Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 28, apartado 1, y su artículo 31, apartado 1,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1) La Estrategia de la UE de 2018 contra las armas de fuego, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas y su munición, titulada «Seguridad de las armas, protección de los ciudadanos» (en lo sucesivo, «Estrategia de la UE para las APAL»), establece las directrices para la acción de la Unión en el ámbito de las armas pequeñas y armas ligeras (APAL).

(2) En el ámbito regional, la Estrategia de la UE para las APAL compromete a la Unión y a sus Estados a proporcionar asistencia a otros países a fin de mejorar la gestión y la seguridad de los arsenales de titularidad estatal mediante el refuerzo de los marcos legislativos y administrativos nacionales y el refuerzo de las instituciones que regulan el suministro lícito y la gestión de arsenales de APAL y sus municiones para las fuerzas de seguridad y defensa.

(3) La Estrategia de la UE para las APAL señala que la Unión buscará sinergias con los Estados y organizaciones regionales pertinentes de América para reducir la proliferación y el tráfico ilícitos de APAL, con miras a la reducción de la violencia armada y la actividad delictiva.

(4) La Organización de los Estados Americanos (OEA) es la Secretaría de la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y coordina y aplica iniciativas regionales de lucha contra las APAL ilícitas en América.

(5) Anteriormente, la Unión apoyó la OEA mediante las Decisiones (PESC) 2018/2010 (1) y (PESC) 2022/847 (2) del Consejo en apoyo de la lucha contra la proliferación ilícita y el tráfico de APAL y de sus municiones y su impacto en América Latina y el Caribe.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1.   La presente Decisión tiene como finalidad hacer frente a la violencia armada en el continente americano, en el contexto de la Estrategia de la UE para las APAL. Para ello, la Unión financiará el proyecto descrito en el anexo, cuyo objetivo es luchar contra la proliferación ilícita y el tráfico de armas de fuego y sus municiones e impedir el uso de armas de fuego en comunidades gravemente afectadas.

2.   Los objetivos de la presente Decisión son:

 a) reforzar los marcos reglamentarios para afrontar el tráfico de armas de fuego en el continente americano;

 b) aumentar el intercambio de conocimientos y de información sobre el tráfico de armas de fuego y la proliferación ilícita de APAL en el continente americano;

 c) mejorar las capacidades estatales para gestionar el ciclo de vida de las APAL y sus municiones, reduciendo el riesgo de desvío hacia el mercado ilícito;

 d) reforzar los sistemas nacionales de localización sistemática de APAL ilícitas;

 e) reducir los factores de riesgo asociados a la violencia armada a escala comunitaria, y

 f) reforzar la cooperación subregional mediante el desarrollo y la aplicación de la hoja de ruta subregional sobre armas de fuego.

3.   En el anexo de la presente Decisión figura una descripción pormenorizada del proyecto.

Artículo 2

1.   El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «Alto Representante») será responsable de la aplicación de la presente Decisión.

2.   La ejecución técnica del proyecto mencionado en el artículo 1 correrá a cargo de la OEA.

3.   La OEA desempeñará sus funciones bajo la responsabilidad del Alto Representante. A tal fin, el Alto Representante suscribirá los acuerdos necesarios con la OEA.

Artículo 3

1.   El importe de referencia financiera para la ejecución del proyecto financiado por la Unión será de 4 055 956 EUR.

2.   Los gastos financiados por el importe de referencia especificado en el apartado 1 se gestionarán de conformidad con los procedimientos y las normas aplicables al presupuesto general de la Unión.

3.   La Comisión supervisará la correcta administración de los gastos a que se refiere el apartado 2. Para ello, celebrará con la OEA el acuerdo de financiación que resulte necesario. En dicho acuerdo se estipulará que la OEA debe garantizar que la contribución de la Unión tenga una proyección pública acorde con su cuantía.

4.   La Comisión procurará celebrar el acuerdo de financiación a que se refiere el apartado 3 lo antes posible tras la entrada en vigor de la presente Decisión. Informará al Consejo de cualquier dificultad que surja en ese proceso y de la fecha de celebración del acuerdo de financiación.

Artículo 4

1.   El Alto Representante informará al Consejo de la aplicación de la presente Decisión atendiendo a los informes descriptivos periódicos elaborados por la OEA. Dichos informes constituirán la base de la evaluación que llevará a cabo el Consejo.

2.   La Comisión informará sobre los aspectos financieros del proyecto a que se refiere el artículo 1.

Artículo 5

1.   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

2.   La presente Decisión expirará a los treinta y seis meses de la celebración del acuerdo de financiación a que se refiere el artículo 3, apartado 3. No obstante, expirará a los seis meses de su entrada en vigor si no se celebrase ningún acuerdo dentro de ese plazo.

Hecho en Bruselas, el 15 de julio de 2025.

Por el Consejo

La Presidenta

K. KALLAS

(1)  Decisión (PESC) 2018/2010 del Consejo, de 17 de diciembre de 2018, en apoyo de la lucha contra la proliferación y tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y de sus municiones y su impacto en América Latina y el Caribe en el marco de la Estrategia de la UE contra las armas de fuego, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas y su munición «Seguridad de las armas, protección de los ciudadanos» (DO L 322 de 18.12.2018, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/2010/oj).

(2)  Decisión (PESC) 2022/847 del Consejo, de 30 de mayo de 2022, en apoyo de los esfuerzos para prevenir y combatir la proliferación y tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y de sus municiones y su impacto en el continente americano (DO L 148 de 31.5.2022, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/847/oj).

ANEXO

Proyecto en apoyo a los esfuerzos para prevenir y combatir la proliferación y tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y de sus municiones y su impacto en el continente americano – Fase III

1.   Contexto

El continente americano sigue siendo la región más violenta del mundo, con elevados costes económicos, sociales y humanos, que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables. Según el último Estudio Mundial sobre el Homicidio, en 2021 se registró en esa región el mayor índice regional de homicidios, con 15 homicidios por cada 100 000 habitantes, frente a la media mundial de 5,8 por cada 100 000 habitantes (1). A pesar de que se ha logrado reducir las tasas de homicidios —desde los 17,2 por cada 100 000 habitantes en 2017 (2)— uno de cada tres homicidios en el mundo se produce en el continente americano, y casi el 70 % de estos se cometen con un arma de fuego (3). Por lo tanto, es esencial reforzar la capacidad de los países de América Latina y del Caribe de afrontar la violencia armada.

Varios factores contribuyen a la violencia armada en la región. La proliferación ilícita de armas y municiones, especialmente en contextos de fuerte desigualdad, exclusión social y falta de acceso a servicios públicos y a métodos pacíficos de resolución de conflictos, pone en riesgo la seguridad de la comunidad. Además, grupos delictivos organizados amenazan la estabilidad de los países de América Latina y del Caribe al alimentar el mercado de armas ilícitas a través de rutas ilegales que aprovechan unas fronteras porosas y una supervisión insuficiente de la cadena legal de armas de fuego y municiones. Para afrontar de manera eficaz la violencia armada en el continente americano, las políticas integrales deben otorgar prioridad al control de los flujos ilícitos de armas de fuego y municiones y a la lucha contra factores de riesgo a escala comunitaria mediante un enfoque doble que aborde tanto la oferta como la demanda de armas de fuego y municiones.

