIOCHO AÑOS, PERO TAMBIEN ES EVIDENTE QUE NO CONSIDERA INCAPACES DE INFRINGIR LAS LEYES PENALES A LOS MENORES DE NINGUNA EDAD, PUES TANTO EL ART. 9.1A) LTTM, COMO EL CITADO ART. 8.2 CP IMPLICAN UNA VOLUNTAD DEL MENOR EN LA REALIZACION DE LAS ACCIONES TIPIFICADAS COMO DELITOS O FALTAS. POR ESO, AUNQUE EN EL FUTURO, MEDIANTE UNA REFORMA PROFUNDA DEL SISTEMA, NO SERIA IMPOSIBLE REGULAR UN PROCEDIMIENTO CORRECTOR DISTINTO DEL PROCESO PENAL Y APLICABLE SOLO A LOS MENORES CONSIDERADOS INCAPACES DE INFRACCION PENAL (UNA INCAPACIDAD QUE EN BUEN NUMERO DE PAISES SE EXTIENDE PRECISAMENTE HASTA LOS DIECISEIS AÑOS, ESTO ES, LA EDAD A LA QUE, ENTRE NOSOTROS, SE ES YA PENALMENTE RESPONSABLE), EN LA ACTUALIDAD, OPERANDO LA JURISDICCION PENAL PARA LA REFORMA DE MENORES SOBRE PERSONAS A LAS QUE, AUNQUE CONSIDERADAS PENALMENTE IRRESPONSABLES, SE LES ATRIBUYE LA REALIZACION DE DELITOS O FALTAS, EL PROCEDIMIENTO REGULADO POR EL ART. 15 LTTM NO ES ESE PROCEDIMIENTO DISTINTO DEL PROCESO PENAL AL QUE SE REFIERE EL ART. 40.3 B) DE LA CDN, SINO UN PROCEDIMIENTO QUE SE ORIGINA EN UNA ACCION U OMISION PENAL (O

ADMINISTRATIVA) TIPIFICADA, CUYA AUTORIA SE ATRIBUYE A UN MENOR, ES DECIR, UN PROCEDIMIENTO APLICABLE A LOS MENORES A EFECTOS PENALES.

TANTO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS (EN ADELANTE, PIDCP), COMO DE LA CDN RESULTA INEQUIVOCAMENTE QUE ESE PROCEDIMIENTO NO ES OTRA COSA QUE UNA VARIANTE DEL PROCESO PENAL, CUYOS PRINCIPIOS BASICOS DEBE RESPETAR. ASI SE DESPRENDE YA DE LO DISPUESTO EN EL ART. 14.4 DEL PIDCP, CUYO TENOR LITERAL (<EN EL PROCEDIMIENTO APLICABLE A LOS MENORES DE EDAD A EFECTOS PENALES, SE TENDRA EN CUENTA ESTA CIRCUNSTANCIA Y LA IMPORTANCIA DE ESTIMULAR SU READAPTACION SOCIAL>) AL ORDENAR QUE LA MINORIA DE EDAD SEA TENIDA EN CUENTA PARA LA ORDENACION DEL PROCESO, IMPONE TAMBIEN IMPLICITAMENTE LA OBLIGACION DE QUE EN LA ORDENACION DE ESTE SE ASEGUREN LOS DERECHOS QUE, CON CARACTER GENERAL, PARA TODOS LOS PROCESOS PENALES, ENUMERA EL APARTADO ANTERIOR (3) DEL MISMO ARTICULO.

DE MANERA EXPLICITA Y ROTUNDA, ESTA OBLIGACION SE ESTABLECE TAMBIEN EN EL ART. 40.2 B) DE LA CDN, SEGUN EL CUAL, A <TODO NIÑO DEL QUE SE ALEGUE QUE HA INFRINGIDO LAS LEYES PENALES O A QUIEN SE ACUSE DE HABER INFRINGIDO ESAS LEYES SE GARANTIZARA AL MENOS LO SIGUIENTE:

I) SE LE PRESUMIRA INOCENTE MIENTRAS NO SE PRUEBE SU CULPABILIDAD CONFORME A LA LEY.

