Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

Es necesario reducir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular para reducir el aumento del nivel del mar y la probabilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos que ya afectan a todas las regiones del mundo (1), así como para reducir los costes económicos y sociales asociados a los efectos del calentamiento global (2). La Unión y sus Estados miembros son Partes en el Acuerdo de París adoptado el 15 de diciembre de 2015 en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Acuerdo de París») (3), que obliga a sus Partes a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y a proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales.

(2)

El cambio climático y la degradación del medio ambiente plantean graves amenazas que requieren medidas urgentes, como se ha reiterado recientemente en el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre las bases físicas del cambio climático. El sufrimiento humano y las pérdidas económicas derivadas de los fenómenos extremos relacionados con el cambio climático, como las inundaciones, las olas de calor, las sequías y los incendios forestales, son cada vez más frecuentes. En la Unión, esas pérdidas ya superan los 12 000 millones EUR de media al año (4) y podrían llegar a 175 000 millones EUR adicionales por año, lo que

equivale al 1,38 % del PIB de la Unión, si el calentamiento global llegara a situarse 3 °C por encima de los niveles preindustriales, frente a 65 000 millones EUR anuales si dicho aumento fuera de 2 °C, y 36 000 millones EUR anuales si fuera de 1,5 °C. Estas pérdidas perjudicarían de forma desproporcionada a determinados grupos, en particular a las personas que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y a las regiones que ya se enfrentan a dificultades.

(3)

La Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (en lo sucesivo, «Pacto Verde Europeo») presenta la estrategia para que la Unión se convierta en el primer continente climáticamente neutro y se transforme en una sociedad sostenible, más equitativa y más próspera que respete los límites del planeta. La necesidad de la transición sea justa es una parte esencial del Pacto Verde Europeo, que subraya que ninguna persona ni lugar deben quedarse atrás. La Ley Europea del Clima (5) establece un objetivo vinculante de neutralidad climática a escala de la Unión de aquí a 2050 y un objetivo intermedio vinculante de reducción interna neta de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 55 % de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990. El Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente hasta 2030 (6) aspira a agilizar la transición ecológica a una economía climáticamente neutra, sostenible, no tóxica, eficiente en el uso de recursos, basada en energías renovables, resiliente, competitiva y circular, de manera justa, equitativa e inclusiva, así como a proteger, restaurar y mejorar el estado del medio ambiente.

(4)

Habida cuenta de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la Comunicación de la Comisión, de 18 de mayo de 2022, titulada «Plan REPowerEU» (en lo sucesivo, «plan REPowerEU»), en consonancia con la Declaración de Versalles de los días 10 y 11 de marzo de 2022, establece medidas para eliminar progresivamente la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles procedentes de Rusia, diversificando los suministros de gas y acelerando la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, en particular mediante la implantación de la energía solar, la energía eólica y las bombas de calor, la descarbonización de la industria y la agilización de la concesión de permisos para proyectos de energías renovables.

(5)

La transformación hacia una economía y una sociedad climáticamente neutras precisa de una acción estratégica global y una inversión sustancial en numerosos ámbitos, como la acción por el clima, la energía, el transporte, el medio ambiente, la industria, la investigación y la innovación (7). Para cumplir el objetivo vinculante a nivel de la Unión para 2030, el 14 de julio de 2021, la Comisión emitió una comunicación titulada «Objetivo 55: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática», así como una serie de propuestas legislativas relacionadas (en lo sucesivo, «paquete “Objetivo 55”»). El paquete «Objetivo 55» incluye propuestas para actualizar la legislación pertinente, en particular, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) (8), la Directiva sobre fiscalidad de la energía, la Directiva de eficiencia energética, la Directiva sobre fuentes de energía renovables, el Reglamento sobre normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas, el Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, la Directiva sobre la infraestructura para los combustibles alternativos, y el Reglamento de reparto del esfuerzo (RRE) con respecto a sectores no sujetos al RCDE UE actual, a saber, los sectores del transporte y los edificios.