La región ya cuenta con un marco para reforzar los controles sobre el ciclo de vida de las armas de fuego y las municiones. La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), firmada en 1997 y ratificada por treinta y un países americanos, sigue siendo un instrumento clave de la cooperación regional para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones y explosivos. La CIFTA establece obligaciones jurídicamente vinculantes en relación con la gestión durante todo el ciclo de vida de las armas de fuego y municiones, reduciendo así el desvío de sus usuarios legítimos y luchando contra el tráfico de armas de fuego. No obstante, es necesario redoblar los esfuerzos para aplicar las disposiciones de la CIFTA. A pesar del afán de los Gobiernos, la región sigue teniendo muchas dificultades al aplicar estas políticas para asegurarse de que solamente los usuarios autorizados tengan acceso a las armas de fuego y municiones.

La primera dificultad es la escasez de datos para entender las peculiaridades del fenómeno en cada país y detectar las insuficiencias en capacidades institucionales. Por otra parte, los países carecen de legislación, recursos humanos y equipos para controlar el comercio legal y el uso legítimo de armas de fuego y municiones. Las capacidades de los sistemas de registro son limitadas, a pesar de haber aumentado el marcado de armas de fuego. La mayoría de los sistemas todavía emplean papel o están fragmentados, y carecen de integración de datos. En la práctica, una vez que una empresa de seguridad civil o privada obtiene una licencia de posesión de armas de fuego, no hay personal o equipos asignados para comprobar el cumplimiento de las condiciones de la licencia. La supervisión de los arsenales propiedad del Estado también es laxa. Las fuerzas militares y de seguridad no aplican de forma sistemática los protocolos de gestión de arsenales, lo que aumenta la probabilidad de desvío de armas de fuego y munición al mercado ilícito, así como el riesgo de explosiones imprevistas en las instalaciones de almacenamiento.

Además, resulta relativamente fácil desviar armas de fuego y municiones durante transferencias internacionales. Las autoridades de concesión de licencias, las autoridades aduaneras y las agencias de fronteras no disponen de canales de comunicación en tiempo real que permitan hacer un seguimiento en todo momento de la circulación de mercancías. La falta de equipos, en particular de aparatos de rayos X, y la deficiente formación del personal de las autoridades de fronteras dificultan los procesos de verificación y la interceptación de armas de fuego y municiones ocultas.

La respuesta del sistema de justicia penal también es insuficiente; algunos países no disponen aún de unidades especializadas para la investigación y el enjuiciamiento del tráfico de armas de fuego. La falta de protocolos y recursos para la investigación de armas de fuego recuperadas frena las investigaciones judiciales que podrían rastrear el origen de las armas de fuego, vincularlas a múltiples lugares del delito y destapar las redes de tráfico ilícito.

Los países no solo carecen de las capacidades de gestión del suministro de armas de fuego y municiones para asegurarse de que solamente los usuarios autorizados tengan acceso a ellas sino que, además, las limitaciones en las capacidades institucionales no permiten hacer frente a la demanda ilícita de armas de fuego y municiones y a los factores de riesgo que impiden la generación de una cultura de paz en las comunidades.

Para afrontar estas dificultades, el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA), gracias a la financiación de la Unión Europea [Decisión (PESC) 2018/2010 del Consejo y Decisión (PESC) 2022/847 del Consejo] y dentro del marco del Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones (PACAM), proporciona desde 2019 asistencia técnica global a los Estados de América Latina y el Caribe en refuerzo de sus iniciativas para combatir y evitar el tráfico de armas de fuego y municiones. El PACAM es el mecanismo operativo de la OEA para ayudar a los Estados miembros de la OEA a afrontar la violencia armada reforzando su capacidad para cumplir y aplicar las disposiciones de instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA), el Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre las Armas Pequeñas y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). El PACAM presta apoyo a los Estados miembros de la OEA, previa solicitud de estos, mediante un enfoque multidimensional:

—	apoyo legislativo para mejorar el marco normativo en materia de armas de fuego;

—	asistencia técnica adaptada, orientada a las necesidades y sostenible, y desarrollo de capacidades en diversos aspectos durante todo el ciclo de vida de las armas de fuego y las municiones;

—	promoción de iniciativas preventivas para reforzar la resiliencia de las comunidades frente a la violencia armada mediante la metodología OASIS y reducir el acceso no autorizado a las armas de fuego.

Entre enero de 2019 y julio de 2024, la aplicación de las dos Decisiones (PESC) del Consejo produjo resultados de gran calado en la región, y benefició a veintiocho países de América Latina y el Caribe gracias a varios componentes:

—	desarrollo de la Hoja de Ruta de Centroamérica y República Dominicana para Prevenir el Tráfico y la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, adoptada por los países de Centroamérica en febrero de 2024;

—	asistencia legislativa a siete países para reforzar su marco normativo en materia de armas de fuego;

—	formación de más de 3 400 miembros del personal nacionales de veintiocho países en buenas prácticas y normas en materia de seguridad física y gestión de arsenales, marcado y registro de armas de fuego y destrucción de armas de fuego y municiones;

—	apoyo a dieciséis países en el marcado de armas de fuego, en particular mediante la donación de máquinas para el marcado;

—	destrucción de más de 219 toneladas de municiones y 85 000 armas pequeñas y ligeras (APAL) incautadas, obsoletas o excedentes en seis países;

—	mejoras de seguridad en dieciséis depósitos de armas de fuego y municiones en ocho países;

—	desarrollo de un programa informático de control de inventario de armas de fuego y municiones en arsenales institucionales, empleado por quince instituciones en nueve países;

—	desarrollo de un Mecanismo de Comunicación Regional sobre Transferencias Lícitas de Armas de Fuego y Municiones, que comprende una solución nacional para países que continúan utilizando el papel en la gestión de sus procesos de concesión de licencias;

—	refuerzo de las habilidades para la vida de 2 600 jóvenes en situación de riesgo en Honduras y Perú mediante clases extraescolares de orquesta y coro;

—	establecimiento de un centro de referencia para víctimas de la violencia armada en Honduras, que proporcionó apoyo psicosocial a más de 160 personas y organizó actividades de divulgación para mejorar la concienciación de la sociedad;

—	formación en materia de prevención de la violencia y asistencia a las víctimas para más de 300 agentes de comunidades interesados de El Salvador, Honduras y Perú;

—	participación de más de 2 800 personas de Honduras y Perú en actividades de divulgación y actos sobre prevención de la violencia para fomentar una cultura de paz.

