Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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Tras una recesión muy profunda en 2020, la economía de la zona del euro está experimentando una recuperación sólida y rápida. El crecimiento del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2021 superó las expectativas y, según las previsiones económicas del otoño de 2021 de los servicios de la Comisión, se espera que el PIB de la zona del euro crezca un 5,0 % en 2021. La economía de la zona del euro recuperó su nivel de PIB anterior a la crisis en el último trimestre de 2021. En el segundo trimestre de 2021, siete países de la zona del euro ya habían recuperado sus niveles de PIB anteriores a la crisis. Según las previsiones, el PIB anual de la zona del euro aumentará en un 4,3 % en 2022, pero se espera que la recuperación sea desigual entre los países y entre los sectores. La demanda interna es el principal motor del crecimiento del PIB, vinculado a la relajación de las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 tras el despliegue de la vacunación, las mejoras graduales en los mercados de trabajo, la utilización del ahorro adicional acumulado durante los períodos de confinamiento y el fuerte crecimiento de la inversión, que se beneficia de unas condiciones de financiación favorables y del apoyo de NextGenerationEU, el instrumento de recuperación establecido mediante el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (3). Como se recomendó, los Estados miembros de la zona del euro han tomado medidas, individual y colectivamente dentro del Eurogrupo, con el fin de garantizar una orientación de la política que apoye la recuperación de la crisis de la COVID-19. De cara al futuro, el nivel de incertidumbre sigue siendo elevado, con importantes riesgos, en particular los relacionados con la evolución de la pandemia, tanto dentro como fuera de la Unión, lo que requiere un estrecho seguimiento.

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A lo largo del año 2021, el fuerte crecimiento de la demanda interna se ha topado con las limitaciones de la oferta, como la escasez de insumos y las perturbaciones logísticas. Además, la escasez de mano de obra y de personal cualificado se ha convertido en una preocupación creciente en algunos sectores y algunos Estados miembros. Tras varios años de tasas muy bajas, la inflación en la zona del euro ha repuntado desde principios de 2021, en particular, como consecuencia de los efectos de base, de la subida de los precios de la energía y de los estrangulamientos de la oferta, lo que sugiere un fenómeno transitorio vinculado al proceso de ajuste posterior al confinamiento. La inflación alcanzó el 4,9 % en la zona del euro en noviembre de 2021. Según las previsiones económicas del otoño de 2021 de los servicios de la Comisión, disminuirá al 2,2 % en 2022 y al 1,4 % en 2023.

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En 2021, la estrategia europea de recuperación se centró en poner en marcha NextGenerationEU y su instrumento más importante, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Llegado mediados de noviembre de 2021, el Consejo había adoptado los planes de recuperación y resiliencia de veintidós Estados miembros, incluidos dieciocho países de la zona del euro, tras las evaluaciones positivas de la Comisión. En los próximos años, la aplicación efectiva de las reformas y las inversiones en el marco del MRR tendrá un profundo efecto positivo en el funcionamiento de las economías de los Estados miembros de la zona del euro. La aplicación efectiva del MRR fomentará al alza la convergencia económica y social entre los Estados miembros de la zona del euro, dada la clave de reparto utilizada para asignar sus recursos. El MRR también ha reforzado la confianza y contribuye a respaldar el crecimiento y la estabilidad macrofinanciera, equilibrando así la combinación de políticas y complementando las acciones del Banco Central Europeo (BCE). Además de apoyar la recuperación, el MRR tiene por objeto transformar estructuralmente las economías de los Estados miembros, en particular, para lograr las transiciones ecológica y digital. La realización de inversiones y reformas coherentes en el marco del MRR, junto con el uso de los fondos de la política de cohesión, tiene por objeto aumentar la resiliencia de la zona del euro ante futuras perturbaciones, aumentar la producción potencial de manera duradera, apoyar el empleo y abordar los retos sociales. Asimismo, la emisión de deuda denominada en euros por parte de la Unión para financiar el MRR añadirá profundidad y liquidez a los mercados de capitales europeos y contribuirá a reforzar el euro como moneda internacional. La emisión de bonos verdes en el marco de NextGenerationEU también ayudará a promover las inversiones sostenibles.

