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Por aplicación de lo dispuesto en la Ley cuarenta/mil novecientos setenta y cinco, de diecinueve de noviembre, se han adoptado por el Gobierno las oportunas medidas de evacuación de los españoles residentes en el Sáhara, entre ellos los funcionarios de la Administración de Justicia y por disposiciones posteriores, entre ellas, el Decreto doscientos nueve/mil novecientos setenta y seis, de veintitrés de enero, de la Presidencia del Gobierno, a propuesta del propio Ministerio de la Presidencia y del de Justicia, se reguló lo relativo a la tramitación y archivo de las actuaciones judiciales de los Juzgados Territorial, Municipal, Comarcal y de Paz del Sáhara, las que se ordenaron remitir a los diferentes Organos Judiciales de Las Palmas de Gran Canaria;

Por virtud de lo dispuesto en el artículo noventa y cuatro de la Orden de la Presidencia del Gobierno de dos de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, la jurisdicción contenciosa en materia laboral, correspondía a la Magistratura de Trabajo de Africa Occidental Española, la que era desempeñada por el Juzgado Territorial. Procede, por tanto, que todas las actuaciones, tanto en trámite como conclusas, que se seguían en dicho Juzgado, se remitan a las Magistraturas de Trabajo de Las Palmas de Gran Canaria, como Organos judiciales que tienen a su cargo, en dicha provincia, el orden judicial laboral;

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día dieciocho de junio de mil novecientos setenta y seis.

DISPONGO:

Artículo 1.

Las actuaciones conclusas que en el Orden Laboral hubiere tramitado el Juzgado Territorial de Sáhara, quedarán archivadas en la Magistratura número uno de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene a su cargo el Decanato de las de dicha provincia. Las que se encuentren en trámite pasarán, cuando sea procedente so continuación, al Magistrado número uno Decano de los de Las Palmas de Gran Canaria, y, posteriormente, a la Magistratura que por reparto le correspondiera. Una vez conclusas, serán archivadas en la Magistratura que hubiere conocido de cada una de ellas.

Disposición final unica.

El presente Decreto empezará a regir el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», facultándose al Ministerio de Trabajo para que dicte las oportunas disposiciones para su cumplimiento.

Dado en Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Trabajo,

JOSE SOLIS RUIZ