II) SERA INFORMADO SIN DEMORA Y DIRECTAMENTE O, CUANDO SEA PROCEDENTE, POR INTERMEDIO DE SUS PADRES O DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, DE LOS CARGOS QUE PESAN CONTRA EL Y QUE DISPONDRA DE ASISTENCIA JURIDICA U OTRA ASISTENCIA APROPIADA EN LA PREPARACION Y PRESENTACION DE SU DEFENSA.

III) LA CAUSA SERA DIRIMIDA SIN DEMORA POR UNA AUTORIDAD U ORGANO JUDICIAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL EN UNA AUDIENCIA EQUITATIVA CONFORME A LA LEY, EN PRESENCIA DE UN ASESOR JURIDICO U OTRO TIPO DE ASESOR ADECUADO Y, A MENOS QUE SE CONSIDERE QUE ELLO FUERE CONTRARIO AL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, TENIENDO EN CUENTA EN PARTICULAR SU EDAD O SITUACION Y A SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.

IV) NO SERA OBLIGADO A PRESTAR TESTIMONIO O DECLARARSE CULPABLE, PODRA INTERROGAR O HACER QUE SE INTERROGUE A TESTIGOS DE CARGO Y OBTENER LA PARTICIPACION Y EL INTERROGATORIO DE TESTIGOS DE DESCARGO EN CONDICIONES DE IGUALDAD.

V) SI SE CONSIDERASE QUE HA INFRINGIDO, EN EFECTO, LAS LEYES PENALES, QUE ESTA DECISION Y TODA MEDIDA IMPUESTA A CONSECUENCIA DE ELLA, SERAN SOMETIDAS A UNA AUTORIDAD U ORGANO SUPERIOR COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL...>.

CABE AFIRMAR, COMO CONCLUSION DE CUANTO ANTECEDE, QUE, INTERPRETADOS DE ACUERDO CON EL TRATADO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y EL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES Y DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE CONSAGRA EL ART. 24 DE NUESTRA CONSTITUCION HAN DE SER RESPETADOS TAMBIEN EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA MENORES A EFECTOS PENALES Y QUE, EN CONSECUENCIA, EN CUANTO QUE TALES DERECHOS SE ASEGURAN MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS PROCESALES QUE LOS DESARROLLAN, EL ART. 15 LTTM, AL EXCLUIR LA APLICACION DE <LAS REGLAS PROCESALES VIGENTES DE LAS DEMAS JURISDICCIONES> HA DE SER DECLARADO INCONSTITUCIONAL Y NULO.

ESTA DECLARACION REQUIERE, SIN EMBARGO, DOS PUNTUALIZACIONES IMPORTANTES. LA PRIMERA ES LA DE QUE ESTA DECLARACION DE NULIDAD DEL PRECEPTO EN CUANTO QUE REGULACION DEL PROCEDIMIENTO CORRECTOR, NO IMPLICA SU ERRADICACION TOTAL DEL ORDENAMIENTO EN LA MEDIDA EN LA QUE EL OBJETO DE LAS CUESTIONES ES SOLO EL ANALISIS DE DICHO PRECEPTO COMO PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION REFORMADORA Y NO DE LA FUNCION PROTECTORA DE LA JURISDICCION DE MENORES, CUESTION ESTA ULTIMA DE LA QUE SE YA OCUPO ESTE TRIBUNAL EN SU STC 71/1990.

LA SEGUNDA ES LA DE QUE LAS ESPECIALES CARACTERISTICAS DEL PROCESO REFORMADOR QUE NOS OCUPA, DETERMINAN, SIN EMBARGO, QUE NO TODOS LOS PRINCIPIOS Y GARANTIAS EXIGIDOS EN LOS PROCESOS CONTRA ADULTOS HAYAN DE ASEGURARSE AQUI EN LOS MISMOS TERMINOS. TAL ES EL CASO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, EN DONDE RAZONES TENDENTES A PRESERVAR AL MENOR DE LOS EFECTOS ADVERSOS QUE PUEDAN RESULTAR DE LA PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES, PODRIA JUSTIFICAR SU RESTRICCION. EN TAL SENTIDO CONVIENE RECORDAR QUE ESTE PRINCIPIO ADMITE EXCEPCIONES EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO, Y ASI SE RECOGE EN EL PROPIO ART.