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La aplicación de las reformas e inversiones incluidas en los planes de recuperación y resiliencia dará paso al desembolso de financiación del MRR y contribuirá efectivamente a la consecución de las prioridades políticas de la zona del euro, incluidas las que figuran en la Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2021, sobre la política económica de la zona del euro (5). Dicha aplicación se referirá, entre otras cosas, al refuerzo de los marcos institucionales nacionales, al apoyo a la inversión pública de alta calidad y a las medidas políticas de apoyo a la cohesión social y a unas transiciones ecológica y digital justas. Dicha aplicación debería contribuir a garantizar una recuperación sostenible e integradora, mantener el potencial de crecimiento y mejorar la resiliencia. Esto está en consonancia con la Comunicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022» y las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva, es decir, la sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica.

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Unas políticas económicas que se apoyan adecuadamente y se refuerzan mutuamente han garantizado una estabilización macroeconómica eficaz y han limitado el impacto en los resultados del mercado de trabajo, mitigando los riesgos de cicatrización y apoyando una rápida recuperación económica. Una combinación adecuada de las políticas monetaria y presupuestaria, junto con las reformas estructurales y las políticas financieras, seguirán siendo esenciales para el correcto funcionamiento de la zona del euro, dentro del pleno respeto de las funciones respectivas de los Estados miembros y las instituciones en virtud del Tratado.

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Las medidas de política monetaria del BCE tienen por objeto garantizar el buen funcionamiento de los distintos segmentos de los mercados financieros, mantener intactos los canales de transmisión monetaria y, en última instancia, salvaguardar la estabilidad de precios a medio plazo. En julio de 2021, el BCE publicó su nueva estrategia de política monetaria, que adopta un objetivo simétrico de inflación del 2 % a medio plazo. El Consejo de Gobierno del BCE confirmó también que el conjunto de tipos de interés del BCE sigue siendo su principal instrumento de política monetaria. En octubre de 2021, el BCE inició una fase de investigación de dos años de duración sobre la posible emisión de un euro digital. La creación de un euro digital requeriría una intervención del legislador de la Unión y la Comisión tiene la intención de presentar una propuesta legislativa sobre la base del artículo 133 del Tratado. En función de su concepción, dicha moneda digital de un banco central podría, entre otras cosas, ofrecer un suministro de dinero público en formato digital, apoyar la digitalización de la economía europea y fomentar activamente la innovación en los pagos minoristas. Además, podría contribuir a reforzar el papel internacional del euro y la autonomía estratégica abierta de la Unión.

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El 19 de octubre de 2021, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «La economía de la UE después de la COVID-19: Implicaciones para la gobernanza económica», en la que se reabría el debate sobre la revisión de la gobernanza económica para crear un amplio consenso sobre la manera de mejorar el marco de gobernanza económica, abordar los desequilibrios macroeconómicos y hacer frente a los retos presupuestarios de una manera favorable a la transición y al crecimiento, teniendo en cuenta las lecciones extraídas de la crisis de la COVID-19.

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Se preveía que en 2021 el déficit de las administraciones públicas de la zona del euro en su conjunto alcanzara el 7,1 % del PIB, pero disminuyera hasta el 3,9 % en 2022. Se preveía que la orientación presupuestaria de la zona del euro, según las previsiones económicas del otoño de 2021 de los servicios de la Comisión, siguiera siendo favorable en 2021, con una expansión superior al 1,75 % del PIB, y lo siga siendo en 2022, con una expansión cercana al 1 % del PIB. En 2022, la inversión pública, financiada tanto a nivel nacional como de la Unión, contribuirá a esa orientación favorable. Desde noviembre de 2021, los dieciocho planes nacionales de recuperación y resiliencia de la zona del euro aprobados en ese momento por el Consejo deben proporcionar un apoyo financiero de gran magnitud a los Estados miembros de la zona del euro por un importe de hasta 262 000 millones EUR en subvenciones y 139 000 millones EUR en préstamos hasta 2026. La coordinación de las políticas presupuestarias nacionales, respetando plenamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es crucial para dar una respuesta eficaz a la perturbación económica causada por la crisis de la COVID-19, una recuperación sostenible y el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria (UEM). Aunque la cláusula general de salvaguardia seguirá en vigor en 2022, se espera que se desactive a partir de 2023. Con la consolidación de la recuperación económica, la política presupuestaria está pasando de las medidas temporales de emergencia a las medidas específicas de apoyo a la recuperación. El aumento de las ratios de deuda pública, del 85,5 % del PIB en 2019 al 100 % del PIB en 2021, ha reflejado los efectos combinados de la contracción de la producción y la necesaria reacción política ante la gran perturbación causada por la COVID-19. Sin embargo, dado que las ratios de deuda ya eran elevadas en algunos Estados miembros de la zona del euro antes de dicha perturbación, una reducción de la deuda gradual, continua y favorable al crecimiento será un objetivo político en gran parte de la zona del euro.

