Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

Mediante su Reglamento de Ejecución (UE) 2019/244 (2), la Comisión Europea («la Comisión») impuso derechos compensatorios a las importaciones de biodiésel originario de Argentina («las medidas originales»). La investigación que condujo a la imposición de las medidas originales se denominará en lo sucesivo «la investigación original».

(2)

Los tipos de los derechos compensatorios actualmente en vigor se sitúan entre el 25 y el 33,4 % sobre las importaciones de los productores exportadores incluidos en la muestra, en el 28,2 % en el caso de las empresas cooperantes no incluidas en la muestra y en el 33,4 % para las demás empresas de Argentina. En febrero de 2019, la Comisión también aceptó los compromisos ofrecidos por los exportadores argentinos (3), consistentes en un contingente anual libre de derechos para el biodiésel a un precio mínimo basado en el precio oficial del aceite de soja argentino, más los costes de producción y los fletes.

(3)

Las importaciones de biodiésel están actualmente sujetas a medidas antidumping cuando son originarias de la República Popular China («China») (4) o de los Estados Unidos de América («EE. UU.») (5) y a medidas compensatorias cuando son originarias de Indonesia (6) o de los EE. UU. (7).

(4)

A raíz de la publicación de un anuncio de expiración inminente (8), la Comisión recibió una solicitud de reconsideración de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base.

(5)

La solicitud de reconsideración fue presentada el 10 de noviembre de 2023 por el Consejo Europeo de Biodiésel (EBB, por sus siglas en inglés) («el solicitante») en nombre de la industria de biodiésel de la Unión, en el sentido del artículo 10, apartado 6, del Reglamento de base. La solicitud de reconsideración se basaba en que la expiración de las medidas podría dar lugar a la continuación de la subvención y a la reaparición del perjuicio para la industria de la Unión.

(6)

Antes del inicio de la reconsideración por expiración, la Comisión notificó a los poderes públicos de Argentina (9) que había recibido una solicitud debidamente documentada y los invitó a efectuar consultas de conformidad con el artículo 10, apartado 7, del Reglamento de base. Las consultas se celebraron el 5 de febrero de 2024. Sin embargo, no se pudo alcanzar una solución consensuada con los poderes públicos de Argentina. Con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión preparó un memorándum sobre la suficiencia de las pruebas, que contiene la evaluación de la Comisión de todas las pruebas a su disposición y sobre la base del cual se inició la investigación. Dicho memorándum figura en el expediente para su inspección por las partes interesadas. En él se resumen y se analizan las observaciones formuladas por los poderes públicos de Argentina en aquella ocasión.

(7)

Tras determinar, previa consulta al comité establecido en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036 (10), que existían pruebas suficientes para iniciar una reconsideración por expiración, la Comisión inició dicha reconsideración el 9 de febrero de 2024, con arreglo al artículo 18 del Reglamento de base, con respecto a las importaciones en la Unión de biodiésel originario de Argentina («el país afectado»). La Comisión publicó un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (11) («el anuncio de inicio»).

(8)

La investigación de la continuación de la subvención abarcó el período comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 («el período de investigación de la reconsideración»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación de la probabilidad de continuación del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el final del período de investigación de la reconsideración («el período considerado»).

(9)

En el anuncio de inicio, se invitaba a las partes interesadas a ponerse en contacto con la Comisión para participar en la investigación. Además, la Comisión informó específicamente del inicio de la reconsideración por expiración, e invitó a participar en ella, al solicitante, a otros productores conocidos de la Unión, a los productores conocidos de Argentina y a las autoridades de ese país, a los importadores, proveedores y usuarios conocidos y a las asociaciones notoriamente afectadas.

(10)

Se brindó a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre el inicio de la reconsideración por expiración y de solicitar una audiencia con la Comisión o con el Consejero Auditor en los procedimientos comerciales.

(11)

En una comunicación de 15 de marzo de 2024, la Cámara Argentina de Biocombustibles («CARBIO») impugnó el inicio alegando que en el análisis del perjuicio que figura en la solicitud no se tuvieron en cuenta otros factores pertinentes que pudieron dar lugar al perjuicio. CARBIO también alegó que la solicitud no estaba suficientemente fundamentada, concretamente en lo que se refiere a la hipótesis de que, si se dejaran expirar las medidas compensatorias, las importaciones de biodiésel procedentes de Argentina se dispararían y causarían un perjuicio a la industria de la Unión.

(12)

La Comisión consideró que la solicitud contenía pruebas suficientes para demostrar que la expiración de las medidas probablemente favorecería la continuación de la subvención y la reaparición del perjuicio para la industria de la Unión. No cabe descartar que la solicitud pueda contener lagunas o elementos que no estén razonablemente a disposición de la industria de la Unión, pero esta circunstancia no puede desvirtuar la conclusión general de que había pruebas suficientes que justificaban una investigación más profunda. Además, los criterios probatorios que se aplican no son los mismos para el inicio que para otras fases de la investigación. La Comisión desestimó las alegaciones de CARBIO.

(13)

En sus observaciones sobre el inicio, CARBIO y los poderes públicos de Argentina alegaron que se habían producido cambios legislativos pertinentes desde la investigación original, en particular con respecto a las exenciones fiscales en la provincia de Santa Fe y al mandato nacional sobre el biodiésel. Además, alegaron que se esperaba que se produjeran otros cambios legislativos durante la investigación.

(14)

La Comisión tuvo en cuenta esta información en el análisis de los regímenes de subvenciones recogido en los considerandos 35 a 51 y 271 a 283 y en el análisis de probabilidad recogido en los considerandos 323 a 330.

(15)

En el anuncio de inicio, la Comisión indicó que podría realizar un muestreo de las partes interesadas con arreglo al artículo 27 del Reglamento de base.

(16)

En el anuncio de inicio, la Comisión declaró que había seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. La Comisión seleccionó la muestra basándose en la representatividad en cuanto al volumen de producción y de ventas del producto similar de la Unión entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023. También se tuvo en cuenta la gama de productos incluidos en la muestra. Dicha muestra estaba formada por cuatro productores de la Unión. En vista de la información disponible en la fase de inicio, los productores de la Unión incluidos en la muestra representaban aproximadamente el 15 % del volumen total estimado de la producción del producto similar en la Unión y el 24 % de las ventas en la Unión de los productores que respondieron a la solicitud de información. De conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la muestra provisional. Ninguna de las partes lo hizo. La muestra de productores de la Unión se consideró representativa de la industria de la Unión.

(17)

Para decidir si era necesario el muestreo y, en ese caso, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a los importadores no vinculados que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio.

(18)

Un importador no vinculado facilitó la información solicitada y accedió a formar parte de la muestra. En vista del reducido número de respuestas, la Comisión decidió que el muestreo no era necesario.

(19)

Para decidir si era necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a todos los productores de Argentina que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio. Además, la Comisión pidió a la misión de Argentina que, en caso de haber otros productores que pudieran estar interesados en participar en la investigación, los indicara o se pusiera en contacto con ellos.

(20)

Siete productores exportadores del país afectado facilitaron la información solicitada y aceptaron ser incluidos en la muestra. De conformidad con el artículo 27, apartado 1, del Reglamento de base, la Comisión seleccionó una muestra de tres productores exportadores, pertenecientes a dos grupos, basándose en el mayor volumen representativo de exportaciones a la Unión que pudiera razonablemente investigarse en el tiempo disponible. Los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra representaban el 68 % del volumen total de importaciones en la Unión procedentes de Argentina notificado por Eurostat en el período de investigación de la reconsideración. De conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento de base, se consultó sobre la selección de la muestra a todos los productores exportadores conocidos afectados y a las autoridades del país afectado. No se formularon observaciones.

(21)

La Comisión envió cuestionarios a los poderes públicos de Argentina, a los productores exportadores incluidos en la muestra, a los productores de la Unión incluidos en la muestra, a un importador no vinculado y al solicitante. Estos cuestionarios se pusieron a disposición en línea (12) el día del inicio, excepto los destinados a los poderes públicos de Argentina y al solicitante, que se incorporaron al expediente para su inspección por las partes interesadas.

(22)

Se recibieron respuestas al cuestionario de los poderes públicos de Argentina, de los productores exportadores incluidos en la muestra, de los productores de la Unión incluidos en la muestra, del importador no vinculado y del solicitante.

(23)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para determinar la probabilidad de continuación de la subvención y del perjuicio, así como del interés de la Unión.

(24)

Se realizaron visitas de inspección con arreglo al artículo 26 del Reglamento de base en las instalaciones de los poderes públicos de Argentina, así como en las de las siguientes empresas:

(25)

El producto objeto de reconsideración es el mismo que en la investigación original, a saber, ésteres monoalquílicos de ácidos grasos y/o gasóleos parafínicos obtenidos por síntesis y/o hidrotratamiento, de origen no fósil, en estado puro o en mezclas («el producto objeto de reconsideración»), clasificados actualmente en los códigos NC ex 1516 20 98 (códigos TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 y 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (códigos TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 y 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (código TARIC 1518 00 95 21), ex 1518 00 99 (códigos TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 y 1518 00 91 33), ex 2710 19 42 (códigos TARIC 2710 19 42 21 y 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (códigos TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 y 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (códigos TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 y 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (códigos TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 y 2710 19 47 33), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (códigos TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 y 3824 99 92 17), 3826 00 10 y ex 3826 00 90 (códigos TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 y 3826 00 90 33) (13).

(26)

El producto objeto de reconsideración puede producirse a través de diferentes procesos, como la transesterificación de aceites y grasas, una síntesis de Fischer-Tropsch o el hidrotratamiento de materias primas renovables. Es un combustible renovable producido a partir de una gran variedad de materias primas, que incluyen aceites vegetales como el aceite de colza, el aceite de soja o el aceite de palma, aceites de cocina usados, grasas animales o biomasa.

(27)

Esta investigación puso de manifiesto que el biodiésel producido en Argentina es exclusivamente éster metílico de soja («EMS») derivado de aceite de soja, mientras que una parte importante del biodiésel producido en la Unión es éster metílico de colza («EMC»). Tanto el EMS como el EMC pertenecen a la categoría de ésteres metílicos de ácidos grasos (EMAG).

(28)

El biodiésel se suele utilizar en el sector del transporte, principalmente mezclado con gasóleo fósil, pero también en su forma pura.

(29)

El producto afectado por la presente investigación es el producto objeto de reconsideración originario de Argentina.

(30)

Tal y como se había establecido en la investigación original, la presente investigación de la reconsideración por expiración confirmó que los siguientes productos tienen las mismas características físicas, químicas y técnicas básicas, así como los mismos usos básicos:

(31)

Se considera, por tanto, que estos productos son productos similares en el sentido del artículo 2, letra c), del Reglamento de base.

(32)

No se recibieron observaciones relativas a la definición del producto.

(33)

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base y como señalaba el anuncio de inicio, la Comisión analizó si la expiración de las medidas existentes podría conducir a la continuación de la subvención.

(34)

Sobre la base de la información contenida en la solicitud de reconsideración, así como de la información presentada por los poderes públicos de Argentina y los productores exportadores que cooperaron, se investigaron los siguientes regímenes, que supuestamente implican la concesión de subvenciones:

(35)

Desde la investigación original, las políticas preferenciales de los poderes públicos de Argentina relativas a la industria del biodiésel han evolucionado como se explica a continuación.

(36)

Mientras la evolución legislativa relativa a cada régimen de subvenciones se analiza en la sección respectiva, con carácter más general, la Ley 26.093 relativa al marco regulador de los biocombustibles, promulgada en 2006 y analizada en la investigación original («Ley de Biocombustibles de 2006»), expiró en mayo de 2021 (14). Por lo tanto, en 2021 fue sustituida por la Ley 27.640 («Ley de Biocombustibles de 2021»), que permanecía vigente durante el período de investigación de la reconsideración (15).

(37)

La Ley de Biocombustibles de 2021 estableció un mandato nacional sobre el biodiésel por el que se asignaban contingentes mensuales de biodiésel a productores nacionales no integrados verticalmente para el abastecimiento de empresas mezcladoras nacionales a precios fijos regulados por los poderes públicos.

(38)

A tal efecto, la Ley de Biocombustibles de 2021 encomendó a la Secretaría de Energía, en su condición de autoridad de aplicación, las siguientes funciones, entre otras: «Regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable de los biocombustibles», «[r]ealizar auditorías e inspecciones en las empresas e instalaciones de elaboración, almacenaje y/o mezcla de biocombustibles», «[a]plicar las sanciones establecidas» en la Ley de Biocombustibles de 2021, «[g]arantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria, pudiendo arbitrar y establecer los mecanismos que estime necesarios a fin de que la adquisición de aquellos sea llevada a cabo según las condiciones normales y habituales del mercado y sin distorsión alguna, estableciendo como límite, en el caso que corresponda, el precio de exportación de dichos insumos menos los respectivos gastos». «[d]eterminar las asignaciones de biocombustibles para el abastecimiento de la mezcla obligatoria» y «[d]eterminar […] los precios a los cuales deberá llevarse a cabo la comercialización de los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles» (16).

(39)

De conformidad con la Ley de Biocombustibles de 2021, el biodiésel que debía suministrarse en virtud del mandato nacional estaba sujeto a un requisito de contenido local, en la medida en que exigía «que se produzcan en plantas instaladas en la República Argentina a partir de materias primas nacionales» (17). Durante la inspección in situ, los poderes públicos de Argentina confirmaron que el aceite de soja utilizado para la producción de biodiésel suministrado en el marco del mandato debía ser de origen argentino. Esto significaba que el biodiésel utilizado para cumplir la obligación de mezcla debía producirse en plantas argentinas que utilizasen materias primas producidas en el país (18).

(40)

La Ley de Biocombustibles de 2021 estableció que «[e]l abastecimiento de las cantidades de biodiésel mensuales [...] será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que —ya sea en forma directa o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas— no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiésel y/o de sus insumos principales» (19). Por lo tanto, solo las empresas no exportadoras y no integradas verticalmente podían participar en el mandato sobre el biodiésel, mientras que las grandes empresas que exportaban biodiésel no podían suministrar su producto para la mezcla obligatoria. Los productores exportadores incluidos en la muestra LDC Argentina S.A. («LDC Argentina»), Molinos Agro S.A. («Molinos Agro») y Viterra Argentina S.A. («Viterra Argentina») no participaron en el mandato nacional. De hecho, además de producir y exportar biodiésel, todos ellos se dedicaban asimismo a la trituración de soja para producir aceite de soja, que vendían también a los productores nacionales de biodiésel participantes en el mandato nacional para su producción de biodiésel. Sin embargo, el Grupo Renova también incluía, además de los productores exportadores Molinos Agro y Viterra Argentina, empresas que producían biodiésel para el mercado interno o biodiésel por encargo para los productores exportadores, que posteriormente lo exportaban. Estas empresas participaron en el mandato nacional.

(41)

De lo anterior se desprende que, a la inversa, los productores de biodiésel participantes en el mandato nacional estaban sujetos a una prohibición legal de exportar por la que los poderes públicos de Argentina segregaban el mercado interno y los mercados de exportación, así como los operadores respectivos.

(42)

Además, «[a] los efectos del abastecimiento descrito precedentemente, [solo] se considerarán las empresas que cumplan con las premisas establecidas en el presente artículo que hayan sido autorizadas por la autoridad de aplicación en el marco de la ley 26.093 para el abastecimiento de biodiésel con destino a la mezcla obligatoria al momento de la sanción de la presente ley [...] (20)». Esto significa que solo las empresas que fueran proveedores activos en virtud del mandato anterior establecido en la Ley de Biocombustibles de 2006 podían convertirse en proveedores con arreglo a la nueva ley.

(43)

Inicialmente, en virtud del mandato sobre el biodiésel establecido en la Ley de Biocombustibles de 2006, el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiésel en el combustible resultante de la mezcla era del 10 %. Tal porcentaje se redujo mediante la Ley de Biocombustible de 2021 y el porcentaje de mezcla obligatoria se fijó en el 5 % (21). De conformidad con la Ley de Biocombustibles de 2021, la Secretaría de Energía podía incluso reducir el porcentaje de mezcla al 3 % si consideraba que las condiciones económicas obligaban a bajar los precios de los combustibles, en particular «cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor (22)». Sin embargo, en junio de 2022, la Resolución 438/2022 elevó el porcentaje de mezcla obligatoria al 7,5 % (23).

(44)

Sin embargo, durante un período de cuatro meses comprendido entre mediados de junio y mediados de octubre de 2022, justo al principio del período de investigación de la reconsideración, los poderes públicos de Argentina, mediante el Decreto 330/2022 y la Resolución 638/2022, aumentaron temporalmente el mandato sobre el biodiésel en un 5 % para situarlo en el 12,5 %, debido a la escasez de gasóleo en el mercado (24). Con carácter excepcional, se estableció que no solo las empresas que participaban habitualmente en el mandato nacional podrían suministrar el porcentaje adicional, sino también las empresas exportadoras de biodiésel (25). En efecto, Molinos Agros tomó parte en ello. Los poderes públicos de Argentina indicaron que el precio de este suministro adicional de biodiésel sería libremente pactado entre las partes, pero el Decreto 330/2022 señaló que el precio de este mandato adicional temporal también estaba regulado en forma de precio máximo (26).

(45)

Por lo tanto, durante el período de investigación de la reconsideración, el porcentaje de mezcla obligatoria fue del 12,5 % durante medio mes y del 7,5 % el resto del período.

(46)

Durante la inspección in situ, los poderes públicos de Argentina explicaron que en el país existe también un pequeño mercado interno para el biodiésel no sujeto a la obligación de mezcla. En este mercado también pueden participar los exportadores de biodiésel y los productores de biodiésel integrados verticalmente. Este mercado al margen del mandato solo representaba el 1,5-2 % de todo el mercado interno de biodiésel.

(47)

Por otra parte, Argentina se vio afectada por una grave sequía durante el período de investigación de la reconsideración, concretamente entre diciembre de 2022 y julio de 2023, que afectó negativamente a la producción de soja, así como a otros cultivos. Esto puede observarse claramente en el gráfico 1, que muestra una caída significativa de la producción de soja, maíz y trigo durante ese período (considerando 125). No obstante, la capacidad de producción también se mantuvo estable durante la sequía y posteriormente la producción aumentó, como puede observarse en el gráfico 1. Por consiguiente, la Comisión consideró que la sequía fue un fenómeno temporal.

(48)

Como consecuencia de ello, si bien la producción de soja de Argentina satisface la demanda con carácter general, los productores exportadores incluidos en la muestra recurrieron en 2023 a la importación de soja procedente de países vecinos menos afectados por la sequía: Paraguay, las regiones septentrionales de Brasil, y Bolivia. Esto también fue confirmado por la información de acceso público disponible (27).

(49)

Esta soja se importó con arreglo al régimen de importación temporal, al igual que ocurrió en la investigación original. En virtud del régimen de importación temporal, que es similar al régimen de perfeccionamiento activo de la UE, no se recaudan derechos de importación en la medida en que el insumo se transforma y la producción resultante se reexporta.

(50)

La soja importada con arreglo al régimen de importación temporal solo se utilizó para producir y reexportar harina y aceite de soja, y no biodiésel. De hecho, el régimen de importación temporal funciona sobre la base de una relación de conversión entre el insumo importado y la producción reexportada, que puede aplicarse a la trituración de soja para producir harina y aceite de soja y a la reexportación de estos productos, pero no a la producción y reexportación ulteriores de biodiésel, que es una segunda fase de producción en la cadena de valor.

(51)

La soja importada solo podía utilizarse para producir biodiésel cuando era efectivamente importada, a diferencia de las importaciones realizadas en el marco del régimen de importación temporal. Esto no ocurrió por varias razones. En primer lugar, la soja (al igual que el aceite de soja y el biodiésel) que se importaba de países del Mercosur (como Paraguay, Brasil y Uruguay) estaba sujeta a un impuesto sobre las compras de moneda extranjera denominado «impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria)», calculado en porcentaje del valor CIF de las importaciones. Además, la soja (al igual que el aceite de soja y el biodiésel) que se importaba de países no pertenecientes al Mercosur (como Bolivia) estaba sujeta al derecho de importación común del Mercosur y a una tasa estadística, además de al «impuesto PAIS». Por lo tanto, importar soja en Argentina es caro y, en consecuencia, carece de atractivo económico. En segundo lugar, los productores exportadores incluidos en la muestra explicaron que era más difícil obtener la certificación de sostenibilidad —necesaria para determinados destinos de exportación, en particular la UE— de la soja que se importaba de Paraguay y Brasil que de la soja producida en Argentina. Esto tenía que ver, en particular, con el cumplimiento de las normas de deforestación, que no afectan a las grandes llanuras argentinas, donde no hay árboles. Por último, el biodiésel utilizado para cumplir la obligación de mezcla (que constituye la mayor parte del mercado interno, como se indica en el considerando 46) tenía que producirse en fábricas argentinas que utilizasen materias primas producidas en el país. Así pues, la soja importada solo podía utilizarse en la producción de biodiésel destinado al pequeño mercado interno no sujeto al mandato o a los mercados de exportación, en este último caso con la falta de justificación económica y los problemas de certificación que se acaban de describir.

(52)

El solicitante hizo referencia en su solicitud a que la Comisión había constatado en la investigación original que los poderes públicos de Argentina habían encomendado u ordenado a los cultivadores de soja que llevaran a cabo su estrategia para crear un mercado interno compartimentado y suministraran soja a la industria del biodiésel a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. Por otra parte, la Comisión también constató en la investigación original que los poderes públicos de Argentina otorgaron un beneficio consistente en la diferencia entre los precios pagados por los productores nacionales de biodiésel y el precio que habrían pagado si en Argentina hubieran prevalecido las condiciones de mercado para la soja. Además, se consideró que el conjunto de medidas de los poderes públicos de Argentina era específico, ya que estaba limitado a un grupo de empresas o industrias, incluida la industria nacional del biodiésel.