120.1 DE LA C.E, Y EN CONCORDANCIA CON EL MISMO, EN EL ART. 233 DE LA LOPJ. ESPECIFICAMENTE EN EL AMBITO INTERNACIONAL, Y POR LO QUE RESPECTA A LOS PROCESOS SEGUIDOS CONTRA MENORES, SE PREVE DICHA POSIBILIDAD. ASI, EN LA REGLA 8 DE LAS LLAMADAS <REGLAS DE BEIJING>, SE SEÑALA QUE PARA EVITAR QUE LA PUBLICIDAD INDEBIDA O EL PROCESO DE DIFAMACION PERJUDIQUE A LOS MENORES, SE RESPETARA EN TODAS LAS ETAPAS EL DERECHO DE LOS MENORES A LA INTIMIDAD, Y QUE EN PRINCIPIO NO SE PUBLICARA NINGUNA INFORMACION QUE PUEDA DAR LUGAR A LA INDIVIDUALIZACION DE <UN MENOR DELINCUENTE>. ASIMISMO, TAL RESTRICCION SE RECONOCE EN EL ART. 14 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, EN EL ART. 6 DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES Y EN EL ART. 40 DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1989.

ESTE TRIBUNAL ES BIEN CONSCIENTE DE QUE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 15 LTTM, EN LO QUE SE REFIERE SOLO AL PROCEDIMIENTO CORRECTOR, CREA UNA SITUACION NORMATIVA OSCURA E INCLUSO UN VACIO NORMATIVO QUE UNICAMENTE LA ACTIVIDAD DEL LEGISLADOR PUEDE LLENAR DE MANERA DEFINITIVA. POR ESO, COMO YA HICIMOS EN LA CITADA STC 71/1990, HEMOS DE SUBRAYAR LA IMPERIOSA NECESIDAD DE QUE, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, LAS CORTES PROCEDAN A REFORMAR LA LEGISLACION TUTELAR DE MENORES. EN TANTO ESO NO SUCEDA, SERAN LOS PROPIOS JUECES QUIENES HABRAN DE LLENAR EL VACIO PRODUCIDO.

AFORTUNADAMENTE EL MENCIONADO ART. 40.2 B) DE LA CDN Y NUESTRA PROPIA DOCTRINA ACERCA DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR EL ART. 24 Y EN ESPECIAL, SOBRE EL DERECHO AL JUEZ IMPARCIAL (DE DONDE DERIVA EL PRINCIPIO DE CONTRARIEDAD Y EN CONSECUENCIA LA PRESENCIA, EN EL PROCESO PENAL, DE UN ACUSADOR) PUEDEN FACILITAR EL DESEMPEÑO DE ESA TAREA.

7. EL ART. 16 LTTM, CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CUESTIONA, DISPONE QUE <LOS HECHOS CALIFICADOS DE DELITOS O FALTAS EN EL CODIGO PENAL O EN LEYES ESPECIALES QUE SE ATRIBUYAN A LOS MENORES DE DIECISEIS AÑOS SERAN APRECIADOS POR LOS TRIBUNALES TUTELARES, CON RAZONADA LIBERTAD DE CRITERIO, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LOS EXPRESADOS HECHOS EN DIRECTA RELACION CON LAS CONDICIONES MORALES Y SOCIALES EN QUE LOS MENORES LAS HAYAN EJECUTADO, Y PRESCINDIENDO EN ABSOLUTO DEL CONCEPTO Y ALCANCE JURIDICO CON QUE, A LOS EFECTOS DE LA RESPECTIVA RESPONSABILIDAD, SE CALIFICAN TALES HECHOS COMO CONSTITUTIVOS DE DELITOS O FALTAS EN EL CODIGO PENAL Y EN LAS MENCIONADAS LEYES ESPECIALES>.

LOS ORGANOS JUDICIALES QUE PLANTEAN LAS CUESTIONES FUNDAMENTAN SU DUDA, COMO YA QUEDA DICHO, EN LA DIFICIL COMPATIBILIDAD DE DICHO PRECEPTO CON LOS ARTS. 9.3 Y 25.1 C.E. LA MUY GENERICA DESCRIPCION DE LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA ADOPCION DE MEDIDAS CORRECTORAS HACE IMPOSIBLE ESTABLECER UN SISTEMA DE RELACIONES CLARO ENTRE ESTAS Y AQUELLAS Y VIOLA ASI TANTO EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA COMO EL DE LEGALIDAD, ESPECIALMENTE EN CUANTO ESTE IMPLICA TAMBIEN EL DE TIPICIDAD.

