Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

INTRODUCCIÓN

El artículo 15, apartado 5, del Reglamento (UE) 2023/1115, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 995/2010 (en lo sucesivo, el «Reglamento EUDR», por sus siglas en inglés), establece que la Comisión podrá elaborar directrices con objeto de facilitar la aplicación armonizada del Reglamento.

El objeto del presente documento de orientación es proporcionar información sobre determinados aspectos del Reglamento EUDR. No sustituye, añade ni modifica las disposiciones del Reglamento EUDR, que establece las obligaciones legales. El presente documento de orientación no debe considerarse de forma aislada; se debe utilizar junto con la legislación y no como referencia «autónoma».

Sin embargo, el presente documento de orientación supone un material de referencia útil para cualquier persona que deba cumplir el Reglamento EUDR, ya que aclara en mayor profundidad partes específicas del texto legislativo, lo que significa que puede servir de orientación a los operadores y comerciantes. Además, puede proporcionar directrices a las autoridades competentes y a los organismos de control del cumplimiento, así como a los tribunales nacionales, en el proceso de aplicación y control del cumplimiento del Reglamento EUDR.

Las cuestiones abordadas en el presente documento se debatieron y desarrollaron en cooperación con los representantes designados de los Estados miembros. Pueden abordarse otras cuestiones una vez que haya más experiencia en la aplicación del Reglamento EUDR, y en tal caso el documento de orientación se revisaría en consecuencia.

Para todas las cuestiones abordadas en el presente documento de orientación, cabe señalar que, de conformidad con el considerando 43, las definiciones del Reglamento se basan en la labor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La segunda edición del documento de orientación mejora la claridad, en particular en lo que refiere a los plazos de aplicación, la precisión de las disposiciones para los operadores y comerciantes, y facilita así una diligencia debida y una trazabilidad sencillas y eficientes. Debe leerse en relación con las preguntas frecuentes, que ofrecen ejemplos y aclaraciones adicionales para dar respuesta a preguntas de una amplia variedad de partes interesadas.

El principio de proporcionalidad es uno de los principios generales del Derecho de la Unión que se aplica a la interpretación y la garantía de cumplimiento de la legislación de la Unión (3), que incluye la aplicación de las disposiciones de los actos de la Unión por parte de los Estados miembros, teniendo también en cuenta las disposiciones pertinentes del Tratado.

1.   DEFINICIONES DE «INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO», «COMERCIALIZACIÓN» Y «EXPORTACIÓN»

Las obligaciones de los operadores contempladas en virtud de los artículos 4 y 4 bis, y de los operadores posteriores contempladas en virtud del artículo 5, comienzan a aplicarse cuando se prevea o se lleve a cabo la introducción en el mercado o la exportación de productos pertinentes. Las obligaciones de los comerciantes en virtud del artículo 5 comienzan a aplicarse cuando se prevea o se lleve a cabo la «comercialización» en el mercado de las materias primas pertinentes o los productos pertinentes.

En la infografía de la cadena de suministro del EUDR se ofrece una visión general de todos los supuestos, en la que se explican las obligaciones que incumben a los operadores, operadores posteriores y comerciantes al introducir o comercializar productos pertinentes en el mercado de la Unión o al exportar desde este.

a)   Introducción en el mercado

De conformidad con el artículo 2, punto 16, una materia prima o un producto pertinente se introduce en el mercado si se comercializa por primera vez en el mercado de la Unión. Las materias primas pertinentes o productos pertinentes que ya han sido introducidos en el mercado de la Unión no están incluidos aquí. El concepto de «introducción en el mercado» se refiere a cada materia prima o producto pertinente en concreto, no a un tipo de producto, con independencia de que se haya fabricado como una unidad o una serie.

b)   Comercialización

De conformidad con el artículo 2, punto 18, un producto pertinente se comercializa si se suministra:

Por lo tanto, debe entenderse que la «comercialización» se produce cuando un comerciante suministra productos pertinentes en el mercado de la Unión tanto i) para su distribución, consumo o utilización como ii) en el transcurso de su actividad comercial.

Por lo tanto, debe entenderse que la «introducción en el mercado» se produce cuando un operador comercializa un producto pertinente en el mercado de la Unión i) para su distribución, consumo o utilización, ii) por primera vez, y iii) en el transcurso de su actividad comercial.

Las definiciones combinadas de «operador», «micro o pequeño operador primario», «operador posterior» (artículo 2, puntos 15, 15 bis y 15 ter del Reglamento EUDR) y de «en el transcurso de una actividad comercial» (artículo 2, punto 19, del Reglamento EUDR) implican que toda persona que introduzca en el mercado un producto pertinente:

estará sujeta al Reglamento de la UE sobre deforestación.

Por lo tanto, debe entenderse que los «productos pertinentes que entran en el mercado» se producen cuando, simultáneamente, los productos pertinentes:

c)   Exportación

De conformidad con el artículo 2, punto 37, «exportación» se refiere al régimen aduanero de exportación establecido en el artículo 269 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 (4) y se refiere a las mercancías de la Unión que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión.

El artículo 269 del Reglamento (CE) n.o 952/2013 establece que el procedimiento de exportación no se aplicará a: a) mercancías incluidas en el régimen de perfeccionamiento pasivo; b) mercancías que salgan del territorio aduanero de la Unión después de haberse incluido en el régimen de destino final; c) mercancías entregadas, exentas del IVA o de impuestos especiales, para el suministro de aeronaves o embarcaciones, independientemente del destino de la aeronave o de la embarcación, para las que se exigirá una prueba de tal entrega; d) mercancías incluidas en el régimen de tránsito interno; e) mercancías que circulen temporalmente fuera del territorio aduanero de la Unión de conformidad con el artículo 155 del Reglamento (CE) n.o 952/2013.

La reexportación, tal como se establece en el artículo 270 del Reglamento (CE) n.o 952/2013, no entra en el ámbito de aplicación del Reglamento EUDR. A este respecto, la reexportación significa que la materia prima pertinente o el producto pertinente no ha adquirido el estado de «mercancía de la Unión» y sale del territorio aduanero de la Unión tras la presentación, por ejemplo, de una declaración de reexportación.

Por lo tanto, debe entenderse que la situación de «productos pertinentes que salen del mercado» se produce cuando los productos pertinentes se declaran incluidos en el régimen aduanero de «exportación» en el transcurso de una actividad comercial.

2.   DEFINICIÓN DE «OPERADOR», «OPERADOR POSTERIOR», «MICRO O PEQUEÑO OPERADOR PRIMARIO» Y «COMERCIANTE»

La determinación de si una persona física o jurídica puede considerarse un operador, un operador posterior o un comerciante debe evaluarse para cada producto pertinente. Si dicha persona introduce en el mercado, exporta o comercializa múltiples productos pertinentes, puede desempeñar múltiples funciones simultáneamente, dependiendo de su posición en la cadena de suministro de cada producto.

a)   Operador

Con arreglo al artículo 2, punto 15, un operador es una persona física o jurídica que

Para poder identificar de manera sistemática a los operadores, es posible hacer una distinción entre sus funciones dependiendo de cómo se introduzcan sus productos pertinentes en el mercado de la Unión, que varía en función de si se producen dentro o fuera de la UE.

Los proveedores de servicios que ofrecen servicios logísticos o de apoyo técnico, por ejemplo los transitarios, los agentes de transporte marítimo o los representantes de aduanas, que no poseen la propiedad de los productos que manejan ni derechos similares sobre ellos, no son ni «operadores» ni «comerciantes» a efectos del Reglamento, si no introducen o comercializan productos en el mercado, ni los exportan.

El papel y las obligaciones de los operadores se explican con más detalle con la ayuda de los supuestos contenidos en las infografías de la cadena de suministro de la EUDR y en las preguntas frecuentes.

b)   Micro o pequeño operador primario

De conformidad con el artículo 2, apartado 15 bis, un micro o pequeño operador primario es una persona física o una microempresa o pequeña empresa en el sentido del artículo 3, apartado 1, y apartado 2, párrafo primero, respectivamente, de la Directiva 2013/34/UE, independientemente de su forma jurídica, establecida en un país clasificado como de riesgo bajo de conformidad con el artículo 29 del Reglamento EUDR:

Esto incluye a los operadores que superan los límites de por lo menos dos de los tres criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1 y apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2013/34/UE pero puedan demostrar que las partes de su total del balance, volumen de negocios neto y número medio de empleados durante el ejercicio económico, que guarden relación con las materias primas pertinentes y los productos pertinentes, no superan los límites de por lo menos dos de los tres criterios mencionados.

El término «micro o pequeño operador primario» es un subconjunto de la definición de «operador» establecida en el artículo 2, apartado 15. A efectos del presente documento de orientación, salvo que se especifique otra cosa, debe entenderse que toda referencia a un «operador» incluye a un «micro o pequeño operador primario».

El papel y las obligaciones de los micro o pequeños operadores primarios se explican con más detalle con la ayuda de los supuestos contenidos en las infografías de la cadena de suministro de la EUDR y en las preguntas frecuentes.

c)   Operador posterior

Con arreglo al artículo 2, punto 15 ter, un operador posterior es una persona física o jurídica que:

Por lo tanto, un operador posterior es alguien que introduce en el mercado o exporta un producto pertinente elaborado utilizando otros productos pertinentes, todos ellos amparados por una declaración de diligencia debida o una declaración simplificada. Por lo general, esto implica introducir en el mercado un producto pertinente clasificado en un nuevo código SA elaborado utilizando otros productos pertinentes (por ejemplo, componentes o materias primas) que ya estén amparados por una declaración de diligencia debida o una declaración simplificada. En el caso de las exportaciones, el papel del operador posterior se determina exportando un producto pertinente previamente amparado por una declaración de diligencia debida o una declaración simplificada o exportando un producto pertinente elaborado utilizando otros productos pertinentes (por ejemplo, componentes o materias primas) previamente amparados por una declaración de diligencia debida o una declaración simplificada.