También contiene propuestas de nueva legislación, principalmente para apoyar el uso de combustibles más limpios en los sectores de la aviación y el transporte marítimo, así como para implantar un mecanismo de ajuste en frontera por carbono y crear un Fondo Social para el Clima, lo que está directamente relacionado con la propuesta de aplicar un régimen de comercio de derechos de emisión a los combustibles utilizados en el sector de los edificios y del transporte por carretera. El paquete «Objetivo 55», junto con las medidas adoptadas a escala de la Unión para apoyar e incentivar las inversiones públicas y privadas necesarias, tiene por objetivo apoyar y acelerar el crecimiento de nuevos mercados, como el de los combustibles limpios y los vehículos de bajas emisiones, con la consiguiente reducción de los costes de la transición sostenible tanto para las empresas como para los ciudadanos.

(6)

En su sesión de 20 de junio de 2019, el Consejo Europeo se comprometió en la «Nueva Agenda Estratégica 2019-2024» a garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática que sea inclusiva y no deje a nadie atrás. A nivel internacional, los Estados miembros han respaldado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y han ratificado el Acuerdo de París, que hacen referencia a los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la promoción de trabajo decente y de empleos de calidad, así como a la necesidad de adaptación y desarrollo de capacidades para responder a las cuestiones de género. Las directrices de la Organización Internacional del Trabajo proporcionan un marco político establecido internacionalmente para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos (9). Además, cincuenta y cuatro signatarios (países e interlocutores sociales) respaldaron la «Declaración de Silesia sobre la Solidaridad y la Transición Justa» (10), que fue adoptada en la 24.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Katowice, incluida la Comisión en nombre de la Unión, así como veintiún Estados miembros a título individual. La Unión y diez Estados miembros firmaron la Declaración «Apoyo a las condiciones para una transición justa a nivel internacional», adoptada en la 26.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, en la que se comprometieron a incluir información sobre la transición justa en los informes bienales de transparencia en el contexto de la presentación de informes sobre las políticas y medidas adoptadas para lograr sus contribuciones determinadas a nivel nacional.

(7)

La equidad y la solidaridad son principios que definen las políticas de la Unión para avanzar hacia la transición ecológica y un requisito para que destine ayuda pública de forma amplia y sostenida. El Pacto Verde Europeo hace hincapié en que la transición debe ser justa e inclusiva, dar prioridad a la dimensión humana y prestar especial atención a apoyar a las regiones, los sectores, los trabajadores, los hogares y los consumidores expuestos a los mayores desafíos. Por otra parte, la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas» subraya que la ejecución del Pacto Verde Europeo dotará a Europa de instrumentos para redoblar los esfuerzos por lograr una convergencia al alza, la equidad social y la prosperidad compartida. La Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2022, sobre el trabajo digno en todo el mundo para una transición justa a escala mundial y una recuperación sostenible sitúa la promoción del trabajo digno en todo el mundo en el centro de una transición justa y de una recuperación de la pandemia inclusiva, sostenible y resiliente.

(8)

La Comunicación de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, titulada «Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales» (11) pone de relieve que necesitaremos unidad, coordinación y solidaridad para avanzar hacia una década más ecológica y digital en la que los europeos prosperen. Propone tres objetivos principales de la Unión para 2030, a saber: al menos el 78 % de la población con una edad comprendida entre los 20 y los 64 años debería tener empleo (12); como mínimo el 60 % de los adultos debería participar en actividades de formación todos los años (13); y el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debería reducirse en, al menos, 15 millones de personas de aquí a 2030 (14). Esos objetivos principales para 2030 fueron acogidos favorablemente por los dirigentes de la Unión en la Declaración de Oporto, de 8 de mayo de 2021, en la reunión informal de Jefes de Estado o de Gobierno en Oporto del 7 y 8 de mayo de 2021, y por el Consejo Europeo, en sus conclusiones del 24 y 25 de junio de 2021.

