Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

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El Reglamento (UE) 2024/1263 establece que los objetivos del marco de gobernanza económica son promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, un crecimiento sostenible e inclusivo y resiliencia a través de reformas e inversiones, así como evitar déficits públicos excesivos. El Reglamento establece que el Consejo y la Comisión llevarán a cabo una supervisión multilateral en el marco del Semestre Europeo, de conformidad con los objetivos y requisitos establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El Semestre Europeo incluye, en particular, la formulación de recomendaciones específicas por país y la supervisión de su aplicación.

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El 25 de noviembre de 2025, en virtud del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, la Comisión adoptó el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2026, en el que determinó que España no era uno de los Estados miembros que requerían un examen exhaustivo. La Comisión adoptó asimismo una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, una recomendación de Recomendación del Consejo sobre el capital humano en la Unión Europea y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo de 2026, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 21 de abril de 2026, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (2) y el 9 de marzo de 2026, el Informe conjunto sobre el empleo y la Recomendación sobre el capital humano.

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El 29 de enero de 2025, la Comisión publicó la Brújula para la Competitividad, un marco estratégico cuyo objetivo es impulsar la competitividad de la Unión a escala mundial en los próximos cinco años. En ella, señala tres imperativos de transformación como pilares esenciales para el crecimiento económico sostenible: la innovación, la descarbonización y la competitividad, y la seguridad. Desde su publicación, la Brújula para la Competitividad ha orientado el trabajo del Semestre Europeo, lo que garantiza que las políticas económicas de los Estados miembros sean coherentes con los objetivos estratégicos de la UE y crea un enfoque unificado de la gobernanza económica que fomenta el crecimiento sostenible, la innovación y la resiliencia en toda la Unión.

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En 2026, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la fase final de aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) (3). Los planes de recuperación y resiliencia (PRR), junto con la financiación de la política de cohesión, han resultado esenciales para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes tenían que abordar de manera efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos ejercicios, y los programas financiados por la política de cohesión europea debían tener en cuenta las recomendaciones específicas por país. Ahora que el MRR se acerca a su fin, sigue siendo fundamental mantener y aprovechar las reformas e inversiones apoyadas y aplicadas en su marco, en particular las que contribuyen a abordar los retos señalados en las recomendaciones específicas por país.

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El 3 de junio de 2026, la Comisión publicó el informe específico de 2026 sobre España. En él se evalúan los avances realizados por España para poner en práctica las recomendaciones específicas por país de 2025 y se hace balance de la ejecución del PRR por parte de este país. Sobre la base de este análisis, el informe señalaba los retos más urgentes a los que se enfrenta España. Asimismo, evalúa los avances de España en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza y la exclusión social, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

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El 21 de enero de 2025, el Consejo, tras la evaluación y recomendación de la Comisión, adoptó una Recomendación por la que se aprueba el plan fiscal-estructural nacional a medio plazo de España (4). El plan abarca el período de 2025 a 2028 y supone un ajuste fiscal distribuido a lo largo de siete años. El Consejo recomendó las siguientes tasas máximas de crecimiento del gasto neto: 3,7 % en 2025, 3,5 % en 2026, 3,2 % en 2027 y 3,0 % en 2028, lo que se corresponde con las tasas máximas de crecimiento acumulado calculadas con respecto al año de referencia 2023: del 9,2 % en 2025, del 13,0 % en 2026, del 16,6 % en 2027 y del 20,1 % en 2028.

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La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus repercusiones constituyen un reto existencial para la Unión Europea. La Comisión ha invitado a los Estados miembros a solicitar la activación de la cláusula de salvaguardia nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de manera coordinada para apoyar las iniciativas de la UE encaminadas a lograr un aumento rápido y considerable del gasto en defensa (5), propuesta que fue acogida favorablemente por el Consejo Europeo de 6 de marzo de 2025. A raíz de la solicitud de España, el 12 de junio de 2026 el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, adoptó una Recomendación por la que se autoriza a España a desviarse de las tasas máximas de crecimiento del gasto neto recomendadas (6). El período en el que se activa la cláusula de salvaguardia nacional (2025-2028) permite a España revisar las prioridades de gasto público o aumentar los ingresos públicos, de modo que un gasto en defensa más elevado durante más tiempo no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

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El 30 de abril de 2026, España presentó su Informe anual de situación de 2026 (7) sobre el cumplimiento de las tasas máximas de crecimiento del gasto neto recomendadas, la ejecución del conjunto de reformas e inversiones que sustentan la ampliación del período de ajuste y la ejecución de reformas e inversiones en respuesta a los principales retos señalados en las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo. El informe anual de situación recoge el informe semestral de España sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241.

(9)

El crecimiento del PIB real en 2025 fue del 2,8 % y la inflación IPCA se situó en el 2,7 %. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026, el PIB real crecerá un 2,4 % en 2026 y un 1,9 % en 2027, y la inflación IPCA se situará en el 3,0 % en 2026 y en el 2,5 % en 2027.