Por ejemplo, un fabricante de chocolate que compre cacao en grano (código SA 1801 00, incluido en el ámbito de aplicación) en el mercado de la Unión y, a continuación, fabrique barras de chocolate (código SA 1806 , incluido en el ámbito de aplicación) y las introduzca en el mercado de la Unión o lo exporte se consideraría un operador posterior.

El papel y las obligaciones de los operadores posteriores se explican con más detalle con la ayuda de los supuestos contenidos en las infografías de la cadena de suministro de la EUDR y en las preguntas frecuentes.

d)   Comerciante

Por lo tanto, un comerciante es cualquier entidad jurídica que no se ajuste a las definiciones de operador u operador posterior (véase más arriba) y no introduzca un producto en el mercado, sino que simplemente lo comercialice, tal como se define en el artículo 2, apartado 18.

El papel y las obligaciones de los comerciantes se explican con más detalle con la ayuda de los supuestos contenidos en la Infografía de la cadena de suministro de la EUDR y en las preguntas frecuentes.

3.   FECHA DE EFECTO Y PLAZO PARA LA APLICACIÓN

El EUDR entró en vigor el 29 de junio de 2023. La mayoría de las obligaciones de los operadores, operadores posteriores y comerciantes, así como de las autoridades competentes, incluidas las establecidas en los artículos 3 a 13, los artículos 16 a 24, y los artículos 26, 31 y 32, son de aplicación a partir del 30 de diciembre de 2026, de conformidad con el Reglamento (UE) 2025/2650 (7), por el que se modifican las disposiciones del Reglamento EUDR relativas a la fecha de aplicación.

En el caso de los operadores establecidos como microempresas o pequeñas empresas a más tardar el 31 de diciembre de 2024 (de conformidad con el artículo 3, apartado 1 o apartado 2, primer párrafo, de la Directiva 2013/34/UE, respectivamente), las obligaciones establecidas en los artículos 3 a 13, los artículos 16 a 24 y los artículos 26, 31 y 32 serán de aplicación a partir del 30 de junio de 2027 , excepto en lo que respecta a los productos contemplados en el anexo del Reglamento n.o 995/2010, por el que se establecen las obligaciones de los operadores que comercializan madera y productos de la madera (8) (en lo sucesivo, el «Reglamento EUTR», por sus siglas en inglés). Esto significa que existe un período transitorio entre la entrada en vigor del Reglamento (29 de junio de 2023) y la fecha de comienzo de la aplicación (el 30 de diciembre de 2026, aplazada hasta el 30 de junio de 2027 para las pequeñas empresas o microempresas establecidas a más tardar el 31 de diciembre de 2024) que exime a los operadores y comerciantes que introduzcan o comercialicen en el mercado de la Unión o exporten de este materias primas pertinentes y productos pertinentes durante el período transitorio de las principales obligaciones en virtud del Reglamento EUDR.

Las siguientes normas se aplican a todas las materias primas y productos pertinentes asociados, a excepción de la madera y los productos de la madera cubiertos por el anexo del Reglamento EUTR (se proporcionan explicaciones detalladas en el documento de preguntas frecuentes, sección 9):

De conformidad con el artículo 1, apartado 2, del Reglamento, este Reglamento no será de aplicación si los productos pertinentes fueron producidos antes del 29 de junio de 2023. La hora y el lugar de producción se refieren a la fecha y el lugar de producción de la materia prima pertinente. Esto se aplica tanto a las materias primas como a los productos derivados. En la mayoría de los casos, la fecha de producción será el momento de la cosecha del producto, excepto en el caso de los productos bovinos, en cuyo caso el momento pertinente de producción comienza en la fecha de nacimiento del ganado.

El cuadro que figura a continuación muestra la legislación aplicable a los productos pertinentes que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115, a excepción de la madera y los productos de la madera cubiertos por el anexo del Reglamento EUTR:

En el caso de la madera y los productos de la madera, comprendidos en el anexo del Reglamento EUTR, se aplican normas especiales, en virtud del artículo 37, apartado 3, del Reglamento EUDR:

El cuadro que figura a continuación muestra la legislación aplicable a los productos de la madera cubiertos por el anexo del Reglamento (UE) n.o 995/2010:

Pregunta y respuesta ilustrativas: ¿Deben disponer de una declaración de diligencia debida o de una declaración simplificada los productos de papel que se comercialicen a partir del 30 de diciembre de 2026 pero que se fabriquen a partir de madera aprovechada y comercializada entre el 29 de junio de 2023 y el 30 de diciembre de 2026?

En tales casos, la madera aprovechada y los productos fabricados a partir de dicha madera deben cumplir lo dispuesto en el Reglamento EUTR. No necesitan una declaración de diligencia debida ni una declaración simplificada, ya que este requisito se aplica a los productos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento EUDR.

4.   DILIGENCIA DEBIDA

De conformidad con el artículo 4, apartado 1, todos los operadores, incluidos los micro o pequeños operadores primarios y los operadores que se beneficien de la diligencia debida simplificada de conformidad con el artículo 13, ejercerán la diligencia debida de conformidad con el artículo 8 antes de introducir en el mercado productos pertinentes o antes de su exportación, a fin de demostrar que cumplen lo dispuesto en el artículo 3. Para ello, y de conformidad con el artículo 12, apartado 1, los operadores establecerán y mantendrán actualizado un marco de procedimientos y medidas, esto es, un «sistema de diligencia debida».

Los requisitos de diligencia debida detallados en el artículo 8 establecen que el operador debe:

Los operadores son responsables de un examen y un análisis exhaustivos de sus propias actividades empresariales, lo que requiere la recopilación de la información, los datos y los documentos necesarios para cumplir los requisitos de información del artículo 9, analizarlos como parte de la evaluación de riesgos (artículo 10) y adoptar medidas de reducción del riesgo (artículo 11) según sea necesario, a menos que el riesgo de incumplimiento se considere insignificante.

Todos los operadores, incluidos los micro o pequeños operadores primarios y los operadores que se beneficien de la diligencia debida simplificada de conformidad con el artículo 13, están obligados a cumplir los requisitos de información establecidos en el artículo 9.

Los operadores, incluidos los micro o pequeños operadores primarios, que introduzcan en el mercado o exporten productos pertinentes producidos en países de riesgo bajo que se beneficien de la diligencia debida simplificada de conformidad con el artículo 13 no están obligados a cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 10 y el artículo 11 para lograr un riesgo despreciable, a menos que obtengan o tengan conocimiento de información que indique que un producto pertinente que tienen la intención de introducir en el mercado o exportar corre el riesgo de no cumplir el Reglamento. Para más información, véanse las letras c) y e).

a)   Evaluación y reducción del riesgo (artículos 10 y 11)

Los operadores que deban llevar a cabo la evaluación y la reducción del riesgo de conformidad con los artículos 10 y 11 deberán especificar los criterios de evaluación del riesgo en su sistema de diligencia debida de conformidad con el artículo 10, apartado 2, que consideren en relación con los productos pertinentes que tengan intención de introducir en el mercado de la Unión o exportar desde él. Por consiguiente, los criterios de evaluación del riesgo deben adaptarse a los productos pertinentes que el operador tenga la intención de introducir en el mercado o exportar desde él.

La recogida de datos, la evaluación del riesgo y la reducción del riesgo deben estar relacionados causalmente y reflejar las características de las actividades empresariales del operador y de las cadenas de suministro de los productos pertinentes.

El artículo 10, apartado 2, identifica la información contextual adicional necesaria para evaluar el nivel de riesgo, como el estado de los bosques en el país de producción.

Si los productos se fabrican con materias primas derivadas de varias fuentes o geolocalizaciones, es necesario evaluar el riesgo para cada fuente o geolocalización.

A partir de los datos recogidos, deben llevarse a cabo tareas de análisis del riesgo definidas con precisión y deben determinarse las categorías de riesgo, así como las medidas de reducción del riesgo necesarias relacionadas con ellas. El nivel de riesgo solo puede ser evaluado caso por caso por los operadores, ya que depende de una serie de factores.

Existen diversas formas de llevar a cabo la evaluación del riesgo, pero el operador debe cumplir los criterios enumerados en el artículo 10, apartado 2, para cada producto pertinente, además de abordarse las siguientes cuestiones y consideraciones:

b)   Riesgo despreciable

El concepto de riesgo despreciable debe entenderse de conformidad con el artículo 2, punto 26, lo que significa que, sobre la base de una evaluación completa tanto de la información específica del producto como de la información general con arreglo al artículo 10 y, en su caso, de la aplicación de las medidas de reducción del riesgo adecuadas con arreglo al artículo 11, las materias primas o productos no suscitan preocupación de que no cumplan lo dispuesto en el artículo 3, letra a) (libre de deforestación), o letra b) (producidos legalmente, de conformidad con la legislación aplicable en el país de producción).

La lista de criterios de evaluación del riesgo del artículo 10, apartado 2, no es exhaustiva; los operadores pueden optar por aplicar criterios adicionales si estos ayudaran a determinar la probabilidad de que una materia prima o un producto pertinente se hubiera producido ilegalmente o no estuviera libre de deforestación, o si ayudara a demostrar una producción legal o libre de deforestación.

En caso de que el ejercicio de evaluación y reducción del riesgo concluya que alguno de los criterios de riesgo apunta a un nivel de riesgo no despreciable, debe considerarse que el producto conlleva un riesgo no despreciable, por lo que el operador no lo introducirá en el mercado de la Unión ni lo exportará desde este.

c)   Obligaciones para los micro o pequeños operadores primarios

Los micro o pequeños operadores primarios son operadores sujetos a un régimen simplificado de obligaciones, tal como se establece en el artículo 4 bis.

En lugar de la obligación de presentar una declaración de diligencia debida, solo están obligados a presentar una declaración simplificada única en el sistema de información (artículo 4 bis, apartado 2). También podrán utilizar la dirección postal en lugar de la geolocalización exigida por el artículo 9, apartado 1, letra h), siempre que corresponda claramente a la ubicación geográfica de las parcelas de terreno o, en el caso del ganado bovino, del establecimiento de que se trate.

