Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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Mediante la Decisión (UE) 2024/1764 (1), el Consejo autorizó a la Comisión a participar, en nombre de la Unión, en las negociaciones de un protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (en lo sucesivo, «Protocolo»).

El Protocolo fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 15 de mayo de 2026 y está previsto que se abra a la firma el 14 de octubre de 2026.

El Protocolo cumple el objetivo de la Unión establecido en el artículo 67, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), a saber, garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia y lucha contra ella, incluidas medidas de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales, y mediante la aproximación de las legislaciones penales.

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El Protocolo contiene, entre otras cosas, disposiciones sobre su finalidad y ámbito de aplicación, sobre medidas de comiso, sobre medidas provisionales para el embargo y la congelación de bienes, sobre técnicas e instrumentos de investigación, sobre la creación de organismos de recuperación de activos, sobre el acceso de dichos organismos a la información y sobre el intercambio de información entre ellos, sobre el acceso de las autoridades competentes a la información sobre cuentas bancarias, sobre gestión de activos —incluida la designación de organismos de gestión de activos—, sobre cooperación judicial en relación con el reconocimiento y la ejecución de las decisiones de congelación y comiso, el reparto de activos y las devoluciones, y sobre derechos y garantías procesales para todas las personas afectadas.

El Protocolo tiene el potencial de reforzar de forma considerable los marcos de recuperación de activos y la cooperación conexa entre los Estados miembros del Consejo de Europa y otros socios internacionales clave que podrían llegar a ser Partes en el Protocolo.

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Las normas establecidas en el Protocolo se solapan en gran medida con las normas comunes establecidas a nivel de la Unión y se inspiraron en ellas. Entre dichas normas comunes destacan, en particular, las Directivas (UE) 2024/1260 (2) y (UE) 2024/1640 (3) del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Además, el Protocolo se solapa con la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), que sigue siendo aplicable únicamente en relación con Irlanda, y con las Decisiones Marco 2003/577/JAI (6), 2005/212/JAI (7) y 2006/783/JAI (8) del Consejo, que siguen siendo aplicables únicamente en relación con Dinamarca e Irlanda y entre estos dos Estados.

La Comisión participó en las negociaciones en nombre de la Unión y se aseguró de que el Protocolo fuera compatible con el Derecho pertinente de la Unión.

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De conformidad con su artículo 37, el Protocolo está abierto a la firma de la Unión. La Unión debe ser Parte en el Protocolo junto con sus Estados miembros, ya que tanto la Unión como sus Estados miembros tienen competencias en los ámbitos cubiertos por el Protocolo. El Protocolo debe firmarse en nombre de la Unión en lo que respecta a materias que sean de su competencia, en la medida en que el Protocolo pueda afectar a normas comunes establecidas a nivel de la Unión o alterar su ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de estas normas comunes también podría verse afectado o alterado por compromisos internacionales cuando dichos compromisos pertenezcan a un ámbito ya contemplado en gran medida por tales normas comunes, en la medida en que tales compromisos puedan socavar la aplicación uniforme y coherente de las normas comunes y el correcto funcionamiento del sistema que establecen. En el ámbito de las competencias compartidas, los Estados miembros conservan su competencia en la medida en que el Protocolo no afecte a normas comunes establecidas a nivel de la Unión ni altere su ámbito de aplicación, incluida la evolución futura previsible de dichas normas. La presente Decisión se entiende sin perjuicio de la firma del Protocolo por los Estados miembros de conformidad con sus procedimientos internos.

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De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

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De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (n.o 22) sobre la posición de Dinamarca anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), emitió su dictamen el 10 de septiembre de 2026.

Por lo tanto, procede firmar el Protocolo en nombre de la Unión Europea.