ESTE FUNDAMENTO NO PUEDE DESECHARSE, COMO PROPONE EL MINISTERIO FISCAL, EXCLUYENDO LA APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE TIPICIDAD. ES CIERTO QUE LAS CONDUCTAS QUE DE MODO MUY LAXO DESCRIBE EL ARTICULO CUESTIONADO NO SON SUPUESTOS DE HECHO PARA EL EJERCICIO DE IUS PUNIENDI EN SU SENTIDO MAS RIGUROSO, PERO TAMPOCO PUEDE IGNORARSE QUE LAS MEDIDAS QUE EL JUEZ PUEDE ADOPTAR (LAS ESPECIFICADAS EN EL ART. 17 LTTM) COMPORTAN IMPORTANTES RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DEL MENOR. NO SON PENAS EN SENTIDO ESTRICTO, PERO SE ADOPTAN PRECISAMENTE COMO CONSECUENCIA DE CONDUCTAS PENALMENTE TIPIFICADAS Y RESULTARIA PARADOJICO QUE LA ATRIBUCION DE ESTAS CONDUCTAS A UN MENOR TRAJESE COMO CONSECUENCIA UNA DISMINUCION EN SU CONTRA DE LAS GARANTIAS DE LAS QUE GOZARIA SI NO LO FUESE.

POR ELLO, NI LA CALIFICACION DE LAS MEDIDAS COMO MEDIDAS DE CORRECCION Y NO PENAS, NI EL MAYOR PESO QUE RESPECTO DE ELLAS CABE ATRIBUIR A LA FINALIDAD DE READAPTACION SOCIAL, TAMPOCO AUSENTE DE LA PENA EN SENTIDO ESTRICTO (ART. 25.2 C.E.) PERMITEN ENTENDER QUE EL LEGISLADOR RESULTE LIBERADO EN ESTE CASO DEL OBLIGADO RESPETO AL PRINCIPIO DE TIPICIDAD, AUNQUE, SIN DUDA, QUEPA ADMITIR EN ESTE AMBITO UNA FLEXIBILIDAD MAYOR QUE EN EL PENAL DE MANERA QUE SE DEJE MAS ESPACIO A LA DISCRECIONALIDAD JUDICIAL PARA PONDERAR LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y SOCIALES DEL MENOR, EN ORDEN A OBTENER SU EFECTIVA REINSERCION SOCIAL.

DE ACUERDO CON TODO ELLO, SI EL ART. 16 LTTM NO FUESE SUSCEPTIBLE DE OTRA INTERPRETACION QUE AQUELLA QUE VE EN EL UNA SIMPLE AUTORIZACION AL JUEZ PARA QUE ESTE, CON ABSOLUTA DISCRECIONALIDAD, CALIFIQUE LAS CONDUCTAS Y DETERMINE, EN CONSECUENCIA, TAMBIEN CON ABSOLUTA LIBERTAD, LAS MEDIDAS A ADOPTAR, NO HABRIA OTRA ALTERNATIVA QUE LA DE DECLARAR SU INCONSTITUCIONALIDAD Y CONSIGUIENTE NULIDAD.