Los micro o pequeños operadores primarios tienen la obligación de ejercer la diligencia debida de conformidad con el artículo 8, y de establecer y mantener actualizado un marco de procedimientos y medidas para garantizar que los productos pertinentes que introduzcan en el mercado o exporten cumplen lo dispuesto en el artículo 3, como exige el artículo 12, apartado 1.

Sin embargo, dado que, por definición, los micro o pequeños operadores primarios se abastecen enteramente de un país de riesgo bajo, no están obligados a llevar a cabo la evaluación y reducción del riesgo exigidas por los artículos 10 y 11, a menos que obtengan o tengan conocimiento de cualquier información pertinente que indique un riesgo no despreciable de que los productos pertinentes no sean conformes [artículo 4, apartado 4, letra b), y artículo 13, apartado 2].

Esto significa que, en general, su sistema de diligencia debida consistiría en la recopilación de información de conformidad con el artículo 9.

d)   Obligaciones de los operadores posteriores y de los comerciantes

En el caso de los operadores posteriores y de los comerciantes, las obligaciones aplicables se establecen en el artículo 5 del Reglamento. Los operadores posteriores y los comerciantes solo deben introducir en el mercado o comercializar o exportar productos pertinentes si están en posesión de la información requerida en virtud del artículo 5, apartado 3, esencialmente la identidad de sus proveedores y sus clientes empresariales y, en el caso de los operadores posteriores o los comerciantes cuyo proveedor sea un operador, los números de referencia de las declaraciones de diligencia debida o el identificador de la declaración asociado a los productos. Esto se desprende del artículo 4, apartado 7, que exige a los operadores que comuniquen a los operadores posteriores y a los comerciantes los números de referencia de las declaraciones de diligencia debida o, en su caso, los identificadores de la declaración asociados a dichos productos pertinentes.

En resumen, los operadores posteriores y los comerciantes no están obligados a ejercer ellos mismos la diligencia debida, ni a presentar declaraciones de diligencia debida, ni a asegurarse de que la diligencia debida se haya ejercido en fases anteriores. No obstante, deberán recopilar y conservar la información a que se refiere el artículo 5, apartado 3, y facilitarla a las autoridades competentes, previa solicitud.

Además, los operadores posteriores y los comerciantes que no sean pymes se registrarán en el sistema de información a que se refiere el artículo 33 antes de introducir en el mercado, comercializar o exportar los productos pertinentes (artículo 5, apartado 2).

En caso de tener conocimiento de nueva información relevante, incluidas preocupaciones justificadas, el artículo 5, apartado 5, obliga a los operadores posteriores y a los comerciantes a informar inmediatamente a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que hayan introducido en el mercado o comercializado el producto pertinente, así como a los operadores posteriores y a los comerciantes a quienes hayan suministrado el producto pertinente. En el caso de las exportaciones, los operadores posteriores informarán a la autoridad competente del país de producción.

Además, los operadores posteriores y los comerciantes que no sean pymes están obligados a verificar que se ha ejercido la diligencia debida y que no se ha detectado ningún riesgo o que solo se ha detectado un riesgo despreciable en caso de preocupaciones justificadas (artículo 5, apartado 6). A menos que la verificación demuestre que no existe ningún riesgo de incumplimiento o que este es despreciable, no introducirán en el mercado, comercializarán ni exportarán productos derivados pertinentes.

e)   Diligencia debida simplificada, es decir, abastecimiento desde países de riesgo bajo

Los operadores que se abastezcan en países de riesgo bajo están obligados a ejercer la diligencia debida de conformidad con el artículo 8, cumplir los requisitos de información del artículo 9 y establecer un sistema de diligencia debida de conformidad con el artículo 12.

No obstante, de conformidad con el artículo 13, no estarán obligados a cumplir las obligaciones impuestas en los artículos 10 y 11 si, una vez que hayan evaluado:

Para la diligencia debida simplificada en virtud del artículo 13, no se requieren más medidas para la evaluación de la información a menos que, en el transcurso de la recopilación de información o en el transcurso de la evaluación exigida por el artículo 13, los operadores tengan conocimiento de nueva información pertinente que indique que un producto pertinente que contemplen introducir en el mercado o exportar corre el riesgo de no cumplir lo dispuesto en el Reglamento.

Por lo general, los micro o pequeños operadores primarios no están obligados a llevar a cabo una evaluación y reducción del riesgo, ya que, por definición, son operadores que se abastecen en un país de riesgo bajo, a menos que obtengan o tengan conocimiento de cualquier información pertinente que apunte a un riesgo no despreciable de que los productos pertinentes no sean conformes.

f)   Interacción con la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y el Reglamento sobre la Prohibición del trabajo forzoso

La Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (12) establece un marco horizontal general para la diligencia debida en materia de sostenibilidad para las empresas muy grandes de la UE y de terceros países. El Reglamento EUDR proporciona un marco sectorial para la deforestación en relación con determinados aspectos de la diligencia debida para determinados productos. La Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y el Reglamento EUDR tienen ámbitos de aplicación diferentes: mientras que el Reglamento EUDR está vinculado a entidades que introduzcan productos pertinentes en el mercado de la Unión o los exporten, la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad se aplica a las grandes empresas de la Unión y de terceros países que superen un determinado volumen de negocios y número de empleados.

En los casos en que las normas específicas de diligencia debida en el marco del Reglamento EUDR entren en conflicto con las normas generales de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, las disposiciones del Reglamento, que son lex specialis, prevalecerán sobre las normas generales de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (lex generalis), en la medida en que establezcan obligaciones más amplias o más específicas que persigan los mismos objetivos. Esta norma se establece en el artículo 1, apartado 3, de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y se atiene a los principios del Derecho de la UE, que dan prioridad a la lex specialis frente a la lex generalis en tales casos. Las directrices generales de diligencia debida para las empresas en el marco de dicha Directiva se publicarán a más tardar el 26 de julio de 2027. La fecha de aplicación de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad es el 26 de julio de 2029.

El Reglamento por el que se prohíben en el mercado de la Unión los productos realizados con trabajo forzoso (13) prohíbe a los operadores económicos introducir y comercializar en el mercado de la Unión o exportar desde él productos realizados con trabajo forzoso. Dado que se aplica a todos los operadores económicos, también se aplica a los operadores económicos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento EUDR. Si bien el Reglamento sobre la Prohibición del trabajo forzoso no impone obligaciones de diligencia debida a los operadores económicos, los procesos de diligencia debida exigidos en virtud de otra legislación de la UE, como la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad o el Reglamento EUDR, pueden ayudar a detectar, prevenir, mitigar, poner fin o reparar los riesgos de trabajo forzoso en las operaciones y las cadenas de suministro de los operadores económicos. Para facilitar el cumplimiento del Reglamento, la Comisión publicará directrices sobre diligencia debida para hacer frente a los riesgos de trabajo forzoso en las cadenas de suministro.

5.   ACLARACIÓN DE LA «COMPLEJIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO»

La «complejidad de la cadena de suministro pertinente» se indica explícitamente como criterio de evaluación del riesgo en el artículo 10, apartado 2, letra i), del Reglamento EUDR y, por tanto, es pertinente para la parte de evaluación del riesgo y reducción del riesgo del ejercicio de diligencia debida. Es uno de los diversos criterios de la parte de evaluación del riesgo y reducción del riesgo del ejercicio de diligencia debida establecido en los artículos 10 y 11.

La razón en la que se basa este criterio es que la trazabilidad de los productos pertinentes hasta el país de producción y las parcelas de terreno en las que se produjeron las materias primas pertinentes puede ser más difícil si la cadena de suministro es compleja, y esto constituye un factor asociado a un mayor riesgo de incumplimiento. La incoherencia de la información y los datos pertinentes y los problemas para obtener la información necesaria en cualquier punto de la cadena de suministro pueden aumentar el riesgo de que materias primas o productos no conformes entren en la cadena de suministro. La consideración principal es la medida en que es posible rastrear las materias primas pertinentes encontradas en un producto pertinente hasta las parcelas de terreno en las que se produjeron.

El riesgo de incumplimiento aumentará si la complejidad de la cadena de suministro dificulta la identificación de la información requerida en virtud del artículo 9, apartado 1, y del artículo 10, apartado 2, del Reglamento EUDR. La existencia de fases no identificadas en la cadena de suministro o cualquier otra constatación que apunte a un incumplimiento pueden llevar a la conclusión de que el riesgo no es despreciable.

La complejidad de la cadena de suministro aumenta con el número de transformadores e intermediarios entre las parcelas de terreno del país de producción y el operador. La complejidad también puede aumentar cuando se utiliza más de un producto pertinente para fabricar un nuevo producto pertinente, o si las materias primas pertinentes proceden de múltiples países de producción. Por otra parte, es probable que el ejercicio de diligencia debida sea más sencillo en las cadenas de suministro cortas, y una cadena de suministro corta puede ser un factor que ayude a demostrar que existe un riesgo despreciable de elusión del Reglamento, en particular en el caso del procedimiento simplificado de diligencia debida con arreglo al artículo 13.

A fin de evaluar la complejidad de la cadena de suministro, los operadores pueden utilizar la siguiente lista (no exhaustiva) de preguntas para los productos pertinentes que se introduzcan en el mercado de la Unión, se comercialicen en él o se exporten desde él:

6.   LEGALIDAD

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento EUDR, las materias primas y productos pertinentes no se introducirán ni comercializarán ni exportarán a menos que se cumplan todas las condiciones siguientes:

Los productos pertinentes deben cumplir los tres criterios por separado e individualmente; de lo contrario, los operadores se abstendrán de introducirlos en el mercado o de exportarlos.

a)   Legislación pertinente del país de producción

La base para determinar si una materia prima o un producto pertinente se ha producido de conformidad con la legislación pertinente del país de producción es la legislación del país en el que la materia prima o, en el caso de un producto, la materia prima contenida en un producto pertinente se ha cultivado, cosechado, obtenido o criado en parcelas de terreno pertinentes o, en el caso del ganado bovino, en establecimientos de cría.