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Según los datos facilitados por Eurostat (8), el déficit de las administraciones públicas de España disminuyó del 3,2 % del PIB en 2024 al 2,4 % del PIB en 2025. La disminución del déficit en 2025 se debe principalmente a los buenos resultados en materia de ingresos y la eliminación progresiva de las medidas relacionadas con la energía, así como a las acciones emprendidas en el ámbito del saneamiento fiscal. Teniendo en cuenta las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026 prevén un déficit del 2,4 % del PIB en 2026 y del 2,0 % en 2027. La estabilización prevista para 2026 se debe particularmente a la evolución positiva de los ingresos, que compensa las diversas medidas destinadas a paliar las consecuencias de las inundaciones en algunas regiones y la crisis en Oriente Próximo. La disminución del déficit prevista para 2027 es principalmente consecuencia de la reducción de los costes de las medidas de emergencia relacionadas con las inundaciones y el fin de las medidas relacionadas con la energía.

(11)

Según las estimaciones de la Comisión, la orientación fiscal (9), que incluye los gastos financiados tanto a nivel nacional como de la UE, fue en líneas generales neutra en 2025. Se prevé que sea expansiva (0,3 % del PIB) en 2026 y restrictiva (0,5 % del PIB) en 2027.

(12)

Según los datos facilitados por Eurostat (10), la deuda de las administraciones públicas de España disminuyó del 101,6 % del PIB a finales de 2024 al 100,7 % del PIB a finales de 2025. La disminución de la ratio de deuda en 2025 se debe principalmente al fuerte crecimiento del PIB nominal y la reducción del déficit. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026 indican que la ratio de deuda con respecto al PIB habrá disminuido hasta el 99,6 % para el fin de 2026 y seguirá disminuyendo hasta alcanzar el 98,9 % para el fin de 2027. Esta reducción en 2026 es principalmente consecuencia de un crecimiento del PIB nominal superior al coste del servicio de la deuda. La disminución de la ratio de deuda en 2027 se debe principalmente al crecimiento nominal de la producción y a la reducción del déficit.

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Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026, en España el gasto total de las administraciones públicas en defensa ascendió al 1,0 % del PIB en 2025, lo que corresponde a un aumento de 0,1 puntos porcentuales del PIB en comparación con el año de referencia 2024. La cifra estimada según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026 es el 1,2 % del PIB en 2026, lo que corresponde a un aumento de 0,3 puntos porcentuales del PIB con respecto a 2024 (11).

(14)

La Unión sigue estando expuesta a riesgos de interrupciones del suministro energético y a una elevada volatilidad de los precios, exacerbados por las tensiones geopolíticas que afectan a los mercados mundiales del petróleo y el gas. La experiencia adquirida con la crisis energética de 2022-2023 ha demostrado que las medidas amplias y poco específicas suponen un importante coste fiscal y son ineficientes desde el punto de vista social y económico. Desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo en febrero de 2026, España ha adoptado medidas de política fiscal para mitigar el impacto de los elevados precios de la energía en los hogares y las empresas (12). Entre ellas, reducciones no selectivas de los tipos del IVA sobre los combustibles, la electricidad y el gas natural, así como de los impuestos especiales sobre la electricidad y los combustibles. Además, las autoridades introdujeron medidas de apoyo selectivas, como subvenciones a los transportistas profesionales y a los agricultores, ayudas directas a las industrias de alto consumo eléctrico, reducciones de las tarifas de acceso a la red eléctrica y apoyo a los regímenes de bonos sociales térmicos y al almacenamiento subterráneo de combustible. Algunas de estas medidas finalizaron el 1 de junio y se prevé que la mayoría de las demás finalicen antes del 30 de junio de 2026 (13), aunque algunas seguirán en vigor hasta principios de 2027. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026, el coste fiscal de las medidas ascenderá aproximadamente al 0,3 % del PIB en 2026. Según sus estimaciones, si todas ellas siguieran en vigor hasta el fin de 2026, su coste fiscal ascendería al 0,6 % del PIB en 2026.

(15)

Según los cálculos de la Comisión, el gasto neto en España creció un 4,8 % en 2025 y un 9,3 % acumulado en 2024 y 2025. El crecimiento del gasto neto en 2025 se sitúa por encima de la tasa máxima de crecimiento recomendada, lo que corresponde a una desviación del 0,4 % del PIB en términos anuales. En 2024 y 2025, considerados conjuntamente, la tasa de crecimiento acumulado del gasto neto se sitúa por encima de la tasa máxima de crecimiento recomendada, lo que corresponde a una desviación del 0,1 % del PIB en términos acumulados. Sin embargo, la desviación prevista se mantiene dentro de la flexibilidad que ofrece la cláusula de salvaguardia nacional según las estimaciones actuales del gasto en defensa.

(16)

Según los cálculos de la Comisión, se prevé que el gasto neto en España crezca un 5,1 % en 2026 y un 14,9 % acumulado en 2024, 2025 y 2026 y que el crecimiento del gasto neto en 2026 se sitúe por encima de la tasa máxima de crecimiento recomendada, lo que corresponde a una desviación del 0,6 % del PIB en términos anuales. Para 2024, 2025 y 2026, considerados conjuntamente, también se prevé que la tasa de crecimiento acumulado del gasto neto se sitúe por encima de la tasa máxima de crecimiento recomendada, con una desviación del 0,7 % del PIB en términos acumulados. Teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece la cláusula de salvaguardia nacional para aumentar el gasto en defensa, se prevé que, para 2024, 2025 y 2026, considerados conjuntamente, la desviación acumulada del gasto neto ascienda al 0,4 % del PIB.