(9)

Con las medidas de acompañamiento adecuadas (15), la transición ecológica podría, en conjunto, crear alrededor de un millón de puestos de trabajo de calidad adicionales (16) en la Unión de aquí a 2030 y dos millones de aquí a 2050 (17) en sectores como la construcción, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o las energías renovables, al tiempo que se reduce el prolongado declive de los puestos de trabajo de cualificación media como consecuencia de la automatización y la digitalización. Sin embargo, en un escenario pesimista, los efectos de la transición ecológica hacia la neutralidad climática, si no se basan en una combinación adecuada de políticas, podrían implicar pérdidas de PIB de hasta un 0,39 % en la Unión y pérdidas de empleo de hasta un 0,26 % (18).

(10)

Los efectos de la transición ecológica en las empresas y el empleo variarán según el sector, la ocupación, la región y el país, lo que implicará cambios en el empleo dentro de los sectores y los ecosistemas industriales, así como grandes redistribuciones de la mano de obra entre ellos (19). La reestructuración y el ajuste en las empresas, los sectores y los ecosistemas afectados requieren el desarrollo de nuevos modelos empresariales y grandes redistribuciones de mano de obra entre sectores y regiones. Por ejemplo, se prevé la pérdida de puestos de trabajo en algunas actividades mineras o en la producción de energía basada en combustibles fósiles, así como en algunos segmentos del sector del automóvil. Por el contrario, se esperan nuevas oportunidades de empleo en las actividades circulares de conservación del valor y en la producción de transportes y energías sostenibles. Por lo tanto, los Estados miembros deben seguir planteamientos detallados y centrarse en cada región y ecosistema por separado, en colaboración con los interlocutores sociales, o las autoridades locales y regionales, y las partes interesadas.

(11)

Al crear oportunidades de empleo de calidad para todos, al tiempo que se toman medidas para aliviar y prevenir la pobreza energética y de transporte, la transición ecológica puede contribuir a aumentar los ingresos y a reducir las desigualdades y la pobreza en general (20). De este modo, puede ayudar a abordar las desigualdades socioeconómicas y la exclusión social preexistentes, mejorando la salud y el bienestar y promoviendo la igualdad, en particular la igualdad de género. Debe prestarse especial atención a determinados grupos de población, sobre todo a los que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Esto abarca, en particular, los hogares de renta baja y media-baja que gastan un porcentaje elevado de sus ingresos en servicios esenciales, como energía, transporte y vivienda, así como las microempresas y pymes. Los resultados de la modelización muestran que el carácter progresivo o regresivo de los impuestos medioambientales dependerá en gran parte del diseño de los instrumentos, por ejemplo, la medida en que los recortes del impuesto sobre la renta u otras opciones de reciclado de ingresos estén dirigidos a las personas que perciben ingresos más bajos (21).

(12)

Las actividades circulares de conservación del valor, especialmente los modelos de negocio de reparación, reutilización, remanufactura y terciarización, pueden fomentar un acceso asequible y sostenible a los bienes y servicios. También generan puestos de trabajo y oportunidades a distintos niveles de cualificación, en particular para las mujeres, las personas con discapacidad y los grupos en situaciones de vulnerabilidad, a través de entidades de la economía social activas en estos ámbitos. Al promover la circularidad de los productos, se reducen enormemente las emisiones de carbono, mientras que los puestos de trabajo creados se encuentran próximos a los productos que deben mantenerse, reacondicionarse o compartirse.

(13)

Según los últimos datos disponibles en las estadísticas de la Unión sobre la renta y las condiciones de vida para 2019-2020, la pobreza energética afectó a alrededor del 8 % de la población de la Unión, lo que supone más de 35 millones de personas que no pudieron calentar adecuadamente sus hogares, con diferencias significativas entre Estados miembros y entre grupos de ingresos (22). En general, el Observatorio de la Pobreza Energética estima, a partir de una combinación de indicadores, que más de 50 millones de hogares de la Unión sufren pobreza energética (23). La pobreza energética, resultante de una combinación de bajos ingresos, un elevado porcentaje de la renta disponible destinado a la energía y una mala eficiencia energética, constituye un reto importante para la Unión desde hace algún tiempo. Asimismo, el riesgo de pobreza energética aumenta cuando los precios de la energía son elevados y volátiles, lo que responde a numerosos factores, como aquellos relacionados con el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la consiguiente respuesta política de la Unión. Esta forma de pobreza afecta no solo a los hogares con bajos ingresos, sino también a los de renta media-baja en muchos Estados miembros.