Gracias a la colaboración con la Unión Europea, se han logrado grandes avances en la lucha contra el tráfico de armas de fuego en la región. Algunos países han participado en los componentes regionales del proyecto, como los mecanismos de coordinación y los talleres, mientras que un grupo central de países ha participado de forma integral.

A pesar de estos avances, la prestación de asistencia a largo plazo sigue siendo necesaria para que perduren las buenas prácticas en los países. La experiencia del Departamento de Seguridad Pública de la OEA pone de relieve que, para lograr la aplicación sistemática y la responsabilización nacional de iniciativas complejas, como el control de las armas de fuego, es indispensable una asistencia técnica y operativa prolongada, adaptada y orientada a las necesidades. Esta nueva fase tendrá en cuenta la importancia de las estrategias a largo plazo para originar cambios de calado y sostenibles en las iniciativas y en las condiciones de seguridad.

La tercera fase incorporará nuevos elementos a partir de los avances logrados en las fases I y II, como la asistencia selectiva para mejorar las prácticas de localización y evitar el uso de armas de fuego y los incidentes en centros escolares. Durante estos cinco años hemos creado las condiciones para la introducción de estos nuevos elementos, que exigen una relación directa y cercana con las autoridades públicas y un diálogo abierto sobre sus retos y necesidades. Por ello, la fase III no solo contribuirá a la sostenibilidad de la asistencia que se ha prestado a lo largo de los últimos cinco años, sino que también supondrá un paso más en la lucha contra la violencia armada en el continente americano.

2.   Planteamiento técnico

Durante esta fase, el Departamento de Seguridad Pública de la OEA proseguirá su inversión en un enfoque integral que combine estrategias para la prevención de la violencia armada y para el control de las armas de fuego, con el fin de hacer frente a la oferta y la demanda no autorizadas de armas de fuego y municiones a través de cinco objetivos específicos:

1.   Reforzar los marcos reglamentarios para afrontar el tráfico de armas de fuego en el continente americano

Uno de los componentes de la Acción consiste en el refuerzo de los marcos jurídicos nacionales para garantizar que sustenten las actividades operativas de control de las armas de fuego e incluyan todas las disposiciones imperativas de la reglamentación internacional. Para ello se amplía el abanico de normas y directrices sobre aspectos clave de la prevención de la violencia armada y de la gestión durante todo el ciclo de vida de las armas de fuego y las municiones, y además se facilita el acceso a las autoridades nacionales y al personal técnico.

Durante la fase anterior, el Departamento de Seguridad Pública de la OEA desarrolló tres nuevas directrices [Destrucción de APAL, seguridad física y gestión de arsenales (SFGA) de APAL y Prevención de Violencia de Género Cometida con el uso de Armas de Fuego] que obtuvieron la aprobación del Comité Consultivo de la CIFTA y se incorporaron a la documentación complementaria destinada a orientar la aplicación de la Convención. En esta fase, el Departamento de Seguridad Pública de la OEA proseguirá esta labor de desarrollo de las directrices de la CIFTA en materia de programas de entrega voluntaria de armas y de normas sobre seguridad y protección para empresas privadas de seguridad, asuntos de suma importancia para la región. Existe un gran número de armas de fuego en circulación en comunidades muy afectadas, por lo que es necesario concienciar sobre los riesgos que plantean y que además se incentive su entrega, con el fin de fomentar una cultura de paz y resolución pacífica de conflictos. Además, las empresas privadas de seguridad siguen en aumento en América Latina y en el Caribe, lo que implica millones de guardas armados prestando servicios de seguridad de diversa índole. Es fundamental regular el uso de armas de fuego y municiones por parte de empresas privadas de seguridad, para reducir el desvío y el uso indebido de las que obren en su poder.

Por otra parte, ampliaremos la plataforma hemisférica de conocimiento sobre armas de fuego desarrollada durante la fase II y seguiremos difundiéndola. Esta plataforma es un repositorio centralizado de información y datos relacionados con el tráfico de armas de fuego en el continente americano. Consta de un área pública con una librería de publicaciones conexas y una herramienta de búsqueda que permite filtrar las normas por área de interés (como, por ejemplo, ámbito de aplicación, nivel de recomendación, etc). Además, cuenta con un área privada para usuarios registrados de todos los países que permite el acceso a un foro de intercambio de información, un directorio de autoridades y una herramienta para la presentación electrónica de los informes bienales sobre la aplicación de la CIFTA. Esta información se presenta después en paneles de control para evaluar las capacidades de los Estados y las insuficiencias en la aplicación de la Convención.

2.   Aumentar el intercambio de conocimientos e información sobre el tráfico de armas de fuego y la proliferación ilícita de APAL en el continente americano

Consciente de la necesidad de una generación constante de datos para entender mejor las características del tráfico de armas de fuego en la región, el Departamento de Seguridad Pública de la OEA busca mejorar la oferta de herramientas de creación de conocimiento en el marco de la CIFTA con el fin de detectar las principales insuficiencias en las capacidades institucionales. Ofreceremos formación al personal nacional sobre la recogida y sistematización de datos sobre el tráfico de armas de fuego mediante tres seminarios subregionales. Además, se prestará apoyo individualizado a los países para ayudarles a cumplimentar y presentar el cuestionario sobre la aplicación de la CIFTA, que incluye variables específicas para evaluar las capacidades estatales a partir de los índices de referencia existentes (entre ellos la CIFTA, el compendio MOSAIC, Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones y otras normas).

En colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) y utilizando su metodología, realizaremos un análisis en profundidad de las capacidades estatales de gestión del ciclo de vida de las APAL y las municiones. Este análisis permitirá que los países apliquen estrategias específicas para solventar las insuficiencias detectadas.

3.   Mejorar las capacidades estatales para gestionar el ciclo de vida de las APAL y sus municiones, reduciendo así el riesgo de desvío hacia el mercado ilícito

Desde el punto de vista operativo, el Departamento de Seguridad Pública de la OEA seguirá reforzando las capacidades nacionales para gestionar los arsenales institucionales y reducir el riesgo de pérdida, robo y desvío de armas y municiones mediante, entre otras cosas, la formación y la asistencia específica en materia de SFGA, que abarca la protección, la seguridad, la contabilidad, el almacenamiento, el transporte y el manejo de las armas y las municiones obsoletas. En lo que respecta a la SFGA, seguiremos aplicando la metodología desarrollada en fases anteriores para formar a operadores nacionales en la evaluación de las condiciones de los depósitos. A partir de las necesidades evaluadas, realizaremos ligeras mejoras a la infraestructura y la seguridad de estos depósitos. Además, seguiremos proporcionando asistencia integral para los procesos de destrucción, facilitando equipos, tutorías y formación, así como certificación para acreditar el cumplimiento con la normativa internacional. Esta asistencia técnica se integrará en actividades de desarrollo de capacidades (formación, seminarios, talleres) para generar sostenibilidad mediante la gestión durante todo el ciclo de vida de las armas y las municiones.

4.   Reforzar los sistemas nacionales de localización sistemática de APAL ilícitas

El apoyo proporcionado en fases anteriores, especialmente en lo que respecta al marcado y al registro, ha puesto de manifiesto importantes insuficiencias en las prácticas sistemáticas de localización y en los sistemas de gestión de la información. Estas insuficiencias lastran las capacidades de los funcionarios de policía para detectar patrones de tráfico, evitar los desvíos y reforzar la cooperación entre países. A fin de solventar esta cuestión, el Departamento de Seguridad Pública de la OEA ha aprovechado las relaciones establecidas con las autoridades para introducir un nuevo componente en la fase III cuyo objetivo es reforzar los sistemas nacionales de localización sistemática de APAL ilícitas. Esta iniciativa se llevará a la práctica en colaboración con Interpol, dada su dilatada experiencia al respecto con las fuerzas o cuerpos de seguridad. Este componente incluye un seminario regional para fomentar el intercambio de información entre países de América Latina y del Caribe en materia de localización sistemática. Además, en el marco de un proyecto piloto, prestaremos a un país concreto asistencia técnica integral, que incluirá el desarrollo de un Protocolo de actuación tras el hallazgo de armas de fuego, con procedimientos, flujos de trabajo y procesos normalizados para asegurar la selección (teniendo en cuenta criterios de prioridad para la localización y la investigación), la localización y la investigación de las armas de fuego recuperadas, y la creación de un grupo operativo para ayudar al personal nacional a aplicar el protocolo y localizar las armas de fuego de una muestra seleccionada. Por otra parte, se desarrollarán informes de inteligencia para apoyar la labor policial.

5.   Reducir los factores de riesgo asociados a la violencia armada a escala comunitaria

El Departamento de Seguridad Pública de la OEA seguirá aplicando un enfoque integral para la lucha contra la violencia por armas de fuego a escala comunitaria, con iniciativas focalizadas que consideran que los grupos de alto riesgo son tanto víctimas como victimarios de violencia armada. Entre estas iniciativas se encuentran, por ejemplo, la aplicación en un país de la metodología OASIS del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, que comprende clases de música extraescolares para que los jóvenes en situaciones de riesgo puedan desarrollar habilidades para la vida; la posibilidad de obtener apoyo psicosocial y el fomento de actividades comunitarias de concienciación a través de un centro de referencia para víctimas de la violencia armada; y formación de agentes de la comunidad interesados en prevención de la violencia armada. Además, la fase III también abordará la prevención de la violencia relacionada con las armas de fuego en centros escolares, mediante la prestación de formación a educadores y personal escolar en estrategias de prevención, intervención y asistencia a víctimas de tal violencia. Como complemento a esta formación se realizarán talleres para periodistas e influyentes con el fin de mejorar la manera de informar sobre la violencia relacionada con las armas de fuego y así evitar que se sigan utilizando y que se repitan esos casos. Asimismo, seguiremos consolidando los avances logrados durante la fase II con una oferta de formación de formadores, para así divulgar conocimientos y buenas prácticas sobre la lucha contra la violencia de género con armas de fuego. Por último, habida cuenta de la labor inicial de la fase II, ofreceremos asistencia técnica para campañas de concienciación y programas de entrega voluntaria de armas para así reducir la circulación de armas de fuego ilícitas en comunidades muy afectadas.

6.   Reforzar la cooperación subregional mediante el desarrollo y la aplicación de la hoja de ruta subregional sobre armas de fuego

En la fase II de la cooperación, el Departamento de Seguridad de la OEA, en coordinación con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) y con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), desarrolló con éxito la Hoja de Ruta de Centroamérica y la República Dominicana para Prevenir el Tráfico y la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos. En la fase III, establecerá un mecanismo de seguimiento en apoyo de la aplicación de esta hoja de ruta, de conformidad con el mandato de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (4). Para determinar la estructura del mecanismo de seguimiento los Estados participantes estudiarán las enseñanzas extraídas y las buenas prácticas de las otras hojas de ruta, en particular las siguientes:

—	creación de un marco de seguimiento y evaluación para la hoja de ruta, en particular designación de puntos de contacto para el seguimiento y la evaluación y el desarrollo de una plataforma en red para que los Estados informen sobre los avances con respecto a la hoja de ruta;

—	asistencia a los Estados para recabar los estudios de base, en particular asistencia técnica para formarles en el empleo del marco de seguimiento y evaluación, y apoyo para recopilar los datos necesarios;

—	organización de reuniones anuales entre Estados tras la adopción de la hoja de ruta;

—	reuniones periódicas de los socios ejecutantes, las autoridades públicas y los donantes (por separado y conjuntamente);

—	talleres nacionales y asistencia técnica para que los países desarrollen, teniendo en cuenta los objetivos generales de la hoja de ruta, planes de acción nacionales, entre ellos de formación y de formación sobre concienciación, y tutorías individualizadas para países.

A lo largo de la fase III, el Departamento de Seguridad de la OEA presentará elementos fundamentales del mecanismo de seguimiento, tales como la organización de una reunión anual, la creación de un marco de seguimiento y evaluación y el apoyo a algunos países mediante estudios de base y planes de acción nacionales. El Departamento de Seguridad de la OEA también solicitará aportaciones adicionales de donantes a fin de reforzar el marco para la aplicación de la hoja de ruta de Centroamérica sobre armas de fuego.

Además, teniendo en cuenta el interés de los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) por abordar la cuestión del tráfico de armas de fuego de manera más coherente e integral debido a las necesidades concretas de esa subregión (afectada por dinámicas de bandas, flujos de drogas y minería ilegal), durante la fase III el Departamento de Seguridad de la OEA dará inicio al proceso para desarrollar la hoja de ruta de los Andes sobre armas de fuego. Durante esa primera fase, definiremos las necesidades y prioridades de los países y desarrollaremos un proyecto de hoja de ruta mediante talleres nacionales y regionales con representantes de las autoridades públicas. Además, procuraremos encontrar otras fuentes de financiación para complementar los recursos de la Unión Europea y lograr que se adopte la hoja de ruta en la fase III.

Resumen y planteamiento para la aplicación

Al abordar múltiples ámbitos, la Acción pretende responder simultáneamente a las necesidades de los países y promover cambios sostenibles y a largo plazo. Las actividades para reforzar el control de las armas de fuego y reducir su suministro se complementarán con medidas preventivas para reducir la demanda en las comunidades más afectadas por la violencia armada.

El Departamento de Seguridad de la OEA, a través del PACAM, coordinará y llevará a cabo la Acción en colaboración con otras agencias y autoridades nacionales. Mediante los foros políticos y los canales de comunicación de la OEA, su Departamento de Seguridad detectará qué países necesitan ayuda, y trabajará con ellos para elaborar planes de asistencia adaptados. Este proyecto adoptará un planteamiento específico y adaptado para cada país, puesto que reconoce que las necesidades y las insuficiencias varían. No todos los países recibirán ayuda en todos los componentes del proyecto. En lugar de eso, el Departamento de Seguridad de la OEA seguirá utilizando la metodología del PACAM de probada eficacia: determinar las necesidades, fomentar la participación de las autoridades, crear planes de asistencia y poner en marcha misiones. El Departamento de Seguridad de la OEA también participará en los mecanismos de coordinación para evitar duplicar el trabajo, por ejemplo, seguirá apoyando a los países del Caribe por medio de la hoja de ruta del Caribe sobre armas de fuego.

Perspectiva de género y de derechos humanos

Teniendo en cuenta las diferentes repercusiones de los conflictos armados en las personas vulnerables, la fase III mantendrá una perspectiva de género y de derechos humanos. Esto significa incluir a las mujeres en todos los niveles de ejecución de los proyectos y fomentar la participación igualitaria de las mujeres en las actividades del proyecto. Las actividades de prevención de la violencia se centrarán en las necesidades de seguridad y protección de las mujeres y las niñas en sus comunidades y en su participación en la búsqueda de soluciones a estos problemas. Además, los componentes se centrarán exclusivamente en tratar la violencia de género.

7.   Objetivo global

Reforzar la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para afrontar la violencia armada en la región, mediante el control de la proliferación y el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones y la prevención del uso de armas de fuego en comunidades muy afectadas.

8.   Descripción de las estrategias de intervención de los proyectos

Objetivo 1: Reforzar los marcos reglamentarios para afrontar el tráfico de armas de fuego en el continente americano

Actividades

—	Prestar asistencia técnica a los países para revisar la legislación y el marco normativo atendiendo a las normas internacionales, la armonización interna de los mandatos y la integración de una perspectiva de género.

—	Desarrollar las Directrices de la CIFTA para elaborar, planificar, ejecutar y evaluar programas voluntarios de entrega de armas.

—	Desarrollar las Directrices de la CIFTA con recomendaciones sobre normas de seguridad y protección que las empresas privadas de seguridad deben observar para evitar el desvío de APAL y sus municiones al mercado ilícito.

—	Difundir la plataforma hemisférica de conocimiento sobre armas de fuego, en particular una herramienta de búsqueda optimizada para facilitar el acceso a las normas y directrices de la CIFTA (desarrolladas durante la fase II).

Resultados

—	Se ha ofrecido a al menos tres países de la región asistencia legislativa para mejorar el marco normativo nacional sobre armas de fuego, teniendo en cuenta las normas internacionales y la perspectiva de género.

—

Se han aumentado las herramientas regionales para apoyar a los países en todos los aspectos del control de las armas de fuego (tanto en cuanto a la oferta como en cuanto a la demanda) mediante el desarrollo y la publicación de: i) las Directrices de la CIFTA para elaborar, planificar, ejecutar y evaluar programas voluntarios de entrega de armas; y ii) las Directrices de la CIFTA sobre prácticas de seguridad y protección para las empresas privadas de seguridad que utilizan armas de fuego.

—	Se ha ampliado y difundido entre las partes interesadas de la región la plataforma hemisférica de conocimiento sobre armas de fuego.

Objetivo 2: Aumentar el intercambio de conocimientos e información sobre el tráfico de armas de fuego y la proliferación ilícita de APAL en el continente americano

Actividades

—	Evaluar de manera exhaustiva las capacidades estatales para gestionar el ciclo de vida de las APAL y sus municiones (teniendo en cuenta la metodología del UNIDIR para el estudio de base sobre la gestión de armas y municiones).

—	Aplicar el cuestionario de la CIFTA con el fin de determinar las capacidades estatales para gestionar, prevenir, controlar y perseguir el comercio ilícito de armas de fuego.

—	Formar al personal nacional para recopilar y sistematizar datos relativos al tráfico de armas de fuego y la proliferación ilícita de APAL, teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Resultados

—	El estudio de base sobre la gestión de armas y municiones de UNIDIR se ha llevado a cabo en un país de la región.

—	El cuestionario se difundió en la región, y al menos el 60 % de los Estados parte de la CIFTA han enviado sus respuestas.

—	Elaboración, publicación y difusión del informe con las principales conclusiones de la aplicación del cuestionario de la CIFTA.

—

Se han celebrado tres seminarios subregionales virtuales (Mesoamerica, América del Sur y el Caribe), con al menos 20 participantes cada uno, dirigidos a concienciar al personal nacional de alto nivel acerca de las herramientas de recopilación de datos sobre el tráfico de armas de fuego y la proliferación ilícita y de las técnicas y estrategias para mejorar la recopilación de datos y la sistematización.

Objetivo 3: Mejorar las capacidades estatales para gestionar el ciclo de vida de las APAL y sus municiones, reduciendo así el riesgo de desvío hacia el mercado ilícito

Actividades

—

Desarrollar y poner en marcha formación especializada para el personal nacional en materia de gestión de armas y municiones, en particular sobre seguridad física y gestión de arsenales (SFGA), marcado y registro, campañas de entrega voluntaria de armas y destrucción de APAL y municiones, teniendo en cuenta las normas internacionales y las buenas prácticas.

—	Facilitar el certificado internacional en desactivación avanzada de explosivos (EOD-3) al personal nacional, en colaboración con el Ministerio de Defensa de España.

—	Proporcionar asistencia técnica y material y certificar los procesos nacionales de destrucción de APAL y municiones confiscadas, obsoletas o excedentarias.

—

Proporcionar asistencia técnica y material para evaluar y mejorar la infraestructura de los depósitos nacionales de APAL y municiones, con arreglo a las normas CIFTA, al Compendio de Implementación Modular de Control de Armas Pequeñas (MOSAIC) y a las Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones.

—	Poner en marcha un taller para usuarios del software de control de inventario de armas y municiones, desarrollado durante la fase I y ampliado en la fase II, a fin de determinar las dificultades y las necesidades de mejora.

—	Facilitar dicho software a las instituciones nacionales de los Estados miembros de la OEA que lo requieran, incluyendo formación y un servicio de asistencia a los usuarios.

—	Poner a prueba el concepto inicial de la solución electrónica del Mecanismo Regional de Comunicación sobre Transferencias Lícitas de Armas de Fuego y Municiones, desarrollado durante la fase II.

—	Desarrollar los módulos opcionales del Mecanismo y las funcionalidades adicionales, teniendo en cuenta los comentarios recibidos por los países piloto.

—	Apoyar la implantación del sistema nacional de licencias para el control de las exportaciones e importaciones en los países, desarrollado durante la fase II, y la adaptación a las normas y procesos nacionales.

Resultados

—	Al menos 50 000 APAL y 100 toneladas de munición, excedentarias, obsoletas o incautadas se han destruido con la asistencia o la certificación del proyecto.

—	Al menos 400 miembros del personal nacional, procedentes de 10 países, han recibido formación y han mejorado sus conocimientos sobre la aplicación de buenas prácticas en la gestión de armas y municiones.

—	Al menos 30 miembros del personal nacional de 10 Estados miembros de la OEA han obtenido el certificado en EOD-3, en colaboración con el Ministerio de Defensa de España.

—	La seguridad de los arsenales institucionales ha mejorado en al menos cinco depósitos o almacenes nacionales de APAL y municiones en la región.

—	Se ha mejorado la capacidad para el inventario y la rendición de cuentas de APAL y municiones en los arsenales de las instituciones nacionales mediante la mejora y difusión del software de control de inventario de armas y municiones.

—	Se ha aumentado la capacidad de al menos tres Estados miembros de la OEA para controlar las transferencias internacionales de APAL y municiones mediante la implantación del sistema nacional de licencias.

—	Los Estados miembros de la OEA han desarrollado plenamente el Mecanismo Regional de Comunicación sobre Transferencias Lícitas de Armas de Fuego y Municiones y lo han puesto a prueba.

Objetivo 4: Establecer o reforzar los sistemas nacionales de localización sistemática de APAL ilícitas

Actividades

—	Poner en marcha talleres subregionales para el intercambio de información sobre buenas prácticas para la localización de APAL ilícitas.

—	Desarrollar protocolos nacionales de recuperación de armas de fuego para facilitar la localización sistemática y la investigación de las armas de fuego recuperadas, en colaboración con Interpol.

—	Proporcionar asistencia técnica a las autoridades nacionales para detectar y rastrear las armas de fuego recuperadas y generar información de inteligencia para alimentar a las unidades de investigación pertinentes.

—

Evaluar las principales insuficiencias de los sistemas de registro y recogida de datos que dificultan la localización nacional e internacional de las armas de fuego recuperadas, y prestar asistencia técnica y recursos para reforzar o establecer esos sistemas o bases de datos nacionales, teniendo en cuenta las insuficiencias detectadas.

—	Prestar asistencia técnica y material en materia de marcado y registro, en particular a los Estados miembros que ya hayan recibido asistencia en fases anteriores de la cooperación con la Unión Europea.

Resultados

—

Las capacidades de un Estado miembro de la OEA para rastrear las APAL recuperadas han aumentado gracias al desarrollo de un protocolo de recuperación de armas de fuego; se ha ofrecido asistencia técnica para rastrear armas de fuego, y los sistemas y equipos necesarios para la localización nacional e internacional han mejorado.

—	Se ha organizado un seminario regional, con al menos veinte participantes, para difundir buenas prácticas de localización y marcos de localización de la CIFTA (incluida la designación de puntos de contacto para la localización) e intercambiar información.

—	Se ha prestado asistencia a cinco instituciones nacionales de Estados miembros de la OEA para mejorar sus capacidades de marcado y registro.

Objetivo 5: Reducir los factores de riesgo asociados a la violencia armada a escala comunitaria

Actividades

—	Organizar actividades extraescolares diarias para reforzar las habilidades para la vida de jóvenes en situación de riesgo mediante la metodología OASIS en un Estado miembro de la OEA.

—	Crear un centro de referencia para el apoyo psicosocial a las víctimas de violencia armada en al menos una comunidad vulnerable de un Estado miembro de la OEA.

—	Formar a responsables políticos locales, funcionarios de las administraciones públicas, proveedores de servicios, educadores, padres y sociedad civil sobre la prevención de la violencia cometida con armas de fuego.

—	Elaborar y ofrecer un programa regional de formación educativa (a través de un curso en línea masivo y abierto y un curso de formación de formadores) para educadores, autoridades escolares y otras autoridades sobre cómo abordar y prevenir el uso de armas de fuego en las escuelas.

—	Formar al personal del sector público nacional (a través de un enfoque híbrido con módulos presenciales y un curso en línea masivo y abierto) sobre la prevención de la violencia de género cometida con armas de fuego.

—	Realizar talleres con periodistas e influyentes digitales para concienciarles acerca de los factores de riesgo de violencia relacionada con las armas de fuego y exigir medidas para el fin y la prevención de la violencia.

—	Proporcionar asistencia técnica y material a un Estado miembro de la OEA para desarrollar e implantar programas de concienciación y de entrega voluntaria de armas en comunidades seleccionadas.

Resultados

—	Al menos 300 jóvenes en situación de riesgo (entre ellos, algunos que tienen problemas con la justicia) de las comunidades beneficiarias han mejorado sus habilidades para la vida mediante formación y actividades extraescolares diarias.

—

En una comunidad se ha creado un centro de referencia para el apoyo psicosocial a las víctimas de violencia armada, que ofrece: i) apoyo psicosocial individualizado para al menos 100 supervivientes de violencia o personas en riesgo de involucrarse en la violencia armada o de sufrirla; y ii) talleres temáticos sobre prevención de la violencia y actividades de divulgación dentro de la comunidad escolar y en espacios de participación locales.

—	Al menos 200 responsables políticos locales, funcionarios de las administraciones públicas, proveedores de servicios, educadores, padres y la sociedad civil han recibido formación en la prevención de la violencia armada.

—	Al menos 150 educadores, autoridades escolares y otras autoridades nacionales conexas han recibido formación para hacer frente al uso de armas de fuego en las escuelas y prevenirlo.

—	Al menos 150 funcionarios de las administraciones públicas y personas de la sociedad civil han recibido formación sobre cómo prevenir la violencia de género cometida con armas de fuego, y de ellos 15 han sido formados para multiplicar el conocimiento gracias al curso de formación de formadores.

—	Al menos 25 periodistas e influyentes digitales son más conscientes de los factores de riesgo asociados a la violencia armada gracias a su participación en el taller sobre prevención de la violencia relacionada con las armas de fuego.

—	Se ha impartido formación sobre concienciación acerca de los riesgos y se han puesto en marcha campañas de entrega voluntaria de armas en las comunidades beneficiarias de un país, contribuyendo así a reducir la demanda y la disponibilidad de armas de fuego.

Objetivo 6: Reforzar la cooperación subregional mediante el desarrollo y la aplicación de la hoja de ruta subregional sobre armas de fuego

Actividades

—	Establecer un marco de seguimiento y evaluación para la hoja de ruta de Centroamérica sobre armas de fuego, en particular desarrollar herramientas electrónicas para ayudar a la recogida y el análisis de datos.

—

Proporcionar asistencia técnica a los países centroamericanos en relación con el seguimiento y la evaluación de la hoja de ruta, por ejemplo, ayuda para realizar evaluaciones de referencia, formación del personal nacional en el uso del marco de seguimiento y evaluación, y asistencia continua para recopilar los datos necesarios.

—	Celebrar una reunión anual presencial de Estados, donantes y socios ejecutantes de la hoja de ruta de Centroamérica sobre armas de fuego.

—	Celebrar reuniones semestrales virtuales de los socios ejecutantes, las autoridades públicas y los donantes (por separado y conjuntamente).

—	Poner en marcha talleres nacionales y prestar asistencia técnica para que los países de Centroamérica desarrollen planes de acción nacionales, teniendo en cuenta los objetivos generales de la hoja de ruta, entre ellos la formación y las tutorías individualizadas para países.

Resultados

—	Los países participantes han elaborado y aprobado el marco de seguimiento y evaluación de la hoja de ruta de Centroamérica sobre armas de fuego.

—	Se ha realizado el estudio de base en al menos el 50 % de los países participantes centroamericanos.

—	Se ha celebrado una reunión anual presencial en torno a la hoja de ruta de Centroamérica sobre armas de fuego.

—	Se han celebrado seis reuniones virtuales en torno a la hoja de ruta de Centroamérica sobre armas de fuego con socios ejecutantes, autoridades públicas y donantes.

—	Al menos el 40 % de los países participantes en la hoja de ruta de Centroamérica sobre armas de fuego han desarrollado y aprobado planes de acción nacionales.

—	Se ha elaborado y acordado con los países andinos el proyecto de hoja de ruta de los Andes sobre armas de fuego.

9.   Duración

La duración total estimada de la fase III regional en su conjunto será de 36 meses.

10.   Entidad encargada de la ejecución técnica

La ejecución técnica de este programa corre a cargo del Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (DSP/OEA). El DSP/OEA cuenta con una posición única para ayudar a los países del continente americano, habida cuenta de su doble función como secretaría técnica conjunta de la CIFTA y como órgano técnico y operativo de la OEA en este ámbito. Como tal, el Departamento de Seguridad de la OEA tiene un historial de ejecución de proyectos y programas que ayudan a los Estados miembros de la OEA a cumplir sus obligaciones de proteger los arsenales nacionales de armas de fuego, promulgar medidas legislativas para tipificar como delito la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, exigir el marcado de las armas de fuego y compartir información sobre localización y patrones de tráfico ilícito con otros signatarios de la CIFTA. Ninguna otra organización regional ni subregional panamericana tiene la influencia política, la pericia técnica ni el alcance geográfico necesarios para dar apoyo y asistencia a todos los Estados americanos.

Durante la fase III, el Departamento de Seguridad de la OEA seguirá coordinándose y colaborando con otras instituciones y organizaciones. Desde la fase I se han ido estableciendo asociaciones estratégicas con entidades que apoyan a los países de América Latina y el Caribe para evitar la duplicación de esfuerzos y maximizar la eficacia de la acción. Entre esos socios figuran el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR), la Agencia de la Comunidad del Caribe de Implementación para el Crimen y la Seguridad (CARICOM IMPACS), la Junta Interamericana de Defensa, el Equipo Consultivo de Gestión de Municiones del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (AMAT-GIDHG) e INTERPOL.

11.   Pertinencia

—   Pertinencia regional

A pesar de los importantes avances en la consolidación de la democracia y el desarrollo socioeconómico, los países de América Latina y el Caribe siguen afrontando grandes dificultades a la hora de defender la seguridad de sus ciudadanos y comunidades. La seguridad pública, o la falta de ella, es una prioridad fundamental tanto para los ciudadanos como para las autoridades públicas de la región. El continente americano sigue siendo una de las regiones más violentas del mundo, y los expertos consideran que la disponibilidad de armas de fuego y el acceso sin restricciones a estas son factores de riesgo clave que contribuyen a los elevados índices de violencia letal. Algo que agrava este problema es la creciente sofisticación y complejidad de los grupos delictivos organizados, que han ampliado sus operaciones y ahora dominan el mercado del tráfico ilícito de armas. Estos grupos han pasado de estar organizados en estructuras verticales a conformar redes, lo que ha aumentado su eficacia y la rentabilidad de sus actividades ilícitas y dificulta la identificación e investigación de los infractores.

Es evidente que el tráfico y la disponibilidad de armas de fuego tienen graves repercusiones en la región, y constituyen uno de los principales retos para la seguridad regional y mundial. Esto se refleja en varios compromisos políticos y jurídicos contraídos por los países de la región, entre ellos:

—	la ratificación del Convenio CIFTA y otros instrumentos internacionales, como el Tratado sobre el Comercio de Armas y el Protocolo sobre Armas de Fuego;

—	la participación activa en marcos voluntarios, como el Programa de Acción de las Naciones Unidas y el Marco Global para la Gestión de las Municiones Convencionales durante Todo el Ciclo de Vida;

—	la adopción de la hoja de ruta del Caribe y de Centroamérica sobre armas de fuego.

La CIFTA dispone varias obligaciones para los Estados parte, entre ellas el establecimiento de una jurisdicción sobre los delitos, el marcado obligatorio de las armas de fuego, el mantenimiento de los registros para su localización, la mejora del control de transferencias, medidas para evitar el desvío y la cooperación transnacional. La segunda línea de acción de la CIFTA refuerza los objetivos de sus Estados parte en estos ámbitos, en consonancia con el Programa de Acción de las Naciones Unidas y con el Protocolo sobre Armas de Fuego. Este proyecto aprovecha ese marco para proporcionar asistencia técnica a los países en la puesta en práctica de los compromisos y disposiciones de esos tratados, en particular del Convenio CIFTA.

—   Consonancia con las prioridades de la Unión Europea

Los objetivos, las actividades y los resultados esperados de este proyecto están en consonancia con los objetivos y el enfoque de la Estrategia de la UE «Seguridad de las armas, protección de los ciudadanos»  (5), que adopta una perspectiva multilateral para fomentar el compromiso en todas las regiones del mundo. Al asociarse con la OEA, esta Acción seguirá fomentando sinergias entre la UE y la OEA y, por extensión, entre Europa y el continente americano, para reducir la violencia armada y la actividad delictiva. En particular, esta Acción promoverá la labor de la Unión Europea en la región mediante un apoyo específico a los países gravemente afectados por la proliferación, la acumulación excesiva y el tráfico de armas pequeñas y ligeras.

En concreto, la fase III refleja las prioridades de la Estrategia que se exponen a continuación.

2.1.	Refuerzo del marco normativo: Las actividades del objetivo 1 de la Acción pretenden que los países armonicen su legislación con las normas internacionales y dispongan de herramientas para fomentar la aplicación de los tratados y los convenios internacionales.

2.2.2.

Controles de la exportación de armas de fuego y sus municiones. El fomento del sistema nacional de licencias y del Mecanismo de Comunicación Regional sobre Transferencias Lícitas de Armas de Fuego y Municiones, en el objetivo 3, responde a la importancia de controlar el comercio legal para evitar desvíos al mercado ilícito.

2.2.3.

Gestión segura de los arsenales de APAL y sus municiones. En el objetivo 3 hay una serie de actividades centradas en la SFGA, incluida la formación de funcionarios, y la asistencia técnica y material para mejorar las prácticas y las instalaciones, siguiendo las normas internacionales de MOSAIC y las Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones.