(53)

El solicitante alegó que estas medidas seguían siendo aplicables y seguirán estando a disposición de la industria argentina del biodiésel en los próximos años. Estas medidas supuestamente permiten a la industria argentina del biodiésel adquirir materias primas a costes más bajos, con el fin de impulsar la producción y las exportaciones de biodiésel.

(54)

El 20 de enero de 2025, la Comisión comunicó a los poderes públicos de Argentina que, a la hora de examinar la existencia y el alcance de la supuesta ayuda concedida a la industria del biodiésel, por ejemplo mediante el suministro de soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada, podría tener que recurrir a la posibilidad de utilizar los datos disponibles contemplada en el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, por los motivos que se explican a continuación.

(55)

En primer lugar, en el cuestionario, la Comisión pidió a los poderes públicos de Argentina que facilitaran los datos de contacto (nombre, dirección y correo electrónico) de todas las empresas que suministraban soja y aceite de soja para la fabricación del producto objeto de reconsideración.

(56)

En su respuesta, los poderes públicos de Argentina facilitaron únicamente los nombres y direcciones de los operadores de la cadena de valor que participaban en la distribución de aceite de soja, pero no de los proveedores de soja. Los poderes públicos de Argentina explicaron que solo facilitaron la información cuya facilitación consideraban que no infringiría las restricciones legales establecidas para proteger la confidencialidad de las empresas de conformidad con la Ley 17.622 (en particular sus artículos 11 y 13) y la normativa complementaria.

(57)

En su carta de deficiencias, la Comisión reiteró su solicitud relativa a los datos de contacto de los productores de soja, ya que los poderes públicos de Argentina habían facilitado el número total de productores de soja en Argentina, obtenido del Sistema de Información Simplificado Agrícola de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por lo que deberían estar en posesión de dicha información.

(58)

En respuesta, los poderes públicos de Argentina afirmaron que la información de las empresas afectadas no podía facilitarse porque no solo estaba amparada por la Ley 17.622, sino que también estaba protegida por el artículo 101 de la Ley 11.683 sobre el secreto fiscal, por lo que no podía presentarse en el marco de la investigación.

(59)

En segundo lugar, en el cuestionario, la Comisión también pidió a los poderes públicos de Argentina que indicaran los diez mayores productores de i) soja y ii) aceite de soja de Argentina y que facilitaran, en relación con todos ellos: a) nombre, b) dirección y c) estructura de propiedad de la empresa (por ejemplo, propiedad estatal, colectiva, privada o extranjera). Además, en relación con cada uno de esos diez mayores productores y distribuidores de i) soja y ii) aceite de soja en Argentina, la Comisión pidió a los poderes públicos de Argentina que facilitaran información detallada de los miembros del consejo de administración y del equipo directivo, y que identificaran a los miembros que también fueran funcionarios públicos o que ocupasen un cargo en cualquier autoridad gubernamental u organismo público.

(60)

En su respuesta, los poderes públicos de Argentina afirmaron que la información solicitada estaba amparada por la Ley 17.622 y la normativa complementaria y no era susceptible de ser facilitada.

(61)

En su carta de deficiencias, la Comisión reiteró la solicitud antes mencionada, tomando nota de la respuesta de los poderes públicos de Argentina al cuestionario e indicando su interpretación inicial del ámbito de aplicación de la Ley 17.622, y citando además otros casos en los que parecía que los proveedores de soja habían facilitado a las autoridades centrales y provinciales datos pertinentes que podrían no estar sujetos al ámbito de aplicación de la Ley 17.622. Asimismo, la Comisión preguntó si, con carácter general, se facilitaba la estructura de propiedad de una sociedad, así como la composición de su consejo de administración, al registro de sociedades.

(62)

En su respuesta, los poderes públicos de Argentina aclararon que la información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca está protegida en virtud de la Ley 17.622, por lo que no se podía presentar en el marco de la investigación. Además, los poderes públicos de Argentina explicaron que cada provincia y territorio autónomo de Argentina establece y gestiona su propio registro de sociedades y reconocieron que la estructura de propiedad de una sociedad y su consejo de administración se comunican al registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Sin embargo, la información disponible sobre la estructura de propiedad de una sociedad dependía de la organización jurídica de la entidad, y los nombres y apellidos de los miembros del consejo de administración podían consultarse, pero no toda la información era de acceso público, por lo que no se podía presentar en el marco de la investigación.

(63)

En tercer lugar, en el cuestionario, la Comisión también pidió a los poderes públicos de Argentina que remitieran el apéndice A (cuestionario para los proveedores de insumos) i) a los diez mayores productores y distribuidores de los insumos en cuestión, y ii) a cualquier otro productor y distribuidor de soja y aceite de soja que hubiera suministrado insumos a los dos productores exportadores incluidos en la muestra. A este respecto, la Comisión informó a los poderes públicos de Argentina de que había solicitado a cada empresa que cooperó que preparase una lista de todos sus proveedores de los insumos en cuestión e indicó a los poderes públicos de Argentina que se coordinaran con los productores exportadores que cooperaron. La Comisión también solicitó pruebas (copia de correo electrónico, carta o fax) que demostraran que los poderes públicos de Argentina habían remitido el apéndice A a los productores y distribuidores pertinentes, así como, si era posible, pruebas de que dichos productores y distribuidores habían recibido dicho apéndice A (por ejemplo, un acuse de recibo).

(64)

En su respuesta, los poderes públicos de Argentina no facilitaron la información solicitada y no especificaron si ya obraba en su poder o si habían remitido el apéndice A a los productores y distribuidores de los insumos pertinentes. Se limitaron a señalar que la información solicitada estaba amparada por la Ley 17.622 y la normativa complementaria y, por tanto, no era susceptible de ser facilitada.

(65)

En su carta de deficiencias, la Comisión reiteró su solicitud, aclarando que no estaba solicitando información a los poderes públicos de Argentina, sino simplemente su asistencia para obtener la información de los proveedores de soja.

(66)

En su respuesta, los poderes públicos de Argentina aclararon que comprendían plenamente la solicitud efectuada por la Comisión, pero reiteraron que no existía base jurídica con arreglo a la cual pudiera facilitarse la información solicitada, ya que los datos de las empresas en cuestión estaban protegidos por el artículo 101 de la Ley 11.683 sobre el secreto fiscal y, por tanto, no se podían presentar en el marco de la investigación antisubvenciones en curso. Una vez más, en su respuesta, los poderes públicos de Argentina no especificaron si habían remitido el apéndice A a los productores y distribuidores de los insumos pertinentes, y tampoco facilitaron pruebas de dicha actuación.

(67)

Durante la inspección in situ, la Comisión volvió a plantear estas cuestiones a los poderes públicos de Argentina.

(68)

En respuesta, además de reiterar las obligaciones de confidencialidad que las autoridades argentinas debían cumplir, los poderes públicos de Argentina también afirmaron que les resultaba imposible facilitar una lista de los productores de soja registrados, en primer lugar, porque el número de productores de soja cambiaba de una campaña de cultivo a otra y, en segundo lugar, porque había unos sesenta mil productores de soja cada campaña. Los poderes públicos de Argentina también explicaron que la situación de las empresas mezcladoras de biodiésel es diferente y, por tanto, pudieron facilitar los nombres y datos de contacto de estas empresas en la respuesta al cuestionario. Esto se debe a que, a diferencia de los productores de soja, las empresas mezcladoras tienen que inscribirse en un registro de acceso público para llevar a cabo su actividad empresarial. Sin embargo, en el considerando 80, la Comisión constata que la información solicitada podría haber sido preparada por los poderes públicos de Argentina accediendo a las bases de datos de las autoridades tributarias argentinas.

(69)

En conclusión, con respecto al presunto suministro de soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada, los poderes públicos de Argentina no facilitaron la información y las pruebas necesarias tal como les había solicitado la Comisión en su cuestionario, en la carta de deficiencias y durante la visita de inspección in situ, y denegaron el acceso a ellas.

(70)

La falta de cooperación suficiente no permitió a la Comisión recabar toda la información que consideraba necesaria para sus constataciones en la presente investigación. Más concretamente, la Comisión no pudo obtener información sobre los productores de soja y aceite de soja ni sobre la incidencia de un derecho de exportación aplicado a la soja, el aceite de soja y el biodiésel (véanse los considerandos 101 y 123) en la producción y la política de precios de los productores de soja y aceite de soja, así como en el suministro a los productores de biodiésel.

(71)

Esta información incluía la identidad de los productores de soja y aceite de soja, el grado de propiedad y control del Estado sobre los mayores de ellos, el comportamiento y las decisiones de los productores de soja y aceite de soja ante los derechos de exportación y sus cambios, sus estrategias de producción y la posibilidad de cambiar a cultivos alternativos, la disponibilidad de terrenos cultivables y el acceso a ellos, las características del mercado y su dinámica con respecto a la diferenciación entre grandes empresas y pymes, los canales de ventas y comercialización y las estrategias en el mercado interno y en los mercados de exportación, los precios y las políticas de precios en el mercado interno y en los mercados de exportación, la incidencia del precio internacional en sus políticas de precios, la situación de la competencia en el mercado interno y en los mercados de exportación, su rentabilidad a lo largo de los años, la incidencia de un posible exceso de capacidad y de posibles estrategias de acumulación de existencias, las importaciones y exportaciones de sus principales clientes en el mercado interno y en los mercados de exportación, incluido el papel de la industria de las trituradoras y el valor añadido alcanzado por dicha industria, así como la situación de la competencia de esta industria en Argentina y en los mercados internacionales.

(72)

Toda esta información, datos y documentos eran necesarios porque su ausencia causó serias dificultades para llegar a una conclusión precisa y fundamentada con respecto a las constataciones relativas a la continuación de la subvención en relación con el supuesto régimen de subvenciones consistente en el suministro de soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. Ante la ausencia de toda esta información, la investigación se vio obstruida de forma significativa.

(73)

Lo anterior llevó a la Comisión a concluir que los poderes públicos de Argentina:

(74)

Sobre esta base, el 20 de enero de 2025, la Comisión comunicó a los poderes públicos de Argentina su intención de aplicar el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, y les pidió que presentaran observaciones.

(75)

El 27 de enero de 2025, los poderes públicos de Argentina presentaron sus observaciones sobre la aplicación prevista del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base. CARBIO también presentó sus observaciones a este respecto.

(76)

En esencia, los poderes públicos de Argentina reconocieron que parte de la información facilitada era incompleta o no se ajustaba al nivel o los detalles solicitados, en particular por lo que se refiere a los productores de soja, pero no estuvieron de acuerdo con la calificación de esta falta de cooperación como denegación de la información necesaria y obstrucción significativa de la investigación. En opinión de los poderes públicos de Argentina, una descripción más ajustada a las circunstancias del caso sería que no se facilitó la información necesaria.

(77)

En primer lugar, los poderes públicos de Argentina y CARBIO recordaron, en particular, que la actual reconsideración por expiración se refería al biodiésel, cuyo insumo es el aceite de soja (y no la soja). Así pues, la producción de soja solo estaría vinculada indirectamente a la producción de biodiésel y no constituiría información necesaria. Sin embargo, la Comisión había ampliado indebidamente su análisis a todas las fases anteriores de la cadena de valor.

(78)

A este respecto, la Comisión señaló que había solicitado la información necesaria para analizar la alegación de subvención formulada por el solicitante en la solicitud, que se refería, en particular, al suministro de soja (principal materia prima del biodiésel) a cambio de una remuneración inferior a la adecuada en beneficio de los productores de biodiésel. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(79)

En segundo lugar, los poderes públicos de Argentina aclararon que ellos no habían recopilado ni mantenían una lista de productores de soja como la solicitada por la Comisión y, por tanto, no podían facilitar esa información.

(80)

La Comisión no estuvo de acuerdo en que los poderes públicos de Argentina no pudieran facilitar dicha información, necesaria para la investigación. En particular, la Comisión señaló que los poderes públicos de Argentina, en sus observaciones sobre la aplicación del artículo 28 del Reglamento de base, explicaron que la preparación de la información solicitada habría requerido acceso a las bases de datos de las autoridades tributarias argentinas, confirmando así que la información solicitada podría haber sido preparada por los poderes públicos de Argentina. Por lo tanto, la Comisión descartó la calificación de denegación de acceso a la información necesaria y obstrucción significativa de la investigación en relación con los datos de contacto de los proveedores de soja, y concluyó que los poderes públicos de Argentina no facilitaron la información necesaria solicitada. Sin embargo, independientemente de la calificación, persistía la falta de cooperación por parte de los poderes públicos de Argentina, en vista de que no se facilitó la información necesaria, y la Comisión todavía carecía de la información necesaria solicitada y aplicó el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base.

(81)

En tercer lugar, los poderes públicos de Argentina explicaron que habían facilitado toda la información de que disponían, pero que tenían legalmente prohibido facilitar otros tipos de información, en particular los relacionados con el nombre, la ubicación, la estructura de propiedad y los datos de los miembros del consejo de administración y del equipo directivo —incluida su relación con los poderes públicos de Argentina— de los diez mayores productores de soja y aceite de soja de Argentina.

(82)

La Comisión señaló que el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias («el Acuerdo SMC») contiene normas y obligaciones detalladas en relación con la protección de la información confidencial por parte de la autoridad investigadora. La Comisión consideró que, si no se facilita dicha información, la autoridad investigadora puede recurrir a los datos disponibles. Por lo tanto, la Comisión tuvo que mantener la calificación de denegación de la información necesaria y obstrucción significativa de la investigación en relación con la información sobre los diez mayores productores de soja y aceite de soja de Argentina, y rechazó esta alegación.

(83)

Por último, los poderes públicos de Argentina apuntaron a la lista de información que la Comisión no pudo obtener en el considerando 71, alegando, en primer lugar, que la lista de productores de soja no habría aportado la información que faltaba, en segundo lugar, que los poderes públicos de Argentina aportaron parte de esa información durante la inspección y, en tercer lugar, que existían otras fuentes fiables que no estaban sujetas a los mismos requisitos legales de los poderes públicos de Argentina, en particular los productores exportadores incluidos en la muestra, en lo que respecta a la información relativa a la rentabilidad y el valor añadido de la trituración. A este último respecto, también la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina («ACSOJA») facilitó información sobre la capacidad para cambiar de cultivo y sobre decisiones relacionadas con el mercado.

(84)

La Comisión señaló que la falta de la información enumerada en el considerando 71 no solo se debía a que no se había facilitado la lista de productores de soja, sino a que no se había facilitado ninguno de los datos solicitados que se enumeran en el considerando 73. Por otra parte, la Comisión no desechó el resto de información facilitada por los poderes públicos de Argentina, pero podría haberse recibido información más exacta directamente de los productores de soja si los poderes públicos de Argentina les hubieran remitido el apéndice A. Por último, la Comisión no tuvo ningún problema con la información facilitada por los poderes públicos de Argentina y ACSOJA durante la inspección, pero que no es suficiente para sustituir a la información no facilitada y no tiene incidencia en la calificación de la falta de cooperación de los poderes públicos de Argentina. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(85)

En conclusión, ante la ausencia de la información necesaria, la Comisión se basó en parte en los datos disponibles para establecer las constataciones relativas a los aspectos de la investigación enumerados en los considerandos 70 y 71, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base.

(86)

Tras la divulgación final, los poderes públicos de Argentina reiteraron que no poseían una lista de productores de soja.

(87)

Como se indica en el considerando 80, la Comisión no alegó que los poderes públicos de Argentina estuvieran en posesión de dicha lista, sino que señaló que estos habían confirmado que la información solicitada en la lista podría haberse preparado y presentado.

(88)

Además, los poderes públicos de Argentina alegaron que, para elaborar dicha lista y remitir el cuestionario a los diez mayores proveedores de soja y aceite de soja, no solo habría sido necesario acceder a los datos, sino también rebasar las disposiciones legales que impiden a los poderes públicos de Argentina compartir dicha información con terceros. A este respecto, los poderes públicos de Argentina alegaron que la Comisión invocó erróneamente las normas del Acuerdo SMC al alegar que la obligación de los funcionarios públicos en relación con la obtención y facilitación de determinado tipo de información es independiente y está desvinculada de todo procedimiento recogido en el Acuerdo SMC acerca del tratamiento de la información confidencial puesta a disposición.

(89)

Además, los poderes públicos de Argentina alegaron que la Comisión era consciente de estas limitaciones desde la investigación original y que debería haber indicado los productores de soja concretos que consideraba que era crucial que participaran en la presente investigación. De este modo, las limitaciones que tienen los poderes públicos de Argentina no serían de aplicación a esos productores, y los cuestionarios podrían dirigirse a ellos.

(90)

La Comisión consideró que el ámbito de aplicación del Acuerdo SMC abarca situaciones en las que los funcionarios públicos están sujetos a obligaciones nacionales de confidencialidad, como ya se ha explicado en el considerando 82. De lo contrario, el miembro investigado siempre podría invocar obligaciones nacionales de confidencialidad para no cooperar en el contexto de una investigación antisubvenciones. La Comisión está obligada a proteger la información confidencial facilitada. Además, de conformidad con el artículo 29, apartado 6, del Reglamento de base, la Comisión no puede utilizar la información recogida para ningún otro fin, ya que la información recibida durante una investigación antisubvenciones únicamente puede utilizarse para el fin para el que fue solicitada. La Comisión señaló, asimismo, que no podía tener conocimiento previo de la limitación que tienen los poderes públicos de Argentina para facilitar dicha información sobre la base de una investigación anterior, ya que las circunstancias podían haber cambiado. Dado que los poderes públicos de Argentina nunca presentaron una lista de productores de soja ni en la investigación original ni en la presente reconsideración, la Comisión no podía conocer ni identificar a ninguno de esos productores. Lo que es más importante, los poderes públicos de Argentina no hicieron referencia al planteamiento del considerando 89 como posible solución hasta después de la divulgación final, es decir, en una fase muy tardía de la investigación, cuando ya no era posible aplicarla, y no explicaron por qué no se aplicarían las limitaciones de confidencialidad. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(91)

Los poderes públicos de Argentina también aportaron una serie de argumentos para justificar la falta de cada tipo de información enumerado en el considerando 71, con los que explicaban su opinión acerca de cada uno de ellos o hacían referencia a las respuestas que habían facilitado en el contexto de la presente reconsideración por expiración.

(92)

La Comisión ya ha explicado en el considerando 84 que no tenía problemas con la información facilitada por los poderes públicos de Argentina, sino con la información que no habían facilitado ellos mismos ni nadie a través de ellos, en particular porque los poderes públicos de Argentina nunca remitieron el apéndice A a los proveedores pertinentes. En el apéndice A, la Comisión no pretendía recabar la opinión de los poderes públicos de Argentina sobre la información solicitada a los proveedores de soja y aceite de soja. La Comisión ya había investigado y conocía la opinión de los poderes públicos de Argentina gracias a la respuesta de estos al cuestionario, aunque fuera incompleta. Por el contrario, la Comisión pretendía recabar la opinión y la información de los proveedores a través de ellos, teniendo en cuenta que el régimen investigado consistía en el suministro de soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(93)

A fin de establecer la existencia de una subvención sujeta a medidas compensatorias, deben darse tres elementos: a) una contribución financiera o un sostenimiento de los ingresos o de los precios; b) un beneficio; y c) especificidad.

(94)

Para llegar a una conclusión sobre el primer elemento, la Comisión analizó si el conjunto de medidas adoptadas por los poderes públicos de Argentina había dado lugar a una contribución financiera en forma de suministro de soja por parte de dichos poderes a cambio de una remuneración inferior a la adecuada a los productores exportadores de biodiésel de Argentina, con arreglo al artículo 3, punto 1, letra a), del Reglamento de base, o si el conjunto de medidas adoptadas por los poderes públicos de Argentina entraba en la categoría de sostenimiento de los ingresos o de los precios de la industria del biodiésel, con arreglo al artículo 3, punto 1, letra b), de dicho Reglamento.

(95)

Como en la investigación original, la Comisión observó que todas las empresas incluidas en la muestra compraban soja en el mercado interno, tanto a empresas vinculadas como a no vinculadas, para transformarla en aceite de soja y, posteriormente, en biodiésel. Los productores exportadores incluidos en la muestra no compraron aceite de soja para transformarlo en biodiésel (con la excepción de compras insignificantes realizadas por uno de los productores exportadores incluidos en la muestra, que correspondían al 0,004 % de su volumen de compras de soja y aceite de soja durante el período de investigación de la reconsideración), ya que trituraron ellos mismos la soja para obtener aceite de soja como etapa intermedia en la producción de biodiésel. Por tanto, el análisis en los puntos siguientes se centra en si los poderes públicos de Argentina suministraron soja (y no aceite de soja) a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(96)

En el artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), segundo guion, del Reglamento de base se establece que existe una contribución financiera cuando los poderes públicos: «encomienda a una entidad privada una o más de las funciones descritas en los incisos i), ii) y iii) que normalmente incumbirían a los poderes públicos, y la práctica no difiere realmente de las prácticas normalmente seguidas por ellos». El tipo de funciones descrito en el artículo 3, punto 1, letra a), inciso iii), del Reglamento de base existe cuando «los poderes públicos proporcionan bienes o servicios que no son de infraestructura general, o cuando compran bienes [...]». Estas disposiciones reflejan el artículo 1.1, letra a), punto 1, incisos iii) y iv), del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC), y debe interpretarse y aplicarse a la luz de la jurisprudencia pertinente de la OMC.