(17)

La Recomendación por la que se aprueba el plan fiscal-estructural nacional a medio plazo de España especifica el conjunto de reformas e inversiones que justifican la ampliación del período de ajuste, junto con un calendario para su aplicación. Teniendo en cuenta la información facilitada por España en su informe anual de situación, la Comisión considera que la ejecución de las etapas clave de estas reformas e inversiones que debían realizarse a más tardar el 30 de abril de 2026 parece ir, en general, por buen camino. La reforma fiscal aún se está evaluando y la reforma de los beneficios fiscales se evaluará en el marco del último pago del PRR, junto con dos medidas relacionadas con la transformación digital de la educación. Por lo que se refiere a las medidas para mejorar la gestión de la discapacidad temporal, la mayoría de las comunidades autónomas firmaron acuerdos de asociación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, mientras que solo cinco comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas firmaron convenios con las mutuas. En cuanto a la homologación de títulos, se ha adoptado y puesto en marcha una orden ministerial con instrucciones en lo que respecta a los procedimientos de homologación y equivalencia de las cualificaciones universitarias extranjeras. La Comisión considera que, en general, España ha cumplido sus compromisos de manera satisfactoria (14).

(18)

El porcentaje medio de los impuestos sobre el trabajo en el total de los ingresos fiscales de España aumentó del 48,7 % en el período 2015-2019 al 51,8 % en el período 2020-2024, mientras que el porcentaje medio de la UE se mantuvo en 51,4 % en el mismo período. El aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre el trabajo explica el 90 % del aumento de la carga fiscal de España en la última década, lo que refleja una creciente dependencia de la fiscalidad del trabajo. La no deflactación de los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el aumento de las cotizaciones a la seguridad social han acelerado la reorientación del sistema fiscal español hacia la fiscalidad del trabajo. Sin embargo, la recaudación procedente de los rendimientos del trabajo, expresada como porcentaje del PIB (19,0 % en 2024) sigue siendo inferior a la media de la UE (20,3 %). Por el contrario, la recaudación procedente de los impuestos medioambientales y sobre el consumo es inferior a la media de la UE, tanto como porcentaje del PIB como de la recaudación total. La recaudación en concepto de impuestos medioambientales ascendió al 1,6 % del PIB en España, frente al 2,1 % en la UE. España presenta las mayores brechas de la UE en la política del IVA, al registrar una de las mayores diferencias en cuanto a los tipos del IVA y la mayor en lo que se refiere a exenciones previstas en las políticas nacionales. Entre las categorías en las que se aplican tipos reducidos del IVA, los restaurantes y los servicios de alojamiento destacan por su gran incidencia presupuestaria en un contexto donde el efecto redistributivo es muy limitado. Un uso más limitado de los tipos reducidos del IVA ayudaría a simplificar el sistema tributario. A pesar de algunas evaluaciones recientes (en particular, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal [AIReF]), no existe un enfoque sistemático para evaluar la eficacia de los gastos fiscales. La calidad de las finanzas públicas podría beneficiarse de una mejora de la presentación de información consolidada y de una evaluación sistemática de todos los gastos fiscales a todos los niveles territoriales.

(19)

La participación sistemática, significativa y oportuna de las administraciones locales y regionales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo esencial para garantizar una amplia implicación en la ejecución satisfactoria de los instrumentos de financiación de la Unión, así como en el contexto del Semestre Europeo.

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La ejecución de los programas de la política de cohesión, que engloban el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Transición Justa (FTJ) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en España, sigue estando por debajo de la media de la UE, en términos tanto de selección de proyectos como de pagos. Es importante intensificar y acelerar el trabajo para garantizar la rápida ejecución de las inversiones, maximizando al mismo tiempo sus efectos sobre el terreno. España ya está tomando medidas en el marco de sus programas de la política de cohesión para impulsar la competitividad y el crecimiento. Por otra parte, España continúa teniendo que hacer frente a cuestiones relacionadas con la ejecución eficaz de la política de cohesión en los ámbitos de la investigación y la innovación (I+i), la inadecuación de las capacidades, la inclusión social, la gestión y prevención de riesgos relacionados con el cambio climático y el apoyo a una transición justa. Es esencial velar por que las nuevas inversiones señaladas por España en su revisión intermedia de los fondos de la política de cohesión, en particular las relacionadas con las cinco prioridades establecidas en el Reglamento sobre la revisión intermedia (15), se movilicen rápida y eficazmente.

(21)

España tiene ante sí varios asuntos que resolver relacionados con la sostenibilidad fiscal, la productividad, la inversión eficaz y sostenida en innovación, la carga normativa y administrativa, el funcionamiento del sistema judicial, los vínculos entre ciencia y empresa, el acceso a la financiación, la adaptación al cambio climático y la resiliencia de las infraestructuras, la gestión del agua, la red eléctrica, la oferta de vivienda social y vivienda asequible, la pobreza infantil, la inadecuación de las capacidades y la eficiencia del sistema sanitario.