Los hogares con necesidades energéticas superiores a la media, como los formados por familias con hijos —en particular familias monoparentales—, personas con discapacidad y personas mayores, también son más vulnerables a la pobreza energética (24) y a sus efectos. Las mujeres, y en particular las que conforman familias monoparentales y las de edad avanzada (25), también se ven especialmente afectadas por la pobreza energética. Además de la pobreza energética, cada vez se reconoce más el concepto de pobreza de transporte cuando determinadas categorías de población no logran alcanzar un nivel de servicios de transporte necesario desde el punto de vista social y material. Sin las medidas de acompañamiento adecuadas para aliviar y prevenir la pobreza energética y de transporte, estas formas de pobreza presentan riesgo de exacerbarse principalmente a causa de la internalización de los costes de las emisiones en la formación de los precios o a los costes de adaptación a alternativas más eficientes y que produzcan menos emisiones.

(14)

Los principios de equidad social, cohesión y solidaridad se integran firmemente en el diseño de los marcos climáticos, energéticos y medioambientales pertinentes a escala de la Unión, en particular a través del principio de «quien contamina paga» y el reparto del esfuerzo entre los Estados miembros, así como en cierta redistribución de los derechos de emisión del RCDE UE a efectos de solidaridad, crecimiento e interconexiones dentro de la Unión y su uso para el Fondo de Modernización, que contribuye a las importantes necesidades de inversión de los Estados miembros de renta más baja para modernizar sus sistemas energéticos. Además, el marco de la legislación de la Unión en materia de energía proporciona a los Estados miembros herramientas para garantizar la protección de los clientes domésticos en situación de pobreza energética y vulnerables, evitando al mismo tiempo las distorsiones del mercado. Si bien esos instrumentos ayudan a facilitar la transición ecológica, pretenden proporcionar los medios para garantizar la protección necesaria en líneas más generales, como demuestra, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión, de 13 de octubre de 2021, titulada «Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer frente al aumento de los precios de la energía» y el plan REPowerEU.

(15)

Los Estados miembros disponen de una serie de instrumentos para esbozar y coordinar sus acciones para una transición justa. Los planes nacionales de energía y clima preparados con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (26) deben evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética y definir las medidas necesarias para abordar las repercusiones sociales y territoriales de la transición energética. Los planes territoriales de transición justa preparados con arreglo al Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo (27) deben señalar los territorios que pueden optar a la ayuda del Fondo de Transición Justa hasta 2027. Financiados por NextGenerationEU, los planes nacionales de recuperación y resiliencia elaborados con arreglo al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (28) establecen reformas e inversiones para fomentar la transición ecológica, el crecimiento integrador, la cohesión social y territorial, la resiliencia y las perspectivas para la próxima generación, con un horizonte de ejecución hasta 2026. Algunas acciones para una transición justa también se ejecutan en el contexto de otros programas e iniciativas, en particular los fondos de la política de cohesión.

(16)

Sobre la base de los principios y las políticas del Pacto Verde Europeo y, en particular, del pilar europeo de derechos sociales, existe margen para mejorar el diseño de las políticas de manera global y transversal, y garantizar la coherencia de los esfuerzos de gasto a nivel nacional y de la Unión. En la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2020, titulada «Evaluación, a escala de la UE, de los planes nacionales de energía y clima – Impulsar la transición ecológica y promover la recuperación económica mediante una planificación integrada en materia de energía y clima», la Comisión, al tiempo que reconoce que los planes nacionales de energía y clima finales proporcionan algunos indicadores y políticas sobre la pobreza energética, reconoció que proporcionan algunos indicadores y políticas sobre la pobreza energética, pero concluyó que no siempre establecen prioridades claras en lo que respecta a las necesidades de financiación para una transición justa, ni para el reciclaje y perfeccionamiento profesional, ni para apoyar los ajustes del mercado laboral. Los planes territoriales de transición justa deben centrarse en determinados territorios y, por tanto, no se espera que establezcan una estrategia ni políticas globales para una transición justa a nivel nacional. Aunque las reformas y las inversiones que apoyan y ayudan a financiar están diseñadas para producir un efecto duradero, tanto los planes territoriales de transición justa como los planes nacionales de recuperación y resiliencia son limitados en el tiempo.