(97)

En consonancia con la jurisprudencia pertinente de la OMC (28), la Comisión examinó si las constataciones de la investigación original en relación con i) la naturaleza de la intervención de los poderes públicos de Argentina (es decir, si dicha intervención implica encomienda u orden a los productores de soja), ii) la naturaleza de los organismos a los que se encomienda la función [es decir, si los cultivadores de soja son entidades privadas en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base], y iii) la acción de los organismos a los que se encomienda u ordena la función (es decir, si los cultivadores de soja que recibieron la encomienda u orden suministraron soja a la industria argentina del biodiésel a cambio de una remuneración inferior a la adecuada y actuaron, por tanto, en nombre de los poderes públicos de Argentina) mantenían su validez en la actual reconsideración. La Comisión evaluó todas las pruebas incluidas en la solicitud de reconsideración por expiración y los anexos correspondientes sobre la continuación de la medida, así como las pruebas halladas durante la investigación. La Comisión también verificó si la función llevada a cabo por los productores de soja normalmente incumbiría a los poderes públicos (es decir, si el suministro de soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada a las empresas que producen aceite de soja en Argentina puede considerarse una actividad normal de los poderes públicos) y si dicha función no difiere, en realidad, de las prácticas normalmente seguidas por ellos (es decir, si el suministro efectivo de soja por los productores difiere realmente de lo que habrían hecho normalmente los propios poderes públicos).

(98)

La Comisión analizó en primer lugar si el apoyo de los poderes públicos de Argentina a la industria del biodiésel del país seguía constituyendo, efectivamente, el objetivo de una política gubernamental y no un mero «efecto indirecto» del ejercicio de competencias reguladoras generales. Al igual que en la investigación original, en la presente investigación se examinó, en particular, si las distorsiones de precios constatadas, en su caso, formaban parte de los objetivos gubernamentales o si dichas distorsiones eran más bien una consecuencia «involuntaria» de la regulación gubernamental general. En consonancia con las conclusiones del considerando 85, la Comisión decidió utilizar parcialmente los datos disponibles de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base para determinar si había habido una encomienda u orden de los poderes públicos de Argentina a los cultivadores de soja.

(99)

En la investigación original, la Comisión concluyó que varios documentos ponían de manifiesto que los poderes públicos de Argentina habían perseguido de manera explícita, como un objetivo estratégico, el apoyo a la industria del biodiésel y su desarrollo, en particular tratando de reducir el precio de los insumos (soja) en el mercado interno y aportando así una contribución financiera a la producción de biodiésel (29). Además, la Comisión concluyó que este apoyo se logró por medio de varias medidas que, si bien fueron modificadas en varias ocasiones desde su introducción en 1994, se habían aplicado constantemente para, como afirman los propios poderes públicos de Argentina en la legislación, reducir el precio interno de la soja en el contexto de los crecientes precios mundiales y en beneficio del desarrollo de la cadena de valor añadido en Argentina, que incluye la industria del biodiésel, entre otras (30).

(100)

Asimismo, durante el período de investigación de la reconsideración, se logró el apoyo a la industria del biodiésel por medio de varias medidas atribuibles a los poderes públicos de Argentina (entre ellas, un derecho de exportación de la soja, contramedidas como la imposición de contingentes de exportación a la producción de otros granos, otras medidas de apoyo a los cultivadores de soja, en concreto un requisito de contenido local aplicable al biodiésel suministrado en el marco del mandato nacional, y subvenciones a los productores de soja para que continuasen produciendo y vendiendo en el mercado interno a los productores de biodiésel).

(101)

En la investigación original, la Comisión explicó la evolución del derecho de exportación de la soja desde su introducción en 1994 al tipo del 3,5 % hasta alcanzar el 30 % de conformidad con el Decreto 133/2015 (31). A este respecto, los poderes públicos de Argentina explicaron en sus observaciones sobre el inicio de la presente investigación que varias de las resoluciones descritas en él ya no eran aplicables. Este era el caso de la Resolución 10/2007, la Resolución 369/2007, la Resolución 64/2008 y la Resolución 125/2008.

(102)

Desde la investigación original, el Decreto 230/2020 (32), que ha sido la base jurídica vigente y aplicable desde marzo de 2020, aumentó el tipo del derecho de exportación tanto de la soja como del aceite de soja del 30 al 33 %.

(103)

Posteriormente, el Decreto 790/2020 (33), en vigor desde octubre de 2020, preveía un cambio gradual de los tipos de los derechos de exportación en los meses siguientes, lo que dio lugar, a partir de enero de 2021, a un tipo del derecho de exportación diferenciado para la soja y el aceite de soja. En efecto, desde enero de 2021, el aceite de soja quedó sujeto a un tipo reducido del 31 %, mientras que la soja siguió sujeta al tipo del 33 %.

(104)

Sin embargo, el Decreto 131/2022 (34), en vigor desde marzo de 2022, suspendió temporalmente, hasta el 31 de diciembre del mismo año, la reducción del derecho de exportación del aceite de soja establecida por el Decreto 790/2020. En consecuencia, restableció el derecho de exportación del aceite de soja definido en el Decreto 230/2020, que era más elevado (33 %). El derecho de exportación de la soja se mantuvo en el 33 % durante este período.

(105)

A partir del 1 de enero de 2023, se restableció automáticamente el Decreto 790/2020, con lo que se volvió a gravar la exportación del aceite de soja con un derecho del 31 % y la de la soja con un derecho del 33 %.

(106)

Por lo tanto, en el primer trimestre del período de investigación de la reconsideración se gravó la exportación tanto de la soja como del aceite de soja con un derecho del 33 %, mientras que en los tres últimos trimestres de dicho período se mantuvo el derecho de exportación de la soja en el 33 % y el del aceite de soja bajó al 31 %.

(107)

El propio biodiésel está sujeto a un derecho de exportación. De conformidad con el Decreto 230/2020, el derecho de exportación del biodiésel se elevó del 27 al 30 % a partir de marzo de 2020. Posteriormente, de conformidad con el Decreto 790/2020, en vigor desde octubre de 2020, el derecho de exportación se redujo al 26 % durante el mes de octubre de 2020, pero aumentó gradualmente en los meses siguientes, de modo que el tipo del derecho de exportación se situó en el 29 % a partir de enero de 2021. El Decreto 131/2022 restableció temporalmente el derecho de exportación del 30 % de conformidad con el Decreto 230/2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. Por último, a partir del 1 de enero de 2023, el derecho de exportación del biodiésel se fijó de nuevo en el 29 %.

(108)

Por lo tanto, el tipo del derecho de exportación aplicable al biodiésel fue del 30 % en el primer trimestre del período de investigación de la reconsideración y del 29 % en los tres últimos trimestres de dicho período.

(109)

Durante la inspección in situ, los poderes públicos de Argentina explicaron que la reducción de la diferencia en el tipo del derecho de exportación al final del período de investigación de la reconsideración entre los tres productos (33 % para la soja, 31 % para el aceite de soja y 29 % para el biodiésel) correspondía a la adición de valor añadido entre las fases de producción.

(110)

Sin embargo, la forma de calcular los dos derechos de exportación, sobre la soja y el aceite de soja, por una parte, y sobre el biodiésel, por otra, es diferente, lo que no confirma la declaración de los poderes públicos de Argentina a este respecto.

(111)

En efecto, durante la inspección in situ, los poderes públicos de Argentina explicaron que el derecho de exportación de la soja y del aceite de soja se aplica en forma de porcentaje de un precio FOB oficial del producto en cuestión, publicado diariamente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de conformidad con la Resolución 411E/2017 del Ministerio de Agroindustria y sobre la base de la media de los precios declarados por los exportadores durante el día (35). Se publica un precio FOB oficial tanto para la soja como para el aceite de soja, mientras que esto no ocurre con el biodiésel.

(112)

De hecho, los productores exportadores incluidos en la muestra explicaron durante la inspección in situ que el precio FOB declarado en USD en el momento de la exportación de biodiésel ante las autoridades aduaneras ya incluye el derecho de exportación, también declarado en USD, lo que significa que el derecho de exportación del 29 % sobre el biodiésel se calcula efectivamente sobre un precio inferior al precio FOB total declarado en aduana. Como consecuencia de ello, el tipo efectivo («tasa efectiva») que se aplica al biodiésel solo es del 22,48 % del precio FOB en USD.

(113)

De lo anterior se desprende que el diferencial efectivo entre el derecho de exportación del biodiésel y el derecho de exportación del primer producto en las fases anteriores de la cadena de valor, es decir, el aceite de soja, es superior al 2 % indicado por los dos tipos impositivos (29 y 31 %, respectivamente) y asciende en realidad al 8,52 % (es decir, la comparación entre la tasa efectiva del 22,48 % para el biodiésel y el tipo del 31 % para el aceite de soja). Además, ese diferencial efectivo fue incluso mayor en el primer trimestre del período de investigación de la reconsideración, cuando el derecho de exportación del 30 % sobre el biodiésel correspondía a una tasa efectiva del 23,07 % y el derecho de exportación sobre el aceite de soja se fijó en el 33 %. En este trimestre, el diferencial efectivo fue del 9,93 %. Así se confirmó en fuentes públicas, tanto argentinas como internacionales (36).

(114)

En consecuencia, la Comisión constató que la evaluación de varios organismos internacionales sobre los efectos de los diferentes tipos de los derechos de exportación, señalados en la investigación original (37), seguía siendo aplicable y válida.

(115)

En particular, según la OCDE, los poderes públicos de Argentina, a través de su régimen fiscal aplicable a las exportaciones, imponen «tipos más elevados para los productores de materias primas o insumos y tipos más bajos para los productos acabados. […] La ventaja con respecto al precio que se ofrece a las industrias transformadoras nacionales puede distorsionar y reducir la competencia tanto en el mercado interno como en el internacional» (38). Asimismo, en un informe dedicado a Argentina, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) afirmaba que «la diferencia entre los derechos de exportación de los biocombustibles y los aplicados a otros productos derivados de la misma materia prima promueve la exportación de los biocombustibles, en particular del biodiésel» (39). A su vez, el Banco Mundial declaró que los poderes públicos de Argentina «gravan la exportación con unos derechos elevados tanto sobre el aceite de soja como sobre el biodiésel» (que, en el momento del informe, se situaban en el 32 y el 16,6 %, respectivamente), lo que tiene el efecto de «reducir los costes de las materias primas en el mercado interno e impulsar las exportaciones de biodiésel» (40).

(116)

La Comisión señaló que esta evaluación concuerda con los objetivos estratégicos de los poderes públicos de Argentina descritos en la legislación pertinente. La Comisión señaló que uno de los considerandos no numerados del Decreto 131/2022, que mantenía el derecho de exportación de la soja en el 33 % y elevaba temporalmente los derechos de exportación del aceite de soja y del biodiésel, mencionaba, entre los objetivos para los que los poderes públicos de Argentina estaban facultados para recaudar derechos de exportación, «estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno».

(117)

El hecho de que el derecho de exportación de la soja estaba destinado a garantizar el suministro de la materia prima, en particular a la industria del biodiésel, quedó demostrado por los antecedentes legislativos de la medida. En efecto, ya en la investigación anterior, la Comisión había señalado que la Resolución Conjunta 438/2012, 269/2012 y 1001/2012 (41) hacía referencia al diferencial entre la alícuota efectiva para el biodiésel y la de su principal insumo (es decir, la soja) (42), y que el Decreto 133/2015 (43) ajustaba el derecho de exportación sobre la soja, y recordado que «el aumento del área sembrada y la cosecha récord de la última temporada, no ha evitado frenar el deterioro de la competitividad y rentabilidad de toda su cadena de valor asociada» (44).

(118)

En actos sucesivos se adoptó un enfoque similar. Por ejemplo, el Decreto 1343/2016 (45), que redujo ligeramente los derechos de exportación establecidos por el Decreto 133/2015, explicaba en los considerandos que es menester continuar implementando medidas efectivas concurrentes a la concreción de aquella finalidad, particularmente en el caso de la soja y sus subproductos y que aporten previsibilidad y certidumbre al mercado respecto del modo progresivo en que se irán disminuyendo los derechos de exportación aplicables a dichas mercaderías (la cursiva es nuestra). El biodiésel es un subproducto de la soja.

(119)

Del mismo modo, el Decreto 1025/2017 (46), que fijó el impuesto de exportación sobre el biodiésel en aquel momento en el 8 %, recordaba en sus considerandos que se hace necesaria una armonización entre los derechos de exportación del biodiesel y el de su principal materia prima, el aceite de soja, para alcanzar una convergencia entre los mismos (la cursiva es nuestra).

(120)

El Decreto 230/2020 y el Decreto 131/2022 no mencionaban expresamente este vínculo, ya que solo modificaban los tipos de los derechos de exportación vigentes sobre una variedad de productos. En cambio, la opinión oficial de los poderes públicos de Argentina sobre la soja como insumo para el biodiésel seguía siendo evidente en el Decreto 790/2020 por el hecho de que solo se refería a los derechos de exportación sobre la soja y los productos a base de soja, incluido el biodiésel. En particular, el Decreto 790/2020 recuerda en sus considerandos que mediante el Decreto n.o 230/20 fueron establecidas las alícuotas de Derechos de Exportación para diferentes mercaderías, incluyéndose determinadas posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) referidas a ciertos productos y subproductos de soja (la cursiva es nuestra). Uno de los productos de la soja cuyo tipo de derecho de exportación se modificó fue el biodiésel.

(121)

Por lo tanto, al igual que en la investigación original, los poderes públicos de Argentina, al fijar los tipos de los derechos de exportación de la soja, el aceite de soja y el biodiésel al mismo tiempo, mediante un mismo acto legislativo, como el Decreto 790/2020, continuaron demostrando que la intención de su política sobre la soja era garantizar la disponibilidad de biodiésel a bajo precio también durante el período de investigación de la reconsideración. Esto se confirma por el hecho de que, como se ha visto en el considerando 109, los poderes públicos de Argentina consideraban que los tres tipos del derecho de exportación sobre la soja, el aceite de soja y el biodiésel correspondían a las diferentes fases del valor añadido y, por tanto, formaban parte de la misma cadena de valor.

(122)

Esta constatación se ve reforzada por el hecho de que el derecho de exportación protege todas las fases de la cadena de valor, desde el insumo afectado (la soja), pasando por la fase intermedia (el aceite de soja), hasta el producto investigado, es decir, el biodiésel, sin dejar ninguna «válvula de seguridad» o alternativa al suministro interno para los productores de soja, teniendo en cuenta que todos los exportadores de biodiésel están integrados verticalmente y son también los principales operadores que trituran soja para obtener aceite de soja.

(123)

En vista de lo anterior, al imponer derechos de exportación sobre la soja, los poderes públicos de Argentina ponen a los cultivadores de soja del país en una situación irracional desde el punto de vista económico, que constituye un estímulo para que vendan sus mercancías en el mercado interno a un precio inferior al que podrían obtener si no existieran esos derechos de exportación. Se les priva, por tanto, de una elección racional y se genera un estímulo para que cumplan el objetivo estratégico que subyace al derecho de exportación.

(124)

La investigación original constató que la situación irracional en la que se colocó a los cultivadores de soja se vio amplificada por otras limitaciones de las exportaciones, como los contingentes sobre el maíz y el trigo vigentes entre 2008 y 2015, que disuadían de exportar otros cultivos y orientaban a los agricultores a seguir produciendo soja (frente a otros granos), reduciendo aún más el precio interno (47). Este largo período de limitaciones de las exportaciones de otros cultivos ocasionó un incremento significativo de la producción de soja, que recibió el nombre de sojización (48). Como se muestra en el gráfico 1, la producción de soja casi se duplicó entre 2008 y 2015 hasta alcanzar un récord de producción de 61,4 millones de toneladas. Tras la supresión de los contingentes de exportación en 2015 y hasta la campaña de cosecha de 2016-2017, la producción de soja no disminuyó significativamente en este período limitado en comparación con los demás cultivos y se mantuvo bastante estable (49).

(125)

En el gráfico 1, la Comisión indicó la producción de soja, maíz y trigo por campaña de cosecha desde 2008, como complemento a los datos respectivos notificados en la investigación original. A este respecto, la campaña de cosecha o de cultivo es el período comprendido entre una cosecha y la siguiente. Por lo tanto, existe una cierta divergencia entre las campañas de cosecha y los años civiles. La campaña de cosecha de la soja comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo.

Gráfico 1

Producción argentina de soja, maíz y trigo por campaña de cosecha

(126)

Los datos demuestran que, desde 2018 y en ausencia de contingentes de exportación, la producción de trigo y especialmente de maíz aumentó, mientras que la de soja disminuyó. El solicitante explicó esta disminución como un efecto de las medidas de defensa comercial impuestas por la Unión Europea, los Estados Unidos y Perú.

(127)

Para hacer frente a los efectos negativos de las medidas de defensa comercial, el solicitante alegó que los poderes públicos de Argentina restablecieron los contingentes de exportación sobre el maíz y el trigo mediante la Resolución 276/2021 (50), que se esperaba que produjera el mismo efecto de cambio que las políticas aplicadas entre 2008 y 2015.

(128)

Por consiguiente, la Comisión investigó si los contingentes de exportación sobre el maíz y el trigo seguían vigentes.

(129)

Durante la inspección in situ, ACSOJA explicó que no existe obligación de cambiar de un cultivo a otro y que los agricultores siguen teniendo libertad para decidir qué cultivos producen en las tierras que cultivan, bien soja o bien otros. Los poderes públicos de Argentina explicaron en su respuesta al cuestionario y durante la inspección in situ que la calificación del sistema establecido por la Resolución 276/2021 como contingentes de exportación era incorrecta, en la medida en que se trataba más bien de volúmenes de equilibrio de las exportaciones. Estos volúmenes fueron establecidos por un Consejo Consultivo integrado por representantes del consumo interno, del sector de exportación y de los poderes públicos de Argentina. Sobre la base de las necesidades para consumo interno y para la exportación, el Consejo establece el volumen de equilibrio, que se ajusta en función de la oferta y la demanda. Los poderes públicos de Argentina explicaron que, por lo general, los volúmenes se fijaban por encima de las exportaciones reales, ya que el objetivo no era bloquear las exportaciones, sino ofrecer previsibilidad a los operadores del mercado. Sin embargo, en el caso de que se alcanzara el 90 % del volumen de equilibrio, solo podrían presentarse a las autoridades aduaneras declaraciones juradas de venta al exterior válidas para la exportación en un período de 30 días (DJVE 30), y no DJVE válidas para la exportación en un período de 360 días (DJVE 360). Una vez agotado el volumen de equilibrio total, ya no podrían realizarse exportaciones de maíz y trigo. Los volúmenes de equilibrio eran públicos (51).

(130)

En efecto, la investigación puso de manifiesto que, por lo que respecta al período de investigación de la reconsideración, el volumen de equilibrio inicialmente fijado para la campaña de cosecha de 2022-2023 en 10 millones de toneladas de maíz (52) se ajustó posteriormente a 20 millones de toneladas (53) y después a 26 millones de toneladas (54).

(131)

En lugar de ello, el volumen de equilibrio inicialmente fijado para la campaña de cosecha de 2022-2023 en 2 millones de toneladas de trigo (55) se ajustó posteriormente a 10 millones de toneladas (56) y después se confirmó el mismo volumen de 10 millones de toneladas (57).

(132)

Tras el período de investigación de la reconsideración, en diciembre de 2023, se alcanzó el límite del volumen de equilibrio, y los poderes públicos de Argentina bloquearon el registro de nuevas DVJE durante unos días (58). Por otro lado, un productor exportador incluido en la muestra informó de que, aunque se alcanzó el volumen de equilibrio en un año determinado y se bloquearon las exportaciones, estas no se vieron afectadas de forma significativa porque el hecho ocurrió hacia finales de ese año.

(133)

La Comisión señaló que, si bien el efecto de cambio debido al nuevo sistema en virtud de la Resolución 276/2021 podría haberse frenado por la sequía que en 2023, durante el período de investigación de la reconsideración, afectó a la producción de los tres cultivos considerados en Argentina, como puede observarse en el gráfico 1, la producción de soja en el período de 2021-2022, anterior a la sequía, seguía siendo un 42 % superior a la que era antes de que los poderes públicos de Argentina aplicaran la política de desviar la producción de granos en apoyo de los cultivadores de soja, en 2008-2009. Además, en 2023-2024, tras la sequía, mientras la producción de soja se recuperó y aumentó en comparación con el período de 2021-2022, anterior a la sequía, ni el maíz ni el trigo alcanzaron el nivel de producción anterior.

(134)

Además, en el período sin restricciones entre 2015 y 2021, mientras la producción de soja disminuyó, la de maíz y trigo aumentó.

(135)

Por último, aunque el sistema establecido por el volumen de equilibrio de las exportaciones podía contemplar un contingente móvil, seguía implicando que, una vez agotado el contingente, las exportaciones de maíz y trigo quedaban bloqueadas. El hecho de que en 2023 esto ocurriera solo durante unos pocos días no impide que las exportaciones pudieran quedar bloqueadas durante más tiempo, lo que quedaba a discreción de los poderes públicos de Argentina durante el período de investigación de la reconsideración.

(136)

Esto llevó a la Comisión a concluir que los volúmenes de equilibrio de las exportaciones vigentes desde 2021 y durante el período de investigación de la reconsideración contribuyeron a favorecer la producción de soja frente a la de maíz y trigo, lo que orientó a los agricultores a continuar produciendo soja (en lugar de otros granos) y redujo el precio interno en consonancia con los objetivos estratégicos de los poderes públicos de Argentina.