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En este contexto, la mejora de la composición de las finanzas públicas, también mediante el fomento de la inversión, la mejora de calidad de las medidas presupuestarias y la garantía de la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo, también en vista del cambio climático y de las transiciones ecológica y digital, parecen especialmente pertinentes. La presupuestación ecológica, las revisiones del gasto, el buen funcionamiento de los sistemas de gestión de la inversión pública y unos marcos de contratación pública eficaces pueden mejorar la transparencia y la eficacia de las finanzas públicas y crear margen presupuestario para nuevas inversiones públicas. Las reformas para una política de ingresos más eficiente y justa se han vuelto aún más fundamentales tras la crisis de la COVID-19. Sigue habiendo margen para que los sistemas fiscales de la zona del euro sean más favorables al crecimiento y al medio ambiente, en particular, haciendo frente a las distorsiones y reduciendo la cuña fiscal sobre el trabajo, que sigue siendo elevada en la mayoría de los Estados miembros de la zona del euro. Las medidas destinadas a abordar la planificación fiscal abusiva, la elusión fiscal y la evasión fiscal pueden hacer que los sistemas fiscales sean más eficientes y justos, al tiempo que apoyan la recuperación y aumentan los ingresos. La globalización ha hecho necesario ajustar el marco fiscal para adaptarse a una economía cada vez más digitalizada. Se ha alcanzado un acuerdo sobre la reforma de la fiscalidad mundial para hacer frente a los retos fiscales derivados de la digitalización de la economía y limitar la competencia fiscal perniciosa en el Marco inclusivo sobre erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el G20.

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La respuesta política rápida y enérgica a nivel nacional y de la Unión, en particular a través de NextGenerationEU, ha sido eficaz para mitigar el impacto de la crisis en los hogares y las empresas. Gracias a esa acción coordinada, las divergencias se han ampliado menos de lo previsto inicialmente, y se han mitigado las secuelas a largo plazo. El apoyo a las políticas, en particular a través de regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas de mantenimiento del empleo, ha contribuido a mantener la actividad de las empresas durante la crisis y ha limitado el aumento de la tasa de desempleo y la caída de la renta disponible. Aunque han aumentado, las tasas de insolvencia se mantuvieron moderadas en 2021, a pesar de la supresión gradual de las medidas de apoyo. Los mercados de trabajo también están mostrando mejoras graduales, con la tasa de empleo de nuevo en el 72,1 % en el segundo trimestre de 2021, frente al máximo alcanzado antes de la COVID-19 del 72,9 % en el cuarto trimestre de 2019. La adopción acelerada de la tecnología digital a lo largo de la crisis de la COVID-19 podría tener un efecto positivo en la productividad si se mantiene en el tiempo. Sin embargo, dicha crisis ha tenido importantes repercusiones territoriales, sectoriales y distributivas, lo que necesitará reasignaciones tanto dentro de los países y de los sectores como entre ellos, con importantes costes de transición para los trabajadores y las empresas.

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Aunque el aumento de las quiebras ha seguido siendo limitado hasta la fecha, la crisis de la COVID-19 ha dejado a muchas empresas con balances más débiles, lo que podría limitar su capacidad para financiar proyectos de inversión a corto plazo y comprometer su capacidad de reembolso. A medida que se haga efectiva la recuperación, el apoyo debe eliminarse gradualmente y hacerse más específico. Un menor uso de instrumentos de deuda limitaría los pasivos contingentes y contribuiría a preservar la capacidad de inversión de las empresas. La retirada oportuna de las medidas de apoyo a las políticas es un acto de equilibrio en el que se combinan el apoyo a la inversión y el empleo y la prevención de la quiebra de las empresas viables, sin impedir la salida ordenada de las empresas inviables a medio plazo. En este contexto, es crucial mejorar el acceso de las empresas a la financiación, reforzar los balances de las empresas y aumentar la capacidad y la eficiencia de los marcos de insolvencia. Los regímenes nacionales de insolvencia difieren sustancialmente entre sí en la zona del euro, por lo que serán necesarias medidas de refuerzo de la capacidad para facilitar un sistema administrativo y judicial eficaz. La mejora de los marcos de insolvencia también puede contribuir a unos balances más sólidos en el sector bancario, con una repercusión positiva en la oferta de crédito. La Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) sobre reestructuración e insolvencia, que tiene por objeto introducir normas mínimas en todos los Estados miembros en materia de reestructuración preventiva y exoneración de deudas de los empresarios, debe incorporarse al Derecho nacional a más tardar el 17 de julio de 2022. Además, la integración de los mercados de capitales de la Unión es fundamental para proporcionar a las empresas fuentes alternativas de financiación que complementen los préstamos bancarios. Los avances en la unión de los mercados de capitales pueden mejorar el acceso de las empresas de la zona del euro a la financiación, movilizar inversiones a largo plazo en tecnologías nuevas y ecológicas, tecnologías e infraestructuras, promover la inversión en capital y eliminar los obstáculos transfronterizos a la inversión, en particular armonizando determinados aspectos del Derecho sustantivo en materia de procedimientos de insolvencia.