(17)

Una transición justa hacia la neutralidad climática en la Unión de aquí a 2050 garantizará que nadie se quede atrás, en particular los trabajadores y los hogares más afectados por la transición ecológica, y especialmente los que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. A tal fin, según se establece en la presente Recomendación, los Estados miembros deben poner en marcha paquetes de medidas globales (29), reforzar los elementos transversales que promueven una transición ecológica justa y hacer un uso óptimo de la financiación pública y privada. Los paquetes de medidas deben tener en cuenta a las personas y hogares más afectados por la transición ecológica, en particular por la pérdida de puestos de trabajo, pero también por la evolución de las condiciones de trabajo o la necesidad de realizar nuevas tareas en el puesto de trabajo, así como los que están sujetos a efectos adversos en la renta disponible, el gasto y el acceso a los servicios esenciales. Como parte de los grupos más afectados, los paquetes de medidas deben tener especialmente en cuenta, aunque no exclusivamente, a las personas y hogares en situaciones de vulnerabilidad, en particular a las personas más alejadas del mercado laboral, por ejemplo, debido a sus capacidades, a las condiciones territoriales del mercado laboral u otras características, como el sexo, el origen racial o étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual. Por otra parte, las personas y hogares en situaciones de vulnerabilidad pueden incluir a aquellos que viven en la pobreza o en situación de pobreza energética o están expuestos a este riesgo, y a quienes se enfrentan a obstáculos a la movilidad o a una sobrecarga de los costes de la vivienda, en particular los hogares monoparentales, encabezados con más frecuencia por mujeres. Los paquetes de medidas deben adaptarse a las circunstancias locales, teniendo en cuenta las necesidades de las regiones más vulnerables y remotas de la Unión, como las regiones ultraperiféricas y las islas.

(18)

El apoyo activo al empleo de calidad debe centrarse en ayudar a los trabajadores, los solicitantes de empleo, las personas que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación («ninis»), y los trabajadores por cuenta propia más afectados por la transición ecológica. En particular, las personas infrarrepresentadas, como las mujeres, los trabajadores con una baja cualificación, las personas con discapacidad, las personas de mayor edad o las personas con capacidades comparativamente bajas para adaptarse a los cambios en el mercado laboral, precisan de apoyo para mejorar su empleabilidad y encontrar trabajo, en consonancia con la Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión (30). Sobre la base de orientaciones políticas anteriores, en particular dicha Recomendación y las Decisiones (UE) 2020/1512 (31) y (UE) 2021/1868 (32) del Consejo, los paquetes de medidas deben incluir, por tanto, medidas adaptadas para apoyar la contratación y los incentivos a la transición, el apoyo al emprendimiento, en particular para mujeres y personas con discapacidad, y medidas de creación de empleo de calidad, en particular para las microempresas y pymes y los territorios más afectados. Estas medidas, combinadas con un apoyo adecuado de la Unión, también pueden ser decisivas para hacer frente a los retos del mercado laboral, como los derivados de la afluencia de refugiados ucranianos, en particular en los Estados miembros más afectados. También deben fomentar la aplicación y ejecución efectivas de las normas existentes sobre las condiciones de trabajo y el apoyo a la reestructuración socialmente responsable en consonancia con las normas existentes. Los interlocutores sociales desempeñan un papel fundamental a la hora de hacer frente, a través del diálogo, a las consecuencias que los retos de la transición ecológica tengan sobre el empleo y la sociedad.