(137)

En la investigación original, la Comisión explicó cómo se vio afectado el uso de soja nacional para la producción de biodiésel por la prohibición temporal de las importaciones de soja y, tras su levantamiento, por la aplicación de procedimientos sumamente complejos para la importación de soja. La Comisión también concluyó que la prohibición de importar, combinada con el derecho de exportación de la soja, confirmaba que el objetivo estratégico de los poderes públicos de Argentina era impulsar el desarrollo de una industria del biodiésel plenamente nacional, con contenido local en la cadena de suministro. Creó en Argentina una producción artificial de soja, impulsada por los poderes públicos y destinada al consumo interno, que garantizaba la satisfacción de la demanda local de soja mediante una oferta local enfocada a conseguir los objetivos estratégicos establecidos (59).

(138)

Durante el período de investigación de la reconsideración, no se aplicó ninguna prohibición a la importación de soja.

(139)

No obstante, como se explica en el considerando 38, la Ley de Biocombustibles de 2021, que era aplicable durante el período de investigación de la reconsideración, desincentivó la importación de soja cuando promulgó un requisito de contenido local, según el cual el biodiésel utilizado para cumplir la obligación de mezcla debía producirse en plantas argentinas que utilizasen materias primas producidas en el mercado interno. Como consecuencia de ello, los poderes públicos de Argentina crearon un mercado cautivo para la soja nacional, separando la cadena de valor nacional del mercado mundial y protegiéndola de la presión de las importaciones. Al intervenir en el mercado, los poderes públicos de Argentina lograron su objetivo de aumentar la producción y bajar los precios internos en beneficio de la industria del biodiésel.

(140)

En la investigación original, la Comisión había constatado que los poderes públicos de Argentina habían orientado a los agricultores hacia la producción de soja, cuya consecuencia fue el aumento de la oferta interna de soja en favor del desarrollo de la industria del biodiésel (60).

(141)

El solicitante alegó que los poderes públicos de Argentina siguieron prestando apoyo a los productores de soja, en particular mediante la aplicación de dos programas de compensación.

(142)

El primero fue un programa de compensación y estímulo para los pequeños productores de soja y cooperativas de conformidad con el Decreto 786/2020 (61). El solicitante alegó que, en el marco de este programa, los cultivadores de soja recibían devoluciones de derechos de exportación en función de su superficie cultivada y que, si bien este régimen estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, se le había dado continuidad posteriormente con medidas gubernamentales y legislación, sobre las que el solicitante no ofreció más aclaraciones.

(143)

Por lo tanto, la Comisión investigó si el régimen seguía vigente durante el período de investigación de la reconsideración.

(144)

Los poderes públicos de Argentina alegaron que los cultivadores de soja no se beneficiaron de las devoluciones de los derechos de exportación, dado que no eran ellos quienes soportaban tales derechos. Por el contrario, los poderes públicos de Argentina explicaron que el considerando pertinente del Decreto 786/2020 hacía referencia a la Ley 27.541 (62), que, al tiempo que facultaba a los poderes públicos de Argentina para elevar los derechos de exportación al 33 %, establecía que el 3 % del valor incremental de los derechos de exportación debía destinarse a la creación de un fondo para aumentar la competitividad de los pequeños y medianos productores y las cooperativas (63). La Ley 27.541 añadía también que «[e]l Poder Ejecutivo nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación [...]» (la cursiva es nuestra) (64). El desembolso de este fondo se basó en el volumen de soja vendido por los productores entre febrero y diciembre de 2020, hasta un límite establecido en términos de volumen de soja por hectárea cultivada.

(145)

Debido a la falta de cooperación de los poderes públicos de Argentina a la hora de remitir el apéndice A a los proveedores de soja, la Comisión no pudo verificar si los cultivadores de soja se beneficiaron de este régimen. Sin embargo, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 28, la detallada explicación facilitada por los poderes públicos de Argentina constituía datos disponibles que indicaban que el régimen había estado efectivamente activo y se había desembolsado en relación con las ventas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2020. Dado que el solicitante no detalló qué medidas gubernamentales e instrumentos legislativos posteriores daban continuidad a este régimen, que la Comisión no pudo encontrar ninguna medida a este respecto, y que los poderes públicos de Argentina confirmaron que la medida se aplicó a las ventas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2020, la Comisión concluyó que, puesto que se había desembolsado hasta el 31 de diciembre de 2020, este régimen no estaba activo durante el período de investigación de la reconsideración.

(146)

El segundo de estos programas consistía en un programa de compensación para los pequeños y medianos productores de soja y maíz en virtud de la Resolución 862/2022, aprobada en noviembre de 2022 (65). En el marco de este programa, el beneficio que debía recibir cada productor de soja era de hasta 6 500 USD por hectárea de soja declarada y el beneficio total que debían recibir los beneficiarios era de 1 730 millones USD.

(147)

La investigación reveló que el programa de compensación fue financiado por el «Fondo Incremento Exportador» creado en virtud del artículo 9 del Decreto 576/2022 (66). A su vez, este Fondo se financió a través del derecho de exportación adicional (sobre la soja, el aceite de soja y el biodiésel) que se recaudó a través del aumento de las exportaciones conseguido gracias al Programa de Incremento Exportador. De conformidad con el Decreto 576/2022, este Programa de Incremento Exportador fue el que utilizaron los poderes públicos de Argentina para fomentar las exportaciones ofreciendo a los exportadores de productos a base de soja un atractivo tipo de cambio USD-ARS (el denominado «dólar soja»), que garantizó la entrada de moneda extranjera en las reservas federales en un contexto económico altamente inflacionista.

(148)

El período de ejecución del programa de compensación se estableció en el artículo 5 de la Resolución 862/2022, que preveía que el plazo para la presentación de solicitudes era de quince días hábiles a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial. Una vez transcurrido dicho plazo, no existía ninguna posibilidad de presentar nuevas solicitudes. En consecuencia, la ejecución del programa, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución 862/2022, se hizo efectiva en el mes de diciembre de 2022, mediante la adopción de la Resolución 276/2022 (67), en la que se detallaba la lista de beneficiarios del programa. Con este acto administrativo finalizó la aplicación del programa. El solicitante no presentó ninguna alegación acerca de que el programa tuviera continuidad posteriormente, y la Comisión no encontró ninguna prueba al respecto.

(149)

Por tanto, el programa de compensación estuvo activo durante el período de investigación de la reconsideración. Debido a la falta de cooperación de los poderes públicos de Argentina a la hora de remitir el apéndice A a los proveedores de soja, la Comisión no pudo verificar la importancia que tuvo este programa de compensación para ellos. Sin embargo, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 28, la lista de beneficiarios del programa constituía una prueba suficiente del desembolso de este programa durante el período de investigación de la reconsideración.

(150)

En conclusión, el programa de compensación y sus bases jurídicas son pruebas claras de que los poderes públicos de Argentina esperaban que sus medidas sobre la exportación pudieran tener efectos negativos para los cultivadores de soja nacionales y no rehuyeron utilizar los ingresos obtenidos con esas mismas medidas sobre la exportación (es decir, los ingresos derivados de los derechos de exportación) para mitigar dichos efectos mediante compensaciones a los cultivadores de soja. Este régimen es otro procedimiento que los poderes públicos de Argentina utilizan para encomendar u ordenar a los cultivadores de soja que lleven a cabo su estrategia y que suministren soja a la industria nacional del biodiésel a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(151)

Al igual que en la investigación original, la Comisión consideró que, a la vista de las pruebas disponibles, los poderes públicos de Argentina siguieron desempeñando «una función más activa que los meros actos de aliento», como exige el Órgano de Apelación (68). Las medidas adoptadas por los poderes públicos de Argentina, consideradas en conjunto, restringen la libertad de acción de los cultivadores de soja, al limitar en la práctica su decisión empresarial acerca del precio y el lugar de venta de sus productos.

(152)

De este modo, se impide a los cultivadores de soja maximizar sus ingresos, como lo habrían podido hacer si no existiera el derecho de exportación sobre la soja (por ejemplo, exportando su producción para beneficiarse de precios más elevados o aumentando los precios internos) u otras medidas igualmente restrictivas.

(153)

Esto se intensifica con la Resolución 862/2022, mediante la cual los poderes públicos de Argentina adoptan medidas específicas para ayudar a la industria de la soja y a las cadenas de valor asociadas a revertir el deterioro de la competitividad y rentabilidad de toda su cadena de valor asociada. Por tanto, los cultivadores de soja reciben apoyo financiero, aliento u orientación de los poderes públicos de Argentina para que mantengan la producción a fin de abastecer el mercado interno, pese a que un proveedor racional adaptaría su producción y sus precios en una situación en la que se han desincentivado las exportaciones.

(154)

Así pues, a través de estas medidas, los poderes públicos de Argentina estimulan a los cultivadores de soja para que mantengan la soja en Argentina, ya que no pueden vender a los precios más elevados que prevalecerían en Argentina si no existieran tales medidas.

(155)

En este sentido, los poderes públicos de Argentina «encomiendan» u «ordenan» a los productores de insumos que suministren bienes a los usuarios nacionales de soja, es decir, a los productores de biodiésel, a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. Los cultivadores de soja tienen la responsabilidad de crear un mercado interno artificial, compartimentado y de precios bajos en Argentina.

(156)

En otras palabras, el conjunto de medidas anteriormente descrito y aplicado por los poderes públicos de Argentina tenía por objeto minimizar los efectos negativos de las medidas en los cultivadores de soja, así como generar un estímulo para que se comportasen de una determinada manera, que no es mero resultado o efecto de las medidas adoptadas por los poderes públicos de Argentina. Si bien los cultivadores de soja pueden reducir ligeramente su producción interna para responder a los derechos de exportación y otras medidas restrictivas, las pruebas ponen de manifiesto que la producción no se interrumpió ni disminuyó de manera significativa (con la excepción de 2023, a causa de la sequía, véase el cuadro 1). La Comisión llegó a la conclusión de que esto es resultado de las acciones de los poderes públicos de Argentina que implican encomienda u orden a los cultivadores de soja para que continúen la producción.

(157)

Las medidas para mitigar la incidencia de las restricciones a la exportación impuestas por los poderes públicos de Argentina a los productores de soja se establecieron en las mismas bases jurídicas en las que se impusieron restricciones a la exportación (por ejemplo, el Fondo Incremento Exportador en el Decreto 576/2022 por el que se establece el Programa de Incremento Exportador, así como en la anterior Ley 27541, que, al tiempo que permitía a los poderes públicos de Argentina elevar los derechos de exportación al 33 %, establecía que el 3 % del valor incremental de esos derechos se destinara a la creación de un fondo para los cultivadores de soja afectados). Por lo tanto, los poderes públicos de Argentina establecieron los efectos sobre una base previa, no posterior, por lo que no eran «involuntarios». Existe un claro «nexo demostrable» entre la estrategia y la conducta de las entidades privadas implicadas, que actúan en nombre de los poderes públicos de Argentina para llevar a cabo su estrategia de suministro de soja a la industria del biodiésel a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(158)

CARBIO y los poderes públicos de Argentina alegaron que los derechos de exportación en cuestión no eran una subvención sujeta a medidas compensatorias. Según CARBIO, los derechos de exportación no son una contribución financiera en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base. CARBIO sostuvo que la interpretación de la encomienda u orden ofrecida por el Tribunal General (69) y por la jurisprudencia de la OMC no podía llevar a concluir que hubiera encomienda u orden de los poderes públicos de Argentina a los productores de soja. De hecho, los derechos de exportación sobre la soja no asignaban a los productores de soja la tarea de vender soja en el mercado interno a precios inferiores a los precios mundiales. Más bien, según los poderes públicos de Argentina, estaban destinados a aumentar los ingresos fiscales y, sobre la base de datos presupuestarios fehacientes, seguían representando una fuente de ingresos muy importante para los poderes públicos de Argentina.

(159)

La Comisión recordó que el mero hecho de que los derechos de exportación como tales no se mencionen de manera explícita en el artículo 3, punto 1, letra a), del Reglamento de base no significa que no puedan tener naturaleza de contribución financiera y que no puedan entrar, por tanto, dentro de la definición de subvención en el marco del Reglamento de base y del Acuerdo SMC, y más aún cuando actúan en combinación con otro conjunto de medidas gubernamentales. En efecto, la jurisprudencia del Tribunal General confirma que el objetivo de los sistemas de limitación de las exportaciones puede ser apoyar directa e indirectamente a la industria del biodiésel (70). La Comisión aportó amplias pruebas de que el derecho de exportación aplicado a la soja se había utilizado, junto con otros instrumentos, como herramienta para estimular a los cultivadores de soja para que cumplieran los objetivos estratégicos establecidos, lo que constituye una subvención sujeta a medidas compensatorias con arreglo al artículo 3, punto 1, letra a), del Reglamento de base. Por lo que se refiere al objetivo de los derechos de exportación, la Comisión señaló que la legislación también mencionaba el objetivo de «estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno», como se indica en el considerando 116. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(160)

CARBIO y los poderes públicos de Argentina alegaron que los derechos de exportación no limitaban de otro modo su elección de producir, vender y exportar sus productos. Además, los poderes públicos de Argentina alegaron que los precios FOB oficiales solo se utilizaban como base imponible para el derecho de exportación, por lo que los precios de exportación se fijaban libremente.

(161)

La Comisión señaló que la investigación demostró que la producción de soja se vio efectivamente influida por las restricciones a la exportación de otros cultivos, que el precio interno de la soja se mantuvo por debajo del precio del mercado mundial (véase el gráfico 3) y que el importe de los derechos pagados sobre la exportación de soja dependía del precio FOB oficial fijado por los poderes públicos de Argentina. El derecho de exportación basado en el precio FOB oficial no deja necesariamente libertad de apreciación a los cultivadores de soja a la hora de fijar el precio de exportación. Por último, como demuestra el análisis anterior, el derecho de exportación no es la única herramienta ideada por los poderes públicos de Argentina para orientar a los cultivadores de soja. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(162)

En conclusión, al igual que en la investigación original, la Comisión ha constatado que los poderes públicos de Argentina siguen encomendando u ordenando a los cultivadores de soja que lleven a cabo su estrategia para crear un mercado interno compartimentado y que suministren soja a la industria nacional del biodiésel a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(163)

Tras la divulgación final, los poderes públicos de Argentina alegaron que la soja no es una materia prima directa para la producción de biodiésel y que la Comisión debía tener esto en cuenta en su análisis, en particular considerando como insumo el aceite de soja, en el que Argentina disfruta de una ventaja competitiva natural.

(164)

La Comisión confirmó que tuvo en cuenta este aspecto en el cálculo del importe de la subvención para los productores exportadores argentinos incluidos en la muestra. De hecho, el denominador del beneficio correspondiente al régimen fue el volumen de negocios generado por las ventas de productos a base de soja, no solo de biodiésel. Por ello, la Comisión no tenía que asignar el beneficio recibido en función del uso final de la soja comprada. Por último, dado que los productores exportadores incluidos en la muestra estaban integrados verticalmente, la Comisión no tenía que tener en cuenta ninguna otra fase de la cadena de valor entre la soja y el biodiésel, y no había ningún suministro de aceite de soja que se alegara en la solicitud y que pudiera analizarse, ya que era de producción propia de los productores exportadores incluidos en la muestra. Por otra parte, en la sección 3.3.1.3.3 del presente Reglamento, en particular en el cuadro 1, la Comisión analizó, en efecto, el papel que desempeña el aceite de soja en la cadena de valor entre la soja y el biodiésel. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(165)

Tras la divulgación final, los poderes públicos de Argentina y CARBIO alegaron que el derecho de exportación era una medida de política fiscal de aplicación general. Los poderes públicos de Argentina afirmaron que las fuentes en las que la Comisión basó sus constataciones expuestas en el considerando 115 no confirman que su finalidad fuera suministrar soja a la industria del biodiésel a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. CARBIO recordó que los derechos de exportación eran anteriores a la creación de la industria del biodiésel en Argentina en 2007 y se han utilizado como instrumento de política fiscal. CARBIO informó de que incluso puede suponer una carga para los productores exportadores, que no reciben un reembolso por ellos. Como consecuencia de ello, cualquier efecto del derecho de exportación sobre los precios de la soja y cualquier beneficio habrían sido un efecto colateral de la actividad de recaudación de ingresos públicos efectuada por los poderes públicos de Argentina y una «mera consecuencia de la normativa gubernamental» (71). Tal actividad ordinaria de recaudación de ingresos no equivaldría a la norma jurídica de «una función más activa [de los poderes públicos] que los meros actos de aliento» (72).

(166)

La Comisión recordó que, en el considerando 116, constató que uno de los objetivos para los que los poderes públicos de Argentina estaban facultados para recaudar derechos de exportación era «estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno». Además, en los considerandos 117 a 123 se exponen las pruebas disponibles que demuestran que el derecho de exportación de la soja tenía por objeto garantizar el suministro de la materia prima, en particular a la industria del biodiésel. Por lo tanto, la Comisión, aun reconociendo que el derecho de exportación de la soja puede haberse utilizado también como instrumento de política fiscal, llegó a la conclusión de que este no era su único objetivo. En la medida en que la legislación argentina mostraba que el objetivo que perseguía el Estado con el derecho de exportación era el desarrollo de la industria transformadora, en particular la industria del biodiésel, la incidencia del derecho de exportación en los precios no es «una mera consecuencia» de la normativa de los poderes públicos de Argentina, sino la intención declarada de estos. En este contexto, el hecho de que los derechos de exportación fueran anteriores a la creación de la industria del biodiésel en Argentina en 2007 no niega la posibilidad de que un instrumento de política fiscal se adapte o se aplique a nuevos objetivos estratégicos surgidos con posterioridad. De hecho, la investigación original constató que el motivo del cambio del tipo del derecho de exportación en 2007 fueron precisamente los «nuevos usos de producción, y se daba como ejemplo explícito los biocombustibles» (73). En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(167)

Tras la divulgación final, CARBIO reiteró sus observaciones expuestas en los considerandos 158 y 160. Del mismo modo, los poderes públicos de Argentina reiteraron sus observaciones expuestas en el considerando 158. Ambos hicieron referencia a la interpretación del artículo 1.1, letra a), punto 1, inciso iv), del Acuerdo SMC ofrecida por el Grupo Especial en «Estados Unidos — Limitaciones de las exportaciones», según la cual una limitación de las exportaciones «no puede constituir un suministro de productos encomendado u ordenado por el gobierno en el sentido del inciso iv)» (74). Ambos también mencionaron que la Unión estuvo expresamente de acuerdo con esta jurisprudencia en su comunicación escrita presentada en calidad de tercero en el asunto «Estados Unidos — Limitaciones de las exportaciones» (75). Además, CARBIO alegó que las limitaciones de las exportaciones no pueden constituir un medio de encomienda a operadores privados en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base. En apoyo de este argumento, CARBIO hizo referencia a la interpretación que de esta disposición hizo el Tribunal General (76) y a la interpretación que del artículo 1.1, letra a), punto 1, inciso iv), del Acuerdo SMC hizo el Grupo Especial en «China — GOES» (77), y en «Estados Unidos — Medidas compensatorias (China)», donde explicaba que «cuando el Gobierno de China limita la capacidad de los productores nacionales de magnesia y coque para exportar esos productos, no “asigna responsabilidad” a productores nacionales para que hagan algo» (78). En consecuencia, CARBIO alegó que las limitaciones de las exportaciones no pueden considerarse una contribución financiera en forma de encomienda u orden. De ello se desprende que, en opinión de CARBIO, los derechos de exportación, así como las limitaciones de las exportaciones de maíz y trigo, no constituían subvenciones sujetas a medidas compensatorias.

(168)

La Comisión señaló que no solo analizó las limitaciones de las exportaciones, como el derecho de exportación y las limitaciones de las exportaciones de maíz y trigo, sino un completo conjunto de medidas que incluían, entre otras, las limitaciones de las exportaciones descritas en los considerandos 101 a 150. Este conjunto de medidas permitió a los poderes públicos de Argentina encomendar u ordenar a los cultivadores de soja el cumplimiento de sus objetivos estratégicos de manera equivalente a una subvención sujeta a medidas compensatorias, tal como se especifica en el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento de base. Por lo tanto, las alegaciones que se aplican únicamente a las limitaciones de las exportaciones son estériles en el contexto del análisis realizado por la Comisión. Por lo tanto, estas alegaciones fueron rechazadas.

(169)

CARBIO apuntó a la sentencia PT Wilmar Bioenergi Indonesia y otros/Comisión a que hace referencia la Comisión en el considerando 159, en particular en el sentido de que vendría a respaldar la afirmación de la Comisión de que la propia Comisión había aportado amplias pruebas de que el derecho de exportación aplicado a la soja se había utilizado, junto con otros instrumentos, como herramienta para estimular a los cultivadores de soja para que cumplieran los objetivos estratégicos establecidos, de manera equivalente a una subvención sujeta a medidas compensatorias. CARBIO alegó que la sentencia no respalda esta afirmación, especialmente porque las limitaciones de las exportaciones que estaban en cuestión en dicha sentencia estaban vinculadas a precios internacionales.

