Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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Los límites de precios al por menor para las comunicaciones intracomunitarias reguladas establecidos en el artículo 5 bis, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/2120, que entraron en vigor en todos los Estados miembros el 15 de mayo de 2019, se fijaron en un nivel que permitía a los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración disponibles al público recuperar sus costes, garantizando así una intervención proporcionada en el mercado de las comunicaciones móviles y fijas. Estas medidas, que expiraban el 14 de mayo de 2024 de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) 2015/2120, modificado por el Reglamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), tenían por objeto garantizar que no se cobraran precios excesivos a los consumidores por las comunicaciones dentro de la Unión.

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El artículo 10, apartado 5, del Reglamento (UE) 2015/2120 prorroga la aplicación de los límites de precios al por menor para las comunicaciones dentro de la Unión hasta el 30 de junio de 2032. De conformidad con el artículo 5 bis, apartado 9, del mismo Reglamento, a más tardar el 30 de junio de 2027, la Comisión debe revisar el artículo 5 bis y puede decidir, si procede, presentar una propuesta legislativa para modificarlo.

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De conformidad con el artículo 5 bis, apartado 8, del Reglamento (UE) 2015/2120, los proveedores que decidan voluntariamente no aplicar precios al por menor diferentes a los consumidores para las comunicaciones nacionales y dentro de la Unión deben quedar exentos de aplicar los límites máximos de precios al por menor establecidos para las comunicaciones dentro de la Unión, con sujeción a una política de utilización razonable. En tal caso, estarán exentos de los precios regulados para las comunicaciones dentro de la Unión. Una política de utilización razonable es una salvaguardia que debe permitir a los proveedores desviarse de la convergencia de precios y aplicar recargos si la utilización de las comunicaciones dentro de la Unión por parte de los consumidores supera las condiciones que el proveedor ha establecido para definir la utilización típica de las comunicaciones dentro de la Unión en un Estado miembro determinado.

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En primer lugar, las condiciones que definen la utilización típica deben especificar unos volúmenes de comunicaciones dentro de la Unión que permitan a los consumidores consumir una serie de unidades para llamadas y mensajes SMS dentro de la Unión, cobrados a los precios minoristas nacionales aplicables, que sean coherentes con sus respectivos planes de tarifas y que sean suficientes para cubrir una amplia gama de pautas de utilización de los consumidores, incluidos, en particular, los consumidores con un consumo relativamente elevado de comunicaciones dentro de la Unión al mes que siguen dependiendo de comunicaciones tradicionales, como llamadas telefónicas o mensajes SMS. En segundo lugar, las condiciones que definen la utilización típica deben especificar su período de aplicación. Este período de aplicación definido debe ser igual a un período de facturación como mínimo, pero podría ampliarse a varios períodos de facturación especificados por el proveedor. Los proveedores podrán fijar límites de volumen de consumo aplicables a uno o varios períodos dentro del período de aplicación. En tercer lugar, las mismas condiciones que definen la utilización típica deben aplicarse a todos los planes de tarifas del proveedor en un Estado miembro.

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La política de utilización razonable debe, por una parte, proporcionar a los consumidores volúmenes adecuados de llamadas y mensajes SMS dentro de la Unión y, por otra, permitir futuros ajustes basados en las condiciones del mercado y en el comportamiento de los consumidores. La utilización típica de llamadas y mensajes SMS dentro de la Unión puede variar, entre otras cosas, en función del tipo de consumidor, el proveedor o el Estado miembro.

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Por lo tanto, las condiciones de utilización típica deben permitir a los proveedores un margen suficiente de flexibilidad para establecer una política de utilización razonable que consideren adecuada y que sea conforme con el presente Reglamento de Ejecución y, al mismo tiempo, permitir futuros ajustes basados en las condiciones del mercado y el comportamiento de los consumidores.

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Las comunicaciones dentro de la Unión son de naturaleza diferente de la itinerancia y su utilización prevista es diferente. A diferencia de las comunicaciones dentro de la Unión, la itinerancia regulada es un servicio transfronterizo destinado a los viajes periódicos y no a una utilización permanente. Por lo tanto, hay un riesgo de que se haga una utilización anómala y abusiva de la itinerancia para fines distintos de los previstos, mientras que el riesgo relativo a las comunicaciones dentro de la Unión es que se haga una utilización superior a la típica. El concepto de utilización que exceda la utilización típica de las comunicaciones dentro de la Unión es, por tanto, diferente del concepto de utilización «de forma abusiva o anómala» de los servicios de itinerancia al por menor a precios nacionales, tal como se define en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2022/612 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), que se refiere a la utilización de servicios regulados de itinerancia al por menor por parte de clientes itinerantes en un Estado miembro distinto del de su proveedor nacional para fines distintos de los viajes periódicos y a los que puede aplicarse una política de utilización razonable.

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La política de utilización razonable no debe afectar al derecho de los proveedores a adoptar medidas para luchar contra el fraude si la decisión voluntaria de no aplicar a los consumidores precios al por menor para las comunicaciones dentro de la Unión diferentes a las comunicaciones nacionales da lugar a una utilización fraudulenta. Debe permitirse a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas al público detectar y evitar que terceros aprovechen la política de utilización razonable para el arbitraje de precios con el fin de obtener una ventaja económica (por ejemplo, el fraude en la participación en la recaudación internacional o la utilización abusiva de las tarjetas SIM). Dichas medidas deben ser proporcionadas y pueden incluir, entre otras cosas, el seguimiento de los patrones de tráfico para detectar anomalías que puedan indicar una utilización fraudulenta o abusiva, o la suspensión temporal del servicio a la espera de la verificación de la utilización.

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Al mismo tiempo, los consumidores deben estar protegidos frente a medidas que puedan afectar de cualquier modo a su capacidad para utilizar las comunicaciones dentro de la Unión. A este respecto, son aplicables todos los derechos de los consumidores derivados de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) sobre los derechos de los consumidores. De conformidad con el artículo 102 de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), las cláusulas contractuales que establezcan una política de utilización razonable deben comunicarse claramente a los consumidores antes de que sean aplicables.

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Además, antes de que el consumo de comunicaciones dentro de la Unión por parte de un consumidor supere la utilización típica, los proveedores deben alertar a los consumidores de dicha utilización de la manera detallada de antemano en los contratos de los consumidores. En cualquier caso, estas medidas deben reducir al mínimo la carga administrativa para los consumidores y limitar el número de alertas innecesarias.

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A efectos del presente acto, el concepto de «consumidor» debe entenderse tal como se define en el artículo 2, apartado 15, de la Directiva (UE) 2018/1972.

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Se consultó al Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas de conformidad con el artículo 5 bis, apartado 8, del Reglamento (UE) 2015/2120.

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El comité de comunicaciones creado en virtud del artículo 118, apartado 1, de la Directiva (UE) 2018/1972 no ha emitido dictamen alguno en el plazo fijado por su presidencia.