El Reglamento EUDR adopta un enfoque flexible mediante la enumeración de una serie de ámbitos del Derecho sin especificar legislación concreta, ya que difieren de un país a otro y pueden ser objeto de modificaciones. Sin embargo, solo la legislación aplicable relativa al estatuto jurídico de la zona de producción constituye legislación pertinente en virtud del artículo 2, punto 40, del Reglamento EUDR. Esto significa que, en general, la pertinencia de la legislación para el requisito de legalidad del artículo 3, letra b), del Reglamento EUDR no viene determinada por el hecho de que pueda aplicarse generalmente durante el proceso de producción de materias primas o aplicarse a las cadenas de suministro de productos y materias primas pertinentes, sino por el hecho de que esta legislación afecta o influye específicamente en la situación jurídica del ámbito en el que se produjeron las materias primas.

Además, el artículo 2, punto 40, del Reglamento EUDR debe interpretarse a la luz de los objetivos de dicho Reglamento que están establecidos en el artículo 1, apartado 1, letras a) y b), lo que significa que la legislación también es pertinente si su contenido puede vincularse directamente a detener la deforestación y la degradación forestal en el contexto del respaldo de la Unión a la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

El artículo 2, punto 40, letras a) a h), especifica con más detalle esta legislación pertinente. La siguiente lista ofrece algunos ejemplos concretos que solo son ilustrativos y no pueden considerarse exhaustivos:

La Comisión tiene previsto crear, a más tardar en diciembre de 2026, un repositorio de la legislación pertinente que permita a los países de producción proporcionar una lista de la legislación pertinente de conformidad con el artículo 2, apartado 40. Los operadores podrán utilizar el repositorio para ayudar a cumplir los requisitos de información establecidos en el artículo 9, apartado 1, letra h).

b)   Diligencia debida en relación con la legalidad

Los operadores deben ser conscientes de la legislación existente en cada uno de los países de los que se abastecen en lo que respecta al estatuto jurídico de la zona de producción. La legislación pertinente puede consistir, entre otras cosas, en:

En virtud del artículo 9, apartado 1, letra h), del Reglamento EUDR, se debe recopilar información, documentos y datos que demuestren el cumplimiento de la legislación aplicable en el país de producción como parte de la obligación de diligencia debida, El apartado 1, letra h), especifica además que dicha información debe ser suficientemente concluyente y verificable.

En este contexto, la naturaleza y el alcance de la información que debe recopilarse dependen de la cadena de suministro, la zona de producción y el país de producción específicos. Los operadores podrán utilizar, como se indica a continuación, una amplia gama de fuentes de información creíbles que, consideradas en su conjunto, permitan llegar a la conclusión razonada de que las materias primas pertinentes se han producido de conformidad con la legislación pertinente del país de producción. De conformidad con el artículo 9, apartado 2, los operadores deben poner a disposición de las autoridades competentes, previa solicitud, la información, los documentos y los datos recopilados en virtud de este punto. Para facilitar el control del cumplimiento, los operadores deben poder explicar la presencia de determinados documentos y la ausencia de otros.

Debe darse prioridad a la recogida exhaustiva de pruebas para las cadenas de suministro, las zonas de producción y los países de producción en los que un examen inicial de la información de que dispone el operador indique un mayor riesgo de incumplimiento del artículo 3, letra b). En cambio, en el caso de las cadenas de suministro, las zonas de producción y los países de producción en los que el examen inicial de la información disponible indique un riesgo despreciable de incumplimiento del artículo 3, letra b), no debe exigirse a los operadores que lleven a cabo una recogida de datos exhaustiva. Por ejemplo, no debe exigírseles que recopilen sistemáticamente documentación jurídica exhaustiva para cada parcela de terreno, que obtengan tipos específicos de documentos, como títulos de propiedad individuales, o que elaboren una lista exhaustiva de todas las leyes, documentos jurídicos o datos potencialmente pertinentes.

La información inicial a disposición del operador puede incluir información públicamente disponible y otra información relacionada con la zona de producción o la cadena de suministro pertinente de la que el operador tenga conocimiento antes de ejercer la diligencia debida. En esta fase, el operador podrá tener en cuenta, en particular, la clasificación del riesgo país con arreglo al artículo 29 del Reglamento EUDR, así como, cuando proceda, la información publicada por organizaciones internacionales, como los indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial, y los informes públicos sobre el país o la zona de producción o las cadenas de suministro pertinentes relacionadas con la producción de las materias primas pertinentes.

La obligación de recopilar documentos u otra información depende de los diferentes regímenes reglamentarios de los países. Por lo tanto, debe entenderse que la obligación engloba, cuando proceda:

como, por ejemplo, información relacionada con cualquier disposición que confiera el derecho a utilizar la zona de que se trate para la producción de la materia prima pertinente. La decisión acerca de si se necesita un título de propiedad de un terreno u otra documentación de una disposición depende de la legislación nacional. Si la legislación nacional no exige la posesión de un título de propiedad de un terreno para producir y comercializar productos agrícolas, no se exige en virtud del Reglamento EUDR.

También pueden ser útiles los siguientes documentos adicionales:

La información, en particular los documentos y datos, podrá recopilarse en papel o en formato electrónico.

Es importante señalar que la información, como documentos y datos, entre otros, debe recopilarse con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra h), del Reglamento EUDR también a efectos de la evaluación del riesgo (artículo 10 de dicho Reglamento) y no debe considerarse un requisito independiente, a menos que el producto proceda enteramente de países de riesgo bajo o de partes de estos. En el caso de aprovisionarse íntegramente de países de riesgo bajo o de partes de estos, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento EUDR, los operadores solo deben llevar a cabo los siguientes pasos en los que se describe la evaluación del riesgo si los operadores obtienen o tienen conocimiento de información que apunte a un riesgo de incumplimiento o elusión.

De conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento EUDR, la información recopilada debe evaluarse en su conjunto para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento a lo largo de toda la cadena de suministro. Toda la información debe ser analizada y verificada, lo que significa que los operadores deben poder evaluar el contenido y la fiabilidad de los documentos que recopilan y comprender los vínculos entre las distintas informaciones de los diversos documentos. El operador normalmente comprueba lo siguiente como parte de la evaluación:

Los operadores deben adoptar medidas razonables para asegurarse de que dichos documentos son auténticos, en función de su evaluación de la situación general en el país de producción. A este respecto, el operador también debe tener en cuenta el riesgo de corrupción (por ejemplo, soborno, colusión o fraude). Diversas fuentes proporcionan información generalmente disponible sobre el nivel de corrupción en un país o región subnacional, como por ejemplo el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional u otros índices internacionales reconocidos similares o información pertinente (14).

En los casos en que el nivel de corrupción se considere elevado, puede suponerse que no es posible considerar que los documentos son fiables, y puede ser necesario realizar comprobaciones adicionales. En tales casos, es necesario prestar especial atención a la comprobación de los documentos, ya que puede haber motivos para dudar de su credibilidad.

Además de basarse en índices internacionales reconocidos, los operadores podrían comprobar las listas de condiciones y vulnerabilidades, entre las que se encuentran las pruebas anteriores de prácticas corruptas, que apuntan a un mayor riesgo y, por tanto, exigen un nivel reforzado de control. Entre estas pruebas adicionales se pueden encontrar los sistemas de verificación por terceros (véase la sección 10 de las presentes orientaciones), auditorías independientes o autónomas, o la utilización de tecnologías o métodos forenses de seguimiento de los productos pertinentes que puedan ayudar a mostrar indicios de corrupción o ilegalidades.

El ejercicio de la diligencia debida por parte de los operadores, así como las actividades de control del cumplimiento de las autoridades competentes, pueden estar respaldadas por el análisis de datos y las herramientas basadas en la inteligencia artificial para establecer prioridades, comprobar la coherencia de los documentos y destacar posibles anomalías. Sin embargo, la responsabilidad final del cumplimiento recae en los operadores y las autoridades competentes, independientemente del uso de dichas herramientas digitales.

7.   DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

a)   Aclaración: envasado y materiales de envasado

El anexo I del Reglamento EUDR establece la lista de materias primas pertinentes y productos pertinentes clasificados en la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (15).

El código SA 4819 comprende: «Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares».

El código SA 4415 comprende: «Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera».

Las mismas consideraciones en lo que respecta a los materiales de embalaje se aplican a los códigos SA 4401 , 4405 y 4416 .

Dentro de estas categorías, existe otra distinción entre el material de embalaje de «un solo uso» y los envases, por una parte, y el material de embalaje y los envases claramente aptos para un uso repetitivo, por otra:

Debe hacerse una distinción adicional entre el embalaje que se considera que confiere a un producto su «carácter esencial» y el embalaje que está moldeado y adaptado a un producto específico, pero que no forma parte integrante de este. La regla general de interpretación 5 de la nomenclatura combinada (16)del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 aclara estas diferencias, y a continuación se presentan ejemplos. A los continentes con un «carácter esencial» se les asigna su propio código SA y se clasifican independientemente del producto que contengan y entran en el ámbito de aplicación del Reglamento, mientras que a los continentes especialmente diseñados o adaptados para contener artículos específicos se les asigna el código SA del producto que contengan, si estos continentes son susceptibles de uso prolongado, presentados con los artículos a los que están destinados y cuando son de los tipos normalmente vendidos con ellos, y no entran en el ámbito de aplicación del Reglamento [regla general 5 a)]. Los envases ordinarios, como los materiales de envasado y los continentes de envasado (7) que se presenten con las mercancías en ellos, se clasificarán con las mercancías cuando sean de los tipos normalmente utilizados para envasarlas, lo que significa que no entran en el ámbito de aplicación del Reglamento [regla general 5 b)]. El papel u otros materiales de envoltorio deben considerarse parte integrante de un producto si su finalidad es protegerlo, trasladarlo o transportarlo.