(22)

España ha puesto en marcha un marco de colaboración para detectar y eliminar los cuellos de botella en materia de regulación y reducir la fragmentación normativa entre comunidades autónomas. Es necesario intensificar y acelerar esta labor continua. El «Régimen 20» propicia la colaboración entre los niveles nacional, regional y local de la Administración española. En 2025 se lograron avances en ámbitos como las licencias de apertura de empresas, el etiquetado digital, la instalación de puntos de recarga, los certificados de eficiencia energética, las instalaciones de baja tensión y la reducción de la dispersión normativa. Aunque este enfoque es útil para coordinar las reformas en los puntos de convergencia, hay que seguir trabajando para suprimir las barreras a mayor escala y recurrir al «Régimen 20» para aplicar cambios más estructurales. Además, su normativa es especialmente restrictiva en materia de comercio al por menor. Esta complejidad administrativa afecta a la creación de empresas debido a los onerosos procedimientos de concesión de licencias y autorizaciones, lo que genera obstáculos adicionales a la entrada en el mercado y a la inversión y perjudica al consumidor. España se beneficiaría de una mayor convergencia de las normativas sobre el comercio minorista para mejorar el entorno empresarial y apoyar la competencia, especialmente en la venta al por menor de medicamentos. Asimismo, persisten las barreras al comercio de mercancías dentro del EEE, como en el caso del envasado y el etiquetado. Las diferencias normativas entre las comunidades autónomas españolas hacen que aumenten aún más los costes de cumplimiento y crean obstáculos para las empresas que operan entre comunidades autónomas y desde otros países de la UE, lo que reduce las posibilidades de elección e incrementa los precios para el consumidor.

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España ha emprendido una serie de reformas legales para mejorar la eficiencia de su sistema judicial en materia organizativa, digital y procedimental. Sin embargo, su aplicación efectiva depende de que se realicen las inversiones adecuadas de forma sostenida y se repartan de forma equitativa entre las comunidades autónomas. El sector de la justicia sufre una escasez de personal, pues tiene relativamente pocos jueces en comparación con el tamaño de la población, lo que se suma al aumento de las jubilaciones anticipadas y de los procesos judiciales. Esto supone una carga importante para los jueces en activo y contribuye a los continuos retrasos judiciales que afectan negativamente a los profesionales del Derecho, las empresas y los ciudadanos. Además, las disparidades en el nivel de digitalización entre las comunidades autónomas, junto con la limitada interoperabilidad entre los sistemas de gestión de casos, siguen obstaculizando la calidad y la eficiencia generales de los procesos judiciales. Por lo tanto, es fundamental mejorar el desempeño del sistema judicial garantizando una dotación de personal adecuada, sin dejar de lado las normas de contratación, una digitalización armonizada en todas las regiones y la plena interoperabilidad de los sistemas de gestión de casos para reforzar el marco institucional y estimular el entorno empresarial.

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Aunque la I+D ha aumentado ligeramente en la última década, la baja inversión privada en I+D sigue suponiendo una gran limitación. El desarrollo y la innovación empresarial se ven obstaculizados por una estructura empresarial fragmentada dominada por microempresas de bajo valor. España ha introducido reformas pertinentes en el marco del PRR, como la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas y la Ley de Empresas Emergentes. Sin embargo, hacen falta nuevas medidas para eliminar los obstáculos financieros y administrativos que impiden la innovación empresarial y reducir la brecha de productividad.

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El limitado gasto en I+D en España, distribuido de forma desigual, se concentra principalmente en determinadas regiones, por lo que no es suficiente para estimular el gasto total de las empresas en I+D en todo el país. Existe margen para aumentar el gasto público en I+D (con vistas a alcanzar el 1,25 % del PIB de aquí a 2030) y reducir su dependencia de los fondos de la UE, de forma que se logre una distribución territorial más equilibrada. Combinar un aumento de la inversión pública con incentivos fiscales específicos y subvenciones racionalizadas ayudaría a atraer la inversión privada y a respaldar los sectores de alto valor. La evaluación periódica ex post de la combinación de políticas de innovación en el territorio nacional contribuiría a que la investigación se traduzca en resultados comerciales y a movilizar la inversión privada en I+D, al mismo tiempo que velaría por que los trabajos se centren en alcanzar los objetivos estratégicos generales.

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La escasa colaboración entre el mundo académico y el sector industrial limita la innovación empresarial y las mejoras de la productividad, a pesar de la modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y de la Ley Universitaria. Además, los programas públicos creados para incentivar la inversión privada en I+D no han tenido repercusiones significativas, en gran medida debido a su compleja naturaleza y a la falta de incentivos para las empresas y el mundo académico. El refuerzo del papel de los mediadores del conocimiento, la adaptación de los incentivos de las universidades y los organismos públicos de investigación para fomentar la innovación aplicada y la mejora de la financiación basada en el rendimiento fomentarían la obtención de resultados especializados y colaborativos de la investigación y la innovación en las universidades y los centros de investigación.