(170)

La Comisión consideró que la sentencia mencionada en el considerando 159 respalda que la jurisprudencia del Tribunal General confirma que el objetivo de los sistemas de limitación de las exportaciones puede ser apoyar directa e indirectamente a la industria del biodiésel. Sin embargo, no hizo referencia a dicha sentencia para respaldar su constatación relativa al derecho de exportación de la soja. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(171)

Además, los poderes públicos de Argentina, aunque reconocieron que la Comisión había determinado correctamente la base imponible diferente (es decir, el precio FOB considerado) para la soja y el aceite de soja, por una parte, y el biodiésel, por otra, alegaron que la Comisión la confundió con el valor imponible (es decir, el valor sobre el que se calcula el derecho de exportación) y malinterpretó el diferencial entre la tasa efectiva del derecho de exportación del biodiésel y la tasa del derecho de exportación de la soja y el aceite de soja en el considerando 113. Según los poderes públicos de Argentina, la Comisión debería haber comparado la tasa efectiva del derecho de exportación del biodiésel con una supuesta tasa efectiva del derecho de exportación de la soja y el aceite de soja, que era mucho más baja. En efecto, según los poderes públicos de Argentina, si bien la base imponible es diferente, la forma de calcular el valor imponible es la misma para los tres derechos de exportación.

(172)

La Comisión señaló que los poderes públicos de Argentina habían presentado información contradictoria a este respecto. Los propios poderes públicos de Argentina, en respuesta a la pregunta C.II.22 del cuestionario, explicaron que cuando las mercancías estén sujetas a precios oficiales [por ejemplo, mercancías sujetas a la Ley 21.453 (es decir, soja y aceite de soja)], el valor imponible será igual al precio oficial. De ello se desprende que la Comisión estableció correctamente el valor imponible de la soja y del aceite de soja en el precio FOB oficial, de modo que el derecho de exportación se grava directamente sobre el precio FOB oficial, sin que se calcule una tasa efectiva para la soja y el aceite de soja. Así pues, el diferencial descrito en el considerando 113 y comunicado en fuentes públicas efectivamente existe. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(173)

Los poderes públicos de Argentina también criticaron que en el considerando 123 se calificara de «irracional» la situación de los productores de soja como consecuencia de las medidas adoptadas por los poderes públicos de Argentina, ante la sustanciosa producción prevista para 2025.

(174)

La Comisión señaló que la calificación de irracional se refería a las ventas, no a la producción, y rechazó esta alegación.

(175)

Además, los poderes públicos de Argentina alegaron que los volúmenes de equilibrio de las exportaciones de maíz y trigo no eran un apoyo a los productores de soja, sino que tenían por objeto mitigar las perturbaciones del mercado derivadas de la agresión militar de Rusia a Ucrania. Los poderes públicos de Argentina alegaron asimismo que, por el contrario, el análisis de la Comisión se centró en los efectos de la medida. Además, los poderes públicos de Argentina señalaron que a lo largo del año modificaron los volúmenes de equilibrio al alza, no a la baja, que habría sido lo que se habría buscado si el objetivo hubiera sido incentivar la producción de soja. Por último, según los poderes públicos de Argentina, la Comisión no tuvo en consideración que los productores de soja son libres de cambiar de cultivo y que el contingente se cubrió casi al mismo tiempo que se cumplía su plazo de validez.

(176)

La Comisión concluyó en el considerando 136 que los volúmenes de equilibrio de las exportaciones contribuyeron a favorecer la producción de soja, más que a apoyarla. Además, los volúmenes de equilibrio de las exportaciones se introdujeron mediante la Resolución 276/2021, de 16 de diciembre de 2021, antes de la agresión militar de Rusia a Ucrania en febrero de 2022. Por último, la Comisión no sometió los volúmenes de equilibrio de las exportaciones a medidas compensatorias contempladas individualmente, sino como parte de un conjunto de medidas con las que los proveedores de soja recibieron de los poderes públicos de Argentina una encomienda u orden con el objetivo expreso de suministrar soja a la industria del biodiésel a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. Las modificaciones de los volúmenes de equilibrio de las exportaciones se basaron en el consumo interno y en las necesidades de exportación. Así pues, el ajuste al alza de los volúmenes simplemente reflejó la disminución del consumo interno y el aumento de las necesidades de exportación. Por el contrario, el objetivo de favorecer la producción de soja quedó demostrado por la propia imposición de los volúmenes de equilibrio de las exportaciones de maíz y trigo. Cabe señalar que la imposición de los volúmenes de equilibrio de las exportaciones se produjo tras un período sin limitaciones de las exportaciones. Durante este período sin limitaciones de las exportaciones, la producción de soja había disminuido, mientras que la de maíz y trigo había aumentado. La libertad de cambiar de cultivo refuerza las constataciones de la Comisión, ya que los datos de producción del gráfico 1 muestran la fuerte correlación entre la producción de soja y las limitaciones de las exportaciones, como lo demuestra también la elección de cultivos por parte de los productores en el período sin limitaciones. Por último, los volúmenes de equilibrio de las exportaciones tenían un tope máximo, como demuestra el hecho de que los volúmenes se agotaran, por lo que su misma existencia favorece la producción de soja. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(177)

Al igual que en la investigación original, la Comisión valoró a continuación si los cultivadores de soja en Argentina son entidades privadas a las que los poderes públicos de ese país encomiendan u ordenan una función, en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(178)

Toda la soja utilizada en la producción de biodiésel comprada por los productores exportadores argentinos incluidos en la muestra procedía de fuentes internas. La compraban a explotaciones de soja privadas, salvo algunos volúmenes obtenidos de la empresa pública YPF SA.

(179)

Los poderes públicos de Argentina explicaron que este país cuenta con más de sesenta mil cultivadores de soja, repartidos por una vasta superficie y que producen en condiciones económicas y productivas diferentes, y alegaron que no pueden considerarse una entidad privada que haya recibido una encomienda u orden en virtud del artículo 1.1, letra a), punto 1, inciso iv), del Acuerdo SMC, salvo por el hecho de estar sujetos al poder regulador del Estado y a la política fiscal que este dicta, que es de aplicación general.

(180)

La Comisión señaló que el número o las diferencias en la ubicación o las condiciones de producción no impiden, de por sí, que se constate la existencia de encomienda u orden. Por el contrario, la estructura fragmentada del mercado de la soja refleja debilidad en el equilibrio del mercado, especialmente si se compara con el reducido número de exportadores de biodiésel, integrados verticalmente (menos de una docena, según los poderes públicos de Argentina), que también son las principales empresas trituradoras de soja, con mucho más poder de mercado. Además, la política fiscal en cuestión —los derechos de exportación— no es de aplicación general, sino que afecta a productos agroalimentarios específicos y sus derivados, en particular la soja, el aceite de soja y el biodiésel. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(181)

Por tanto, al igual que en la investigación original, la Comisión consideró que, sobre la base de la información disponible, todos los cultivadores de soja son entidades privadas a las que los poderes públicos de Argentina encomiendan, en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base, que suministren soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(182)

En la investigación original, la Comisión investigó si los cultivadores de soja realmente aplicaban la estrategia de los poderes públicos de Argentina de suministrar soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(183)

La Comisión llevó a cabo el mismo análisis, actualizando los datos recogidos en aquel momento. En consonancia con las conclusiones del considerando 85, la Comisión tuvo que utilizar parcialmente los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base, para determinar si los cultivadores de soja habían suministrado la soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(184)

Por medio del conjunto de medidas descrito en los considerandos 101 a 150, los poderes públicos de Argentina estimularon a los cultivadores de soja a vender en el mercado interno a precios menores que en otra situación; es decir, en ausencia de esas medidas, los cultivadores de soja habrían exportado la soja al precio del mercado mundial, muy superior, o simplemente habrían adaptado su oferta a las fuerzas del mercado. Sin embargo, debido a la estrategia de los poderes públicos de Argentina consistente en impulsar el desarrollo de la industria transformadora del biodiésel, los cultivadores de soja no actuaron así.

(185)

Como se demuestra en el cuadro 1, prácticamente toda la producción interna de soja se transforma en aceite de soja por medio de un proceso de trituración. A continuación figuran los datos relativos a la producción, la exportación, la importación y la trituración interna de soja a lo largo de los años:

Cuadro 1

Producción argentina de soja, aceite de soja y biodiésel

(186)

Como se explica en el considerando 133, la disminución de la producción de soja hasta 2022 se debió a la supresión de los contingentes de exportación sobre el maíz y el trigo junto con las medidas de defensa comercial aplicadas por la Unión Europea, los Estados Unidos y Perú. El siguiente descenso en 2023 se debió a una importante sequía en Argentina. Tras la sequía, la producción de soja se recuperó en 2024 y aumentó en comparación con la producción de 2022.

(187)

A continuación, en el gráfico 2, figura la tendencia (en tm):

Gráfico 2

Transformación de soja en Argentina

(188)

El cuadro 1 y el gráfico 2 ponen de manifiesto que prácticamente toda la producción de soja se destinó a trituración y que el consumo interno del aceite de soja resultante correspondió principalmente a la producción de biodiésel. Además, incluso ante la baja producción a causa de la sequía de 2023, Argentina importó más soja para llenar su capacidad de trituración.

(189)

Es más, solo se exportó soja una vez satisfecho plenamente el consumo interno correspondiente tanto a la trituración de soja como a la producción de biodiésel. El cuadro 1 y el gráfico 2 también ponen de manifiesto que las importaciones de soja fueron muy escasas durante los años en que se aplicaron las limitaciones de las exportaciones, con la excepción de 2023, el año de la sequía. Esto también se confirma con el modelo de negocio observado en los productores exportadores incluidos en la muestra. De hecho, ninguno de ellos importaba soja para la producción de biodiésel. Es más, importaban la soja exclusivamente para utilizarla en sus instalaciones de trituración y luego exportaban todo el aceite y la harina de soja resultantes fuera de Argentina.

(190)

Por consiguiente, se ha alcanzado el objetivo principal de las medidas de los poderes públicos de Argentina: la soja producida en el país ha satisfecho plenamente la demanda interna como insumo para la producción de biodiésel nacional en detrimento de los productores de soja, que no pudieron optimizar sus beneficios ni exportando toda su producción ni vendiendo en el mercado interno a precios más elevados, debido a las limitaciones de las exportaciones.

(191)

Según la jurisprudencia pertinente de la OMC, en la mayoría de los casos debería haber algún tipo de amenaza o estímulo gubernamental a los proveedores de insumos que sirviera de prueba de la existencia de una encomienda u orden. Dejar un margen de discrecionalidad no implica descartar automáticamente esta conclusión. Este análisis caso por caso se basa en pruebas. En este caso, destaca el hecho de que las exportaciones estén bastante limitadas en un mercado de productos básicos con un elevado componente internacional en el que Argentina es uno de los principales productores de soja del mundo, especialmente si se tiene en cuenta que el precio en los mercados internacionales es significativamente superior al precio interno de Argentina (véase el gráfico 3).

(192)

Las pruebas que contiene la legislación argentina (véanse los considerandos 116 a 120) ponen de manifiesto que el objetivo estratégico de los poderes públicos de Argentina es desarrollar y favorecer a las industrias transformadoras de mayor valor añadido, incluida la del biodiésel. Además, los poderes públicos de Argentina manifestaron claramente su objetivo de proteger a las industrias transformadoras del aumento de los precios internacionales.

(193)

Está claro también que el incontable número de pequeños cultivadores de soja, pese a que los poderes públicos de Argentina no les han impedido formalmente que exporten sus productos, se ven estimulados por estas medidas para vender en el mercado interno casi toda su producción y a unos precios más bajos de los que habrían aplicado en los mercados internacionales. No existe ninguna prueba en el expediente de que los poderes públicos de Argentina estén tratando en modo alguno de impulsar o apoyar activamente, de manera directa o indirecta, un aumento de las exportaciones y, por ende, una maximización de los beneficios para los cultivadores de soja, pese a las dificultades conocidas de los pequeños cultivadores para encontrar clientes en el extranjero, comunicarse en una lengua extranjera y llevar a cabo todos los pesados trámites administrativos que requiere la exportación.

(194)

Ante la ausencia en el expediente de otras pruebas que demuestren lo contrario, y dado el insuficiente nivel de cooperación de los poderes públicos de Argentina a la hora de facilitar pruebas y datos pertinentes al respecto, la Comisión llegó a la conclusión de que estas pruebas ponían de manifiesto que los cultivadores de soja habían recibido estímulos para vender su producción en el mercado interno, para beneficio de las industrias transformadoras (incluidos los productores de biodiésel), en lugar de maximizar su rendimiento por otros medios, como la adaptación de su producción o, incluso, el cambio a otro tipo de producción (por ejemplo, otros granos).

(195)

Ni el hecho de que los cultivadores de soja sigan teniendo un cierto margen de discrecionalidad para vender en el extranjero, al menos formalmente, ni el muy limitado nivel de las exportaciones debilitan la conclusión principal sobre la existencia de encomienda u orden, en consonancia con la jurisprudencia de la OMC (80).

(196)

Además, al igual que en la investigación original, la Comisión analizó las repercusiones del suministro de soja, como consecuencia de las medidas de los poderes públicos de Argentina, en el precio interno de la soja en ese país.

(197)

La Comisión utilizó el precio medio interno de la soja en Argentina, basado en datos mensuales procedentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires relativos a Rosario, Bahía Blanca y Quequén y facilitados por los poderes públicos de Argentina.

(198)

Al igual que en la investigación original, los productores exportadores incluidos en la muestra efectivamente importaron parte de la soja. Si bien no destinaron estas importaciones a la producción de biodiésel, sino a la de aceite de soja que luego exportaban, su precio podía considerarse representativo, ya que la soja se importaba para ser triturada y reexportada en forma de aceite de soja, y su precio era un reflejo del precio de la soja en el mercado mundial (Golfo de México).

(199)

En el gráfico 3 que figura a continuación se muestran las fluctuaciones del precio durante el período de investigación de la reconsideración (excepto los meses en que no se comunicó el precio interno), así como la diferencia entre el precio interno en Argentina y el precio en el mercado mundial.

Gráfico 3

Precio interno en Argentina frente al precio en el mercado mundial

(200)

El gráfico 3 muestra la diferencia entre el precio interno argentino y el precio del mercado mundial, así como el precio de importación CIF de los productores exportadores incluidos en la muestra, a todo lo largo del período de investigación de la reconsideración. La estrategia orientadora de los poderes públicos de Argentina impide a los cultivadores de soja obtener beneficios basados en los precios del mercado mundial. Los cultivadores de soja, en efecto, se ven privados de la elección racional de vender en los mercados internacionales a precios muy superiores.

(201)

A cambio, están obteniendo beneficios comparables tanto en el mercado interno como en el internacional, a costa de aplicar a los precios internos una reducción equivalente al importe del derecho de exportación. De este modo, los poderes públicos de Argentina contienen los precios internos en beneficio de la industria transformadora nacional.

(202)

Los poderes públicos ordenan a los cultivadores de soja impidiéndoles que opten por una elección racional. Además, como puede observarse en el gráfico, la diferencia entre los precios internos y los precios internacionales no solo se ha mantenido de forma constante durante todo el período de investigación de la reconsideración, sino que también ha protegido a la industria del biodiésel y a las demás industrias transformadoras (como la de las trituradoras, integrada principalmente por productores de biodiésel) frente a los precios más elevados del mercado internacional.

(203)

Por consiguiente, el conjunto de medidas de los poderes públicos de Argentina logró su objetivo preestablecido, a saber, reducir los precios internos en el contexto del alza de los precios internacionales en beneficio de la industria nacional de valor añadido, incluida la del biodiésel.

(204)

A la vista de lo expuesto, la Comisión llegó a la conclusión de que, en Argentina, se encomendó u ordenó a los cultivadores de soja que suministraran soja a la industria nacional del biodiésel a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(205)

Tras la divulgación final, CARBIO alegó que, en la actual reconsideración por expiración, la Comisión no llegó a la conclusión de que los productores de soja no tuvieran libertad para fijar el precio de la soja, al contrario que en la investigación original (81). CARBIO señaló que los productores exportadores incluidos en la muestra explicaron durante la inspección que, en el mercado de la soja, los compradores y los vendedores negocian y fijan los precios libremente. Además, CARBIO alegó que el derecho de exportación no privaba a los proveedores de soja de su elección racional ni iba en menoscabo de su capacidad exportadora, como se muestra en el cuadro 1 y en el considerando 195. Por último, los cultivadores siguen teniendo libertad para decidir qué cultivos producir.

(206)

Al contrario de lo alegado, la Comisión concluyó en el considerando 161 que, al igual que en la investigación original, el precio interno de la soja seguía siendo inferior al precio del mercado mundial y que los productores de soja no eran libres de fijar el precio de exportación debido al derecho de exportación. Las explicaciones de los productores exportadores incluidos en la muestra no contradecían estas dos constataciones. Además, la Comisión ya ha explicado en los considerandos 161 y 193 a 195 cómo los poderes públicos de Argentina limitaron el grado de discrecionalidad de los productores de soja. Por último, la libertad de decidir qué cultivos producir no impidió a la Comisión concluir en el considerando 135 que los volúmenes de equilibrio de las exportaciones contribuyeron a favorecer la producción de soja frente al maíz y al trigo. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(207)

Los poderes públicos de Argentina alegaron que la falta de pruebas de que hubieran adoptado medidas para apoyar la actividad exportadora de los productores de soja no debía equipararse a pruebas de lo contrario. Además, según los poderes públicos de Argentina, la Comisión no tuvo en cuenta que el mercado internacional de productos básicos es complejo, y que los productores de soja no participan en él directamente, sino a través de operadores comerciales.

(208)

La Comisión señaló que su constatación se refería a que los poderes públicos de Argentina limitaron el grado de discrecionalidad de los productores de soja, sobre la base de pruebas fehacientes recabadas en el contexto de la investigación, y no de su ausencia, y que los poderes públicos de Argentina no han aportado ninguna prueba adicional tras la divulgación final. El hecho de que, en general, se acceda al mercado internacional de productos básicos a través de operadores comerciales no debería impedir las exportaciones de los productores de soja. En efecto, los productores exportadores argentinos de biodiésel exportan generalmente a través de operadores comerciales. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(209)

Como se constató en la investigación original (82), la Comisión consideró que el suministro de soja situada en suelo argentino a la industria argentina del biodiésel es una función que normalmente incumbe a los poderes públicos, basándose en el hecho de que, con arreglo al Derecho internacional general, los Estados tienen soberanía sobre sus recursos naturales. En lugar de suministrar los insumos directamente a la industria del biodiésel para alcanzar los objetivos estratégicos de los poderes públicos de Argentina consistentes en desarrollar la industria del biodiésel, incluido su potencial de exportación, dichos poderes, por medio de un conjunto de medidas, estimulan a las entidades privadas para que lo hagan en su nombre, de modo que realizan una función que no difiere realmente de las prácticas normalmente seguidas por los poderes públicos y que implica sacrificar ingresos.

(210)

Tras la divulgación final, los poderes públicos de Argentina alegaron que el suministro de soja no era una función que normalmente incumbiera a los poderes públicos, ya que los poderes públicos de Argentina no participaban en las actividades relativas a la producción de soja. Del mismo modo, CARBIO alegó que la Comisión no había aportado ninguna prueba que demostrara que las decisiones tomadas por empresas privadas proveedoras de soja en cuanto a la producción y la venta de soja cultivada en terrenos de propiedad privada en Argentina reflejaran una función que normalmente incumbiría a los poderes públicos de Argentina. Según los poderes públicos de Argentina y CARBIO, el mero hecho de que un Estado pueda ejercer competencias reguladoras en relación con los recursos naturales existentes en su territorio no significa que el suministro de dichos recursos naturales a empresas privadas sea también una función que normalmente incumba a los poderes públicos. Por el contrario, la explotación comercial, distribución y venta de recursos naturales es una función que normalmente incumbe a las empresas privadas, y el papel del Estado se limita a la regulación y la supervisión. En otras palabras, mientras que la regulación y el control de los recursos naturales es una función que normalmente incumbe a los poderes públicos, no lo es la participación directa en el suministro de recursos naturales a entidades privadas.

(211)

En primer lugar, en cuanto a los argumentos de que los poderes públicos de Argentina no participaron en la producción de soja, de que los proveedores son empresas privadas y de que venden soja cultivada en terrenos de propiedad privada, la Comisión señaló que los productores de soja recibieron una encomienda u orden de los poderes públicos de Argentina para que cumplieran un objetivo estratégico concreto. Este suministro de soja por parte de los productores de soja que recibieron la encomienda no se diferencia de una situación en la que los propios poderes públicos de Argentina fueran el productor directo de la soja. Además, la Comisión no está de acuerdo con la distinción artificial realizada por CARBIO, según la cual la explotación comercial, distribución y venta de recursos naturales no es una función que normalmente incumbe a los poderes públicos, que se limitan a regular y supervisar los recursos naturales. Las consecuencias de un planteamiento de esta índole serían que el suministro de bienes o servicios a cambio de una remuneración inferior a la adecuada nunca podría considerarse una función que incumbiría a los poderes públicos, ya que la función del Estado sería simplemente regular el suministro de dichos bienes o la prestación de dichos servicios. La Comisión no aceptó esta distinción y consideró que, precisamente gracias al ejercicio de las competencias de regulación de los poderes públicos de Argentina en el suministro de soja, dicho suministro de soja puede tratarse como una función que normalmente incumbe a los poderes públicos. En este contexto, el hecho de que los receptores de este bien sean entidades privadas y no de propiedad estatal no afecta a esta conclusión, ya que es irrelevante para el objetivo estratégico de desarrollar la industria del biodiésel. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(212)

Por medio de un conjunto de medidas, consistentes en derechos de exportación, restricciones cuantitativas, subvenciones a productores nacionales y declaraciones públicas, los poderes públicos de Argentina estimularon a los cultivadores de soja nacionales para que vendieran su soja en el mercado interno y les «encomendaron» u «ordenaron» que suministraran esta materia prima en Argentina a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. Las medidas en cuestión lograron el efecto deseado de distorsionar el mercado interno argentino de la soja y reducir el precio hasta un nivel artificialmente bajo en beneficio de la industria transformadora del biodiésel. La función de suministrar soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada incumbe normalmente a los poderes públicos, habida cuenta del objetivo público de apoyar a la industria del biodiésel. Además, la práctica de los cultivadores de soja de llevar a cabo esta función no difiere realmente de las prácticas normalmente seguidas por los poderes públicos cuando persiguen objetivos estratégicos similares por medio de otras formas de apoyo (como las subvenciones o la condonación de ingresos públicos).

