Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Está Vd. en

Documento BOE-A-1984-11620

Ley Orgnica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica:

EXPOSICIN DE MOTIVOS

El constitucionalismo moderno tiene un objetivo fundamental, que constituye, al mismo tiempo, su raz ltima: el reconocimiento y la proteccin de la vida y la libertad de los ciudadanos. Las constituciones que son verdaderamente tales se caracterizan, precisamente, porque establecen un sistema jurdico y poltico que garantiza la libertad de los ciudadanos y porque suponen, por consiguiente, algo ms que una mera racionalizacin de los centros de poder.

Nuestra Constitucin ha configurado, siguiendo esa lnea, un ordenamiento cuya pretensin mxima es la garanta de la libertad de los ciudadanos, y ello hasta el punto de que la libertad queda instituida, por obra de la propia Constitucin, como un valor superior del ordenamiento. De ah que el texto constitucional regule con meticulosidad los derechos fundamentales, articulando unas tcnicas jurdicas que posibilitan la eficaz salvaguarda de dichos derechos, tanto frente a los particulares como, muy especialmente, frente a los poderes pblicos.

Una de estas tcnicas de proteccin de los derechos fundamentales –del ms fundamental de todos ellos: el derecho a la libertad personal– es la institucin del Habeas Corpus. Se trata, como es sabido, de un instituto propio del Derecho anglosajn, donde cuenta con una antiqusima tradicin y se ha evidenciado como un sistema particularmente idneo para resguardar la libertad personal frente a la eventual arbitrariedad de los agentes del poder pblico. Su origen anglosajn no puede ocultar, sin embargo, su raigambre en el Derecho histrico espaol, donde cuenta con antecedentes lejanos como el denominado recurso de manifestacin de personas del Reino de Aragn y las referencias que sobre presuntos supuestos de detenciones ilegales se contienen en el Fuero de Vizcaya y otros ordenamientos forales, as como con antecedentes ms prximos en las Constituciones de 1869 y 1876, que regulaban este procedimiento, aun cuando no le otorgaban denominacin especfica alguna.

El Habeas Corpus ha demostrado histricamente su funcionalidad para proteger la libertad de los ciudadanos. De ah que la Constitucin, en el nm. 4 art. 17, recoja esta institucin y obligue al legislador a regularla, completando, de esta forma, el complejo y acabado sistema de proteccin de la libertad personal diseado por nuestra norma fundamental. La regulacin del Habeas Corpus es, por consiguiente, un mandato constitucional y un compromiso de los poderes pblicos ante los ciudadanos.

La pretensin del Habeas Corpus es establecer remedios eficaces y rpidos para los eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente, o que transcurran en condiciones ilegales. Por consiguiente, el Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez; comparecencia de la que proviene etimolgicamente la expresin que da nombre al procedimiento, y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detencin o las condiciones de la misma, al objeto de que el Juez resuelva, en definitiva, sobre la conformidad a Derecho de la detencin.

La eficaz regulacin del Habeas Corpus exige, por tanto, la articulacin de un procedimiento lo suficientemente rpido como para conseguir la inmediata verificacin judicial de la legalidad y las condiciones de la detencin, y lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todos los ciudadanos y permita, sin complicaciones innecesarias, el acceso a la autoridad judicial.

Estos son los objetivos de la presente ley orgnica, que se inspira para ello en cuatro principios complementarios. El primero de estos principios es la agilidad, absolutamente necesaria para conseguir que la violacin ilegal de la libertad de la persona sea reparada con la mxima celeridad, y que se consigue instituyendo un procedimiento judicial sumario y extraordinariamente rpido, hasta el punto de que tiene que finalizar en veinticuatro horas. Ello supone una evidente garanta de que las detenciones ilegales o mantenidas en condiciones ilegales, finalizarn a la mayor brevedad.

En segundo lugar, la sencillez y la carencia de formalismos, que se manifiestan en la posibilidad de la comparecencia verbal y en la no necesidad del Abogado y Procurador, evitarn dilaciones indebidas y permitirn el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de conocimiento de sus derechos y de sus medios econmicos, al recurso de Habeas Corpus.

En tercer lugar, el procedimiento establecido por esta ley se caracteriza por la generalidad que implica, por un lado, que ningn particular o agente de la autoridad pueda sustraerse al control judicial de la legalidad de la detencin de las personas sin que quepa en este sentido excepcin de ningn gnero, ni siquiera en lo referente a la Autoridad Militar, y que supone, por otro lado, la legitimacin de una pluralidad de personas para instar el procedimiento, siendo de destacar a este respecto la legitimacin conferida al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo como garantes, respectivamente, de la legalidad y de la defensa de los derechos de los ciudadanos.

En fin, la ley est presidida por una pretensin de universalidad, de manera que el procedimiento de Habeas Corpus que regula alcanza no slo a los supuestos de detencin ilegal –ya porque la detencin se produzca contra lo legalmente establecido, ya porque tenga lugar sin cobertura jurdica–, sino tambin a las detenciones que, ajustndose originariamente a la legalidad, se mantienen o prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales.