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El acceso a la financiación para el crecimiento sigue siendo un obstáculo importante para la expansión de las empresas. Si bien se están desarrollando gradualmente, los mercados de capital riesgo y renta variable siguen estando poco desarrollados, ya que la financiación de las empresas españolas sigue dependiendo en buena medida de los préstamos bancarios. A su vez, la asignación del ahorro privado no contribuye de modo suficiente a la expansión de las empresas innovadoras. Podría reforzarse el fomento de las inversiones en capital riesgo y renta variable a través de regímenes complementarios de pensión mediante la introducción de la afiliación automática y la flexibilización de los límites de inversiones de cartera. Además, es necesario mejorar las capacidades de transferencia de conocimientos, las redes, la cooperación y la materialización de la investigación en innovación comercial en el seno de las empresas emergentes. En conjunto, estos factores siguen impidiendo la reasignación de recursos hacia actividades más productivas. El FMI (16) señala que el tamaño insuficiente del mercado y la falta de acceso a la financiación mediante fondos propios son algunos de los principales factores que explican la incapacidad de las empresas jóvenes para expandirse rápidamente. La promoción de un mayor uso de la financiación basada en el mercado y la mejora de la conexión entre las empresas y los participantes en los mercados de capitales pueden ampliar el acceso de las empresas a la financiación. Además, la falta de diversificación efectiva de las fuentes de financiación lastra el dinamismo de la inversión privada. Según la OCDE (17), una gran parte de las empresas españolas, en particular las pymes, señalan que en 2023 la falta de financiación disponible constituyó a largo plazo un considerable obstáculo a la inversión.

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La gobernanza multinivel de España dificulta la adopción de una respuesta coherente ante los crecientes riesgos climáticos. La insuficiente coordinación entre las autoridades nacionales, autonómicas y locales reduce la eficacia de las medidas dirigidas a hacer frente a los riesgos naturales, como las inundaciones y los incendios forestales. Es esencial reforzar tanto la coordinación vertical (entre las autoridades nacionales y autonómicas) como la horizontal (entre comunidades autónomas), para lo cual es necesario aclarar mejor las competencias y reducir los solapamientos en las fases de prevención, preparación, respuesta y recuperación y reforzar los mecanismos de seguimiento y evaluación, en particular utilizando la información del Consorcio de Compensación de Seguros.

(29)

Los recursos hídricos de España siguen sometidos a una presión cada vez mayor debido a la disminución sostenida de las precipitaciones y del manto de nieve, el aumento de las temperaturas y la creciente aridez del suelo. Grandes zonas del país sufren estrés hídrico, especialmente las zonas más secas del sur, del interior y las islas, y la demanda supera los recursos disponibles de manera sostenible, en particular de los sectores industrial, agrícola, del turismo y de la producción de energía. Es necesario seguir trabajando para lograr un modelo más sostenible de la gestión del agua, en el que se incluyan mayores incentivos tarifarios con el fin de promover un uso más eficiente del agua, una mejor coordinación y aplicación de las políticas hídricas en todos los niveles de la Administración y procedimientos de toma de decisiones simplificados. También debe englobar la aplicación efectiva de la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas, el aumento de la reutilización del agua y la inversión en infraestructuras para mejorar el rendimiento y la resiliencia del sistema de gestión del agua. A tal fin, también es fundamental apoyar el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de los ríos y la rehabilitación de las masas de agua.

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Si bien España ha obtenido un apoyo sustancial para sus iniciativas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, en particular mediante los fondos de la UE, se necesitan más medidas e inversiones para salvaguardar las infraestructuras críticas, en particular los ferrocarriles y las carreteras. Para hacer frente a los riesgos climáticos se requiere un examen sistemático de los principales activos y aplicar mejoras de gran impacto. Además de la mejora de las infraestructuras, es esencial invertir en soluciones basadas en la naturaleza, como en bosques y suelos sostenibles y resilientes al cambio climático, lo que también mejoraría la captura de carbono gracias a la prevención de incendios forestales, la restauración de bosques degradados y la protección de los ecosistemas ricos en carbono. Las soluciones basadas en la naturaleza deben reforzar la resiliencia frente a los fenómenos climáticos extremos mediante medidas como la restauración de humedales para el control de inundaciones y la gestión del suelo con el fin de reducir los efectos de la sequía.

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Los peligros relacionados con el clima plantean riesgos importantes para la economía y la sociedad españolas. Entre 1980 y 2024, los fenómenos meteorológicos extremos provocaron importantes pérdidas humanas y económicas, que ascendieron a 119 600 millones EUR. Dado que la frecuencia y la gravedad de estos riesgos son cada vez mayores, es esencial seguir de cerca la sostenibilidad financiera a largo plazo del marco español de financiación para catástrofes a fin de mejorar la resiliencia, ampliando aún más el uso y la adopción de mecanismos de seguros contra los riesgos climáticos para fomentar la preparación financiera frente a futuras perturbaciones.