PERO ESTA INTERPRETACION NO ES, SIN EMBARGO, LA UNICA POSIBLE. EL TENOR LITERAL DEL PRECEPTO CUESTIONADO, AL SEÑALAR QUE EL JUEZ APRECIARA LOS HECHOS CALIFICADOS EN EL CODIGO PENAL COMO DELITOS O FALTAS, EN RELACION CON LAS CONDICIONES SOCIALES Y MORALES DEL MENOR Y QUE AL TIEMPO DE DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO PRESCINDIRA DEL CONCEPTO Y ALCANCE JURIDICO CON QUE TALES HECHOS SON CALIFICADOS PENALMENTE, DEBE SER ENTENDIDO SOLO COMO UNA PROHIBICION DE QUE SE UTILICE EN LA JURISDICCION DE MENORES EL CATALOGO DE CIRCUNSTANCIAS QUE ATENUAN O AGRAVAN LA RESPONSABILIDAD EN TODO SU RIGOR Y EXTENSION, POR TRATARSE DE INIMPUTABLES PENALES. PERO DICHA PROHIBICION NO IMPLICA QUE EL JUEZ NO VEA SU LIBERTAD DE CALIFICACION DE LOS HECHOS LIMITADA POR LA TIPIFICACION CONTENIDA EN LOS PRECEPTOS PENALES TRANSGREDIDOS, NI QUE SU DISCRECIONALIDAD PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS NO DEBA TENER EN CUENTA LA CORRELACION ENTRE DELITOS Y FALTAS Y LAS PENAS PARA ELLOS PREVISTAS. ASI, JUNTO CON LA NECESARIA FLEXIBILIDAD DE QUE HA DE DISPONER EL JUEZ EN LA APRECIACION DE LOS HECHOS Y DE SU GRAVEDAD, TAMBIEN ES PRECISO QUE SE SUJETE A DETERMINADOS PRINCIPIOS QUE OPERAN COMO LIMITES A ESA DISCRECIONALIDAD, RECONOCIDOS EN ALGUNOS CASOS EN LA PROPIA LTTM LAS MEDIDAS IMPUESTAS NO PUEDEN EXCEDER DE LA MAYORIA DE EDAD CIVIL , Y EN OTROS IMPLICITOS EN LA IMPOSICION DE CUALQUIER MEDIDA RESTRICTIVA DE DERECHOS FUNDAMENTALES, COMO SON LA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA GRAVEDAD DEL HECHO Y LA MEDIDA IMPUESTA O LA IMPOSIBILIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS MAS GRAVES O DE UNA DURACION SUPERIOR A LA QUE CORRESPONDERIA POR LOS MISMOS HECHOS SI DE UN ADULTO SE TRATASE.

TANTO LA RAZONADA FLEXIBILIDAD DEL JUEZ COMO LA EXISTENCIA DE LIMITES EN LA IMPOSICION DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES HA SIDO RECONOCIDA EN EL AMBITO INTERNACIONAL. A MAYOR ABUNDAMIENTO, LA REGLA 6.1 DE LAS <REGLAS DE BEIJING> DISPONE QUE, DEBIDO A <LAS DIVERSAS NECESIDADES ESPECIALES DE LOS MENORES, ASI COMO DE LA DIVERSIDAD DE MEDIDAS DISPONIBLES, SE FACULTA UN MARGEN SUFICIENTE PARA EL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS JUICIOS Y EN LOS DISTINTOS NIVELES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE MENORES, INCLUIDOS LOS DE INVESTIGACION, PROCESAMIENTO, SENTENCIA Y DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE LAS DECISIONES>. POR OTRA PARTE, LA REGLA 17.1 SEÑALA QUE LA RESOLUCION EN ESTA MATERIA SE AJUSTARA A LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

<A) LA RESPUESTA QUE SE DE AL DELITO SERA SIEMPRE PROPORCIONADA NO SOLO A LAS CIRCUNSTANCIAS Y LA GRAVEDAD DEL DELITO, SINO TAMBIEN A LAS CIRCUNSTANCIAS Y NECESIDADES DEL MENOR, ASI COMO A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD.

B) LAS RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DEL MENOR SE IMPONDRAN SOLO TRAS CUIDADOSO ESTUDIO Y SE REDUCIRAN AL MINIMO POSIBLE.

C) SOLO SE IMPONDRA LA PRIVACION DE LIBERTAD PERSONAL EN EL CASO DE QUE EL MENOR SEA CONDENADO POR UN ACTO GRAVE EN EL QUE CONCURRA VIOLENCIA CONTRA OTRA PERSONA O POR LA REINCIDENCIA EN COMETER OTROS DELITOS GRAVES Y SIEMPRE QUE NO HAYA OTRA RESPUESTA ADECUADA...>

DE CONFORMIDAD CON TODO LO EXPUESTO, HA DE DECLARARSE QUE EL ART. 16 DE LA LTTM NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION, INTERPRETADO EN LOS TERMINOS Y CON LAS GARANTIAS QUE ACABAMOS DE EXPONER, TODO ELLO SIN PERJUICIO DE REITERAR LA IMPERIOSA NECESIDAD DE UNA PRONTA REFORMA LEGISLATIVA EN ESTA MATERIA.