(19)

El acceso universal a una educación, una formación y un aprendizaje permanente inclusivos y de calidad es esencial para garantizar que la mano de obra disponga de las capacidades necesarias para participar en la transición ecológica. Por lo tanto, los aspectos de una transición justa deben integrarse en el desarrollo y la ejecución de las estrategias nacionales en materia de capacidades, teniendo en cuenta las propuestas realizadas por la Comisión en la «Agenda de Capacidades Europea» (33) y la nueva estrategia industrial actualizada (34). Las asociaciones de capacidades con arreglo al Pacto por las Capacidades también constituirán un instrumento importante. La información estratégica y la previsión actualizadas sobre el mercado de trabajo y las capacidades, en particular a escala regional, sectorial y profesional, permiten determinar y prever las necesidades de capacidades transversales y específicas de cada profesión pertinentes, incluso como base para adaptar los planes de estudios a fin de satisfacer las necesidades de capacidades para la transición ecológica. La educación y formación profesionales deben dotar a los jóvenes y a los adultos, haciendo especial hincapié en las mujeres y en los trabajadores con una baja cualificación, de las competencias necesarias para desenvolverse plenamente en la transición ecológica, de conformidad con la Recomendación 2020/C 417/01 del Consejo (35).

La formación de aprendices y las prácticas remuneradas, que tienen un sólido componente de formación, en particular para los jóvenes, favorecen las transiciones en el mercado laboral, especialmente hacia actividades que contribuyen a los objetivos climáticos y medioambientales, y son útiles para sectores que afrontan carencias específicas de capacidades. Debe fomentarse el aumento de la participación de los adultos en el aprendizaje permanente para satisfacer las necesidades de reciclaje y perfeccionamiento profesional, entre otras cosas capacitando a la gente para que busque una formación adaptada a sus necesidades y, cuando resulte adecuado, mediante cursos breves y de calidad sobre capacidades para la transición ecológica, teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo, de 16 de junio de 2022 (36), que tiene por objetivo facilitar la valoración y el reconocimiento de los resultados de dichos cursos.

(20)

La composición de los sistemas de beneficios fiscales de los sistemas de protección social debe examinarse a la luz de las necesidades específicas derivadas de la transición ecológica, teniendo también en cuenta el principio de «quien contamina paga» y la necesidad de que las políticas de acompañamiento no introduzcan subvenciones al consumo de combustibles fósiles, no contribuyan a la cautividad de los consumidores con respecto a una tecnología específica, no reduzcan los incentivos para la renovación de edificios, o la sustitución de los sistemas de energía térmica y no reduzcan los incentivos incluidos en las medidas generales de eficiencia energética. Una combinación de diversas políticas puede brindar apoyo a los hogares más vulnerables y a los trabajadores más afectados por la transición ecológica. Dependiendo de la situación nacional e individual, esto podría implicar, por ejemplo, desplazar la fiscalidad del trabajo hacia objetivos climáticos y medioambientales, tal como se contempla en la propuesta de revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía (37), una revisión de los regímenes de desempleo o una ayuda a la renta temporal y específica, cuando sea necesario. Los sistemas de protección, entre los que se encuentran las políticas de inclusión social, pueden revisarse y, en su caso, adaptarse teniendo en cuenta la transición ecológica, en particular para proporcionar seguridad en materia de ingresos, especialmente durante las transiciones entre empleos, y para proporcionar servicios sociales, sanitarios y asistenciales adecuados a través de infraestructuras sociales apropiadas, especialmente en los territorios más afectados (por ejemplo, zonas rurales y remotas, como las zonas ultraperiféricas) con el fin de prevenir la exclusión social y abordar los riesgos para la salud. Con el fin de prevenir y combatir la exclusión social infantil, las inversiones en infraestructuras sociales para la infancia tienen por objeto asegurar el acceso de los niños necesitados a servicios clave, según figura en la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo (38).

(21)

Para aumentar la resiliencia física y financiera frente a los efectos irreversibles del cambio climático de manera inclusiva es preciso promover soluciones en materia de concienciación sobre los riesgos y de reducción y transferencia de estos, en particular aumentando la disponibilidad de seguros e invirtiendo en gestión del riesgo de catástrofes y adaptación, para reducir los efectos físicos del cambio climático, y por tanto también las pérdidas, y la brecha de protección del clima, teniendo en cuenta a las microempresas y las pymes, así como a las zonas rurales y remotas, como las regiones ultraperiféricas y las islas. Debe reforzarse la gestión del riesgo de catástrofes, especialmente los sistemas de protección civil a nivel nacional y de la Unión, y para prevenir las perturbaciones climáticas y prepararse y responder mejor frente a ellas.