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Si bien España está progresando en la implantación de las energías renovables y cuenta con una de las mayores potencias instaladas de generación de energía eólica y solar en la UE, lo que permite a la economía española ser cada vez más independiente de las crisis de precios de la energía, es necesario seguir desarrollando las redes y soluciones de almacenamiento para seguir apoyando la integración de las energías renovables en la combinación energética del país. Otros avances se reflejan en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, adoptado recientemente, que racionaliza los procedimientos de autorización y acceso a la red para los proyectos de electrificación y energías renovables, incluido el tratamiento prioritario de los proyectos maduros y estratégicos. Siguen existiendo dificultades para acceder a la red, en particular a la hora de dar prioridad a proyectos viables. Por ejemplo, se prevé que los proyectos adicionales actualmente en fase de preparación aumenten la capacidad total de almacenamiento. España debe adoptar las medidas necesarias para mejorar la resiliencia y la flexibilidad de sus redes eléctricas, también para abandonar la «programación reforzada». A fin de garantizar la estabilidad de la red, el gestor de la red de transporte hace uso activo de centrales de gas para mantener la tensión estable a la espera de reformas e inversiones adicionales que permitan un control reforzado de la tensión. También son necesarias nuevas inversiones para aumentar la interconexión eléctrica transfronteriza, que actualmente se sitúa en el 3,11 %, muy por debajo del objetivo del 15 % para 2030. Fomentar el compromiso y la cooperación de los países afectados sigue siendo crucial para alcanzar este objetivo. Los complejos procesos de concesión de permisos para las instalaciones industriales y la necesidad de nuevas medidas relacionadas con la demanda pueden obstaculizar las inversiones en la descarbonización de la producción manufacturera en el país. Las emisiones de gases de efecto invernadero persistentemente elevadas procedentes del transporte por carretera siguen siendo una de las principales dificultades, ya que representan casi la mitad de las emisiones en el marco del reparto del esfuerzo de España. Hace falta adoptar más medidas para que España alcance sus objetivos de eficiencia energética para 2030. En particular, se necesitarían inversiones adicionales para mejorar el factor de eficiencia energética en los edificios públicos y privados, abordando al mismo tiempo el reto de la pobreza energética, que afecta al 15,9 % de la población total, una de las cifras más elevadas de la UE, y que es especialmente grave en los hogares en riesgo de pobreza. No obstante, la carga que supone el coste de la energía para los hogares españoles se ha reducido en los últimos años. Las emisiones de los edificios aumentaron un 2,6 % en 2024 y representaron alrededor del 19 % de las emisiones totales en los sectores sujetos al régimen de reparto del esfuerzo. Esto refleja los retos persistentes en cuanto a la eficiencia energética del parque inmobiliario y subraya la necesidad de reducir la dependencia de la calefacción y la refrigeración basadas en combustibles fósiles.

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El mercado de la vivienda español sigue sometido a una fuerte presión debido a los persistentes cuellos de botella en la oferta, en particular en las zonas de alta demanda. Esto, combinado con el aumento de la demanda de vivienda, está ejerciendo una presión alcista sobre los precios. La escasez de vivienda es más pronunciada en las zonas urbanas y metropolitanas, así como en las zonas costeras con alta intensidad turística. La construcción de nuevas viviendas, urgente y necesaria, se ve actualmente limitada por una serie de factores asociados a la oferta, como la disponibilidad limitada de terrenos edificables, la lentitud de los procedimientos administrativos y la tramitación de permisos. Hacer frente a estos obstáculos al desarrollo, salvaguardando al mismo tiempo los objetivos medioambientales, puede ayudar a superar algunas de las limitaciones que han ralentizado la construcción de nuevas viviendas. Además, el sinhogarismo va en aumento.

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España tiene uno de los parques de vivienda social más bajos de toda la UE, ya que representa menos del 2 % de la oferta total, frente a una media de la UE de aproximadamente el 7 %. Esto agrava la presión sobre el mercado del alquiler y contribuye al aumento de los precios de la vivienda. Además, el parque de vivienda social existente se distribuye de manera desigual por todo el país y no refleja las necesidades de los territorios donde la demanda es más pronunciada. La despoblación afecta a gran parte del país y el crecimiento de la población se concentra principalmente en las zonas costeras y en el entorno de la Comunidad de Madrid. Abordar el considerable déficit de vivienda social ampliando su número, en particular en las zonas más afectadas por las dificultades de acceso a la vivienda, es fundamental para promover la política de bienestar social y la oferta de vivienda asequible. Al mismo tiempo, es importante promover las viviendas de alquiler social para flexibilizar la tenencia a lo largo de todo el ciclo de vida y adaptarse a la evolución de las necesidades de los hogares. Además, ofrece un acceso directo y oportuno a viviendas asequibles sin necesidad de un compromiso a largo plazo, costes de entrada adicionales ni limitaciones de admisibilidad en comparación con los sistemas de compra de vivienda social. Por último, el sistema de vivienda social sigue dependiendo en gran medida de la financiación pública. Garantizar su sostenibilidad a largo plazo también requiere el establecimiento de mecanismos de financiación previsibles, por ejemplo, mediante la reinversión de los rendimientos o a través de sistemas de fondos rotatorios, que contribuyan a reducir su dependencia del presupuesto nacional.