Sin embargo, es probable que estas distinciones adicionales solo sean pertinentes para una pequeña proporción de las mercancías sujetas al Reglamento.

En resumen, los siguientes elementos están sujetos al Reglamento:

Los siguientes elementos no están sujetos al Reglamento:

b)   Aclaración: residuos y productos para reciclar

Los operadores, operadores posteriores y comerciantes manipulan durante sus actividades económicas productos que han completado su ciclo de vida y que, de otro modo, se eliminarían como residuos. Residuo se entiende como cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse (artículo 3, punto 1, de la Directiva 2008/98/CE). Estos productos están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento EUDR, con lo cual los operadores, operadores posteriores y comerciantes están exentos de las obligaciones de dicho Reglamento en estos casos.

Esta exención se aplica a aquellas mercancías que se han producido en su totalidad a partir de un material que ha completado su ciclo de vida y que, de otro modo, se habría descartado como residuo (por ejemplo, madera extraída de edificios desmantelados o mercancías fabricadas a partir de cascarilla de café).

Esta exención no se aplica los subproductos de un proceso de fabricación que implique materiales que no sean residuos en el sentido de ser una sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse.

Las siguientes preguntas y respuestas aclaran los casos prácticos:

P1: ¿Están sujetas al Reglamento las virutas y el serrín producidos como subproductos del aserrado?

Sí, entran en el ámbito de aplicación del código SA 4401 , que está sujeto al Reglamento EUDR. Esto se debe a que la madera en plaquitas y el serrín pueden utilizarse como leña y, por lo tanto, no han completado su ciclo de vida. Una excepción serían las plaquitas o el serrín de madera utilizados exclusivamente como material de embalaje para sostener, proteger o transportar otro producto.

P2: ¿Están sujetos al Reglamento los muebles fabricados con madera para reciclar tras la demolición de una casa?

No, si estos productos se fabrican íntegramente a partir de material que ha completado su ciclo de vida y que de otro modo se habría desechado como residuo, no están sujetos al Reglamento. No obstante, si los productos contienen cualquier cantidad de material no reciclado, dicha parte estaría sujeta al Reglamento.

P3: ¿Están sujetos al Reglamento los productos fabricados con material reciclado o para reciclar?

No, si los productos pertinentes se fabrican íntegramente a partir de material reciclado, no están sujetos al Reglamento EUDR. Sin embargo, si los productos pertinentes contienen cualquier cantidad de material no reciclado o no para reciclar, dicha cantidad estaría sujeta al Reglamento, como el uso de pasta virgen en la producción de papel y la madera utilizada para reparar palés.

P4: ¿Están sujetos al Reglamento los «pellets» de combustible elaborados a partir de racimos de fruta vacíos o cáscaras de palmiste?

Sí, cuando los racimos de frutas vacíos y las cáscaras de palmiste, incluso en forma de «pellets», se clasifican como subproductos sólidos residuales del proceso de extracción del aceite de palma, los «pellets» de combustible elaborados a partir de ellos entran dentro del ámbito del código SA 2306 60 del anexo I del Reglamento EUDR. Los «pellets» de combustible no están sujetos al Reglamento si están fabricados íntegramente con materiales clasificados como residuos.

P5: ¿Está sujeto al Reglamento el café molido usado para su uso en artículos de higiene o como fertilizante?

No, si el café molido usado es un residuo procedente de un café, por ejemplo, y de otro modo se habría desechado.

P6: ¿Están sujetas al Reglamento los canales o carcasas de neumáticos recauchutados?

Las carcasas y canales de neumáticos usados, que generalmente se utilizan para recauchutar neumáticos, quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento, mientras que los neumáticos recauchutados solo entran en su ámbito de aplicación en lo que respecta a la nueva banda de rodadura de caucho aplicada a las carcasas y canales.

P7: ¿Están cubiertos por el Reglamento los productos pertinentes en caso de que se produzcan a partir de materias primas no pertinentes?

El Reglamento no se aplica a los productos fabricados con materias primas no pertinentes, aunque dichos productos presenten la misma nomenclatura combinada que los productos pertinentes fabricados con materias primas pertinentes. El Reglamento solo se aplica a los productos pertinentes fabricados con materias primas pertinentes.

Por ejemplo:

8.   MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE UN SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA

A fin de ejercer la diligencia debida de conformidad con el artículo 8, los operadores, incluidos los micro o pequeños operadores primarios, establecerán y mantendrán actualizado un marco para documentar, analizar y verificar los procedimientos y las medidas, así como para informar sobre estos («sistema de diligencia debida»). El objetivo de la diligencia debida en el marco del Reglamento EUDR es lograr el resultado requerido demostrando procesos coherentes en las operaciones de las empresas. Es importante que, de conformidad con el artículo 12, apartado 2, los operadores revisen su sistema de diligencia debida al menos una vez al año para garantizar que los responsables respetan los procedimientos que se les aplican, que los procesos existentes son eficaces y que se está logrando el resultado requerido. Los operadores también deben actualizar el sistema de diligencia debida si, durante la revisión o en cualquier otro momento, tienen conocimiento de novedades que puedan influir en los objetivos del sistema de diligencia debida, como la eficacia y exhaustividad de las medidas o procedimientos dentro del sistema. Se mantendrán registros de toda actualización del sistema de diligencia debida, y estos registros se conservarán durante cinco años.

La revisión puede correr a cargo de alguien de la organización del operador (debe ser independiente de quienes llevan a cabo los procedimientos) o de un organismo externo. Debe identificar las posibles deficiencias y fallos, y la dirección del operador debe fijar plazos para abordarlos.

En el caso de un sistema de diligencia debida de un producto pertinente, la revisión debe, por ejemplo, comprobar si existen procedimientos documentados:

La revisión también debe comprobar si los responsables de llevar a cabo cada etapa de los procedimientos comprenden y están aplicando cada etapa, y si existen controles adecuados para velar por que los procedimientos sean eficaces en la práctica (es decir, que identifiquen y den lugar a la exclusión del producto pertinente que plantea un riesgo no despreciable de incumplimiento). Las buenas prácticas apuntan a que, para proporcionar pruebas para la revisión, los pasos seguidos en la revisión y los resultados de esta se deben documentar.

9.   PRODUCTOS COMPUESTOS

Los operadores, los operadores posteriores y los comerciantes podrán tratar con productos pertinentes —enumerados en el anexo I del Reglamento EUDR— que contengan o estén fabricados parcialmente a partir de otros productos pertinentes o materias primas pertinentes. En la práctica, estos productos se denominan a veces «productos compuestos», aunque este no es un término jurídico utilizado en el Reglamento EUDR.

El Reglamento EUDR establece normas para velar por una adecuada identificación de las materias primas pertinentes y los productos pertinentes que estén contenidos en los productos pertinentes, o a partir de los cuales se fabriquen estos, en el transcurso de la diligencia debida del operador en virtud del artículo 8. Esto es necesario para asegurarse de que todos los productos pertinentes cumplen el Reglamento.

Los operadores deben cumplir los requisitos de información enumerados en el artículo 9 como parte de su diligencia debida con respecto a los productos pertinentes que introduzcan en el mercado o exporten desde este. En algunos casos puede resultar complejo identificar la especie, el origen y las geolocalizaciones de las materias primas pertinentes contenidas en los productos pertinentes, en particular en el caso de los productos reconstituidos, como el papel, los tableros de fibra y los tableros de partículas, o los productos muy transformados, como los preparados alimenticios que contienen cacao, pero esta información es necesaria para que los productos se introduzcan en el mercado o se exporten. Para más información, véase la Infografía de la cadena de suministro del EUDR.

Además, al introducir en el mercado de la Unión o exportar productos pertinentes, si estos contienen o están fabricados a partir de otros productos pertinentes (enumerados en el anexo I del Reglamento EUDR) que no hubieran sido objeto de la diligencia debida con anterioridad, el operador debe ejercer la diligencia debida con respecto a esas partes del producto pertinente.

Los productos compuestos pueden contener múltiples productos pertinentes con diferentes materias primas. Por ejemplo, una tableta de chocolate (SA 1806 ) puede incluir productos derivados del cacao [cacao en polvo (SA 1805 ) y manteca de cacao (SA 1804 )] y de palma aceitera [aceite de palma (SA 1511 )]. En tales casos, el operador que introduzca el producto en el mercado de la UE o exporte desde él solo estará obligado a llevar a cabo la diligencia debida en relación con los productos pertinentes enumerados en la materia prima considerada pertinente en el anexo I del Reglamento EUDR. Por ejemplo, en el caso de las tabletas de chocolate (SA 1806 ), la materia prima pertinente vinculada a ellas es el cacao. Todo ello supone que la obligación de diligencia debida y los requisitos de información se extienden únicamente a los productos pertinentes enumerados en la columna derecha del anexo I bajo la materia prima pertinente que la tableta de chocolate contiene o ha sido elaborada, que en este caso es el cacao en polvo y la manteca de cacao bajo la mercancía cacao.

Requisitos de información

Como parte de su diligencia debida con arreglo al artículo 8, los operadores deben incluir en las descripciones de sus productos pertinentes, de conformidad con los requisitos de información establecidos en el artículo 9, las materias primas pertinentes o productos pertinentes que contengan sus productos pertinentes o que se utilicen para fabricar dichos productos.