(22)

Toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de buena calidad, tales como la energía, el transporte, el agua, el saneamiento, los servicios financieros y las comunicaciones digitales, y debería prestarse apoyo a las personas que lo necesiten para que accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios (39). Asimismo, debe proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de buena calidad (40). Del mismo modo, los hogares de renta baja y media, los consumidores vulnerables, incluidos los usuarios finales, las personas en situación de pobreza energética o que corren el riesgo de caer en ella y las personas que viven en viviendas sociales pueden beneficiarse de la aplicación del principio de primacía de la eficiencia energética. Además de proteger y empoderar a los consumidores de energía, se necesitan medidas específicas para prevenir y abordar las causas primeras de la pobreza energética, en particular mediante el fomento de inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética, concretamente en el sector de la vivienda social. Las actualizaciones propuestas de la Directiva de eficiencia energética (41) y de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (42) también se proponen abordar los principales obstáculos no económicos a la renovación, como los incentivos divididos, especialmente entre arrendador y arrendatario, así como las estructuras de copropiedad. En este contexto, debe prestarse especial atención a las mujeres y a determinados grupos que corren mayor riesgo de verse afectados por la pobreza energética, como las personas con discapacidad, los progenitores en familias monoparentales, las personas mayores, los niños y las personas de origen racial o étnico minoritario.

Los retos de movilidad preexistentes y emergentes pueden abordarse mediante medidas de apoyo y el desarrollo de las infraestructuras necesarias, como el transporte público. La asequibilidad, accesibilidad y seguridad de la movilidad sostenible y de los diferentes modos de transporte, tanto público como privado, son fundamentales para garantizar que todas las personas se beneficien de la transición ecológica y formen parte de ella. La movilidad urbana desempeña un papel importante en este contexto, como también se refleja en la Comunicación de la Comisión, de 14 de diciembre de 2021, titulada «El Marco de Movilidad Urbana de la UE».

(23)

Un enfoque de una transición justa que incluya a la sociedad en su conjunto debe fomentar medidas estratégicas basadas en la coordinación de la elaboración de políticas y el refuerzo de las capacidades operativas a todos los niveles y en todos los ámbitos de actuación pertinentes, dando un papel activo a las autoridades regionales y locales. Debe basarse también en la participación de los interlocutores sociales en todos los niveles y fases, así como en una participación efectiva y de impacto de la sociedad civil y las partes interesadas. Esa coordinación y esa colaboración podrían garantizar que los principios de equidad y solidaridad del Pacto Verde Europeo se integren en el diseño, la ejecución y el seguimiento de las políticas desde el principio, proporcionando la base para un apoyo amplio y a largo plazo a políticas inclusivas que promuevan la transición ecológica.

(24)

Contar con una sólida base empírica es fundamental para poner en marcha políticas sociales y del mercado de trabajo sólidas que garanticen una transición justa e inclusiva. A tal fin, la armonización gradual y la coherencia de las definiciones, los conceptos, las clasificaciones y las metodologías, basados en particular en la Recomendación (UE) 2020/1563 de la Comisión (43), facilitan las evaluaciones y su comparabilidad. Otras acciones de investigación e innovación pueden contribuir a la base de conocimientos que puede alimentar las políticas y el discurso público. A su vez, los intercambios con el público en toda su diversidad y con las principales partes interesadas, por ejemplo sobre los resultados de las evaluaciones, la previsión y los ejercicios de seguimiento, pueden contribuir a la elaboración de políticas y a la responsabilización.