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La pobreza infantil en España sigue suponiendo un importante problema, en un contexto de elevados niveles generales de pobreza y desigualdades de renta persistentemente elevadas. En 2024, más de uno de cada cuatro niños se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en España, situando al país entre aquellos con peores resultados de la UE. Algunos grupos son especialmente vulnerables, en particular los menores de hogares monoparentales o de familias numerosas, aquellos cuyos padres tienen un bajo nivel educativo, los menores gitanos y los de origen migrante. Aunque las medidas adoptadas recientemente han contribuido a lograr algunas mejoras, la situación refleja deficiencias de carácter más general en los sistemas de protección y prestaciones sociales, en particular en lo que se refiere a la distribución y la eficiencia de los gastos sociales en un contexto de recursos fiscales limitados. Las transferencias sociales tienen una capacidad limitada para reducir la pobreza, especialmente para los menores. Persisten las diferencias entre autonomías en las tasas de pobreza y en el efecto de las transferencias sociales, lo que apunta a la desigualdad en la cobertura de las prestaciones, en los servicios y en las posibilidades de acceso a ellos entre los distintos territorios, en particular en las zonas rurales, a pesar de algunos avances en los últimos años. La coordinación entre los servicios y prestaciones sociales, sanitarios y de empleo nacionales y autonómicos sigue estando limitada por la fragmentación de las competencias, la heterogeneidad de los criterios de admisibilidad y el solapamiento de los instrumentos. Una mayor coordinación podría garantizar un apoyo más completo y continuado. Ha aumentado el recurso al ingreso mínimo vital (IMV) y su correspondiente complemento de ayuda para la infancia (CAPI), pero sigue estando por debajo de su potencial, y una parte significativa de los hogares admisibles siguen sin recibir ayuda debido a las cargas administrativas, los complejos procedimientos de admisibilidad y el escaso conocimiento entre la población. Seguir aumentando la utilización y la adecuación de estas medidas, así como las políticas de activación correspondientes, y mejorar la adaptabilidad del IMV a los cambios en las circunstancias de los hogares reforzaría el efecto de la prestación. Si bien los recientes ajustes han tenido por objeto mejorar los incentivos al trabajo, su eficacia aún está por ver. Además, reforzar los itinerarios de inclusión social combinando de manera más sistemática la ayuda a la renta con servicios sociales adaptados mejoraría aún más los resultados para los grupos vulnerables, incluidos los menores en riesgo de pobreza o exclusión social. También es necesario reequilibrar el gasto público hacia políticas de apoyo a los menores y los jóvenes, en materias como la educación, el acceso a la vivienda y el empleo.

Abordar todos estos retos requiere seguir mejorando la eficiencia, la adecuación y la cobertura de la asistencia social, garantizando al mismo tiempo una mayor coherencia entre las transferencias monetarias, las ayudas en especie, el apoyo a la activación y los beneficios fiscales, que contribuirían a lograr una convergencia social al alza, en consonancia con la segunda fase del análisis por país realizado por los servicios de la Comisión con arreglo al marco de convergencia social (18).

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A la luz del papel crucial del capital humano en la mejora de la competitividad y la autonomía estratégica de la Unión, en 2026 el Consejo recomendó a los Estados miembros que tomaran medidas para afrontar urgentemente las dificultades estructurales relacionadas con el capital humano en los ámbitos de las capacidades, la educación y la formación, que obstaculizan la competitividad. Las recomendaciones específicas por país de 2026 dirigidas a España pueden contribuir a la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre el capital humano en la Unión Europea.

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Si bien el sistema de educación y formación profesionales (EFP) sigue desarrollándose y la matriculación en EFP ha mejorado en todos los niveles, persiste la inadecuación de las capacidades a causa de los desajustes estructurales entre la EFP y la educación superior y las necesidades del mercado laboral. La escasez de titulados de nivel intermedio debido a la baja matriculación en EFP de grado medio, en particular en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), coexiste con la escasez de capacidades en determinados sectores técnicos, como la construcción y la industria manufacturera. La matriculación en EFP también es muy desigual entre comunidades autónomas. A pesar de que, en teoría, toda la EFP es dual desde la reciente reforma del sistema, la implantación de la dualidad sigue siendo incompleta y difiere de una comunidad autónoma a otra, en función de sus estructuras económicas y su compromiso empresarial. España presenta un alto número de titulados en educación superior, pero sigue habiendo escasez en ámbitos de alta demanda como las TIC, la ingeniería y la asistencia sanitaria. Si bien los titulados de los programas de EFP y educación superior relacionados con los ámbitos CTIM muestran buenos resultados en materia de empleo, lo que indica una elevada demanda de estas especializaciones, las bajas tasas de participación, los desequilibrios de género y el abandono de los programas CTIM corren el riesgo de limitar la capacidad de España para fomentar la innovación y llevar a cabo las transiciones ecológica y digital. Además, la participación en la formación de adultos sigue siendo baja y desigual, lo que limita las oportunidades de reciclaje profesional y perpetúa las desventajas iniciales.

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España ha realizado avances notables en la reducción del abandono prematuro de la educación y la formación, pero su tasa sigue siendo elevada. Aunque ha disminuido en los últimos años, sigue estando muy por encima tanto de la media de la UE como del objetivo de la UE para 2030. Persisten las diferencias autonómicas y el abandono prematuro se concentra especialmente en los grupos vulnerables. Los jóvenes nacidos en el extranjero tienen casi tres veces más probabilidades de abandonar prematuramente la educación que sus compañeros nativos, los jóvenes gitanos tienen niveles significativamente más bajos de enseñanza secundaria superior que la población general y los jóvenes con discapacidad se ven afectados de manera desproporcionada. También persisten las brechas de género, con tasas más elevadas entre los hombres que entre las mujeres. El bajo rendimiento en capacidades básicas ha aumentado gradualmente desde 2012, ampliando la brecha entre los resultados de España y el objetivo de la UE de reducir el porcentaje de alumnos con bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias a menos del 15 % de aquí a 2030. Las diferencias autonómicas en las capacidades básicas también siguen siendo significativas, y algunas comunidades registran sistemáticamente puntuaciones inferiores a la media nacional.