Esto significa que los operadores deben recopilar información sobre la presencia de materias primas pertinentes en los productos pertinentes que introduzcan en el mercado o exporten. Esta información incluye la geolocalización de las parcelas de terreno o, cuando proceda en el caso de los micro o pequeños operadores primarios, la dirección postal correspondiente a la ubicación geográfica de las parcelas de terreno o el establecimiento de que se trate, cuando se haya producido la materia prima pertinente contenida en los productos pertinentes o utilizada para fabricar los productos pertinentes, junto con información adicional contemplada en el artículo 9, apartado 1. De conformidad con el artículo 9, con objeto de cumplir los requisitos de información sobre geolocalización de sus productos pertinentes, los operadores indicarán:

Cuando un producto pertinente contenga o se haya fabricado con materias primas pertinentes producidas en diferentes parcelas de tierra, debe facilitarse la geolocalización o, cuando proceda en el caso de los microoperadores o pequeños operadores primarios, la dirección postal de todas las diferentes parcelas de terreno. En el caso de productos pertinentes que contengan o hayan sido fabricados a partir de ganado bovino, de conformidad con el artículo 2, punto 29, la geolocalización o, cuando proceda en el caso de los microoperadores o pequeños operadores primarios, la dirección postal, se refiere a todas las instalaciones o estructuras relacionados con la cría del ganado, que abarcan el lugar de nacimiento y, cuando proceda, las explotaciones en las que se mantenían (en el caso de la explotación al aire libre, cualquier entorno o lugar en el que el ganado se mantenía de forma temporal o permanente) hasta el momento del sacrificio.

Si se produce deforestación o degradación forestal en cualquiera de las parcelas de terreno identificadas para cualquiera de los productos pertinentes dentro de un producto pertinente que sea un «producto compuesto», ese producto no puede introducirse en el mercado ni comercializarse ni exportarse [artículo 9, apartado 1, letra d)].

Además, el artículo 9 exige el nombre común y el nombre científico completo de todas las especies, para los productos pertinentes que contengan madera o se hayan fabricado utilizando madera. Esta disposición se refiere a todos los productos pertinentes enumerados en el anexo I como materia prima «madera». En algunos casos puede resultar complejo identificar todas las especies dentro de cada componente pertinente para los productos compuestos muy transformados, como los tableros de partículas o el papel. Sin embargo, si la especie de madera, por ejemplo, utilizada para producir el producto varía, el operador tendrá que facilitar una lista de cada una de las especies de madera que hayan podido utilizarse para producir el producto de madera. La indicación de las especies deberá hacerse de conformidad con las nomenclaturas de la madera aceptadas internacionalmente (por ejemplo, DIN EN 13556 de 1 de octubre de 2003, «Nomenclatura de la madera utilizada en Europa»).

10.   EL PAPEL DE LAS CERTIFICACIONES Y LOS SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE TERCEROS EN LA EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO

Los sistemas de certificación y de verificación por terceros se utilizan a menudo para cumplir requisitos específicos de los clientes para las materias primas pertinentes y los productos pertinentes. Entre estos sistemas puede figurar una norma que describa las prácticas que deben aplicarse durante la producción de las materias primas certificadas, y que englobe principios, criterios e indicadores; requisitos para comprobar el cumplimiento de la norma y expedir los certificados; y una certificación separada de la cadena de custodia para ofrecer garantías a lo largo de la cadena de suministro de que un producto contiene solo material certificado o verificado por terceros procedentes de productores identificados y certificados o verificados por terceros, o, en algunos casos, un porcentaje especificado de este.

El Reglamento EUDR reconoce que la certificación y otros sistemas de verificación por terceros pueden proporcionar información útil sobre el cumplimiento del Reglamento en la evaluación del riesgo con arreglo al artículo 10 mediante pruebas de que los productos son legales y están libres de deforestación, siempre que esta información cumpla los requisitos pertinentes establecidos en el artículo 9, tal como se contempla en el artículo 10, apartado 2, letra n).

De hecho, las certificaciones y los sistemas de verificación por terceros son gestionados por una organización que no participa en la producción ni en la cadena de suministro de la materia prima pertinente. Además, algunos de estos sistemas se utilizan a menudo para verificar el cumplimiento de determinadas normas o reglas, pero no llegan necesariamente a la certificación del producto en sí.

El presente documento de orientación se dirige principalmente a aquellas partes interesadas que estén estudiando la posibilidad de utilizar sistemas de certificación o de verificación por terceros, dado su potencial valor añadido para proporcionar información complementaria, por ejemplo, sobre las coordenadas de geolocalización y el apoyo a la evaluación del riesgo de los operadores realizada como parte de su ejercicio de diligencia debida de que los productos pertinentes son legales y están libres de deforestación. El Reglamento EUDR no obliga 1) a los operadores a hacer uso de estos sistemas, 2) a los productores a que se adhieren a ellos, ni 3) a los países productores a que los desarrollen. La utilización de sistemas de verificación por terceros no es un requisito legal, sino una decisión voluntaria del operador. Si los operadores deciden recurrir a estos sistemas, estas orientaciones están concebidas para ayudarles a evaluar hasta qué punto estos sistemas pueden apoyar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento EUDR.

Los sistemas de certificación y de verificación por terceros pueden desempeñar un papel importante en la promoción de prácticas agrícolas y forestales sostenibles y en el abastecimiento responsable, en el fomento de la transparencia de la cadena de suministro y en la facilitación del cumplimiento. Cabe señalar que los sistemas de autodeclaración que no se basan en procedimientos de certificación por terceros quedan fuera del ámbito de aplicación de las presentes orientaciones y, por definición, son menos sólidos debido a la falta de independencia e imparcialidad.

El presente documento de orientación también es pertinente para las autoridades nacionales competentes al subrayar que, si bien dichos sistemas pueden utilizarse en el procedimiento de evaluación de riesgos con arreglo al artículo 10, no pueden sustituir a la responsabilidad del operador en lo que respecta a la diligencia debida con arreglo al artículo 8. Esto significa que el uso de dichos sistemas no implica un «corredor verde», ya que el operador sigue estando obligado a ejercer la diligencia debida y es considerado responsable si no cumple los requisitos de diligencia debida del Reglamento EUDR.

Existe una gran diversidad de regímenes en cuanto a su alcance, sus objetivos, su estructura y sus métodos de funcionamiento. Una distinción importante es 1) si se basan o no en un procedimiento de certificación por terceros, para así diferenciar entre sistemas de certificación y de verificación por terceros, por una parte, y 2) sistemas de autodeclaración, por otra. Estos últimos quedan fuera del ámbito de aplicación del presente documento de orientación y, por definición, son menos sólidos debido a la falta de independencia e imparcialidad.

a)   El papel de las certificaciones y los sistemas de verificación por terceros

Al considerar si hacer uso de la información facilitada por un sistema de certificación o un sistema verificado por terceros en el procedimiento de evaluación del riesgo en virtud del artículo 10 como prueba justificativa de que el producto es legal y está libre de deforestación, el operador debe determinar, en primer lugar, si las normas del régimen son conformes con las disposiciones pertinentes del Reglamento EUDR. A este respecto, cabe señalar que los operadores también pueden utilizar sistemas de verificación o de certificación por terceros para el cumplimiento de determinados requisitos del Reglamento únicamente.

Por lo general, los sistemas de certificación y verificación por terceros exigen que las organizaciones terceras puedan demostrar sus cualificaciones para llevar a cabo evaluaciones a través de un proceso de acreditación que establezca normas sobre las capacidades de los auditores y los sistemas a los que deben adherirse las organizaciones de certificación. Los productos certificados o verificados suelen llevar una etiqueta con el nombre y el tipo de la organización de certificación o verificación, así como los requisitos para el proceso de auditoría. El sistema también podrá exigir que los socios incluyan esta información en los documentos oficiales que acompañen al envío. Normalmente, estas organizaciones podrán facilitar información sobre la cobertura de la certificación y sobre cómo se aplicó en el país de producción de los productos pertinentes, también con detalles sobre la naturaleza y la frecuencia de las auditorías sobre el terreno.

Los sistemas de certificación y verificación por terceros pueden evaluarse con arreglo a tres elementos principales: 1) «la normativa pertinente», es decir, el requisito operativo, el alcance, los procedimientos, las políticas para aquellas empresas que se acojan a estos sistemas, 2) «la aplicación por los sistemas», es decir, la medida en que la normativa se aplica, en particular mediante el despliegue de las medidas necesarias para velar por el cumplimiento, también mediante auditorías, y 3) «características de la gobernanza»/evaluación de la credibilidad de los sistemas, como, por ejemplo, la transparencia, los procesos de aseguramiento, la supervisión, etc. El operador deberá realizar reevaluaciones periódicas de esta información, especialmente en lo que respecta a los requisitos del Reglamento EUDR.

En lo que respecta a los requisitos del Reglamento EUDR, en la medida en que sea pertinente para la información facilitada por el sistema de certificación o verificación por terceros, los operadores deben examinar los siguientes aspectos de los sistemas de certificación o verificación por terceros contemplados en el punto 1) «la normativa pertinente»:

En segundo lugar, con arreglo al punto 2) «la aplicación por los sistemas», los operadores deben tener en cuenta:

En el punto 3) «características de la gobernanza», los operadores deben tener en cuenta los siguientes elementos:

b)   Información general

Los sistemas de certificación y verificación por terceros son públicos o privados, dependiendo de su modelo de gobernanza, independientemente de que estén o no gestionados por un Gobierno. Pueden ser obligatorios o voluntarios, en función de si son jurídicamente vinculantes. Los sistemas privados son utilizados voluntariamente por el operador, mientras que los públicos son a menudo (aunque no necesariamente) obligatorios y establecidos por los países de los que proceden los productos. Tanto la certificación pública como la privada y los sistemas de verificación por terceros tienen por objeto reconocer las buenas normas medioambientales a través de la certificación y, como tales, muchos de ellos han contribuido de manera importante a aumentar la sostenibilidad de la producción agrícola en todo el mundo.