(213)

Por tanto, la Comisión concluyó que los poderes públicos de Argentina aportaron una contribución financiera indirecta en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base, tal como se interpreta y aplica en consonancia con la norma pertinente de la OMC, con arreglo al artículo 1.1, letra a), inciso iv), del Acuerdo SMC.

(214)

En la investigación original, la Comisión consideró que las categorías «contribución financiera» y «sostenimiento de los ingresos o de los precios» no eran mutuamente excluyentes (83). En consonancia con esta interpretación, además de examinar si el conjunto de medidas adoptadas por los poderes públicos de Argentina podría considerarse una «contribución financiera» en forma de suministro de bienes a cambio de una remuneración inferior a la adecuada, la Comisión también analizó si dicho conjunto de medidas podría considerarse asimismo sostenimiento de los ingresos o de los precios con arreglo al artículo 3, punto 1, letra b), del Reglamento de base (84).

(215)

Como se indica en el memorándum sobre la suficiencia de las pruebas, la Comisión consideró que, en la actual reconsideración por expiración, el solicitante presentó pruebas en apoyo de su alegación de que el conjunto de medidas de los poderes públicos de Argentina también podía calificarse de sostenimiento de los ingresos o de los precios con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de base. Por lo tanto, la Comisión examinó, en primer lugar, si los poderes públicos de Argentina seguían mostrando la intención de apoyar la creación y el desarrollo de la industria del biodiésel; en segundo lugar, qué tipo de medidas adoptaron o continuaron adoptando los poderes públicos de Argentina durante el período de investigación de la reconsideración para apoyar a la industria del biodiésel; y, en tercer lugar, si esas medidas pueden considerarse incluidas en «toda forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios» en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994.

(216)

En la investigación original, en el contexto del análisis del sostenimiento de los ingresos o de los precios, la Comisión informó de la legislación que mostraba la intención de los poderes públicos de Argentina de apoyar a la industria del biodiésel, en particular el Decreto 1396/2001 (85), la Resolución 1156/2004 (86) y la Ley de Biocombustibles de 2006.

(217)

En la presente investigación, además de los elementos destacados en el contexto del derecho de exportación en los considerandos 117 a 122 y de la conclusión alcanzada con respecto a los volúmenes de equilibrio de las exportaciones de maíz y trigo en el considerando 136 y de las subvenciones a los cultivadores de soja en el considerando 150, la Comisión investigó si la legislación posterior mostraba que los poderes públicos de Argentina tenían una política explícita de apoyo al desarrollo de la industria nacional del biodiésel. Durante el período de investigación de la reconsideración, la Ley de Biocombustibles de 2006 ya no estaba en vigor y había sido sustituida por la Ley de Biocombustibles de 2021, que regulaba el mandato nacional sobre el biodiésel.

(218)

En el considerando 38, la Comisión ya recordó las funciones de la Secretaría de Energía, la autoridad de aplicación en virtud de la Ley de Biocombustibles de 2021. A efectos del análisis del sostenimiento de los ingresos o de los precios, la Comisión recuerda que una de las funciones de la Secretaría de Energía es «[g]arantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria, pudiendo arbitrar y establecer los mecanismos que estime necesarios a fin de que la adquisición de aquellos sea llevada a cabo según las condiciones normales y habituales del mercado y sin distorsión alguna, estableciendo como límite, en el caso que corresponda, el precio de exportación de dichos insumos menos los respectivos gastos» (87). Esta función muestra que los poderes públicos de Argentina concibieron la producción de soja en relación con la producción de biodiésel, con el fin de garantizar un suministro suficiente para esta. A estos efectos, los poderes públicos de Argentina estaban facultados para establecer un precio máximo para los insumos destinados al biodiésel vendido en el marco del mandato nacional que correspondiera al precio de exportación de dichos insumos, una vez descontados los costes pertinentes. En otras palabras, el precio de los insumos destinados al mercado interno habría sido más bajo que el precio de los insumos destinados al mercado de exportación. Por lo tanto, de esta disposición se desprende claramente que la intención de los poderes públicos de Argentina en la Ley de Biocombustibles de 2021 era apoyar a la industria nacional del biodiésel.

(219)

Así lo confirma expresamente el artículo 16 de la Ley de Biocombustibles de 2021, titulado de manera significativa «Sustitución de importaciones», que faculta a la Secretaría de Energía para «sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles» y para «promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional» (88). Como confirmaron los poderes públicos de Argentina durante la inspección in situ, la «industrialización» en el contexto de la cadena de valor de la soja se refiere a la propia trituración. Por lo tanto, en la práctica, el artículo 16 de la Ley de Biocombustibles de 2021 se refiere a la promoción de inversiones en la trituración de soja para fomentar la producción de biodiésel. Esto constituye otro medio de apoyo a la industria nacional del biodiésel.

(220)

Por otra parte, la evaluación de la fijación del precio interno del biodiésel en la investigación original (89) mantuvo su validez durante el período de investigación de la reconsideración. En efecto, de conformidad con la Ley de Biocombustibles de 2021, durante el período de investigación de la reconsideración, los poderes públicos de Argentina siguieron fijando el precio del biodiésel vendido en el mercado interno en el marco del mandato nacional sobre el biodiésel, que constituye casi todo el mercado interno del biodiésel.

(221)

Durante el período de investigación de la reconsideración, el precio interno del biodiésel se fijó casi con periodicidad mensual, sin distinción entre tipos de empresas, y se hizo público (90).

(222)

Ninguno de los productores exportadores incluidos en la muestra había recibido un contingente ni había abastecido al mercado interno durante el período de investigación (aunque otros productores de biodiésel del Grupo Renova sí lo hicieron). Sin embargo, los precios fijados por los poderes públicos de Argentina en el mercado interno parecen ser superiores al precio medio de exportación FOB de los productores exportadores incluidos en la muestra, en los períodos con el mismo precio interno —dentro del período de investigación de la reconsideración— en los que notificaron ventas de exportación, teniendo en cuenta el precio de exportación FOB, tanto neto del derecho de exportación sobre el biodiésel como incluido este, excepto durante dos períodos en los que los precios internos y los precios de exportación estuvieron alineados.

(223)

Por tanto, al fijar artificialmente el precio del biodiésel en el mercado interno a un nivel artificialmente elevado, los poderes públicos de Argentina persiguieron una estrategia de sostenimiento de los precios para la pequeña y mediana industria del biodiésel que vendía en el mercado interno.

(224)

Por otra parte, como prueba del apoyo continuado de los poderes públicos de Argentina a la industria del biodiésel, el solicitante señaló: i) el programa de financiación de capital circulante en la industria del biodiésel con arreglo a la Resolución 947/2023 (91), y ii) la condonación de ingresos públicos a través de la Ley de Biocombustibles de 2021.

(225)

Se trata de nuevos supuestos regímenes concernientes a los productores de biodiésel y la Comisión los analiza en las secciones respectivas que figuran más adelante a fin de determinar si se obtuvo un beneficio en virtud de estos regímenes. Sin embargo, con el fin de determinar si constituían pruebas del apoyo de los poderes públicos de Argentina a la industria del biodiésel, la Comisión analizó sus bases jurídicas —en vigor durante el período de investigación de la reconsideración— y una declaración pública sobre ellas. Las pruebas de la Ley de Biocombustibles de 2021 se han mencionado en los considerandos 218 y 219. Además, como se explica en los considerandos 313 y 314, el artículo 22 de la Ley de Biocombustibles de 2021 parecía establecer una exención del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto sobre el dióxido de carbono aplicable únicamente al biodiésel de origen nacional mezclado con combustibles. Durante la inspección in situ, los poderes públicos de Argentina parecían compartir esta opinión. Sin embargo, la respuesta de los poderes públicos de Argentina al cuestionario parecía sugerir que, en lugar de ello, de conformidad con el artículo 4 del título III de la Ley 23.966 (92), el biodiésel mezclado con combustibles, ya sea de origen nacional o importado, nunca está sujeto al impuesto sobre los combustibles líquidos ni al impuesto sobre el dióxido de carbono, ya que tales impuestos solo gravan el componente de gasolina, gasóleo o diésel del combustible mezclado, independientemente de que dicho componente o el biodiésel mezclado sean de origen nacional o importado. En efecto, en dicho artículo 4 no se preveía ningún tipo para el biodiésel, a diferencia de otros combustibles. Por lo tanto, no quedó claro si existía una discriminación en la exacción fiscal basada en el origen del biodiésel.

(226)

Como se explica en el considerando 315, no fue posible calcular un beneficio en virtud de este régimen, ya que era evidente que este impuesto se recaudaba sobre el combustible mezclado resultante de la mezcla en fases posteriores de la cadena de valor, y no en el nivel de los productores de biodiésel. Sin embargo, el propio hecho de que los biocombustibles, incluido el biodiésel (expresamente mencionado en el artículo 4 del título III de la Ley 23.966), se sustraigan al ámbito de aplicación del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto sobre el dióxido de carbono pone de manifiesto la clara intención de los poderes públicos de Argentina de favorecer el consumo de biodiésel, en particular del biodiésel de origen nacional, y apoyar así a la industria nacional del biodiésel.

(227)

En cambio, por lo que se refiere al programa de financiación del capital circulante en la industria del biodiésel, su objetivo declarado era «ofrecer mejores condiciones de financiación para la adquisición de los insumos necesarios para la elaboración del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil en el marco de la Ley 27.640» (93). Con ocasión de una ceremonia relativa a la ejecución del programa, el presidente del Banco de la Nación Argentina («BNA»), uno de los mayores bancos del país y propiedad en su totalidad del Estado, declaró explícitamente que el objetivo eran que estos créditos «creen más puestos de trabajo y podamos seguir exportando, tanto como ahorrar divisas» (94). De ello se desprende que no cabe duda alguna sobre el hecho de que el programa de financiación de capital circulante en la industria del biodiésel tenía por objeto apoyar a la industria del biodiésel ofreciendo mejores condiciones de financiación y, en particular, apoyar las exportaciones de biodiésel. Aunque la Comisión concluye, en el considerando 311, que los productores exportadores incluidos en la muestra no se beneficiaron del programa de financiación, el régimen estuvo en vigor durante el período de investigación de la reconsideración para los productores de biodiésel admisibles y, por lo tanto, constituía una prueba válida a efectos del sostenimiento de los ingresos o de los precios.

(228)

Por otra parte, el solicitante alegó que varias acciones de la Administración Provincial demostraban que el apoyo a la industria del biodiésel también estaba presente a nivel provincial.

(229)

En particular, el solicitante informó de que, en primer lugar, la Provincia de Santa Fe puso en marcha un programa destinado a que todos los autobuses públicos utilizaran biodiésel en su forma pura (B100) (95).

(230)

En segundo lugar, la Provincia de Córdoba anunció la financiación de créditos para la promoción de la producción local y el consumo de biodiésel (96).

(231)

En tercer lugar, de nuevo la Provincia de Córdoba aplicó su política de promoción de los biocombustibles a través de la Ley Provincial 10.721 (97), destinada a consolidar la producción de biodiésel y promover la sustitución de combustibles fósiles por biodiésel. La Ley Provincial 10.721 establece varios objetivos, entre ellos la consolidación de la producción de biocombustibles y «[p]romover el reemplazo progresivo de combustibles fósiles mediante […] el consumo preferencial de biocombustibles, tendiendo a la masividad de su uso» (la cursiva es nuestra) (98).

(232)

Todas estas medidas a nivel provincial intervinieron después de la investigación original.

(233)

Por lo que se refiere a la nueva medida adoptada por la Provincia de Santa Fe, su objetivo era fomentar «la utilización masiva de biocombustibles (biodiésel [...])» (99) en diversos sectores económicos, entre ellos, en particular, el transporte y la flota del sector público. Además de exigir que el combustible utilizado en el transporte público y los vehículos utilizados en las licitaciones públicas fuera biodiésel en su forma pura (B100), la Ley 14.010 de la Provincia de Santa Fe preveía la posibilidad de conceder «la exención y/o reducción del impuesto sobre los ingresos brutos, sellos y/o patente única sobre vehículos» a las empresas que cumplieran la finalidad de dicha ley (100). Esta contribución se valoró sobre la base de las inversiones realizadas por estas empresas para aumentar el uso del biodiésel en sus actividades. De este modo, la Ley 14.010 de la Provincia de Santa Fe, al recompensar mediante exenciones fiscales las inversiones realizadas por empresas privadas, fomentó activamente el uso del biodiésel (y, por tanto, las ventas de biodiésel) en muchos sectores económicos de la provincia. Por lo tanto, mientras las exenciones fiscales de la Provincia de Santa Fe de las que se beneficiaron los productores de biodiésel se analizan específicamente en los considerandos 270 a 289, a efectos del sostenimiento de los ingresos o de los precios, la Ley 14.010 de la Provincia de Santa Fe demostró la aplicación a nivel provincial de la intención de los poderes públicos de Argentina de apoyar a la industria del biodiésel.

(234)

Por lo que se refiere a las nuevas medidas adoptadas por la Provincia de Córdoba, el solicitante reconoció en su solicitud que las pruebas relativas a subvenciones de esta provincia fueron desestimadas en la investigación original, debido a que los productores exportadores incluidos en la muestra no se beneficiaron de las leyes provinciales de Córdoba (101). No obstante, el solicitante respaldó que estos elementos seguían siendo de interés, ya que mostraban la aplicación local de una política nacional en materia de biocombustibles y podían ser pertinentes en caso de que los productores incluidos en la muestra difirieran en la investigación de reconsideración por expiración.

(235)

La Comisión señaló que, si bien la muestra había cambiado en comparación con la investigación original, ningún productor exportador incluido en la muestra en la actual reconsideración por expiración producía biodiésel en la Provincia de Córdoba. Por lo tanto, no pudieron beneficiarse de los regímenes aquí indicados. Sin embargo, las subvenciones concedidas por la Provincia de Córdoba que el solicitante pidió a la Comisión que volviera a investigar eran diferentes de las aquí indicadas y se abordan en los considerandos 297-299. Los productores exportadores incluidos en la muestra en la actual reconsideración por expiración tampoco pudieron beneficiarse de las subvenciones aquí mencionadas, ya que no estaban radicados en la Provincia de Córdoba. Sin embargo, no puede excluirse que otros productores de biodiésel radicados en la Provincia de Córdoba pudieran haberse beneficiado de ellas en el período de investigación de la reconsideración. Por lo tanto, a efectos únicamente del sostenimiento de los ingresos o de los precios, la Comisión consideró que estas medidas mostraban la aplicación a nivel provincial de la intención de los poderes públicos de Argentina de apoyar a la industria del biodiésel.

(236)

Por consiguiente, la Comisión concluyó que la intención de los poderes públicos de Argentina de apoyar el desarrollo de la industria argentina del biodiésel seguía siendo manifiesta también durante el período de investigación de la reconsideración.

(237)

Como se expone en los considerandos 216 a 236, la intención de los poderes públicos de Argentina de apoyar a la industria del biodiésel era evidente en una serie de medidas, entre ellas la distorsión artificial del mercado interno de la soja, la fijación de los precios del biodiésel vendido en el marco del mandato nacional, el programa de financiación del capital circulante en la industria del biodiésel con arreglo a la Resolución 947/2023, la condonación de ingresos públicos a través de la Ley de Biocombustibles de 2021 y las medidas adoptadas por las provincias de Santa Fe y Córdoba. Estas medidas sostuvieron directa o indirectamente los ingresos de los productores de biodiésel. Además, con la Ley de Biocombustibles de 2021, los poderes públicos de Argentina continuaron el régimen de promoción de la producción de biodiésel ya establecido en virtud de la Ley de Biocombustibles de 2006. Por tanto, sobre la base de la información disponible, la Comisión concluyó que, en los años posteriores a la investigación original, los poderes públicos de Argentina han seguido implantando un conjunto de medidas destinadas a desarrollar y sostener los ingresos de la industria del biodiésel.

(238)

Con las medidas descritas en los considerandos 216 a 236, los poderes públicos de Argentina sostienen los ingresos de la industria del biodiésel.

(239)

Además, a través de la Ley de Biocombustibles de 2021, los poderes públicos de Argentina han seguido imponiendo un requisito de mezcla obligatoria por el que las empresas mezcladoras de Argentina tienen que comprar biodiésel a precios artificialmente elevados fijados por los poderes públicos de Argentina, que constituyen sostenimiento de los precios de la industria del biodiésel.

(240)

Todas estas medidas ponen de manifiesto que la industria argentina del biodiésel recibe apoyo y se encuentra artificialmente estimulada.

(241)

Por tanto, la Comisión llegó a la conclusión de que, por medio del conjunto de medidas mencionado, los poderes públicos de Argentina proporcionan, directa o indirectamente, sostenimiento de los ingresos o de los precios a la industria del biodiésel, por lo que contribuyen a su competitividad.

(242)

Como se constató en la investigación original, al regular el mercado interno del biodiésel y conceder contingentes solo a las empresas de biodiésel más pequeñas, los poderes públicos de Argentina habían creado una industria en la que se impedía a los grandes productores vender en el mercado interno y, por tanto, se les orientaba plenamente hacia la exportación, alentando así la competitividad de las exportaciones de la industria del biodiésel (102).

Cuadro 2

Producción argentina y exportación de biodiésel (en tm)

(243)

Como se muestra en el cuadro 2, la industria del biodiésel siguió siendo una industria enfocada a la exportación. De hecho, desde 2020, se exportó hasta el 74 % de la producción, según el año, y durante el período de investigación de la reconsideración (PIR) se exportó casi la mitad de la producción. Los productores exportadores incluidos en la muestra explicaron que, durante el período de investigación de la reconsideración (en el que estaba el compromiso en vigor), los precios en la Unión —su único destino de exportación durante dicho período— eran bajos y, en general, solo exportaban cuando los precios eran suficientemente elevados en comparación con el precio mínimo de importación en vigor con arreglo al compromiso, a fin de obtener beneficios. Al mismo tiempo, hasta mediados de octubre de 2022, el mandato aumentado sobre el biodiésel (12,5 %) y la posibilidad de suministrar el mandato adicional también a las empresas que normalmente no participaban en el mandato nacional hicieron que una mayor parte de la producción se destinase al consumo interno en lugar de a la exportación. Por este motivo, el porcentaje de exportaciones sobre la producción es inferior al de años anteriores. Una situación similar puede observarse en 2020, cuando el mandato sobre el biodiésel era del 10 % en virtud de la Ley de Biocombustibles de 2006, antes de que la Ley de Biocombustibles de 2021 lo redujera al 5 % en 2021 (incrementado después al 7,5 % a partir de junio de 2022). Desde esta perspectiva, el mandato aumentado sobre el biodiésel implica un mayor consumo interno, mientras que el mandato reducido actúa como un impulso a la exportación. Como consecuencia de ello, los poderes públicos de Argentina, al reducir el mandato sobre el biodiésel en virtud de la Ley de Biocombustibles de 2021, orientaron aún más a la industria argentina del biodiésel hacia las exportaciones. Los menores niveles de producción y de exportaciones totales en términos absolutos durante el período de investigación de la reconsideración se debieron a una caída general de la producción ocasionada por la sequía en Argentina, que afectó a la materia prima del biodiésel, es decir, la soja.

(244)

Por tanto, el apoyo a la industria interna del biodiésel fue favorable para las exportaciones de este producto, al poder competir de manera desleal los productores argentinos con los de otros países que no se beneficiaban de precios inferiores en los insumos. La industria argentina del biodiésel continuó teniendo los mercados de exportación, y en particular el mercado de la Unión, como objetivo principal.

(245)

Los poderes públicos de Argentina alegaron que la calificación de los derechos de exportación como sostenimiento de los ingresos o de los precios de la industria del biodiésel estaba en contradicción con el efecto que tenía el derecho de exportación sobre el biodiésel en la encomienda u orden, ya que bajó los precios obtenidos por la industria del biodiésel.

(246)

La Comisión señaló que el análisis de la encomienda u orden se centró en el derecho de exportación de la soja, y no en el biodiésel, y en las consecuencias para el suministro de soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada y, como consecuencia de ello, se redujeron los costes y aumentaron los beneficios o los ingresos. Por lo tanto, es ese mismo derecho de exportación, así como otras medidas de apoyo, el que contribuyó al sostenimiento de los ingresos o de los precios por parte de los poderes públicos de Argentina. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(247)

Por lo tanto, la Comisión concluyó que, a través de un conjunto de medidas, los poderes públicos de Argentina, directa o indirectamente, siguieron sosteniendo los ingresos o los precios de la industria del biodiésel en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de base, lo que dio lugar a la exportación de la mayor parte de la producción nacional.

(248)

Tras la divulgación final, los poderes públicos de Argentina alegaron que la mayoría de las medidas en las que se basa la constatación de sostenimiento de los ingresos o de los precios están relacionadas con el mercado interno, en el que no se permitía la participación de los exportadores de biodiésel. Esto se aplica, en particular, a la constatación del considerando 218 con respecto a la Ley de Biocombustibles de 2021, que garantiza los insumos para la producción de biodiésel con destino al mercado interno. Los poderes públicos de Argentina también alegaron que la Secretaría no tiene autoridad sobre la soja, ya que no es un insumo directo para el biodiésel, y que la limitación de precio se aplica a los insumos para la elaboración del biodiésel dentro del mandato y no al propio biodiésel. Esta limitación de precio solo se aplicaba si las condiciones de mercado para la compra de los insumos no eran aplicables.