8. FINALMENTE, RESTA POR EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 18 Y 23 DE LA LTTM. EL PRIMERO SEÑALA, EN LO QUE AL PROCESO CORRECTOR SE REFIERE, QUE LAS MEDIDAS DE REFORMA PROLONGADAS QUE, EN SU CASO, PUDIESEN IMPONERSE AL MENOR NO PODRAN PROLONGARSE MAS ALLA DE LA MAYORIA DE EDAD CIVIL. EL SEGUNDO DISPONE QUE LOS ACUERDOS DE LOS JUECES DICTADOS PARA CORREGIR A LOS MENORES NO REVISTEN CARACTER DEFINITIVO, PUDIENDO SER MODIFICADOS Y DEJADOS SIN EFECTO EN CUALQUIER MOMENTO, BIEN DE OFICIO, BIEN A INSTANCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR.

LA DUDA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTOS PRECEPTOS SE ORIGINA TAMBIEN EN LA DIFICIL CONCILIACION DE LA INDETERMINACION EN LA DURACION DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS QUE DE ELLOS RESULTA CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN CUANTO QUE ESTE IMPLICA TAMBIEN LA PREDETERMINACION DE LAS PENAS.

ESTA SUPUESTA CONTRADICCION CON EL ART. 25 DE NUESTRA CONSTITUCION NO PUEDE SER AFIRMADA, SIN EMBARGO, EN RELACION CON UN PRECEPTO (EL DEL ART. 18 LTTM), CUYA DEFECTUOSA REDACCION SE LIMITA A ESTABLECER UN LIMITE ABSOLUTO A LA DURACION MAXIMA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS, SIN PREJUZGAR EN LO DEMAS CUAL HAYA DE SER LA DURACION DE ESTAS MEDIDAS EN CADA CASO CONCRETO. ESE LIMITE ES, POR LO DEMAS, CONGRUENTE CON LA NATURALEZA PROPIA DE TALES MEDIDAS, ASI COMO CON LA FINALIDAD REFORMADORA QUE CON ELLAS SE PERSIGUE, PUES ALCANZADA LA MAYORIA DE EDAD CIVIL CESA LA ACCION TUTELAR PROPIA DE ESTA JURISDICCION, SIN QUE, POR TANTO, PUEDA ENTENDERSE QUE DICHO LIMITE CONCULQUE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LOS TERMINOS YA APUNTADOS.

TAMPOCO LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN MATERIA REFORMADORA CONTRARIA TAL PRINCIPIO, PUES HAY QUE PARTIR DE LAS ESPECIALES CARACTERISTICAS DE ESTA JURISDICCION, EN DONDE LAS MEDIDAS A IMPONER NO TIENEN LA CONSIDERACION DE PENAS RETRIBUTIVAS DE CONDUCTAS ILICITAS, SINO DE MEDIDAS CORRECTORAS, AUN CUANDO RESTRICTIVAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL MENOR, SIENDO IMPUESTAS EN ATENCION A LAS CONDICIONES DEL MISMO Y SUSCEPTIBLES DE ADAPTACION EN ATENCION A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO Y A LA EVENTUAL EFICACIA DE LA MEDIDA ADOPTADA, PRIMANDOSE ASI LA NECESARIA FLEXIBILIDAD QUE TANTO PARA LA ADOPCION DE TALES MEDIDAS COMO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTAS HA DE REGIR LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL EN LA MATERIA. ES CLARO, POR LO DEMAS, QUE EL MENCIONADO PRECEPTO, AL INDICAR QUE LOS ACUERDOS NO TIENEN CARACTER DEFINITIVO Y PUEDEN SER MODIFICADOS E INCLUSO DEJADOS SIN EFECTO, EN MODO ALGUNO AUTORIZA A AGRAVAR, SI NO ES MEDIANTE NUEVO PROCEDIMIENTO EN RAZON DE NUEVOS HECHOS, LAS MEDIDAS YA ADOPTADAS.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

1. DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL ART. 15 DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES, EN CUANTO REGULA EL PROCEDIMIENTO APLICABLE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD DE CORRECCION O REFORMA.

2. DECLARAR QUE NO ES INCONSTITUCIONAL EL ART. 16 DE LA CITADA NORMA, INTERPRETADO CON EL SENTIDO Y ALCANCE PREVISTO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 7.

3. DESESTIMAR LAS CUESTIONES EN TODO LO DEMAS.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID, A CATORCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. FIRMADO.

FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS. ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO. VICENTE GIMENO SENDRA. RUBRICADOS.