(25)

Se necesitan datos e indicadores detallados y de alta calidad adecuados, desglosados por sexo, en particular para evaluar las repercusiones que tienen las políticas en materia de cambio climático en el empleo, sus repercusiones sociales y distributivas. En la actualidad, estos datos e indicadores no están plenamente disponibles. Por ejemplo, aunque se han realizado algunos avances en la medición de la pobreza energética, podrían desarrollarse indicadores para evaluar la pobreza de transporte con arreglo a las circunstancias nacionales. El seguimiento y la evaluación pueden reforzarse a través de múltiples acciones centradas en indicadores, cuadros de indicadores, proyectos piloto a pequeña escala y experimentación de políticas. Las acciones deben basarse o inspirarse en los cuadros de indicadores existentes, como el cuadro de indicadores sociales y el cuadro de indicadores del Pacto Verde Europeo, que contienen información pertinente sobre aspectos específicos de las políticas de transición justa.

(26)

El uso óptimo y eficiente de la financiación pública y privada, así como la movilización de todos los recursos disponibles y su distribución efectiva, revisten especial importancia a la luz de las importantes necesidades de inversión derivadas de la transición ecológica. A nivel de la Unión, las acciones pertinentes son financiadas por el presupuesto de la Unión y NextGenerationEU. Se ejecutarán en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el Mecanismo para una Transición Justa (MTJ), incluido el Fondo de Transición Justa (FTJ), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión, la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), Erasmus+ y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para los Trabajadores Desplazados (FEAG), el programa LIFE, el programa Horizonte Europa, los Fondos de Modernización e Innovación (44) y los fondos en el marco de la política agrícola común (PAC). Además, la Comisión apoya a los Estados miembros a través del Instrumento de Apoyo Técnico, facilitando conocimientos técnicos a medida para diseñar y ejecutar reformas, en especial aquellas que promueven una transición justa hacia la neutralidad en carbono.

(27)

El Semestre Europeo es el marco de coordinación de las políticas económicas y de empleo de la Unión. Seguirá desempeñando este papel en la fase de recuperación y en el impulso de las transiciones digital y ecológica, estructurado en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva, apoyando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el marco del Semestre Europeo, la Comisión seguirá de cerca los resultados y las repercusiones socioeconómicas y, cuando proceda, propondrá recomendaciones específicas por país para garantizar que nadie se quede atrás. La complementariedad con las medidas financiadas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia será prioritaria. Por tanto, el seguimiento de la presente Recomendación tendrá lugar, según proceda, en el contexto del Semestre Europeo, en especial en el marco de sus comités pertinentes, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, sobre la base de evaluaciones adecuadas, evaluaciones de impacto de las políticas y el estado de ejecución de las orientaciones facilitadas en la presente Recomendación. El acuerdo de seguimiento no añadirá cargas administrativas innecesarias para los Estados miembros.

(28)

Además, como parte del proyecto y de la actualización definitiva de sus planes nacionales de energía y clima en 2023 y 2024, respectivamente, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1999, los Estados miembros deben basarse en la presente Recomendación para considerar la integración de las evaluaciones de impacto social, distributivo y sobre el empleo, así como los aspectos de una transición justa en las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, y seguir mejorando las medidas estratégicas para abordar esos efectos, prestando especial atención a la pobreza energética.

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Además, el seguimiento de la ejecución de la presente Recomendación puede basarse en las pruebas existentes en el contexto de los procesos de supervisión multilateral establecidos, tales como el Semestre Europeo. El Consejo o la Comisión podrán solicitar al Comité de Empleo y al Comité de Protección Social, de conformidad con los artículos 150 y 160 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea respectivamente, y en cooperación con otros comités pertinentes, en especial el Comité de Política Económica, que examinen, en sus respectivos ámbitos de competencia, la ejecución de la presente Recomendación sobre la base de informes adecuados de la Comisión y de otros instrumentos de supervisión multilateral. También en este contexto, la Comisión está trabajando para mejorar la disponibilidad de datos, desglosados por sexo, actualizar y utilizar marcos y orientaciones metodológicas existentes, especialmente para la medición de la pobreza energética y de transporte y las desigualdades medioambientales, y para evaluar la eficacia y el impacto real de las medidas estratégicas.

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