(249)

La Comisión manifestó su desacuerdo. En efecto, la investigación reveló que empresas específicas de los grupos de los productores exportadores incluidos en la muestra participaban en el mercado interno del biodiésel. Por otra parte, la Ley de Biocombustibles de 2021 afecta a los exportadores porque prohíbe a las entidades exportadoras participar en el mercado interno y, por tanto, les obliga a exportar. Además, el apoyo al suministro de insumos para la producción de biodiésel con destino al mercado interno favorece también a empresas específicas de los grupos de los productores exportadores incluidos en la muestra. Por lo que se refiere a la autoridad de la Secretaría sobre los insumos para el biodiésel, los poderes públicos de Argentina no explicaron cuál es el objetivo de esta disposición legal, si no es la seguridad del suministro y la limitación del precio de la soja. Los poderes públicos de Argentina no especificaron cuáles eran los insumos diferentes de la soja a que se refería la disposición legal. Por último, el biodiésel vendido en el marco del mandato ya se vendía a un precio regulado por el Gobierno y no necesitaba que la Secretaría estableciera una limitación de precio adicional. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(250)

Una vez establecido que el conjunto de medidas descrito en los considerandos 101 a 150 constituye una contribución financiera de los poderes públicos de Argentina por medio de encomienda u orden a entidades privadas y/o que el conjunto de medidas descritas en los considerandos 216 a 236 constituye sostenimiento de los ingresos o de los precios, la Comisión calculó el importe de la subvención en términos de beneficio reportado al beneficiario, que se constató que había existido durante el período de investigación de la reconsideración, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, y el artículo 5 del Reglamento de base.

(251)

Al igual que en la investigación original, y dado que la mayoría de las medidas de los poderes públicos de Argentina estaban destinadas a reducir de manera artificial el precio interno de la soja, de modo que se generasen mayores ingresos para los productores argentinos de biodiésel, la Comisión examinó si el apoyo de los poderes públicos de Argentina a la industria del biodiésel había reportado un beneficio con respecto a la diferencia entre los precios abonados por los productores argentinos de biodiésel y una referencia basada en las condiciones imperantes en el mercado argentino en relación con la soja.

(252)

La Comisión calculó en primer lugar el precio de compra medio ponderado de la soja abonado por los productores exportadores argentinos incluidos en la muestra durante el período de investigación de la reconsideración. La media ponderada se calculó mes a mes y en función de la entrega de los cultivadores de soja a la planta de biodiésel en Argentina.

(253)

El precio medio de compra se basó en los precios, sin IVA, y en las cantidades que se indican en el listado de facturas, transacción por transacción, presentado por los productores exportadores argentinos incluidos en la muestra y verificado durante las inspecciones in situ.

(254)

Este precio medio tenía que compararse con una referencia adecuada. Al igual que en la investigación original, la Comisión utilizó el precio medio ponderado mensual de la soja importada por los productores exportadores incluidos en la muestra. De hecho, se importó sobre una base CIF y tenían, por término medio, el mismo nivel de precios independientemente de su origen. Los precios reales de las importaciones entregadas a las plantas de trituración en condiciones CIF se situaban al mismo nivel que los del mercado mundial, que se presupuestaban como Golfo de México. Las importaciones de soja representaron un volumen significativo de las compras de los productores exportadores incluidos en la muestra, a saber, el 38 %, un porcentaje superior al de la investigación original debido a la sequía que afectó al período de investigación de la reconsideración. Estas compras estaban dispersas en cientos de transacciones.

(255)

Por tanto, la Comisión consideró que los precios reales abonados por los productores exportadores incluidos en la muestra por la soja importada reflejaban unas condiciones de mercado no distorsionado en Argentina, que incluía los gastos de entrega generalmente aplicables integrados en el precio final (103).

(256)

El hecho de que estas importaciones realizadas por los productores exportadores incluidos en la muestra no se destinaran a la producción de biodiésel, sino a la producción de aceite de soja, no altera esta conclusión, ya que, durante el período de investigación de la reconsideración, la demanda de soja para la producción de biodiésel en Argentina quedó plenamente cubierta por el suministro interno de soja. Al mismo tiempo, no existen diferencias de calidad entre los diferentes tipos de soja disponibles que hagan que la soja importada no pueda ser utilizada en la producción de biodiésel. Por consiguiente, la Comisión consideró que estas compras constituían una referencia adecuada.

(257)

A partir de ahí, la Comisión utilizó el precio real al que los productores exportadores incluidos en la muestra importaban la soja en Argentina, en su totalidad procedente de países vecinos, como la representación más cercana posible a los precios internos argentinos no distorsionados de este producto. Como se explica en el considerando 254, estos precios se situaban al mismo nivel que los precios del mercado mundial.

(258)

A continuación, la Comisión comparó el precio abonado por la soja cultivada en el país por los productores argentinos con la media ponderada del precio real de las importaciones de soja mes a mes. Todas estas importaciones se realizaron con arreglo a un régimen de importación temporal y, por lo tanto, no estaban sujetas a derechos de importación. Se consideró que el precio real pagado por los productores exportadores incluidos en la muestra correspondía a las condiciones del mercado imperantes en Argentina.

(259)

El importe total de la diferencia representa el «ahorro» de los productores argentinos de biodiésel que compraron soja en el mercado argentino distorsionado en comparación con el precio que habrían pagado en ausencia de distorsión. Básicamente, dicho importe total representa el beneficio concedido a los productores argentinos por los poderes públicos de Argentina durante el período de investigación de la reconsideración.

(260)

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión asignó el importe de estas subvenciones al volumen de negocio total correspondiente a la producción basada en la soja de los productores exportadores incluidos en la muestra durante el período de investigación como denominador adecuado, ya que la subvención reportó un beneficio para todos los productos basados en la soja y no solo para el producto afectado o la producción destinada a la exportación.

(261)

Tras la divulgación final, los poderes públicos de Argentina y CARBIO alegaron que la Comisión no había aportado razones suficientes que respaldaran la conclusión de que los precios medios de importación reflejaban las condiciones imperantes en el mercado, además de referirse a la ausencia de distorsiones y señalar i) que los precios de importación estaban en consonancia con los precios mundiales, y ii) que representaban un volumen significativo de las compras de los productores exportadores incluidos en la muestra. CARBIO alegó que este razonamiento era contradictorio con la constatación de la Comisión en el considerando 190, según la cual la soja producida en el mercado interno había satisfecho plenamente la demanda interna de un insumo para la producción nacional de biodiésel y que la soja importada no se utilizaba para la producción de biodiésel.

(262)

Al contrario de lo alegado, la Comisión explicó en el considerando 254 por qué el precio de importación de la soja efectivamente pagado por los productores exportadores incluidos en la muestra reflejaba las condiciones imperantes en el mercado. Además, el hecho de que los precios de importación estuvieran en consonancia con los precios mundiales, al contrario que los precios internos de Argentina, y que las importaciones representaran una parte significativa de las compras de los productores exportadores incluidos en la muestra son elementos clave para determinar que un valor de referencia refleja las condiciones imperantes en el mercado. El hecho de que la soja importada no se utilizara para producir biodiésel no desvirtúa esta conclusión, ya que la soja importada se trituraba en las mismas instalaciones de trituración que la soja producida en el mercado interno que se utilizaba para la producción de biodiésel. Así pues, además de las constataciones de la Comisión que CARBIO recuerda, la Comisión también tuvo en cuenta en el considerando 258 el hecho de que la soja importada se entregaba en los puertos cercanos a las plantas utilizadas para triturar soja tanto nacional como importada para la producción de biodiésel. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(263)

Además, CARBIO alegó que los precios medios de importación de la soja no constituían un valor de referencia adecuado porque no reflejaban las condiciones del mercado en Argentina. En particular, la soja se importaba con arreglo al régimen temporal de importación y no se utilizaba para producir biodiésel, y se entregaba en condiciones CIF, mientras que la compra de soja en el mercado interno no generaba gastos de entrega internacional.

(264)

La Comisión señaló que ya había descrito en el considerando 262 por qué consideraba que la soja importada reflejaba las condiciones de mercado imperantes en Argentina. Además, la Comisión consideró adecuado el precio de importación CIF, ya que este reflejaba el precio en la planta de trituración, situada en el puerto, donde también se trituraba la soja producida en el mercado interno para fabricar biodiésel. Además, como se recuerda en el considerando 254, los precios de importación CIF se situaban en el mismo nivel que los precios del mercado mundial. Por último, CARBIO no ofreció argumentos adicionales sobre por qué el precio de importación no sería un valor de referencia adecuado. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(265)

Tras la divulgación final, CARBIO también alegó que, en el cálculo del beneficio, la Comisión solo tuvo en cuenta la diferencia entre el precio pagado por la soja nacional y el valor de referencia cuando el primero era inferior al segundo. Sin embargo, en los casos en que el precio pagado por la soja nacional fue superior al valor de referencia, la Comisión descartó la diferencia, mientras que el importe que excedía del valor de referencia debería haberse deducido del importe total del beneficio.

(266)

La Comisión señaló que el método de cálculo del beneficio correspondiente al suministro de soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada estaba justificado. En efecto, el Grupo Especial en el asunto «Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios (China)» constató que «no “compensar” las cuantías de beneficio positivas con las cuantías de beneficio “negativas”» era compatible con el Acuerdo SMC (104). Además, en cualquier caso, la Comisión consideró que la alegación era estéril porque, aunque la Comisión aplicara la metodología propuesta por CARBIO, se seguiría constatando la continuación de la subvención sobre la base del margen de subvención resultante. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(267)

El conjunto de medidas de los poderes públicos de Argentina estaba encaminado a beneficiar a determinadas industrias, incluida la industria interna del biodiésel. De hecho, si bien las distorsiones en la soja también beneficiaron a productos transformados distintos del biodiésel, los beneficios solo alcanzaron a determinadas industrias en Argentina, en concreto las situadas en la cadena de valor de la soja. Por otra parte, la focalización específica de los poderes públicos de Argentina en la industria del biodiésel dentro de la cadena de valor de la soja queda demostrada por el vínculo establecido entre la soja y el biodiésel en la legislación pertinente indicada en los considerandos 117-122. Además, aunque la ayuda concedida al biodiésel por los poderes públicos de Argentina por medio de diversas medidas también se concedió a otros biocombustibles, estas medidas se limitaban a un grupo de empresas o industrias. Por tanto, son específicas a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base.

(268)

La Comisión constató que, a través de un conjunto de medidas que equivalían al suministro de soja por una remuneración inferior a la adecuada o al sostenimiento de los ingresos o los precios, los poderes públicos de Argentina prestaron apoyo a la industria del biodiésel. Los poderes públicos de Argentina otorgaron un beneficio a los beneficiarios que es específico, lo que constituye una subvención sujeta a medidas compensatorias.

(269)

El porcentaje de la subvención establecido con respecto a este conjunto de medidas durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

(270)

El solicitante alegó que los productores de biodiésel de la Provincia de Santa Fe siguieron beneficiándose de la condonación de ingresos públicos en forma de diversas exenciones fiscales concedidas durante quince años, como constató la Comisión en la investigación original (105).

(271)

La investigación reveló que, en efecto, una de las bases jurídicas establecidas en la investigación original, la Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe (106), seguía siendo aplicable y que su única modificación fue a través de la Ley 12.956 de la Provincia de Santa Fe (107), que señalaba los impuestos potencialmente susceptibles de exención: el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto de sellos, el impuesto inmobiliario, las tasas retributivas de servicios y el impuesto a la patente única sobre vehículos (108). También se ha desarrollado mediante el Decreto 158/07 (109), junto con su anexo, y la Resolución 121/21 (110), que incluye el modelo para la solicitud.

(272)

La Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe se titula «adhesión provincial» a la Ley 26.093, que regulaba el anterior mandato nacional sobre el biodiésel. A pesar de que esta última fue sustituida por la Ley de Biocombustibles de 2021, no se introdujo ninguna modificación ulterior en la Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe.

(273)

Como se constató en la investigación original, la Ley Provincial 12.692 prevé exenciones fiscales (así como reducciones o diferimientos) para las empresas de la provincia que participen en la investigación, el desarrollo, la generación, la producción y el uso de productos relacionados con las energías renovables, en particular la producción de biodiésel. Los biocombustibles se mencionan en el artículo 3, letra c), el artículo 4, el artículo 5, letra d), y el artículo 10 de la Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe, y la producción de biodiésel se menciona específicamente en el artículo 10 de la misma Ley.

(274)

La presente investigación también puso de manifiesto que, si bien las exenciones fiscales pueden concederse por un período máximo de quince años, están sujetas a renovaciones anuales. Las renovaciones no se conceden automáticamente, sino tras demostrar que el beneficiario ha continuado con la actividad subvencionada y cumplido al menos el 80 % de la producción y el número de empleados a que se comprometió en el momento de la solicitud inicial de la exención fiscal. La renovación anual también dependía del cupo fiscal de que dispusiera el Gobierno de Santa Fe sobre la base de la Ley de Presupuesto anual (111).

(275)

La investigación reveló que no se habían concedido renovaciones anuales con arreglo a la Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe desde 2020. En efecto, la investigación constató que determinadas empresas del Grupo Renova producían biodiésel en Santa Fe, posteriormente exportado por Viterra y Molinos Agro, y se beneficiaron de esta exención en el pasado, es decir, antes del período de investigación de la reconsideración. Estas empresas seguían estando autorizadas a recibir la exención del impuesto de sellos y del impuesto inmobiliario durante el período de investigación de la reconsideración (es decir, su exención se había concedido todavía dentro del período de quince años) y dejaron de recibir renovaciones anuales de las exenciones antes del período de investigación de la reconsideración. Los productores exportadores de biodiésel incluidos en la muestra (LDC Argentina, Molinos Agro y Viterra Argentina) no podían acogerse a las exenciones fiscales porque no eran propietarios directos de las instalaciones de producción en Santa Fe o porque los beneficiarios de las exenciones fiscales tenían que ser autorizados exclusivamente para la actividad promovida, en este caso la producción de biodiésel, mientras que los productores exportadores incluidos en la muestra mantenían diversas producciones y actividades distintas de la producción de biodiésel (112).

(276)

Por lo tanto, a pesar de que uno de sus productores de biodiésel seguía estando autorizado a recibir la exención del impuesto de sellos y del impuesto inmobiliario durante el período de investigación de la reconsideración, el Grupo Renova no se benefició de las exenciones fiscales en virtud de la Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe durante el período de investigación de la reconsideración.

(277)

La investigación reveló que se habían concedido exenciones fiscales sobre la base de la Ley 8.478 de la Provincia de Santa Fe (113).

(278)

La Ley 8.478 de la Provincia de Santa Fe, que data de 1979, junto con el Decreto Provincial 3856/1979 y el Decreto Provincial 1361/2022 (114), estableció un régimen de promoción del desarrollo industrial de la provincia, incluida la concesión de exenciones, reducciones o diferimientos de tributos, por períodos determinados hasta un plazo máximo de diez años (115). Se aplica un sistema de renovación anual similar al de la Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe.

(279)

Las industrias afectadas por este régimen incluían a todas las empresas que participasen en una actividad industrial que implicase «la transformación física, química o fisicoquímica en su forma o esencia, de materias primas o materiales en nuevos productos, a través de un proceso inducido, mediante la aplicación de técnicas de producción uniformes, la utilización de maquinarias o equipos y la repetición de operaciones o procesos unitarios, llevada a cabo en instalaciones fijas» (116). Esta descripción abarca la producción de biodiésel.

(280)

Por lo tanto, la relación entre el régimen de exención fiscal establecido en la Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe y el régimen de exención fiscal establecido en la Ley 8.478 de la Provincia de Santa Fe es la de un régimen especial frente a un régimen general. En efecto, el marco normativo del régimen de exención fiscal de la Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe establece que «[p]ara los casos no previstos en la presente reglamentación, subsidiariamente se aplicarán las disposiciones contempladas en el “Régimen de promoción industrial (Ley 8.478)”, normas complementarias y reglamentarias» (117). Por lo tanto, mientras la Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe solo se aplicaba a las empresas relacionadas con las energías renovables, en particular con la producción de biodiésel, la Ley 8.478 de la Provincia de Santa Fe se aplicaba a un mayor número de industrias.

(281)

Con todo, los productores de biodiésel de la Provincia de Santa Fe estaban cualificados con arreglo a ambas leyes. En particular, en el caso de la Ley 8.478 de la Provincia de Santa Fe, el Grupo Renova se benefició de las exenciones fiscales, ya que no existe limitación alguna sobre el número de actividades empresariales en las que puede participar el beneficiario.

(282)

Esto queda demostrado por el hecho de que un productor de biodiésel del Grupo Renova, cuya producción era exportada posteriormente por Molinos Agro y Viterra Argentina, se benefició de una exención del impuesto de sellos y del impuesto inmobiliario en virtud de la Ley 8.478 de la Provincia de Santa Fe antes del período de investigación de la reconsideración. Además, esto también queda demostrado por el hecho de que a un productor exportador incluido en la muestra perteneciente al Grupo Renova se le concedió recientemente una nueva exención del impuesto sobre los ingresos brutos, del impuesto inmobiliario y del impuesto a la patente única sobre vehículos poco después del período de investigación de la reconsideración.

(283)

Por último, no se encontraron pruebas de la exención del impuesto sobre los ingresos brutos por ventas de exportación en virtud del artículo 127 del Código Fiscal de Santa Fe ni de la exención del impuesto de sellos en virtud del artículo 183, apartado 29, del Código Fiscal de Santa Fe. Por lo que se refiere específicamente a la primera, CARBIO y los productores exportadores incluidos en la muestra explicaron que las ventas de exportación no están sujetas al impuesto provincial sobre los ingresos brutos, tal como se establece en el artículo 179, letra c), del Código Fiscal de Santa Fe (118).

(284)

Tras la divulgación final, los poderes públicos de Argentina alegaron errores no especificados e interpretación parcial en relación con este programa. Sin embargo, dado que esta alegación no estaba justificada, la Comisión la rechazó.

(285)

En virtud de la Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe, a pesar de que un grupo de productores exportadores incluidos en la muestra estaba autorizado a recibir la exención del impuesto de sellos y del impuesto inmobiliario, durante el período de investigación de la reconsideración no se concedieron exenciones de impuestos por falta de renovación anual. Por lo tanto, no fue posible calcular ningún beneficio.

(286)

En virtud de la Ley 8.478 de la Provincia de Santa Fe, no se concedió la exención de ningún impuesto, ya que las exenciones a un grupo de productores exportadores incluidos en la muestra expiraron antes del inicio del período de investigación de la reconsideración o se concedieron posteriormente.

(287)

Las exenciones fiscales en virtud de la Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe son específicas de iure, ya que solo se aplican a las industrias relacionadas con las energías renovables, en particular con la producción de biodiésel. Además, el régimen también es específico a nivel regional en la medida en que beneficia únicamente a las industrias mencionadas que establecieron actividades o invirtieron en la Provincia de Santa Fe.

(288)

Las exenciones fiscales previstas en la Ley 8.478 de la Provincia de Santa Fe son específicas de iure, ya que solo se aplican a las industrias descritas en el artículo 4 del Decreto Provincial 3856/1979, una descripción que abarca la producción de biodiésel. Además, el régimen también es específico a nivel regional en la medida en que beneficia únicamente a las industrias mencionadas que establecieron actividades o invirtieron en la Provincia de Santa Fe.

(289)

Dado que no se recibió ningún beneficio durante el período de investigación de la reconsideración, no fue posible calcular ningún importe de subvención.

(290)

El solicitante pidió a la Comisión que volviera a investigar determinados programas que la Comisión había constatado en la investigación original que no se habían facilitado a los productores exportadores argentinos incluidos en la muestra.

(291)

El solicitante alegó en la investigación original que el BNA —efectivamente gestionado en el día a día por los poderes públicos de Argentina a través de su autoridad para designar a todos los miembros del consejo de administración— proporcionaba financiación a la exportación y préstamos preferenciales que beneficiaban específicamente a la industria del biodiésel de Argentina. Para recibir un crédito en el marco de este programa, el receptor tenía que demostrar que la financiación se aplicaba a las distintas fases del proceso de producción y comercialización para la exportación de la mercancía.

(292)

No se encontraron pruebas de que el BNA hubiera concedido ningún préstamo o crédito de exportación a los productores exportadores incluidos en la muestra durante el período de investigación de la reconsideración.

(293)

La Comisión llegó a la conclusión de que no se había concedido ningún préstamo preferencial a los productores exportadores incluidos en la muestra durante el período de investigación de la reconsideración.

(294)

El solicitante alegó que el artículo 13, letra d), y el artículo 15, apartado 1, de la Ley de Biocombustibles de 2006 promovían el desarrollo de los biocombustibles y proporcionaban diversos medios para ayudar a desarrollar y apoyar la industria nacional del biodiésel, por lo que la subvención es específica. Se autorizaron varias subvenciones fiscales, incluida la amortización acelerada de los bienes de capital. Para recibir este beneficio, una empresa debía estar constituida en Argentina y tener como actividad exclusiva la elaboración de biocombustibles. La amortización acelerada permite a los productores de biodiésel reducir su deuda tributaria reduciendo sus ingresos imponibles. La reducción de impuestos se considera una contribución financiera del Gobierno, al igual que la condonación de ingresos públicos. Además, el artículo 15 de la Ley de Biocombustibles de 2006 permite a los productores de biocombustibles reducir la base impositiva sobre la que se calcula el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Para optar a ello, la empresa debe estar radicada en Argentina y tener como actividad exclusiva la elaboración de biocombustibles, el beneficiario debe ser un productor de biocombustibles.