Parece fuera de toda duda que la regulacin de un procedimiento con las caractersticas indicadas tiene una enorme importancia en orden a la proteccin de la libertad de las personas, as como que permite aadir un eslabn ms, y un eslabn importante, en la cadena de garantas de la libertad personal que la Constitucin impone a nuestro ordenamiento. Espaa se incorpora, con ello, al reducido nmero de pases que establecen un sistema acelerado de control de las detenciones o de las condiciones de las mismas.

Artculo primero.

Mediante el procedimiento del Habeas Corpus, regulado en la presente ley, se podr obtener la inmediata puesta a disposicin de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.

A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas:

a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario pblico o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.

b) Las que estn ilcitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.

c) Las que lo estuvieran por plazo superior al sealado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez ms prximo al lugar de la detencin.

d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitucin y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.

Artculo segundo.

Es competente para conocer la solicitud de Habeas Corpus el Juez de Instruccin del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se produzca la detencin, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las ltimas noticias sobre el paradero del detenido.

Si la detencin obedece a la aplicacin de la ley orgnica que desarrolla los supuestos previstos en el art. 55.2 de la Constitucin, el procedimiento deber seguirse ante el Juez Central de Instruccin correspondiente.

En el mbito de la Jurisdiccin Militar ser competente para conocer de la solicitud de Habeas Corpus el Juez Togado Militar de Instruccin constituido en la cabecera de la circunscripcin jurisdiccional en la que se efectu la detencin.

Artculo tercero.

Podrn instar el procedimiento de Habeas Corpus que esta ley establece:

a) El privado de libertad, su cnyuge o persona unida por anloga relacin de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.

b) El Ministerio Fiscal.

c) El Defensor del Pueblo.

Asimismo, lo podr iniciar, de oficio, el Juez competente a que se refiere el artculo anterior.

Artculo cuarto.

El procedimiento se iniciar, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervencin de Abogado ni de Procurador. En dicho escrito o comparecencia debern constar:

a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en esta ley.

b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar relevantes.

c) El motivo concreto por el que se solicita el Habeas Corpus.

Artculo quinto.

La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario pblico, estarn obligados a poner inmediatamente en conocimiento del Juez competente la solicitud de Habeas Corpus, formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia.

Si incumplieren esta obligacin, sern apercibidos por el Juez, sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias en que pudieran incurrir.

Artculo sexto.

Promovida la solicitud de Habeas Corpus el Juez examinar la concurrencia de los requisitos para su tramitacin y dar traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, acordar la incoacin del procedimiento, o, en su caso, denegar la solicitud por ser sta improcedente. Dicho auto se notificar, en todo caso, al Ministerio Fiscal. Contra la resolucin que en uno u otro caso se adopte, no cabr recurso alguno.

Artculo sptimo.

En el auto de incoacin, el Juez ordenar a la autoridad a cuya disposicin se halle la persona privada de libertad o a aqul en cuyo poder se encuentre, que la ponga de manifiesto ante l, sin pretexto ni demora alguna o se constituir en el lugar donde aqulla se encuentre.

Antes de dictar resolucin, oir el Juez a la persona privada de libertad o, en su caso, a su representante legal y Abogado, si lo hubiera designado, as como al Ministerio Fiscal; acto seguido oir en justificacin de su proceder a la autoridad, agentes, funcionario pblico o representante de la institucin o persona que hubiere ordenado o practicado la detencin o internamiento y, en todo caso, a aqulla bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de libertad; a todos ellos dar a conocer el Juez las declaraciones del privado de libertad.

El Juez admitir, si las estima pertinentes, las pruebas que aporten las personas a que se refiere el prrafo anterior y las que propongan que puedan practicarse en el acto.

En el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el auto de incoacin, los Jueces practicarn todas las actuaciones a que se refiere este artculo y dictarn la resolucin que proceda.

Artculo octavo.

Practicadas las actuaciones a que se refiere el artculo anterior, el Juez, mediante auto motivado, adoptar seguidamente alguna de estas resoluciones:

1. Si estima que no se da ninguna de las circunstancias a que se refiere el artculo primero de esta ley, acordar el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a Derecho la privacin de libertad y las circunstancias en que se est realizando.

2. Si estima que concurren alguna de las circunstancias del artculo primero de esta ley, se acordar en el acto alguna de las siguientes medidas:

a) La puesta en libertad del privado de sta, si lo fue ilegalmente.

b) Que contine la situacin de privacin de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas a las que hasta entonces la detentaban.

c) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposicin judicial, si ya hubiese transcurrido el plazo legalmente establecido para su detencin.

Artculo noveno.

El Juez deducir testimonio de los particulares pertinentes para la persecucin y castigo de los delitos que hayan podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detencin, o tenido bajo su custodia a la persona privada de libertad.

En los casos de delito de denuncia falsa o simulacin de delito se deducir asimismo, testimonio de los particulares pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En todo caso, si se apreciase temeridad o mala fe, ser condenado el solicitante al pago de las costas del procedimiento, en caso contrario, stas se declararn de oficio.

DISPOSICIN FINAL

La presente ley entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 24 de mayo de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZLEZ MRQUEZ

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 24/05/1984
  • Fecha de publicación: 26/05/1984
  • Entrada en vigor: 27 de mayo de 1984.
Materias
  • Derechos fundamentales
  • Detencin
  • Habeas Corpus

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid