Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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El Reglamento (UE) 2024/1735 establece medidas para ampliar la capacidad de fabricación de la Unión de tecnologías de cero emisiones netas y sus componentes clave. Estas medidas deben aumentar la competitividad del sector de las tecnologías de cero emisiones netas, atraer inversiones y mejorar el acceso al mercado de las tecnologías limpias en la Unión. Entre estas normas, el artículo 26 del Reglamento (UE) 2024/1735 contribuye al objetivo de desarrollar y mantener una base industrial para la implantación de tecnologías de energía renovable a fin de garantizar el suministro energético de la Unión y evitar dependencias en el suministro de estas tecnologías. A tal fin, exige a los Estados miembros que apliquen determinados criterios no relacionados con el precio al menos al 30 % del volumen subastado anualmente por Estado miembro o a un mínimo de 6 GW anualmente por Estado miembro para la implantación de energías procedentes de fuentes renovables utilizando las tecnologías de energía renovable enumeradas en el artículo 4, apartado 1, letras a) a j), de dicho Reglamento (2). El artículo 26 del Reglamento (UE) 2024/1735 introduce el requisito de aplicar determinados criterios no relacionados con el precio como criterios de preclasificación, mientras que, en el caso de otros criterios, los Estados miembros gozan de flexibilidad para decidir en su concepción de las subastas si los aplican como criterios de preclasificación o de adjudicación o como una combinación de ambos tipos de criterios. Además, de conformidad con el último párrafo del artículo 26, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1735, no se impide a los Estados miembros utilizar otros criterios no relacionados con el precio, además de los enumerados en el artículo 26, apartado 2.

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Las normas que especifican los criterios de preclasificación o adjudicación que deben incluirse en las subastas para implantar energía procedente de determinadas fuentes renovables tienen por objeto facilitar el diseño y la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2024/1735 y velar por la uniformidad en toda la Unión, al tiempo que proporcionan suficiente flexibilidad a los Estados miembros. La aplicación armonizada de los criterios debe reducir los costes de transacción para los operadores económicos y los Estados miembros y evitar la fragmentación del mercado interior de conformidad con el principio del valor añadido de la Unión. Esta aplicación debe permitir al mismo tiempo la flexibilidad suficiente para que los Estados miembros adapten su puesta en práctica de los criterios de preclasificación o adjudicación a la estructura y planificación de sus sistemas de subastas respectivos, sus características específicas y otras consideraciones relacionadas con otros objetivos de las políticas públicas, en consonancia con el principio de subsidiariedad. La aplicación de estos criterios en las subastas de energías renovables no debe socavar los objetivos fundamentales de la subasta en lo que respecta a la implantación rápida, eficiente y sostenible de las energías renovables, y debe garantizar un procedimiento de licitación competitivo y velar por la seguridad jurídica. El presente Reglamento especifica los criterios de preclasificación o adjudicación que deben incluirse en las subastas para implantar energía procedente de determinadas fuentes renovables, a fin de que estos criterios se diseñen y apliquen de manera objetiva, transparente y no discriminatoria, sin dar lugar a un aumento desproporcionado de los costes.

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El criterio relativo a la conducta empresarial responsable debe garantizar que las actividades realizadas por las empresas se ajusten a las necesidades de la sociedad y la naturaleza. Partiendo del marco normativo internacional pertinente, como los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas: aplicación del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar», las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable, la Guía de diligencia debida de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT (Declaración EMN) y la legislación pertinente de la Unión sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (3), en particular la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), así como la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y el Reglamento Delegado (UE) 2023/2772 de la Comisión (6), la introducción de un criterio de preclasificación sobre la conducta empresarial responsable en las subastas de energías renovables debe ir más allá de los requisitos de diligencia debida del Derecho de la Unión vigente, al exigir que se adopten medidas que aborden los aspectos esenciales de la diligencia debida con respecto a las actividades empresariales generales del licitador relacionadas con la subasta. También debe exigirse a los licitadores que comuniquen públicamente las medidas que adopten para ello. Para evitar imponer una carga burocrática excesiva, las personas físicas, las empresas que no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), tal como se define en sus artículos 19 bis y 29 bis, y sus modificaciones posteriores, y las comunidades de energías renovables no deben estar obligadas a cumplir esta obligación añadida y están sujetas a requisitos menos estrictos, al tiempo que están totalmente exentas de la aplicación del criterio de conducta empresarial responsable en el caso de los proyectos con una capacidad inferior a 10 MW. No obstante, los Estados miembros deben mantener la posibilidad de ampliar a las personas físicas, a las empresas que no entren en el ámbito de aplicación de la Directiva 2013/34/EU, tal como se define en sus artículos 19 bis y 29 bis, y sus modificaciones posteriores, y a las comunidades de energías renovables la obligación de adoptar medidas para abordar los elementos esenciales de la diligencia debida en el caso de los proyectos con una capacidad superior a 10 MW. La evaluación del cumplimiento del criterio de conducta empresarial responsable debe basarse en los aspectos esenciales de la diligencia debida, tal como se establece en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2023/2772 (8).

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Es esencial garantizar un elevado nivel de ciberseguridad y seguridad de los datos en las instalaciones de generación de energía para mantener la seguridad del suministro energético y las infraestructuras energéticas críticas. Los riesgos de ciberseguridad en el sector de la energía pueden afectar negativamente a la confidencialidad de la información tratada en la construcción y explotación de instalaciones de energía renovable y pueden repercutir en la capacidad del operador de mantener el control operativo de la instalación. Las instalaciones de energía renovable se enfrentan a un amplio conjunto de posibles riesgos de ciberseguridad relacionados con la cadena de suministro, como la corrupción grave e inesperada, la falta de disponibilidad de productos, servicios o procesos de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) o los ciberataques iniciados por agentes de la cadena de suministro, incluidos agentes malintencionados estatales y delictivos altamente sofisticados y persistentes.

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Para velar por que todos los licitadores aborden debidamente los riesgos de ciberseguridad y seguridad de los datos, las subastas para la implantación de energías procedentes de fuentes renovables deben incluir criterios de preclasificación que les exijan aplicar medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad, reflejarlas en un plan de ciberseguridad y garantizar que dichas medidas sean aplicables a los productos o servicios de TIC prestados por sus proveedores. El almacenamiento y el tratamiento de datos relacionados con el funcionamiento de las instalaciones de energía renovable en jurisdicciones no pertenecientes al Espacio Económico Europeo pueden generar amenazas para la seguridad de las instalaciones y para el sistema general. Es necesario contar con un nivel añadido de protección de datos para garantizar la seguridad de la instalación y del sistema general en los casos en los que el licitador esté sujeto a la jurisdicción de un tercer país que le exija que comunique información sobre vulnerabilidades de software o hardware a las autoridades de ese tercer país antes de que se sepa que alguien se ha beneficiado de estas vulnerabilidades. También es preciso contar un nivel añadido de protección de datos cuando, de conformidad con una declaración pública, bien en nombre de la Unión en el marco de una respuesta diplomática conjunta de la UE a las actividades informáticas malintencionadas (9), bien en nombre de uno o varios de sus Estados miembros, agentes de riesgo que operen desde el territorio de ese tercer país hayan llevado a cabo actividades o campañas informáticas malintencionadas. A tal fin, los Estados miembros deben tener en cuenta, en particular, las medidas restrictivas específicas que imponga la Unión para disuadir y responder a los ciberataques que constituyan una amenaza externa para la Unión o sus Estados miembros (10). Las declaraciones públicas en nombre de un Estado miembro vienen al caso especialmente para las subastas que lleve a cabo dicho Estado miembro. En tales casos, los licitadores deben presentar un plan de ciberseguridad fundamentado en el que se expongan las medidas técnicas, operativas y organizativas para garantizar que los datos utilizados o generados en sus actividades empresariales relacionadas con la subasta se almacenen y traten en el Espacio Económico Europeo (EEE) y no se transfieran fuera de este. Es importante que un operador establecido en el EEE mantenga el control operativo de la instalación para garantizar una supervisión y ejecución adecuadas de la legislación de la UE con vistas a garantizar la seguridad de la instalación y del sistema general.

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Es fundamental incluir criterios que velen por la capacidad del licitador de llevar a cabo el proyecto para garantizar que los licitadores y sus ofertas sean creíbles, tengan los conocimientos técnicos, la experiencia y la capacidad financiera y económica necesarios, y dispongan de un plan empresarial y técnico realista con vistas a ejecutar el proyecto completamente y en plazo, respetando las diversas especificaciones y los requisitos de criterios no relacionados con el precio que se hayan incluido en la subasta. Procede, por tanto, exigir a los licitadores que presenten documentación y pruebas específicas. Al diseñar estos criterios, los Estados miembros también deben tener en cuenta los costes del proyecto, sus riesgos, la capacidad de este, la madurez de la tecnología, el grado de innovación que requiera la subasta y otras condiciones pertinentes del mercado. Este aspecto es especialmente importante, ya que imponer unos requisitos excesivos, por ejemplo, a los proyectos más pequeños puede limitar artificialmente la competencia y excluir de la licitación a los operadores de menor tamaño que, de otro modo, podrían participar en la subasta. Además, la imposición de unos requisitos excesivos puede limitar la participación de nuevos participantes en la subasta. En cambio, en el caso de los proyectos de mayor envergadura, que conllevan mayores riesgos, puede ser necesario imponer unas condiciones más estrictas para que los proyectos puedan ejecutarse completamente y en plazo, al tiempo que se garantiza la existencia de un procedimiento de licitación competitivo.

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De conformidad con el artículo 26, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1735, los Estados miembros deben incluir criterios de preclasificación o criterios de adjudicación para evaluar la contribución de la subasta a la sostenibilidad y a la resiliencia. Conforme al artículo 25 del Reglamento (UE) 2024/1735, los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras deben aplicar en determinados procedimientos de contratación pública unos requisitos mínimos obligatorios en materia de sostenibilidad medioambiental y determinados requisitos obligatorios a fin de evaluar la contribución a la resiliencia de la oferta. Tanto los procedimientos de contratación pública como las subastas para implantar fuentes de energía renovables contribuyen a la resiliencia de la Unión. Las empresas públicas que operan en el sector de la energía y que son entidades adjudicadoras de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) están sujetas al artículo 25 del Reglamento (UE) 2024/1735 a la hora de adquirir las tecnologías de cero emisiones netas enumeradas en el artículo 4, apartado 1, letras a) a k), de dicho Reglamento. Al mismo tiempo, también pueden participar como licitadores en subastas de energías renovables con arreglo al artículo 26 del Reglamento (UE) 2024/1735. El considerando 81 del Reglamento (UE) 2024/1735 recuerda la importancia de que los requisitos relativos a la sostenibilidad y la resiliencia se apliquen de manera que se garantice una competencia justa e igualitaria entre los agentes del mercado, sea cual sea la estructura de su propiedad. A fin de velar por una competencia justa e igualitaria tal, a efectos de la evaluación de los requisitos relativos a la resiliencia y la sostenibilidad medioambiental, las empresas públicas que participen en subastas de energías renovables de conformidad con el artículo 26 deben estar sujetas únicamente a las normas establecidas en dicho artículo. Las normas establecidas en el artículo 25 deben aplicarse a la contratación pública de tecnologías de cero emisiones netas, excepto en el caso de que se utilice esta contratación para llevar a cabo proyectos adjudicados en el contexto de subastas de energías renovables sujetas al artículo 26 (12).

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La elección específica del tipo de criterios para evaluar la contribución de la subasta a la sostenibilidad y a la resiliencia (criterios de preclasificación o de adjudicación) es competencia de las autoridades pertinentes que conciben la subasta específica. No obstante, las autoridades pertinentes deben velar por que la elección del tipo de criterios no socave el carácter competitivo del proceso de licitación ni ralentice indebidamente la implantación de tecnologías de energía renovable.

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La evaluación de la contribución de las subastas a la resiliencia debe tener por objeto asegurar el acceso de la Unión a un suministro de energía seguro y sostenible i) reduciendo las dependencias actuales y evitando nuevas dependencias estratégicas de terceros países para el suministro de tecnologías de energía renovable de cero emisiones netas y sus principales componentes específicos, y ii) mejorando la capacidad de fabricación de estas tecnologías y componentes por parte de la Unión. Esto debe hacerse sin poner en peligro la consecución del objetivo vinculante de la Unión en materia de energías renovables para 2030 que se estableció en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (13). A la hora de decidir si se aplica la resiliencia como criterio de preclasificación o de adjudicación a las tecnologías de cero emisiones netas o a sus principales componentes específicos, las autoridades pertinentes deben tener en cuenta el nivel de dependencia de la Unión con respecto a un tercer país para dicha tecnología de cero emisiones netas o su principal componente específico, la disponibilidad de fuentes alternativas de suministro y el impacto que podría tener la aplicación de la resiliencia como criterio de preclasificación, en lugar de criterio de adjudicación, en el suministro de ese componente específico principal. En los casos en los que se utilice la resiliencia como criterio de adjudicación en las subastas, las autoridades pertinentes deben aspirar a aumentar la diversificación del suministro de la Unión fuera de un país del que la Unión dependa excesivamente, de manera que concedan un mayor número de puntos a los licitadores que garanticen una mayor diversificación de sus fuentes de suministro en comparación con aquellos que cumplan los requisitos mínimos de resiliencia.

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Con objeto de hacer frente a las dependencias de la Unión de un único tercer país que suministre más del 50 % de una tecnología específica de cero emisiones netas o de sus componentes o al menos el 40 % en determinadas circunstancias, y de promover la diversificación del suministro, las autoridades pertinentes de los Estados miembros deben limitar la participación a las subastas en cuestión o bien asignar puntuaciones a partir de requisitos relacionados con el origen del producto final y con un número determinado de componentes específicos principales establecidos en el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1178 de la Comisión (14) que sean originarios de un tercer país del que la Unión dependa excesivamente. Además, conviene limitar el origen de determinados componentes estratégicos clave, dado su valor tecnológico y su papel central en la seguridad del suministro energético y en la cadena de suministro de tecnologías específicas de cero emisiones netas, pero, en el caso de otros componentes específicos principales, los licitadores deben mantener la flexibilidad a la hora de elegir qué componentes tienen la intención de adquirir del tercer país del que la Unión depende excesivamente dentro de los límites establecidos en el presente Reglamento. Estos requisitos establecen una metodología práctica y objetivamente verificable para evaluar la resiliencia de las tecnologías de cero emisiones netas y sus principales componentes específicos que forman parte de una subasta. Procede fijar los requisitos determinados que deben aplicarse a las diversas tecnologías y sus principales componentes específicos teniendo en cuenta sus circunstancias y características concretas, tales como la disponibilidad de fuentes alternativas de suministro, una capacidad de fabricación suficiente a escala mundial, el nivel de madurez y la tasa de implantación de la tecnología, el impacto de la diversificación en las cadenas de suministro y los costes generales. En el caso de los productos finales de las tecnologías fotovoltaicas (los sistemas solares fotovoltaicos) y los módulos fotovoltaicos, las normas de origen no preferenciales establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión (15) establecen que el conjunto de células fotovoltaicas (SA 8541 42 ) que están clasificadas en la misma partida arancelaria que los módulos fotovoltaicos (SA 8541 43 ), u otros componentes equivalentes que se monten en módulos fotovoltaicos, no cambiaría el origen del módulo. Por este motivo, conviene referirse al montaje del sistema solar fotovoltaico y del módulo fotovoltaico, en lugar de a su origen, como referencia para la contribución a la resiliencia de esas fases de fabricación específicas.

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En el caso de determinados componentes específicos principales, el nivel de dependencia de un único tercer país puede ser tan elevado que una aplicación estricta del criterio de resiliencia pondría en peligro la seguridad del suministro de dicho componente. En tales casos, es conveniente que las autoridades pertinentes mantengan cierta flexibilidad para aumentar el umbral de los principales componentes específicos que pueden proceder de ese tercer país del que existe una dependencia excesiva.

(12)

La Comisión, al llevar a cabo la evaluación que se exige en el artículo 26, apartado 8, del Reglamento (UE) 2024/1735, relativa a la aplicación de los criterios de resiliencia y sostenibilidad en las subastas para la implantación de energías procedentes de fuentes renovables y su efecto en la implantación acelerada de tecnologías de energía renovable, debe tener debidamente en cuenta la eficacia del criterio de resiliencia y si las prácticas que buscan alterar el origen o el lugar de montaje de los productos finales de tecnologías de cero emisiones netas o de los principales componentes específicos socavan dicha eficacia.

(13)

Las autoridades pertinentes de los Estados miembros también deben evaluar la contribución a la resiliencia de las subastas de tecnologías eólicas terrestres, tecnologías eólicas marinas y electrolizadores, incluso en ausencia de un único tercer país que suministre más del 50 % de estas tecnologías o sus componentes o al menos el 40 % en determinadas circunstancias, dado que en el caso de estas tecnologías existe un riesgo importante de tener una mayor dependencia de las importaciones procedentes de la República Popular China, lo cual puede poner en peligro la seguridad del suministro de la Unión. Ello se debe a las tendencias actuales y previstas de la oferta y la demanda de estas tecnologías a escala mundial y de la Unión, así como el hecho de que la capacidad de producción de la República Popular China supera el 50 % de la producción mundial (16) y su producción prevista supera notablemente sus objetivos internos y su demanda previsible.

(14)

Conforme al artículo 26, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1735, la contribución a la sostenibilidad de la subasta puede evaluarse mediante la introducción de criterios relacionados con la sostenibilidad medioambiental que vayan más allá de los requisitos mínimos de la legislación aplicable, la innovación o la integración del sistema energético.

(15)

El Reglamento (UE) 2024/1735 regula la inclusión de consideraciones relacionadas con la sostenibilidad medioambiental tanto en determinados procedimientos de contratación pública como en determinadas subastas para implantar fuentes de energía renovables. El Reglamento otorga a la Comisión competencias de ejecución para especificar los requisitos mínimos relacionados con la sostenibilidad medioambiental para los contratos públicos y para concretar en mayor medida los criterios de sostenibilidad medioambiental que pueden utilizarse en las subastas destinadas a implantar fuentes de energía renovables. Los primeros se establecerán en un Reglamento de Ejecución que se adoptará de conformidad con el artículo 25, apartado 5, del Reglamento (UE) 2024/1735, mientras que los segundos se establecen en el presente Reglamento. Ambos actos pretenden alcanzar el mismo objetivo de aumentar la sostenibilidad medioambiental de las tecnologías de cero emisiones netas y reducir su impacto en el medio ambiente. Sin embargo, el enfoque de los dos Reglamentos y su contenido difieren para tener en cuenta la variedad de competencias jurídicas específicas, la diferencia en los procedimientos relativos a la contratación pública y las subastas para implantar fuentes de energía renovables, la divergencia en el ámbito de aplicación por lo que se refiere a las tecnologías de cero emisiones netas cubiertas y la diferencia en el tipo de autoridades responsables de estos procedimientos varios y en los volúmenes que se implantan a través de ellos.

(16)

Al decidir establecer criterios de sostenibilidad medioambiental, las autoridades pertinentes deben establecer criterios para evaluar los efectos en el clima y el medio ambiente. Al hacerlo, deben aplicar uno o varios de los criterios de sostenibilidad medioambiental establecidos en el presente Reglamento de Ejecución u otros criterios que consideren pertinentes.

(17)

La huella de carbono de las tecnologías de energía renovable es uno de los criterios importantes que pueden introducir las autoridades pertinentes de los Estados miembros en las subastas para evaluar su contribución a la sostenibilidad medioambiental. Para que este criterio sea objetivo, transparente y no discriminatorio, la huella de carbono de la tecnología de cero emisiones netas debe medirse y evaluarse sobre la base del ciclo de vida. También conviene armonizar los métodos de evaluación de la huella de carbono durante el ciclo de vida, a fin de reducir los márgenes de las hipótesis y mejorar la comparabilidad de los resultados, lo cual es necesario para permitir una contribución eficaz a la sostenibilidad medioambiental. Se prevé una mayor armonización en este ámbito como parte del Pacto por una Industria Limpia (17). Cuando el Derecho de la Unión establezca un método para evaluar la huella de carbono de una determinada tecnología de cero emisiones netas, los Estados miembros deberán utilizarla en sus subastas nacionales para la implantación de energías procedentes de fuentes renovables empleando esta tecnología.

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A falta de legislación de la Unión que establezca un método específico o un método que señale que es adecuado utilizarlo como indicador para evaluar la huella de carbono de una determinada tecnología de energía renovable, a fin de mejorar la comparabilidad de los resultados cuando se utiliza la huella de carbono como criterio en las subastas, es preciso especificar en mayor medida los parámetros de diseño de dicho criterio, especialmente en lo referente a la metodología y los requisitos de calidad de los datos.

La transición a una economía circular constituye un elemento clave del Pacto Verde Europeo, tal como se establece en el Plan de Acción para la Economía Circular (18).

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Las subastas de tecnologías de cero emisiones netas pueden contribuir a esta transición estableciendo criterios de preclasificación o criterios de adjudicación relacionados con la circularidad. Si las autoridades deciden hacerlo, deben establecer criterios sobre reciclabilidad, facilidad de reparación y mantenimiento o facilidad de actualización, reutilización, remanufacturación y reacondicionamiento de los productos, o bien sobre el uso o el contenido de los materiales reciclados, incluidas las materias primas fundamentales, en relación con uno o varios de los parámetros pertinentes del producto que se establecen en el anexo I del Reglamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo (19).

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La pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se encuentran entre las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad. La Unión ha establecido marcos jurídicos, estrategias y planes de acción para proteger la naturaleza y restaurar los hábitats y las especies, como la Estrategia sobre la biodiversidad de aquí a 2030 (20) y el Reglamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo (21). La crisis climática provoca la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, y la pérdida de biodiversidad, a su vez, agrava el cambio climático, por lo que ambos fenómenos están estrechamente ligados, como lo confirman estudios recientes. La biodiversidad y los ecosistemas saludables son fundamentales para lograr una evolución resiliente al clima.

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Las tecnologías de cero emisiones netas pueden tener efectos negativos y positivos en la biodiversidad. Conviene establecer criterios para las subastas que ayuden a mantener la diversidad de especies, ecosistemas y su capacidad reproductiva. Los efectos negativos son principalmente de ámbito local y pueden incluir la pérdida o el deterioro de hábitats, así como la perturbación de las especies, también a través del ruido y las colisiones. Entre los efectos positivos, pueden figurar la mitigación del cambio climático, la reducción de la contaminación atmosférica y las intervenciones paisajísticas que benefician a la vida silvestre. Los criterios de preclasificación o de adjudicación, o ambos, que abordan el impacto en la biodiversidad pueden promover sinergias entre las tecnologías de cero emisiones netas y la biodiversidad. Debe llevarse a cabo un seguimiento transparente del impacto de los proyectos en la biodiversidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los estos y, en caso necesario, deben adoptarse medidas de adaptación.

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Cuando las autoridades pertinentes incluyan el impacto en la biodiversidad de las tecnologías de cero emisiones netas como criterio de adjudicación, el criterio debe exigir contribuciones positivas netas a la biodiversidad. Algunos ejemplos de medidas que abordan las contribuciones positivas netas a la biodiversidad podrían ser la restauración o el restablecimiento de hábitats, medidas para mejorar los hábitats de especies y aumentar sus poblaciones o medidas para reducir la presión que ejercen otras actividades en el medio ambiente. Recompensar las contribuciones positivas netas a la biodiversidad más allá de las medidas compensatorias garantiza la igualdad de condiciones entre los licitadores cuyos proyectos tienen efectos divergentes y proporciona un incentivo para evitar o minimizar los efectos negativos.

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La eficiencia energética es crucial para la consecución de los ambiciosos objetivos de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990, tal como se establece en el paquete de medidas «Objetivo 55». Además, la eficiencia energética también constituye un factor clave para reducir los precios de la energía y mejorar la resiliencia del suministro de energía de la Unión, permitiendo así una transición ecológica justa y segura.

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Las subastas pueden contribuir a la eficiencia energética incluyendo, en la fase en la que se evalúa la contribución a la sostenibilidad, criterios de preclasificación o de adjudicación que identifiquen los productos cuya eficiencia energética se prevé evaluar y, en relación con cada producto, la metodología de evaluación aplicable. Los criterios deben establecerse, cuando proceda, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo (22) o los niveles de eficiencia energética especificados en las medidas de ejecución que se han adoptado en virtud de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (23).

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Es importante que se gestione el agua de forma sostenible para la resiliencia de la Unión, y la mala gestión estructural del agua ha dado lugar a la degradación y contaminación de este recurso finito y de los ecosistemas relacionados con ella. La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (24) estableció un modelo integrado de gestión de la calidad del agua, y la política de aguas de la Unión tiene por objeto proporcionar a los europeos acceso a agua suficiente y de buena calidad, garantizar el buen estado de todas las masas de agua de toda Europa y asegurar una disponibilidad de agua suficiente, equilibrada y equitativa para todos los sectores que la utilizan, incluida la industria. Algunas tecnologías de cero emisiones netas tienen un impacto en el agua durante su fase de uso, ya que la utilizan o vierten aguas residuales en masas de agua. Por tanto, puede ser adecuado elaborar criterios de sostenibilidad medioambiental relativos al agua no relacionados con el precio en las subastas de estas tecnologías.

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La reducción de la contaminación es otro elemento clave del Pacto Verde Europeo, tal como se establece en el Plan de Acción de la UE «Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo». El Plan establece el objetivo de reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo a niveles que ya no se consideren perjudiciales para la salud y los ecosistemas naturales y que respeten los límites a los que puede hacer frente nuestro planeta. Las subastas de tecnologías de cero emisiones netas pueden ayudar a reducir los contaminantes estableciendo criterios de preclasificación o criterios de adjudicación sobre los niveles de contaminación. Si las autoridades pertinentes deciden aplicar dichos criterios, las metodologías, los umbrales y los mecanismos de cumplimiento pertinentes deben definirse de conformidad con el Derecho de la Unión y sobre la base de él, en su caso, y teniendo en cuenta, según proceda, los criterios establecidos en el apéndice C del Reglamento Delegado (UE) 2023/2486 de la Comisión (25).

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La innovación es fundamental para la competitividad, el crecimiento económico y la rápida implantación de las energías renovables. La Directiva (UE) 2018/2001 pretende promover la innovación en la implantación de las energías renovables mediante el establecimiento de un objetivo indicativo de tecnología innovadora de energía renovable de al menos el 5 % de nueva capacidad instalada de energía renovable a más tardar en 2030. La integración de criterios de innovación en la concepción de las subastas debe promover el desarrollo de soluciones completamente nuevas o la mejora de soluciones que vayan más allá del estado actual de la técnica. De este modo, se creará un marco sólido que impulse la adopción de tecnologías punteras, a la vez que se procura una senda sostenible y competitiva hacia la neutralidad climática.

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Al utilizar la innovación como criterio de preclasificación o adjudicación en las subastas, conviene distinguir entre dos tipos de subastas. En primer lugar, los tipos de subastas más comunes son los que no se centran específicamente en la innovación como principal motor de la subasta, pero cuyo objetivo principal es el despliegue de fuentes de energía renovables. Si bien estas subastas no pretenden promover la innovación de por sí, pueden añadirse algunos elementos que recompensen la innovación a la concepción de las subastas como criterios de adjudicación o de preclasificación. Un segundo subconjunto más pequeño de subastas puede denominarse subastas estrictamente relativas a la innovación, cuyo objetivo principal es el fomento de la innovación vinculada a la futura implantación de fuentes de energía renovables, como los proyectos de energía undimotriz y mareomotriz o de aerogeneradores cometa.

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En ambos tipos de subastas en las que la innovación se incluya como criterio de preclasificación o adjudicación, las autoridades pertinentes deben evaluar siempre la contribución de los proyectos candidatos a un nivel mínimo de mejora de los indicadores clave de rendimiento para garantizar que el proyecto ofrezca soluciones, tecnologías o mejoras que vayan más allá del estado actual de la técnica ya disponible en el mercado y en relación con el objeto de la subasta. La elección de los indicadores clave de rendimiento con los que se comparará la innovación a las soluciones y tecnologías de vanguardia depende del objetivo de política pública que persigan los Estados miembros. Cabe citar entre ellos, por ejemplo, indicadores clave de rendimiento que midan las mejoras en la eficiencia de la generación de energía de la tecnología, la reciclabilidad, la flexibilidad de la solución o la tecnología para promover la integración del sistema energético, una menor dependencia de las materias primas, la longevidad de la tecnología, un impacto medioambiental menor u otros indicadores clave de rendimiento en función del objetivo público específico que se persiga mediante la inclusión del criterio no relacionado con el precio que es la innovación.

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En las subastas estrictamente relativas a la innovación, la introducción de criterios de preclasificación para evaluar la innovación también debe tener en cuenta la madurez de las soluciones o tecnologías propuestas, a fin de garantizar que el proyecto candidato cumpla los objetivos de la licitación y que las innovaciones propuestas no se encuentren en una fase de desarrollo tan temprana que no se materialicen. En el caso de las subastas que no se centren específicamente en la innovación, las autoridades pertinentes también deben poder exigir un determinado nivel de madurez de los proyectos de licitación, a fin de evitar recibir ofertas en fases muy tempranas de desarrollo que es poco probable que cumplan los objetivos de la subasta.

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La difusión de conocimientos sobre los últimos avances innovadores es esencial para seguir impulsando la innovación, especialmente en el caso de las subastas estrictamente relativas a la innovación (26). Las autoridades pertinentes de los Estados miembros deben incluir como criterios de preclasificación o adjudicación la necesidad de difundir los resultados del proyecto ganador a través de conferencias, publicaciones, repositorios de acceso abierto o programas informáticos gratuitos o de código abierto, y, en su caso, datos operativos, siempre que se establezcan las medidas de confidencialidad adecuadas. Del mismo modo, deben exigir que la oferta ganadora se comprometa, a su debido tiempo, a poner a disposición licencias para los resultados de investigación de proyectos de investigación y desarrollo subvencionados que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual, a precios de mercado y de forma no exclusiva y no discriminatoria, para que puedan utilizarlos las partes interesadas en el EEE. En el caso de las subastas que no se centren específicamente en la innovación, las autoridades pertinentes de los Estados miembros deben poder incluir como criterios de preclasificación o adjudicación este tipo de requisitos de difusión de conocimientos.

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Con la introducción de nuevas instalaciones de energía renovable variables, el sistema eléctrico se enfrenta a determinados retos, como la necesidad de abordar los problemas de congestión de la red, manteniendo al mismo tiempo su estabilidad. Suele ponerse remedio a estas necesidades mediante la redistribución de la carga y otras soluciones que conllevan un coste para el sistema. La introducción de la integración del sistema energético como criterio no relacionado con el precio en las subastas de energías renovables puede aliviar estos costes del sistema abordando el impacto en el sistema de explotación del proyecto de energías renovables. No obstante, no puede hacerse frente a las necesidades del sistema energético únicamente mediante criterios no relacionados con el precio en las subastas de energías renovables y requieren soluciones sistémicas, como la planificación de la red, los aspectos reglamentarios, las señales del mercado o las tarifas de red.

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Los criterios no relacionado con el precio para la integración del sistema energético deben diseñarse de manera que permitan la participación de todas las tecnologías y soluciones que puedan ayudar a dar respuesta a las necesidades del sistema que se hayan identificado. Si está debidamente justificado partiendo de las necesidades que se hayan detectado en el sistema o lo permite el Derecho de la Unión, las subastas también deben centrarse en una o varias tecnologías o soluciones. Estas tecnologías o soluciones podrían incluirse en las inversiones previstas en el proyecto de licitación u obtenerse a través de un contrato con un tercero, siempre que constituyan una nueva inversión. Esta posibilidad permitirá a los licitadores seleccionar las soluciones más rentables. Para evaluar la contribución a la necesidad de un sistema de diversas tecnologías y soluciones, pueden requerirse herramientas de modelización que permitan a las autoridades estimar el impacto en el sistema energético de los escenarios con y sin el proyecto de licitación de manera objetiva y no discriminatoria. Los enfoques alternativos podrían centrarse en variables objetivas y verificables que sirvan de indicadores de las necesidades generales del sistema o de la contribución de tecnologías específicas, teniendo en cuenta, en particular, la planificación de la red. Sin embargo, estos enfoques alternativos corren el riesgo de subestimar el impacto potencial del proyecto candidato en el sistema.

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Al incluir la integración del sistema energético como criterio en su concepción de las subastas, las autoridades pertinentes deben tener en cuenta la contribución de los proyectos de licitación a satisfacer las necesidades del sistema, partiendo de los tres parámetros clave siguientes: la contribución de los proyectos de licitación a las necesidades del sistema eléctrico desde una perspectiva temporal; su contribución al establecimiento de conexiones entre vectores energéticos; y su contribución a las necesidades del sistema eléctrico desde la perspectiva de la ubicación.

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Cuando se evalúe la contribución de los proyectos de licitación a las necesidades del sistema eléctrico desde una perspectiva temporal, debe tenerse en cuenta la amplia gama de soluciones, incluido el almacenamiento de energía y la respuesta de la demanda, que pueden contribuir a corregir los desequilibrios que hayan creado las variaciones en la generación de energía renovable y la demanda de electricidad. En el marco de las subastas para la implantación de energías procedentes de fuentes renovables, el uso de activos que permitan modular la generación, la alimentación a la red o el consumo de los proyectos de licitación contribuye a abordar las necesidades del sistema facilitando flexibilidad temporal. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante la combinación de varias tecnologías de generación de energía renovable, la combinación de activos de generación y activos de almacenamiento de electricidad o la combinación de activos de generación y activos de demanda o soluciones que puedan aumentar o reducir la demanda de electricidad cuando sea necesario.

(37)

Cuando se evalúe la contribución del proyecto de licitación al establecimiento de conexiones entre vectores energéticos, debe tenerse en cuenta la capacidad de transferir energía renovable de un vector energético a otro mediante activos de conversión de energía. Las conexiones entre vectores energéticos se refieren, en particular, a la conversión de electricidad renovable en otro vector energético, como el calor o el hidrógeno, para su consumo en un sector de la demanda que no consume directamente electricidad. De este modo, la descarbonización gradual del sistema eléctrico al que contribuye el proyecto de licitación puede permitir la descarbonización de los sectores de la demanda que no utilizan electricidad, como el calor en algunos edificios residenciales o industriales o el hidrógeno en algunos procesos industriales. Por consiguiente, las conexiones entre vectores energéticos contribuyen a las necesidades del sistema energético con vistas a lograr la descarbonización cuando sea la vía más rentable. Además, los activos de conversión de energía que establecen estas conexiones entre vectores energéticos, como electrolizadores o instalaciones de generación y almacenamiento de calor, también ayudan a suplir las necesidades de flexibilidad temporal en el sector de la electricidad.

(38)

Cuando se evalúe la contribución del proyecto de licitación a las necesidades del sistema eléctrico desde la perspectiva de la ubicación, la atención debe centrarse en la interacción entre la topología y la ubicación de los activos de generación y consumo, lo cual puede dar lugar a problemas de congestión de la red y a un menor uso de las energías renovables. En consecuencia, una ubicación óptima de los nuevos proyectos de generación de energías renovables y del punto de conexión a la red puede ayudar a aliviar los problemas de congestión de la red y reviste una importancia crucial para las necesidades del sistema eléctrico. Por tanto, las subastas pueden limitar la participación a proyectos situados en zonas predefinidas en las que puedan contribuir a reducir la congestión de la red o a asignar puntuaciones a los proyectos de licitación en función de su impacto relativo a la ubicación.

(39)

A fin de velar por la eficacia de los criterios especificados en el presente Reglamento en las subastas de energías renovables, las autoridades pertinentes de los Estados miembros deben establecer una metodología que les permita evaluar los criterios no relacionados con el precio especificados en el presente Reglamento e introducir mecanismos de seguimiento y garantías adecuados para velar por que se cumplan dichos criterios y se impongan unas sanciones adecuadas en caso de incumplimiento. Estas garantías y sanciones deben fijarse a un nivel que equilibre la necesidad de garantizar una licitación competitiva, disuadiendo al mismo tiempo a las empresas de presentar ofertas sin intención firme de realizar el proyecto y cumplir sus especificaciones. El nivel de las garantías y sanciones debe diseñarse de tal manera que sea más costoso para los licitadores no cumplir el pliego de condiciones de la subasta que asumir los costes y cumplir el pliego.

(40)

En el caso de algunos criterios, puede ser preciso demostrar el cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto; por ejemplo, la contribución a la integración del sistema energético, la ciberseguridad o la sostenibilidad medioambiental puede requerir un seguimiento permanente. Procede introducir normas armonizadas acerca del calendario de verificación de dicho cumplimiento. Todos los licitadores que participen en una subasta deben comprometerse a cumplir todos los requisitos y especificaciones de la subasta incluidos en su oferta cuando la presenten. La demostración del cumplimiento efectivo de los requisitos derivados de los diversos criterios no relacionados con el precio y otros requisitos de la subasta puede tener lugar en momentos distintos que deben definir las autoridades pertinentes de los Estados miembros cuando proceda.

(41)

Los licitadores deben presentar documentación específica para demostrar el cumplimiento de determinados criterios no relacionados con el precio. Para demostrar el cumplimiento de los criterios de preclasificación sobre conducta empresarial responsable en las subastas de fuentes de energía renovables, las autoridades pertinentes de los Estados miembros deben exigir declaraciones de diligencia debida garantizadas por terceros. El licitador que quiera demostrar que aplica eficazmente las medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad debe presentar un plan de ciberseguridad y actualizarlo periódicamente. Cuando proceda, las autoridades podrán exigir a los licitadores y a sus proveedores que se sometan a auditorías de seguridad periódicas realizadas por terceros independientes y que presenten los resultados de dichas auditorías periódicamente.

(42)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva (UE) 2018/2001 y en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ni de las obligaciones internacionales de la Unión. Las autoridades pertinentes de los Estados miembros deben introducir criterios de preclasificación o adjudicación en las subastas para la implantación de energías procedentes de fuentes renovables de conformidad con las obligaciones internacionales de la Unión y con el requisito correspondiente a efectos de la imposición de medidas restrictivas por motivos de seguridad y orden público. Estos criterios también deben cumplir el Derecho de la Unión y no ir más allá del mismo, así como ser coherentes con los compromisos adquiridos en acuerdos comerciales y de inversión en los que la Unión o los Estados miembros sean parte o disposiciones comerciales y de inversión a las que se hayan adherido la Unión o los Estados miembros.

(43)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Unión de la Energía.

1)

«comunidad de energías renovables»: una comunidad de energías renovables tal como se define en el artículo 2, punto 16, de la Directiva (UE) 2018/2001;

2)

«diligencia debida»: proceso mediante el cual las empresas identifican, previenen, mitigan y dan cuenta de cómo abordan los efectos negativos medioambientales y sociales que se derivan de sus actividades empresariales relacionadas con la subasta; entre ellos se incluyen efectos negativos relacionados con las propias actividades y las fases anteriores y posteriores de la cadena de valor de la empresa, también a través de sus productos o servicios, así como de sus relaciones de negocio;

3)

«sistemas de redes y de información»: los sistemas de redes y de información según se definen en el artículo 6, punto 1, de la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo (27);

4)

«seguridad de los sistemas de redes y de información»: la seguridad de los sistemas de redes y de información según se define en el artículo 6, punto 2, de la Directiva (UE) 2022/2555;

5)

«control operativo»: la autoridad para introducir y aplicar políticas operativas que rijan las actividades cotidianas, los procesos y los recursos para garantizar el buen funcionamiento de una instalación y, en particular, de sus sistemas de redes y de información;

6)

«montaje» de un módulo fotovoltaico: la integración e interconexión en una única unidad de una serie de células fotovoltaicas o componentes equivalentes enumerados en el Reglamento de Ejecución 2025/1178 de la Comisión;

7)

«huella de carbono»: suma de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero en un sistema de productos, teniendo en cuenta todas las actividades pertinentes dentro de los límites espacial y temporal del sistema, expresada en dióxido de carbono equivalente, evaluada sobre la base de los potenciales de calentamiento global con un horizonte temporal de cien años y calculada a partir de un estudio de evaluación del ciclo de vida utilizando la única categoría de impacto del cambio climático;

8)

«economía circular»: un sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo de este modo el impacto medioambiental de su utilización, y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de residuos;

9)

«impacto en la biodiversidad»: cualquier cambio en la biodiversidad, como la abundancia o distribución de especies o la distribución, la estructura y las funciones de los hábitats y los ecosistemas como efecto directo o indirecto de las tecnologías de cero emisiones netas a lo largo de su ciclo de vida;

10)

«eficiencia energética»: la relación entre la producción de energía y el consumo de energía en el caso de los productos generadores de energía o de la eficiencia de la conversión, es decir, la relación entre la producción de energía y el consumo de energía en el caso de los productos de conversión de energía y de almacenamiento de energía;

11)

«contaminación»: la contaminación tal como se define en el artículo 3, punto 2, de la Directiva 2010/75/UE (28) y, en el caso de la contaminación relacionada con el agua, tal como se define en el artículo 2, apartado 33, de la Directiva 2000/60/CE;

12)

«flexibilidad temporal»: la capacidad de los participantes en el mercado de adaptar la generación, la alimentación a la red y los patrones de consumo para contribuir a las necesidades del sistema a lo largo de los plazos correspondientes, en general como reacción a las señales del mercado, especialmente en el sector de la electricidad;

13)

«impacto relativo a la ubicación»: la capacidad de los participantes en el mercado de contribuir a satisfacer las necesidades del sistema eléctrico basándose en la selección del emplazamiento y del punto de conexión a la red;

14)

«conexión entre vectores energéticos»: la capacidad de los participantes en el mercado de transferir energía de un vector energético a otro a través de activos de conversión de energía.