2.2.4.

Eliminación responsable de APAL y sus municiones. El objetivo 3 incluye formación, asistencia material, supervisión y certificación de los procesos de destrucción de armas de fuego y munición para los países que lo necesiten.

2.2.5.

Cuestiones transversales. En todos los objetivos de la Acción promoveremos soluciones y estrategias para tratar el tráfico de armas de fuego mediante un enfoque global que incluya cuestiones transversales como la capacidad de respuesta de género y el uso de las tecnologías de la información.

Además, esta Acción también está en consonancia con el Plan de Acción de la UE sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020-2025, si observamos las cuatro prioridades que establece:

—	Prioridad 1: Salvaguardar el mercado lícito y limitar la desviación;

—	Prioridad 2: Mejorar la inteligencia;

—	Prioridad 3: Aumentar la presión sobre los mercados delictivos;

—	Prioridad 4: Intensificar la cooperación internacional.

Muchas de las actividades y los resultados esperados de esta Acción contribuirán a reducir el desvío de usuarios autorizados estatales y no estatales (como la oferta de asistencia técnica en materia de seguridad física y gestión de arsenales, marcado y destrucción), así como a aumentar la eficacia de las acciones para hacer frente al tráfico de armas de fuego mediante el fomento de una estrategia global de localización para las fuerzas policiales. Además, a través de la Acción, la Unión Europea está aumentando el apoyo que ofrece al continente americano y el alcance de su agenda de cooperación internacional. Como se ha mencionado, el continente americano es la región más afectada por la violencia relacionada con las armas de fuego, que pone en peligro la seguridad no solo en la región, sino que tiene consecuencias perjudiciales en otras partes del mundo, incluida Europa, como las rutas transregionales del tráfico de armas de fuego y la migración irregular debido a la inestabilidad en el continente americano.

Los objetivos, las actividades y los resultados esperados de este proyecto están estrechamente alineados con los objetivos y el enfoque de la Estrategia de la UE «Seguridad de las armas, protección de los ciudadanos»  (6), que insiste en la perspectiva multilateral para fomentar el compromiso en todas las regiones. Al asociarse con la OEA, esta iniciativa seguirá creando sinergias entre la UE y la OEA y, por extensión, entre Europa y el continente americano para reducir la violencia armada y la actividad delictiva. En concreto, este proyecto pondrá de relieve la labor de la Unión Europea en la región al facilitar un apoyo específico a los países gravemente afectados por la proliferación, la acumulación excesiva y el tráfico de armas pequeñas y armas ligeras.

La fase III refleja las siguientes prioridades de la Estrategia de la UE:

Refuerzo del marco normativo: Las actividades del objetivo 1 tienen por objeto garantizar que los países adapten su legislación a las normas internacionales y dispongan de los instrumentos necesarios para aplicar los tratados y convenios internacionales.

Controles de la exportación de armas de fuego y municiones: El objetivo 3 promueve los sistemas nacionales de licencias y los mecanismos de comunicación regional sobre transferencias lícitas de armas de fuego y municiones, respondiendo a la importancia de controlar el comercio legal para prevenir desvíos al mercado ilícito.

Gestión segura de los arsenales de APAL y municiones: En el objetivo 3 incluye actividades centradas en la seguridad física y gestión de arsenales, incluida la formación de funcionarios y la provisión de asistencia técnica y material para mejorar las prácticas y las instalaciones, en consonancia con las normas internacionales como MOSAIC y las Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones.

Eliminación responsable de APAL y municiones: El objetivo 3 también incluye formación, asistencia material, supervisión y certificación de los procesos de destrucción de armas de fuego y munición en los países que necesiten ese apoyo.

Cuestiones transversales: En todos los objetivos, la Acción promueve soluciones globales para abordar el tráfico de armas de fuego, incorporando cuestiones transversales como la capacidad de respuesta de género y el uso de las tecnologías de la información.

Esta Acción también está en consonancia con el Plan de Acción de la UE sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020-2025, que establece cuatro prioridades:

Salvaguardar el mercado lícito y limitar la desviación: Las actividades y los resultados esperados tienen por objeto reducir los desvíos de los usuarios autorizados estatales y no estatales a través de la asistencia técnica en materia de seguridad física y gestión de arsenales, marcado y destrucción.

Mejorar la inteligencia: La estrategia global de localización que promueve esta Acción mejorará la eficacia de las acciones contra el tráfico de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales.

Aumentar la presión sobre los mercados delictivos: Al abordar el tráfico ilícito de APAL y reforzar la cooperación con las fuerzas policiales, esta Acción contribuye a aumentar la presión sobre los mercados delictivos.

Intensificar la cooperación internacional: Esta Acción refuerza el apoyo ofrecido al continente americano y amplía la agenda de cooperación internacional de la UE. La violencia relacionada con las armas de fuego tiene graves repercusiones en el continente americano, pone en peligro la seguridad y tiene consecuencias perjudiciales a escala mundial, incluidas las rutas transregionales de tráfico de armas de fuego y la migración irregular debido a la inestabilidad de la región.

Respondiendo a estas prioridades, el proyecto contribuye a reducir la violencia relacionada con las armas de fuego en el continente americano y refuerza la seguridad regional e internacional, demostrando así el compromiso de la UE de fomentar la estabilidad y la seguridad en todas las regiones.

12.   Información

El DSP/OEA elaborará informes periódicos, de conformidad con el acuerdo de delegación negociado.

(1)  UNODC, Global Study on Homicide [Estudio Mundial sobre el Homicidio], 2023. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/2023/GSH23_ExSum.pdf

(2)  UNODC, Global Study on Homicide [Estudio Mundial sobre el Homicidio], 2019. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html

(3)  UNODC, Global Study on Homicide [Estudio Mundial sobre el Homicidio], 2023. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/2023/GSH23_ExSum.pdf

(4)   «27. Solicitar a la SSM que, a través del DSP y en el marco del Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones (PACAM), que es un programa de carácter voluntario: a) apoye en el desarrollo e implementación de la Hoja de Ruta Centroamericana para la Prevención del Tráfico y Proliferación Ilícita de Armas y Municiones en coordinación con el SICA y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), que incluya la creación de un mecanismo de seguimiento para monitorear avances y promover la coordinación efectiva entre los gobiernos, socios implementadores y donantes;» (AG/RES. 3009 – LIII-O/23, adoptada el 23 de junio de 2023)

(5)   «Seguridad de las armas, protección de los ciudadanos»: Estrategia de la UE contra las Armas de Fuego, Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas y su Munición, adoptada por el Consejo el 19 de noviembre de 2018.

(6)   «Seguridad de las armas, protección de los ciudadanos»: Estrategia de la UE contra las Armas de Fuego, Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas y su Munición, adoptada por el Consejo Europeo el 19 de noviembre de 2018.