No obstante, la evaluación de impacto previa al Reglamento EUDR, que se basa en otros estudios pertinentes, también puso de manifiesto una serie de preocupaciones en relación con dichos sistemas, entre ellas el hecho de que tienen distintos niveles de transparencia y diferentes normas, procedimientos y sistemas de garantía de la calidad, así como en relación con el seguimiento, la divulgación y el control de la ejecución. A lo largo de los años de su funcionamiento, también se han planteado preocupaciones sobre la eficiencia e integridad de los sistemas de cadena de custodia y su vulnerabilidad al fraude. Además, la falta de auditorías independientes supone una deficiencia de determinados sistemas privados. Un estudio específico encargado por la Comisión sobre los sistemas de certificación y verificación en el sector forestal y para los productos derivados de la madera llegó a conclusiones similares y apuntó a la falta de transparencia y al riesgo de información parcial o incluso engañosa (20).

Los sistemas públicos de verificación obligatorios con medidas vinculantes pueden incluir normas estrictas, tanto en términos de cobertura como de aplicación. Es fundamental que abarquen a todos los operadores económicos de un país (englobando tanto la introducción en el mercado como las exportaciones) para evitar lagunas y fugas que puedan deberse a la presencia de operadores económicos no cubiertos por el sistema. También pueden garantizar una mejor integración de los pequeños propietarios mediante la prestación del apoyo necesario para sobreponerse al problema de los costes, que a menudo se perciben como considerables, ya que las economías de escala sitúan a las pymes en desventaja a la hora de obtener la certificación en comparación con los operadores más grandes.

Por lo que se refiere a la fiabilidad y la pertinencia de los sistemas públicos y privados, todos los elementos aplicables de sus normas deben estar en consonancia con el Reglamento EUDR (ya sea al mismo nivel o a un nivel superior), en particular en lo que respecta a la definición de «libre de deforestación», los requisitos de geolocalización y la transparencia y la legalidad de la producción.

En este contexto, cabe señalar que no todos los sistemas incluyen normas y evaluaciones relativas a la legalidad de la producción de la materia prima pertinente, por lo que puede ser pertinente comprobar qué requisitos de legalidad están cubiertos por los sistemas, tanto en lo que respecta a las leyes que regulan, como a los criterios o indicadores en los que se basan para evaluar el cumplimiento. Por ejemplo, los sistemas pueden diferir en sus definiciones de lo que debe considerarse una «ley» pertinente o lo que es «legal» en el país de producción o los indicadores que deben tenerse en cuenta para evaluar los riesgos de ilegalidad.

La toma de decisiones y la gobernanza internas, que engloba la participación directa de los agentes de la cadena de suministro que buscan y poseen una certificación o adquieren y utilizan productos certificados para satisfacer las demandas de los clientes, también son elementos que tienen implicaciones para la aplicación, el control del cumplimiento y la credibilidad de cualquier sistema pertinente.

Para facilitar aún más el comercio y el cumplimiento del Reglamento EUDR, se creará un registro de sistemas de certificación para proporcionar información transparente sobre el alcance de los sistemas existentes al que podrán remitirse tanto los operadores económicos cuando ejerzan su diligencia debida para introducir productos en el mercado de la UE y comercializarlos como las autoridades competentes cuando lleven a cabo los controles pertinentes.

Para estudiar otros elementos pertinentes de todas las formas de certificación y verificación por terceros, véase la evaluación de impacto de la Comisión (21), las directrices de la UE sobre mejores prácticas para los regímenes voluntarios de certificación de productos agrícolas y alimenticios (22) y las conclusiones del estudio de la Comisión sobre los sistemas de certificación y verificación en el sector forestal y para los productos derivados de la madera (23).

11.   USO AGRARIO

1.   Introducción

El artículo 3, letra a), del Reglamento EUDR prohíbe la introducción y la comercialización en el mercado de la Unión o la exportación desde este de materias primas y productos pertinentes, a menos que estén libres de deforestación. El artículo 2, punto 13, letra a), establece que estarán «libres de deforestación» aquellos productos pertinentes que contengan materias primas pertinentes, o hayan sido alimentados o elaborados con ellas, producidas en tierras que no hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020  (24). De conformidad con el artículo 2, punto 3, por «deforestación» se entiende la conversión de los bosques para destinarlos a un uso agrario, independientemente de si es de origen antrópico o no.

El considerando 36 del Reglamento EUDR explica que la Comisión debe elaborar directrices para aclarar la interpretación de «uso agrario», en particular, en relación con la conversión de bosques en tierras no destinadas a un uso agrario. El considerando 31 del Reglamento sobre la restauración de la naturaleza (25) también hace referencia a estas directrices.

Los principales objetivos del presente capítulo son, por tanto, los siguientes:

2.   Aclaración de la conversión de bosques en tierras no destinadas a usos agrarios

De conformidad con el artículo 2, punto 3, del Reglamento EUDR, por «deforestación» se entiende la conversión del terreno, que pasa de ser «bosque», tal como se define en el artículo 2, punto 4, del Reglamento anterior (que se analiza detalladamente en la sección 3), a «uso agrario», tal como se define en el artículo 2, punto 5, del Reglamento (analizado en detalle en las secciones 4, 4c y 4d). A este respecto, el alcance de la conversión a uso agrario es irrelevante, y dicha conversión hace que la materia prima incluida en el ámbito de aplicación producida en dichas tierras no sea conforme si la deforestación se produjo después del 31 de diciembre de 2020.

La clasificación de una zona como «deforestada» se basa en el criterio objetivo de si el bosque se ha convertido para un uso y una finalidad específicos, que es independiente del uso legalmente registrado y de los límites geográficos de la parcela de terreno o de la cuestión de quién o qué es el origen de la deforestación.

A efectos del presente Reglamento, la conversión de bosques en otros usos de la tierra que no entren en la definición de «uso agrario» significa que esta conversión no entra en la definición de «deforestación» (véase la información detallada sobre «uso agrario» en la sección 4). Esto incluye la conversión de bosques en zonas de infraestructuras urbanas, como líneas eléctricas, carreteras, ciudades y asentamientos, para emplazamientos industriales no agrario o para el despliegue de energías renovables.

La conversión de tierras forestales tampoco entra en la definición de «deforestación» del Reglamento EUDR si el objetivo principal de la conversión y el posterior uso de la tierra no es el uso agrario, sino, por ejemplo, el despliegue de energías renovables, el uso industrial, la restauración de la biodiversidad, la prevención de incendios forestales, el bienestar animal en condiciones climáticas extremas o la gestión de especies exóticas invasoras. Las actividades agrícolas auxiliares pueden tener lugar en aquellos casos en que sean esenciales para apoyar el objetivo principal de la conversión y del uso del suelo tras la conversión (véase la sección 4a), o cuando la actividad agraria no cambie el uso predominante del bosque (véase la sección 4b).

La responsabilidad del control del cumplimiento de las disposiciones recae en los Estados miembros. Al aplicar estas directrices a casos individuales, los Estados miembros deben velar por que se tengan debidamente en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, teniendo también en consideración las disposiciones pertinentes del Tratado. En los casos en que las actividades sean insignificantes, dadas todas las circunstancias en juego, debe respetarse el principio de proporcionalidad.

3.   Definición de «bosque»

De conformidad con el artículo 2, punto 4, del Reglamento EUDR, una zona se considera «bosque» si se cumplen las siguientes características:

La extensión de suelo, la altura media y las características de la fracción de cabida cubierta deben estar presentes o ser capaces de alcanzar estos umbrales in situ de forma simultánea.

En el contexto del Reglamento EUDR, el «uso del suelo urbano» debe considerarse predominante, por ejemplo, en el caso de parques y jardines en zonas urbanas, independientemente de que se alcancen los umbrales de definición de bosque. Para más información sobre el «uso agrario» predominante, véase la sección 4.

Siempre que se cumplan las características de la definición, la zona de «bosque» incluye, entre otras cosas:

La definición de «bosque» excluye las masas arbóreas de los sistemas de producción agraria. Para más información, véanse las secciones 4c y 4d.

4.   Definición de «uso agrario» y excepciones

De conformidad con el artículo 2, punto 5, del Reglamento EUDR, una superficie se considera como de «uso agrario» si la tierra se usa con fines agrarios.

a)   Aclaración sobre los fines agrarios

De conformidad con el artículo 2, punto 5, las tierras se utilizan con fines agrarios (entre otros) en la siguiente lista de casos:

Cabe señalar que las categorías de «plantación agrícola», «zona en barbecho» y zona «para ganadería» constituyen una lista no exhaustiva de ejemplos de «uso agrario».

A efectos del presente Reglamento, debe entenderse que las tierras utilizadas para la agricultura abarcan las siguientes categorías de uso de la tierra:

Restauración, gestión de especies invasoras, prevención de incendios forestales, bienestar animal, despliegue de energías renovables

Las tierras que hayan sido objeto de conversión para uno o varios de los fines principales enumerados a continuación no se considerarán convertidas en usos agrarios si la conversión se ha llevado a cabo para:

b)   Aclaración sobre el uso predominante del suelo

De conformidad con el artículo 2, punto 4, en caso de que el uso predominante de la tierra sea la agricultura, la tierra no entra en la definición de «bosque».

En el contexto del Reglamento EUDR, a efectos de las exclusiones a que se refiere la definición de «bosque» del artículo 2, punto 4, el «uso agrario» debe considerarse predominante en la siguiente lista no exhaustiva de casos:

Estos casos difieren de las actividades agrarias auxiliares en el contexto de la conversión con fines de restauración o gestión de especies exóticas invasoras, que no entran en el concepto de «uso agrario» (véase más arriba).

Por el contrario, a efectos del Reglamento EUDR, el «uso agrario» no debe considerarse predominante, por ejemplo, en el caso de la producción a pequeña escala de productos secundarios (por ejemplo, café) y el pastoreo ocasional extensivo u ocasional a pequeña escala en los bosques, siempre que la producción y las actividades conexas no tengan un efecto perjudicial en el hábitat del bosque.

c)   Definición de «plantación agrícola»

Las «plantaciones agrícolas» se incluyen en la definición de «uso agrario» establecida en el artículo 2, punto 5, del Reglamento EUDR.