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Si bien el empleo se está recuperando rápidamente, algunos sectores, categorías específicas de trabajadores y regiones se verán afectados a largo plazo por la crisis de la COVID-19 y por el fuerte impulso a favor de una economía más ecológica y de una aceleración de la digitalización. Los jóvenes se han visto particularmente afectados, así como las personas con una baja cualificación y las personas de origen migrante. Los nuevos puestos de trabajo creados podrían ser diferentes de los puestos de trabajo que se han perdido como consecuencia de dicha crisis. Algunos grupos, incluidas las mujeres, siguen enfrentándose a retos estructurales para su integración en el mercado del trabajo. Los estrangulamientos en la cadena de suministro y la subida de los precios de la energía pueden ralentizar la recuperación del empleo en determinados sectores. Por lo tanto, las medidas políticas que faciliten la transición laboral y la reintegración en el mercado laboral serán fundamentales para apoyar el ajuste y mitigar las repercusiones sociales, en particular a la luz de las transiciones ecológica y digital. La Comisión presentó la Recomendación (UE) 2021/402 (7) sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19, en la que se invita a los Estados miembros a que elaboren paquetes de políticas coherentes que combinen medidas destinadas a reducir la escasez de personal cualificado y ayudar a las personas a orientarse con éxito en las transiciones ecológica y digital. Estos paquetes constarán de tres componentes: i) incentivos a la contratación y a la transición, limitados en el tiempo y bien diseñados, y apoyo al emprendimiento; ii) oportunidades de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional vinculadas a las necesidades del mercado laboral; y iii) un mayor apoyo por parte de los servicios de empleo. Mientras tanto, para la cohesión de la zona del euro, la protección social sigue siendo fundamental tras la crisis sanitaria y económica y para garantizar unas transiciones ecológica y digital justas. El pilar europeo de derechos sociales sigue siendo la brújula para la acción en materia de empleo, capacidades y política social que fomenta la convergencia económica y social al alza y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en los Estados miembros. El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado en marzo de 2021, establece tres objetivos principales de la Unión relativos i) al empleo, ii) al aprendizaje de adultos y iii) a la reducción de la pobreza de aquí a 2030, a lo que contribuirán las medidas recomendadas correspondientes. Esos objetivos fueron acogidos favorablemente por los dirigentes de la Unión en la Cumbre Social de Oporto del 8 de mayo de 2021 y en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de junio de 2021.

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Los Estados miembros han diseñado ambiciosos planes de reforma e inversión, con el apoyo financiero y político del MRR, y su aplicación resulta fundamental. El aumento de la calidad de las instituciones, en particular, mediante el refuerzo de la capacidad administrativa, será fundamental para garantizar una rápida absorción de los fondos correspondientes, evitando al mismo tiempo duplicaciones e interferencias con otros instrumentos de la Unión. Los Estados miembros pueden mejorar las condiciones marco para la inversión privada mejorando el entorno empresarial. Para garantizar el buen funcionamiento del mercado único, será fundamental preservar y reforzar la resiliencia de la cadena de suministro en el mercado único mediante la detección y el tratamiento de la escasez de suministros y los estrangulamientos de la oferta, junto con los mercados abiertos, la convergencia de las normas, una mayor diversificación, la circularidad y la eficiencia de los recursos. Sigue siendo pertinente la Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2021, sobre la política económica de la zona del euro, en la que se pide una mayor integración del mercado único de bienes y servicios, en particular, el mercado único digital, mediante la eliminación de restricciones innecesarias, la mejora de la vigilancia del mercado y la garantía de una capacidad administrativa suficiente.