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A pesar de lograr resultados sanitarios relativamente buenos, en España persisten dificultades de acceso a la asistencia sanitaria y a los servicios de cuidados de larga duración que afectan negativamente a la salud de su población, a la equidad social y a la productividad. Aumentar las capacidades de la atención primaria y los cuidados de larga duración es esencial para mejorar el acceso a estos servicios y garantizar su adecuación, ya que el envejecimiento de la población aumenta su demanda. A pesar de que el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 tiene por objeto ampliar la capacidad de atención primaria mediante la aplicación de la cartera de servicios comunes actualizada y reducir la escasez de mano de obra, y a pesar de que recientemente se han acometido reformas destinadas a la desinstitucionalización de los cuidados de larga duración, sigue siendo necesario adoptar medidas adicionales para reducir la escasez de mano de obra, las diferencias entre comunidades autónomas y los plazos de espera, y para abordar los déficits de inversión persistentes.

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España se enfrenta a importantes retos en materia de personal dedicado a la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración. Entre ellos se incluyen la estructura de edad, la distribución desigual de los profesionales y las carencias previstas de médicos generalistas, personal de enfermería y otros especialistas. Las condiciones de trabajo también siguen siendo difíciles, lo que socava la calidad y el atractivo del empleo. Para hacer frente a estos desequilibrios, España podría adoptar medidas para mejorar la contratación y retención de talento y las condiciones de trabajo, en particular mediante el reajuste de la formación, la ampliación de nuevas funciones profesionales, también para el personal de enfermería, el aumento de la flexibilidad, la digitalización, el equilibrio de género, la reducción del empleo informal en las profesiones asistenciales y la revisión del sistema de turnos. Las diferencias entre autonomías en el acceso y la calidad de los servicios, exacerbadas por la escasez de personal, también siguen suponiendo un grave problema. La reforma de la atención primaria y su efecto en las autonomías requieren una mayor evaluación, y la integración de los cuidados avanza de manera dispar en las distintas comunidades autónomas. España debe adoptar modelos de mejores prácticas, establecer un seguimiento adecuado y utilizar indicadores autonómicos. Los servicios también se beneficiarían de una mejor coordinación nacional, autonómica y entre servicios (entre los sanitarios, sociales, de empleo y educativos). El acceso a los servicios se ve aún más obstaculizado por el aumento de los plazos de espera. España creó un Grupo de Trabajo de Listas de Espera en 2024 para coordinar la gestión y los datos de todas las comunidades autónomas, pero es necesario adoptar nuevas medidas para abordar estas deficiencias mediante personal específico, triaje digital y la armonización de la gestión de las listas de espera.

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Si bien el sistema sanitario español consigue, en general, buenos resultados sanitarios a un coste relativamente bajo, se prevé que el gasto sanitario aumente significativamente en las próximas décadas, ya que los cambios demográficos ejercen una presión cada vez mayor sobre las finanzas públicas. Para garantizar la sostenibilidad, preservando al mismo tiempo la adecuación de los servicios, las medidas podrían dirigirse a maximizar los recursos existentes mediante mejoras de la eficiencia. Esto podría lograrse en los servicios de cuidados de larga duración mediante una mejor asignación de los recursos, una mejor clasificación del grado de dependencia y los correspondientes cuidados de los beneficiarios. Además, los esfuerzos podrían dirigirse hacia una mayor desinstitucionalización y asistencia comunitaria. Una mayor coordinación de los cuidados de larga duración con los servicios sanitarios también contribuiría a unos sistemas más eficientes. Por lo que se refiere a la atención primaria, las inversiones en digitalización interoperable, telemedicina y prevención darían lugar a una prestación más eficiente. En el marco de su revisión del gasto 2018-2020, la AIReF ha propuesto medidas para reforzar la eficiencia en los ámbitos de gasto farmacéutico y hospitalario, lo que se traduce en oportunidades concretas de ahorro. España tiene margen para mejorar los índices de adopción de medicamentos genéricos y biosimilares en algunas categorías terapéuticas. Otra forma de mejorar la eficiencia puede ser abordar las disparidades y mejorar la evaluación del gasto farmacéutico y las diferencias injustificadas entre autonomías en los costes de los procedimientos médicos y las recetas. A este respecto, España se beneficiaría de la aplicación de las recomendaciones de la AIReF de aumentar la eficiencia del gasto mediante un mejor seguimiento de los gastos fiscales a fin de generar el margen de maniobra fiscal necesario para hacer frente a las crecientes presiones sobre el gasto sanitario.

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Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y de su contribución colectiva al funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, el Consejo recomendó en 2026 a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas, también a través de sus PRR, para aplicar la Recomendación de 2026 sobre la política económica de la zona del euro. En el caso de España, la primera recomendación ayuda a aplicar la primera, segunda y tercera recomendaciones sobre la zona del euro, la segunda recomendación ayuda a aplicar la cuarta recomendación sobre la zona del euro, la tercera recomendación ayuda a aplicar la séptima, octava y novena recomendaciones sobre la zona del euro, la cuarta recomendación ayuda a aplicar la séptima recomendación sobre la zona del euro, la quinta recomendación ayuda a aplicar la quinta recomendación sobre la zona del euro y la sexta recomendación ayuda a aplicar la segunda y quinta recomendaciones sobre la zona del euro.

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