La definición del artículo 2, punto 6, del Reglamento EUDR («plantación agrícola») se refiere, en primer lugar, a la «tierra con formaciones de árboles en sistemas de producción agrícola, tales como plantaciones de frutales, plantaciones de palma aceitera, olivares», que hace referencia a las tierras de cultivo, incluidos los cultivos permanentes, tal como se describe en la sección 4.

En segundo lugar, dicha definición se refiere a «sistemas agroforestales con cultivos bajo una cubierta de árboles», lo que se explica en la sección 4d, y debe leerse en conjunto con la excepción en la que el uso predominante de la tierra no cambia. El artículo 2, punto 6, del Reglamento EUDR aclara además que todas las plantaciones de materias primas pertinentes distintas de la madera están incluidas en el término «plantación agrícola», por lo que estas plantaciones entran en la definición de «uso agrario».

Por último, el artículo 2, punto 6, del Reglamento EUDR establece que las plantaciones agrícolas quedan excluidas de la definición de «bosque». Esto significa que las zonas que cumplen los criterios de plantación agrícola no entran en la definición de bosque, incluso cuando incluyen árboles como el caucho o la palma aceitera.

d)   Aclaración del «sistema agroforestal»

Según la documentación de la FAO (26), «sistemas agroforestales» es un nombre colectivo de sistemas y tecnologías de uso de la tierra en los que las plantas leñosas (árboles, arbustos, palmas, bambú, etc.) se utilizan deliberadamente en la misma unidad de gestión de tierras que los cultivos agrícolas o los animales, en alguna forma de disposición espacial o secuencia temporal. En los sistemas agroforestales existen interacciones tanto ecológicas como económicas entre los diferentes componentes. Existen dos sistemas agroforestales básicos: simultáneos y secuenciales. Los sistemas simultáneos tienen árboles y cultivos o animales que crecen juntos en la misma parcela, mientras que en los sistemas secuenciales los cultivos y los árboles ocupan la mayor parte del mismo espacio de manera alterna, minimizando su competencia.

Los sistemas agroforestales también se pueden referir a prácticas forestales específicas para complementar las actividades agropecuarias, como la mejora del suelo, la reducción de la erosión, la mejora de la gestión de las cuencas hidrográficas o el suministro de sombra y pienso para los animales (27).

El considerando 37 recuerda que, en consonancia con las definiciones de la FAO, los sistemas agroforestales no deben considerarse bosques, sino que representan un uso agrario, y que abarcan diversas situaciones, en particular cuando los cultivos se encuentran bajo una cubierta de árboles, así como los sistemas agroforestales, silvopastorales y agrosilvopastorales.

Dado que la definición de «bosque» del artículo 2, punto 4, del Reglamento EUDR excluye las tierras que se engloban predominantemente en el «uso agrario», puede deducirse que, si una tierra se utiliza predominantemente en «sistemas agroforestales» para los fines expuestos en el considerando 37, no puede considerarse «bosque». En este caso y a efectos del Reglamento, estas tierras deben considerarse como de «uso agrario». En relación con las actividades agrarias auxiliares, incluidas las actividades agroforestales en el contexto de la restauración, véase la sección 2.

5.   Aclaración del uso de la tierra en caso de múltiples tipos de uso de la tierra en la misma zona y el uso de registros catastrales y mapas catastrales

En caso de que una parcela de terreno contenga tanto una zona que se englobe dentro de la definición de «bosque» como una zona que sea de «uso agrario», ambas zonas deben considerarse por separado. La superficie que cumple los criterios de la definición de «bosque» entra en el ámbito de aplicación del Reglamento, mientras que la superficie que cumple los criterios de «uso agrario» no entra en el ámbito de aplicación del Reglamento en lo que respecta a la conversión.

No resulta pertinente si la parte de la parcela de terreno utilizada para la agricultura es mayor que la parte de la parcela de terreno considerada bosque con arreglo a la definición. A modo de ejemplo, esto significa que, si una propiedad de diez hectáreas tiene una superficie de dos hectáreas que puede considerarse superficie de bosque de acuerdo con criterios objetivos y ocho hectáreas se cultivan en régimen de uso agrario, las dos hectáreas de bosque se clasifican como bosque, con independencia de que solo representen el 20 % de la propiedad total.

Al evaluar si una determinada parcela de terreno constituye un bosque, las propiedades forestales reales deben prevalecer sobre la designación en los registros catastrales y los mapas catastrales. Para demostrar el uso agrario en el pasado, los registros catastrales y los mapas catastrales pueden ser elementos adicionales para complementar los datos satelitales. Además, los planes de gestión forestal y los registros de las zonas forestales designadas pueden ser útiles para determinar si la zona es un bosque sin cubierta arbórea actual, especialmente en el caso de que la zona esté temporalmente descampada sin cubierta de árboles debido a prácticas de gestión forestal, catástrofes naturales o los primeros años de forestación. El Observatorio de la UE (28) proporcionado por la Comisión es una herramienta gratuita para todas las partes interesadas que tiene por objeto establecer la cobertura forestal mundial de 2020. Sin embargo, el Observatorio no es exclusivo ni obligatorio y carece de valor jurídico. Las partes interesadas públicas y privadas pueden utilizar cualquier mapa u otros datos que consideren adecuado a efectos de su ejercicio de diligencia debida o de sus controles.

(1)  Nada en el presente documento de orientación reemplaza o sustituye la referencia directa a los instrumentos descritos y la Comisión no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños causados por errores o declaraciones realizados en este. Solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede dictar sentencias definitivas sobre la interpretación del Reglamento.

(2)   DO L 150 de 9.6.2023, p. 206. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj.

(3)  Para más información sobre la aplicación, véanse también las preguntas frecuentes, que pueden consultarse en la siguiente dirección: Aplicación del Reglamento EUDR — Comisión Europea (europa.eu).

(4)  Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1,, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

(5)  Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión ( DO L 343 de 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

(6)  ECLI:EU:C:2024:972.

(7)   DO L, 2025/2650, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj.

(8)   DO L 295, 12.11.2010, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj.

(9)  Cabe señalar que los países se consideran de riesgo estándar si no se ha asignado un nivel de riesgo específico.

(10)  Las relacionadas con la ilegalidad, la deforestación y la degradación forestal.

(11)  De conformidad con el artículo 29, apartado 2, la Comisión presentará, mediante actos de ejecución, una lista de países o partes de países que presenten un riesgo bajo o alto. La última iteración de la lista de países se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1093 de la Comisión.

(12)  Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859 (DO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj),, modificada por la Directiva (UE) 2026/470 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a determinados requisitos de presentación de información de las empresas en materia de sostenibilidad y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (DO L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj).

(13)  Reglamento (UE) 2024/3015 por el que se prohíben en el mercado de la Unión los productos realizados con trabajo forzoso (DO L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj).

(14)  Para la utilización de dichos índices, véase también el capítulo 4 de la Comunicación C(2016) 755 final de la Comisión, de 12.2.2016 (Documento de orientación sobre el Reglamento de la madera de la UE).

(15)  Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

(16)  Notas explicativas de la nomenclatura combinada de la Unión Europea (DO C 119 de 29.3.2019, p. 1).

(17)  Algunos sistemas permiten la certificación cuando un porcentaje específico del producto pertinente, normalmente indicado en la etiqueta, ha cumplido plenamente la norma de certificación. En tales casos, es importante que el operador obtenga información sobre si se han llevado a cabo controles de la porción no certificada y si aportan pruebas adecuadas del cumplimiento de la geolocalización y del elemento libre de deforestación también para la porción no certificada.

(18)  Algunos regímenes permiten la certificación cuando se utilizan cadenas de custodia de balance de masa. Sin embargo, estos productos mezclados no son conformes con el Reglamento EUDR. En virtud de este Reglamento, solo están permitidos aquellos productos que cumplan plenamente los elementos mencionados, y se excluyen los productos mezclados basados en determinados porcentajes o en cadenas de custodia de balance de masa.

(19)  La certificación de la cadena de custodia podrá utilizarse como prueba de que ninguna materia prima desconocida o no autorizada entra en una cadena de suministro. En general, se basan en velar por que solo se permita la entrada de materias primas y productos permitidos en la cadena de suministro en «puntos de control crítico», y que un producto pueda rastrearse hasta su custodio anterior (que también debe poseer un certificado de cadena de custodia) en lugar de volver al lugar de origen. Un producto con certificación de cadena de custodia puede contener una mezcla de material certificado y otro material autorizado procedente de diversas fuentes. Al utilizar la certificación de la cadena de custodia, el operador debe velar por que todos los materiales cumplan los requisitos del Reglamento EUDR y por que los controles sean suficientes para excluir el material no conforme.

(20)  Informe de la Comisión Europea: Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products (Estudio sobre los sistemas de certificación y verificación en el sector forestal y para los productos derivados de la madera, disponible en inglés), Oficina de Publicaciones de la UE, 2021.

(21)  Comisión Europea, SWD(2021) 326 final.

(22)   DO C 341 de 16.12.2010, p. 5.

(23)  Informe de la Comisión Europea: Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products (Estudio sobre los sistemas de certificación y verificación en el sector forestal y para los productos derivados de la madera, disponible en inglés), Oficina de Publicaciones de la UE, 2021.

(24)  El otro elemento de «libre de deforestación» del artículo 2, punto 13, letra b), que establece que los productos pertinentes que contengan madera o hayan sido elaborados con madera, que la madera se haya aprovechado del bosque sin provocar su degradación, queda fuera del ámbito de aplicación de este capítulo, que trata específicamente de la definición de uso agrario.

(25)   DO L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj.

(26)  FAO, 2003. Tesauro plurilingüe de tierras. Capítulo 7. La tenencia de la tierra en el contexto de las actividades agrícolas, pastorales y forestales.

(27)  Programa Mundial de la FAO del Censo Agropecuario 2020, vol. 1, p. 120, puntos 8.12.12 y 8.12.13.

(28)  Observatorio de la UE sobre la deforestación y la degradación forestal: https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/gfc2020.