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Como resultado de reformas anteriores, el sector bancario ha demostrado su resiliencia general cuando se enfrenta a graves tensiones económicas. El amplio apoyo de las políticas en el fondo de la crisis y la sólida recuperación registrada en 2021 han atenuado hasta ahora la preocupación por el debilitamiento de los balances de las empresas. Sin embargo, es posible que los bancos de la zona del euro sufran cierto deterioro en la calidad de los activos. El seguimiento oportuno de los riesgos, el compromiso proactivo con los deudores y la gestión activa de los préstamos dudosos, junto con el refuerzo de la rentabilidad y un marco normativo sólido, son importantes para mantener la estabilidad del sector bancario y su capacidad de financiar la recuperación económica.

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El tamaño económico y la integración de la zona del euro, así como las medidas adoptadas para responder a la crisis de la COVID-19, han sido factores de estabilización a escala mundial a lo largo de dicha crisis. Dada la interconexión de las economías, los Estados miembros de la zona del euro tendrán que realizar en los próximos años las inversiones y reformas acordadas para salir fortalecidos de la crisis, al mismo tiempo que deberán profundizar aún más en la UEM para aumentar su resiliencia frente a futuras perturbaciones y su capacidad de tener una posición más sólida en el panorama internacional. La evolución de las economías avanzadas y emergentes tiene repercusiones directas en la zona del euro a través de diversos canales, en particular en lo referente a la política sanitaria y de vacunación, las orientaciones de la política monetaria, los flujos financieros, las cadenas de valor mundiales y el comercio. Las limitaciones de las cadenas de suministro mundiales surgidas a raíz de la recuperación demuestran aún más la creciente interconexión económica mundial. Al mismo tiempo, el superávit por cuenta corriente de la zona del euro continuó su gradual descenso y en 2020 alcanzó un nivel próximo al sugerido por las variables fundamentales. Sin embargo, se prevé que aumente del 2,6 % al 3,4 % entre 2020 y 2023. El fortalecimiento del papel internacional del euro, que se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años, en particular, mediante el desarrollo de un euro digital, podría reforzar la autonomía económica y financiera de la zona del euro y de la Unión, y mejorar la estabilidad financiera mundial.

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La profundización de la UEM sigue siendo esencial. La unión bancaria y la unión de los mercados de capitales son proyectos que se refuerzan mutuamente para promover el crecimiento, salvaguardar la estabilidad financiera y apoyar una auténtica UEM. Colmar las lagunas restantes aumentaría aún más la estabilidad y la resiliencia de la zona del euro, contribuiría a la prosperidad de las economías de la zona del euro y reforzaría el papel internacional del euro. Sigue siendo esencial completar la unión bancaria, junto con la oportuna ratificación de los acuerdos de modificación del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (8) y el Acuerdo sobre la transferencia y mutualización de las contribuciones del Fondo Único de Resolución, firmado en Bruselas el 21 de mayo de 2014, y la unión de los mercados de capitales. Al completarla también se apoyarán las transiciones ecológica y digital, que necesitan importantes inversiones. En la Cumbre del Euro del 25 de junio de 2021 se reiteró el compromiso de completar la unión bancaria y se invitó al Eurogrupo en composición ampliada a convenir, sin demora y de forma consensuada, un plan de trabajo gradual y sujeto a plazos sobre todos los elementos pendientes. También se pidió la rápida aplicación del Plan de Acción para la Unión de los Mercados de Capitales, que figura en la Comunicación de la Comisión, de 24 de septiembre de 2020, titulada «Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción», en consonancia con las prioridades establecidas en las Conclusiones del Consejo, de 3 de diciembre de 2020, sobre dicho Plan de Acción. La Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2021, sobre la política económica de la zona del euro, que insta a completar la UEM y reforzar el papel internacional del euro, sigue siendo pertinente.

1)

Seguir utilizando y coordinando las políticas presupuestarias nacionales en todos los Estados miembros para apoyar eficazmente una recuperación sostenible e integradora. Mantener una orientación presupuestaria moderadamente favorable en 2022 en toda la zona del euro, teniendo en cuenta los presupuestos nacionales y la financiación proporcionada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Encauzar gradualmente las medidas fiscales hacia inversiones que promuevan una recuperación sostenible e integradora, coherente con las transiciones ecológica y digital, prestando especial atención a la calidad de las medidas presupuestarias. Reflejando el nivel de incertidumbre, mantener una política presupuestaria ágil para poder reaccionar a la evolución de la pandemia de COVID-19. Diferenciar las políticas presupuestarias teniendo en cuenta la fortaleza de la recuperación, garantizando la sostenibilidad presupuestaria y potenciando las inversiones, sin olvidar la necesidad de reducir las divergencias.

2)

Promover políticas que aborden la planificación fiscal abusiva, la evasión y la elusión fiscales para garantizar unos sistemas fiscales justos y eficientes. Trabajar para limitar la competencia fiscal perniciosa, en particular, mediante la aplicación de una solución mundial basada en el consenso para hacer frente a los retos fiscales derivados de la digitalización y la globalización de la economía. Reducir la cuña fiscal sobre el trabajo y promover un cambio de la fiscalidad del trabajo hacia impuestos menos distorsionadores. Pasar de las medidas de emergencia a las medidas de recuperación en los mercados laborales garantizando políticas activas eficaces relativas al mercado de trabajo: i) apoyando las transiciones laborales, en particular hacia una economía ecológica y digital; ii) combinando medidas para hacer frente a la escasez de personal cualificado, reforzando la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, ofreciendo incentivos específicos a la contratación; y iii) mejorando la capacidad de los servicios públicos de empleo para hacer frente a los desajustes del mercado laboral. Reforzar los sistemas integradores de educación y formación de calidad. Promover la integración en el mercado laboral de la juventud, las mujeres y los grupos vulnerables, garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas y abordar la segmentación del mercado laboral, desarrollar y adaptar, cuando sea necesario, sistemas de protección social y reforzar el acceso a ellos para hacer frente a los retos que surjan a raíz de la crisis de la COVID-19 y a los relacionados con las transiciones ecológica y digital. Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas, reforzar el diálogo social y promover la negociación colectiva. Garantizar el intercambio de las buenas prácticas que aumenten la resiliencia económica y social, así como la convergencia hacia estas prácticas, en el mercado laboral y las políticas sociales.

3)

Hacer un seguimiento de la eficacia de los paquetes de apoyo a las empresas, centrarse en un apoyo más específico a la solvencia de las empresas viables que hayan sufrido tensiones durante la crisis de la COVID-19 y hacer un mayor uso de instrumentos de capital. Aumentar la capacidad de los marcos de insolvencia para hacer frente de manera eficaz y oportuna a la quiebra y la reestructuración de la deuda, maximizar la conservación del valor y promover una asignación eficiente del capital en la economía real y las inversiones transfronterizas. Avanzar rápidamente hacia la profundización de la unión de los mercados de capitales, respecto a la cual la Comisión ha presentado propuestas legislativas que se centran en apoyar la financiación de la economía, aumentar las oportunidades de inversión para las empresas y los particulares, y eliminar los obstáculos transfronterizos injustificados a la inversión en el mercado único.

4)

Seguir reforzando los marcos institucionales nacionales y proseguir las reformas para abordar los obstáculos a la inversión y la reasignación de capital, y garantizar el uso eficiente y oportuno de los fondos de la Unión. Reducir la carga administrativa para las empresas y mejorar el entorno empresarial. Reforzar la eficacia y la digitalización de la administración pública. Mejorar la gestión de las finanzas públicas, entre otros, a través de la presupuestación ecológica y la mejora de la eficacia de los marcos de gestión de la inversión pública, y hacer uso de las revisiones del gasto para mejorar la composición y la calidad de las finanzas públicas, en particular, la calidad de las inversiones públicas y la inversión en personas y capacidades, y dirigir mejor el gasto público a las necesidades de recuperación y resiliencia.

5)

Garantizar la estabilidad macrofinanciera y mantener los canales de crédito a la economía, seguir abordando los préstamos dudosos mediante, entre otras medidas, el seguimiento de la calidad de los activos, el compromiso oportuno y proactivo con los deudores en dificultades, en particular, los viables, y continuar desarrollando los mercados secundarios de préstamos dudosos. Seguir trabajando en la culminación de la unión bancaria, mediante un plan de trabajo gradual y sujeto a plazos sobre todos los elementos pendientes necesarios y con el mismo nivel de aspiración, y en el refuerzo del papel internacional del euro. Seguir apoyando los trabajos exploratorios sobre la posible introducción de un euro digital.