(295)

La investigación constató que ninguno de los productores exportadores incluidos en la muestra se había beneficiado de los beneficios promocionales establecidos en el artículo 13, letra d), y el artículo 15 de la Ley de Biocombustibles de 2006 durante el período de investigación de la reconsideración.

(296)

Los productores exportadores incluidos en la muestra no recurrieron a esta medida durante el período de investigación de la reconsideración, por lo que la Comisión llegó a la conclusión de que no podía calcular un beneficio por este concepto. La Comisión también observó que las disposiciones de la Ley de Biocombustibles de 2006 quedaron sin efecto como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Biocombustibles de 2021 (119), por lo que no estaba claro si el artículo 13, letra d), y el artículo 15, apartado 1, de la Ley de Biocombustibles de 2006 seguían en vigor y si se había concedido algún beneficio durante el período de investigación de la reconsideración.

(297)

El solicitante alegó que la Provincia de Córdoba estableció varios beneficios fiscales en su Ley Provincial 9.397 (120), que constituye la «adhesión provincial» a la Ley de Biocombustibles de 2006. La elaboración y el uso sostenible de los biocombustibles quedaron legalmente exentos durante un período de quince años del pago de tributos que gravasen los ingresos brutos, la industrialización y almacenamiento de la producción, y los sellos de actos, contratos y operaciones realizados en relación con dicho producto. Solo eran admisibles las empresas constituidas dedicadas a producir, procesar o almacenar biocombustibles. Los proyectos de biocombustibles también podían beneficiarse de las ayudas del Banco Oficial en forma de préstamos a tipo subvencionado y de reducciones del consumo de energía.

(298)

La investigación original constató que podían beneficiarse de las exenciones fiscales los productores de biodiésel radicados en la Provincia de Córdoba (121). La presente investigación ha confirmado esta constatación. Sin embargo, ninguno de los productores exportadores incluidos en la muestra en la presente investigación producía biodiésel en la provincia de Córdoba.

(299)

Por lo tanto, los productores exportadores incluidos en la muestra no se beneficiaron de esta exención fiscal y, en consecuencia, la Comisión concluyó que no podía calcular un beneficio por este concepto. Sin embargo, la Comisión concluyó que la subvención seguía vigente.

(300)

El solicitante alegó que la Provincia de Buenos Aires adoptó su Ley Provincial 13.719 para establecer exenciones del pago del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto inmobiliario durante quince años, siendo las condiciones que el proyecto debía estar destinado a la exportación y que la fábrica debía estar radicada en la Provincia de Buenos Aires, así como que los beneficiarios debían estar cualificados y registrados en el marco de la Ley de Biocombustibles de 2006.

(301)

La investigación original constató que podían beneficiarse de las exenciones fiscales los productores de biodiésel radicados en la Provincia de Buenos Aires (122). La presente investigación ha confirmado esta constatación. Sin embargo, ninguno de los productores exportadores incluidos en la muestra en la presente investigación producía biodiésel en la provincia de Buenos Aires.

(302)

Por lo tanto, los productores exportadores incluidos en la muestra no se beneficiaron de esta exención fiscal y, en consecuencia, la Comisión concluyó que no podía calcular un beneficio por este concepto. Sin embargo, la Comisión concluyó que la subvención seguía vigente.

(303)

El solicitante alegó que en 2005 se implantó en la provincia de Santiago del Estero un sistema provincial de promoción y desarrollo industrial para fomentar nuevas industrias dentro de la provincia y ampliar las existentes, de conformidad con la Ley 6.750 de la Provincia de Santiago del Estero (123). Había ocho beneficios disponibles: 1) devolución de hasta el 30 % de la inversión realizada en un plazo que no podía exceder de cinco años; 2) reintegro de hasta el 50 % o crédito fiscal a los efectos del pago de futuros impuestos por las inversiones en caminos, redes eléctricas [...] que realizasen las empresas vinculadas con los proyectos; 3) exención de tributos provinciales existentes o a crearse, en forma total o escalonada; 4) facilidades para la compra, locación o comodato con opción de compra dentro del plazo de los cinco años y leasing de bienes muebles e inmuebles del Estado provincial; 5) asistencia y asesoramiento técnico por parte de los organismos del Estado, tanto en el aspecto administrativo como tecnológico y financiero; 6) apoyo y participación estatal en la gestión de exenciones y reducciones impositivas y tarifarias, medidas de promoción o amparo y otras franquicias (cero derechos) en el orden nacional o municipal; 7) subsidios de hasta el 50 % a la tasa de interés de la línea crediticia para las empresas promocionadas en las condiciones establecidas; y 8) otorgamiento de préstamos de fomento de inversión.

(304)

La investigación constató que ninguno de los productores exportadores incluidos en la muestra en la presente investigación estaba radicado en la provincia de Santiago del Estero.

(305)

Por lo tanto, los productores exportadores incluidos en la muestra no se beneficiaron de esta exención fiscal y, en consecuencia, la Comisión concluyó que no podía calcular un beneficio por este concepto. Sin embargo, la Comisión concluyó que la subvención seguía vigente.

(306)

En la solicitud, el solicitante señaló nuevas presuntas subvenciones que no habían sido investigadas en la investigación original.

(307)

La Resolución 947/2023 (124) creó un programa de financiación para el sector de los biocombustibles en Argentina, válido hasta el 31 de diciembre de 2023. El principal objetivo de la Resolución era promover el desarrollo de la industria de los biocombustibles en Argentina. Según este programa, se invirtieron 988 000 000 ARS del Tesoro Nacional en el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo («FONDEP»).

(308)

Según el solicitante, el FONDEP ofrecía condiciones de financiación favorables a pequeñas y medianas empresas con fines de adquisición de los insumos necesarios para producir biodiésel. Como se recuerda en el considerando 225, el presidente del BNA declaró explícitamente que el objetivo era que estos créditos «creen más puestos de trabajo y podamos seguir exportando, tanto como ahorrar divisas» (125).

(309)

La investigación constató que, al estar destinado a pequeñas y medianas empresas, este programa tenía por objeto apoyar a los productores de biodiésel implicados en el mandato nacional, que son diferentes de los exportadores de biodiésel. Aunque algunos productores de biodiésel del Grupo Renova participaron en el mandato nacional, no recurrieron a la financiación del FONDEP durante el período de investigación de la reconsideración. Así pues, la investigación constató que ninguno de los productores exportadores incluidos en la muestra se benefició de financiación del FONDEP durante el período de investigación de la reconsideración.

(310)

Tras la divulgación final, los poderes públicos de Argentina alegaron errores no especificados e interpretación parcial en relación con este programa. Sin embargo, dado que esta alegación no estaba justificada, la Comisión la rechazó.

(311)

Los productores exportadores incluidos en la muestra no recurrieron a esta medida durante el período de investigación de la reconsideración, por lo que la Comisión llegó a la conclusión de que no podía calcular un beneficio por este concepto. Sin embargo, durante el período de investigación de la reconsideración, el régimen siguió estando a disposición de los productores de biodiésel admisibles.

(312)

El solicitante alegó que la nueva Ley de Biocombustibles de 2021 estableció que los biocombustibles quedaban exentos del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto sobre el dióxido de carbono. Además, la Ley de Biocombustibles de 2021 estableció desgravaciones fiscales para los biocombustibles en forma de rebajas del impuesto sobre el valor añadido, de los impuestos sobre los ingresos, del derecho de importación de gasóleo y del impuesto sobre las infraestructuras hídricas.

(313)

La investigación puso de manifiesto que el artículo 22 de la Ley de Biocombustibles de 2021 establece lo siguiente: «El biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2), establecidos en el título III, capítulos I y II, respectivamente, de la ley 23.966, alcanzando el citado tratamiento a todas sus etapas de producción, distribución y comercialización. En el caso de la mezcla de dichos biocombustibles con combustibles fósiles, el gravamen recaerá solo sobre el componente de combustible fósil que integre la mezcla. El tratamiento impositivo previsto en el presente artículo regirá hasta la fecha de finalización del régimen y corresponderá en tanto y en cuanto las materias primas principales utilizadas en los respectivos procesos productivos sean de origen nacional».

(314)

Sin embargo, el artículo 4 del título III de la Ley 23.966 establece lo siguiente: «En el biodiésel y bioetanol combustible el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente nafta, gas oil y diésel oil u otro componente gravado. Los biocombustibles en su estado puro no resultan alcanzados». En dicho artículo 4 no se preveía ningún tipo para el biodiésel, a diferencia de otros combustibles.

(315)

Por lo tanto, no quedó claro si existía una discriminación en la exacción fiscal basada en el origen del biodiésel. Sin embargo, era evidente que el biodiésel puro, al igual que el producto afectado, no estaba sujeto al impuesto. Además, a diferencia de lo alegado en la solicitud, era evidente que el impuesto se aplicaba a los combustibles mezclados a base de biodiésel, producidos por los mezcladores en fases posteriores de la cadena de valor. Aunque estas constataciones pueden ser pertinentes para el análisis del sostenimiento de los ingresos o los precios, como se indica en los considerandos 225 y 227, dado que la presente investigación se refiere al biodiésel y a sus productores exportadores, y no a los combustibles mezclados derivados del biodiésel, la Comisión constató que los productores exportadores incluidos en la muestra no se beneficiaron directamente de esta exención fiscal.

(316)

Tras la divulgación final, los poderes públicos de Argentina alegaron errores no especificados e interpretación parcial en relación con este programa. Sin embargo, dado que esta alegación no estaba justificada, la Comisión la rechazó.

(317)

Los productores exportadores incluidos en la muestra no recurrieron a esta medida durante el período de investigación de la reconsideración, por lo que la Comisión llegó a la conclusión de que no podía calcular un beneficio por este concepto.

(318)

La Comisión calculó el importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias de conformidad con las disposiciones del Reglamento de base para las empresas incluidas en la muestra examinando el único programa de subvenciones del que se constató que estas se beneficiaron durante el período de investigación de la reconsideración, que es el apoyo de los poderes públicos de Argentina a la industria del biodiésel, en particular mediante el suministro de soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. Para calcular la subvención otorgada en el marco de este régimen, la Comisión calculó en primer lugar el porcentaje de la subvención, que es la expresión del importe de la subvención como porcentaje del volumen de negocio de la empresa generado con productos a base de soja. Este porcentaje se utilizó después para calcular la subvención asignada durante el período de investigación de la reconsideración a las exportaciones a la Unión del producto afectado. A continuación, se calculó el importe de la subvención por tonelada del producto afectado exportado a la Unión durante el período de investigación de la reconsideración, y se calcularon los márgenes como porcentaje del valor de coste, seguro y flete (CIF) de las mismas exportaciones por tonelada.

(319)

El importe total de la subvención supera el umbral mínimo mencionado en el artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base.

(320)

Por otra parte, la Comisión constató que, aunque no fueran utilizadas por los productores exportadores incluidos en la muestra, seguían vigentes otras subvenciones examinadas inicialmente junto con otras nuevas. Por lo tanto, se concluyó que los regímenes de subvenciones investigados estaban en vigor durante el período de investigación de la reconsideración.

(321)

A raíz de la constatación de la existencia de subvenciones durante el período de investigación de la reconsideración, la Comisión investigó, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, del Reglamento de base, la probabilidad de continuación de la subvención en caso de que se derogasen las medidas.

(322)

A este respecto, la Comisión investigó los siguientes elementos: la evolución futura previsible de la política de los poderes públicos de Argentina, la capacidad de producción y la capacidad excedentaria en Argentina, el atractivo del mercado de la Unión, incluida la relación entre los precios de exportación a terceros países y el nivel de precios en la Unión, y la posible capacidad de absorción por parte de terceros países.

(323)

Se constató que, durante el período de investigación de la reconsideración, los productores exportadores incluidos en la muestra siguieron beneficiándose de la subvención de las autoridades argentinas sujeta a medidas compensatorias. Se determinó que las subvenciones continuaron también a escala nacional, ya que la mayoría de los regímenes estaban disponibles para los exportadores de biodiésel en el conjunto de la nación.

(324)

Por lo que se refiere al derecho de exportación sobre la soja y los aceites de soja, durante la inspección in situ, los poderes públicos de Argentina confirmaron que los tipos del 31 % para el aceite de soja y del 33 % para la soja seguían siendo aplicables después del período de investigación de la reconsideración. La información pública confirmó que esto fue así al menos hasta julio de 2024 (126). Además, durante la inspección in situ, los poderes públicos de Argentina también confirmaron que el tipo del 29 % del derecho de exportación aplicable al biodiésel también siguió aplicándose después del período de investigación de la reconsideración. Del mismo modo, la información pública confirmó que esto fue así al menos hasta julio de 2024 (127). Durante la inspección in situ, los poderes públicos de Argentina añadieron que los derechos de exportación seguían siendo ingresos clave para el presupuesto federal de Argentina.

(325)

Por lo que se refiere a los volúmenes de equilibrio de las exportaciones, aunque siguieron aplicándose después del período de investigación de la reconsideración, como se indica en el considerando 132, los poderes públicos de Argentina informaron de que, el 20 de diciembre de 2023, después del período de investigación de la reconsideración, la Administración recién constituida de los poderes públicos de Argentina adoptó el Decreto 70/2023 (128), cuyo artículo 142 establecía el siguiente principio: «El Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos. Solo se podrán realizar por Ley». Se consideraban restricciones por motivos económicos las establecidas con una serie de objetivos, entre ellos «estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno» y «atender las necesidades de las finanzas públicas». Además, el artículo 144 establecía lo siguiente: «El Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones o cupos a las exportaciones ni importaciones por motivos o fundamentos económicos». Este principio se puso en práctica con la Resolución 302/2024 (129), adoptada el 8 de mayo de 2024, que derogó la Resolución 276/2021 y los volúmenes de equilibrio de las exportaciones.

(326)

El principio consagrado en el Decreto 70/2023 fue desarrollado por el proyecto de Ley Ómnibus (130), que incluía un apartado que introducía un nuevo marco regulador del biodiésel. Sin embargo, esta sección no superó el control parlamentario y, finalmente, la Ley Ómnibus se publicó sin ella. Por lo tanto, tras el período de investigación de la reconsideración no se modificaron ni el requisito de contenido local ni el marco regulador del mandato nacional sobre el biodiésel, que incluye la fijación del precio interno del biodiésel. Los poderes públicos de Argentina aclararon que es probable que todas las secciones de la Ley Ómnibus que no fueron aprobadas por el Congreso, como la sección dedicada al nuevo marco regulador de los biocombustibles, vuelvan a presentarse al Congreso en el tiempo y la forma que determinen los poderes públicos de Argentina en el futuro, aunque no se ha dado ningún paso concreto en esta dirección.

(327)

Durante la inspección in situ, los poderes públicos de Argentina explicaron además que existía un proyecto de ley para modificar la Ley de Biocombustibles de 2021, que seguía pendiente en una de las comisiones parlamentarias de la Cámara Baja. El proyecto fue propuesto por la «Liga Bioenergética», un grupo de seis provincias argentinas en las que están radicados los agricultores y productores de biodiésel. También se documentó en información pública (131). Sin embargo, su itinerario parlamentario seguía pendiente.

(328)

En cuanto al programa de compensación para los pequeños y medianos productores de soja y maíz, como se indica en el considerando 148, su aplicación cesó en diciembre de 2022, durante el período de investigación de la reconsideración.

(329)

En cambio, por lo que se refiere a las exenciones fiscales en la Provincia de Santa Fe, a pesar de que no se pudo calcular ningún beneficio con respecto al período de investigación de la reconsideración, la investigación constató que no solo seguían en vigor las exenciones fiscales en virtud de la Ley 12.692 de la Provincia de Santa Fe (y que un productor de biodiésel del grupo Renova, cuya producción era exportada posteriormente por Molinos Agro y Viterra Argentina, seguía estando autorizado a recibir las exenciones del impuesto de sellos y del impuesto inmobiliario, pese a la ausencia de renovación anual del beneficio), sino que también seguían en vigor exenciones fiscales en virtud de la Ley 8.478 de la Provincia de Santa Fe (y que se había concedido una nueva exención a un productor exportador incluido en la muestra perteneciente al Grupo Renova poco después del período de investigación de la reconsideración).

(330)

En conclusión, los regímenes de subvenciones sujetos a medidas compensatorias constatados en la presente investigación ofrecen beneficios recurrentes y no hay indicios de que estos regímenes puedan sufrir cambios en el futuro —que en esta fase siguen siendo solo potenciales— que vayan a suprimir esos beneficios recurrentes. Del mismo modo, no hay indicios de que estos regímenes vayan a eliminarse por completo en el futuro previsible, ni de que los productores exportadores incluidos en la muestra dejen de obtener beneficios en virtud de tales regímenes.

(331)

Tras la divulgación final, CARBIO alegó que solo uno de los sistemas de subvenciones sujetos a medidas compensatorias constatados en la presente investigación ofrecía beneficios recurrentes, es decir, el suministro de soja a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(332)

La Comisión manifestó su desacuerdo. Como se aclara en el considerando 329, aunque la Comisión no pudo calcular un beneficio correspondiente al período de investigación de la reconsideración en relación con las exenciones fiscales en la provincia de Santa Fe, es un hecho indiscutido que se recibió un beneficio después del período de investigación de la reconsideración. En cualquier caso, como se indica en el considerando 329, no hay indicios de que las exenciones fiscales en la provincia de Santa Fe vayan a eliminarse en un futuro próximo. Por lo tanto, a efectos de la probabilidad de continuación de la subvención, también puede considerarse que este sistema ofrece beneficios recurrentes. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(333)

CARBIO también informó de que, tras el período de investigación de la reconsideración, en enero de 2025, el Decreto 38/2025 redujo el tipo del derecho de exportación de la soja del 33 al 26 % (132). Por lo tanto, cualquier repercusión para los productores de soja habría disminuido. Además, según CARBIO, desde enero de 2025 el derecho de exportación de la soja sería, por tanto, superior al derecho de exportación del biodiésel (29 %), y la Comisión debía revisar la cita del considerando 115, según la cual se aplican tipos más elevados a las materias primas y tipos más bajos a los productos acabados, proporcionando así una ventaja de precio a las industrias transformadoras nacionales.

(334)

La Comisión señaló que este nuevo ajuste del derecho de exportación de la soja confirmaba que los poderes públicos de Argentina están facultados para ajustar periódicamente el sistema de derechos de exportación. Por lo tanto, la Comisión concluyó que este ajuste no retiró las medidas de subvención en cuestión y que seguirá concediéndose un beneficio después del período de investigación de la reconsideración. Además, la Comisión señaló que el Decreto 38/2025 también modificó el tipo del derecho de exportación del biodiésel, que pasó del 29 al 23 % (133), por lo que se mantiene la cita del considerando 115. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(335)

CARBIO añadió que la reducción del tipo del derecho de exportación de la soja, junto con el hecho de que el margen de subvención mostraba una reducción de la subvención en comparación con la investigación original, y que la Comisión constató en el considerando 328 que se dio por concluido el programa de compensación para los pequeños y medianos productores de soja y maíz, debería llevar a la conclusión de que no existe ninguna probabilidad de continuación de la subvención.

(336)

La Comisión concluyó que existe continuación de la subvención y que los factores mencionados por CARBIO no desvirtúan esta conclusión, ya que no se dieron por concluidas las demás medidas mencionadas en los considerandos 101 a 150, que en conjunto equivalen al suministro de soja por una remuneración inferior a la adecuada. Por lo tanto, se seguirá otorgando un beneficio después del período de investigación de la reconsideración. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(337)

La Comisión examinó si las importaciones subvencionadas procedentes de Argentina llegarían a la Unión en volúmenes significativos en caso de que se dejaran expirar las medidas y, con ellas, también el compromiso en vigor por el que los productores exportadores se comprometieron a exportar a la Unión a un precio mínimo de importación.

(338)

Sobre la base de la información de acceso público facilitada por los poderes públicos de Argentina, la capacidad de producción de ese país se mantuvo estable desde 2020 en 3 920 550 toneladas (134). Como ya se ha indicado en el considerando 47, la capacidad se mantuvo estable también durante la sequía sufrida por Argentina entre 2022 y 2023, lo que confirma el carácter temporal de este fenómeno.

(339)

En comparación con la producción real, esto dio lugar a una capacidad excedentaria superior a 2 millones de toneladas en el período de investigación de la reconsideración y durante todo el período considerado.

Cuadro 3

Capacidad excedentaria de Argentina (tm)

(340)

De lo anterior se desprende que, durante el período de investigación de la reconsideración, Argentina solo tenía un índice de utilización del 30 % y conservó una capacidad excedentaria significativa, equivalente al 15 % del consumo de la Unión durante el período de investigación de la reconsideración, como se indica en el cuadro 4. Como muestran los datos de exportación del cuadro 2, la importante capacidad excedentaria no puede ser absorbida por el mercado interno y, por tanto, está disponible en gran medida para las exportaciones. De ello se deduce que, si se dejaran expirar las medidas y, con ellas, el compromiso en vigor, podrían volver a llegar volúmenes significativos de importaciones a la Unión, en particular teniendo en cuenta el atractivo del mercado de la Unión, tal como se expone en los considerandos siguientes.

(341)

La Comisión analizó si era probable que los productores exportadores argentinos aumentaran sus ventas de exportación a precios subvencionados en el mercado de la Unión si se dejasen expirar las medidas. En primer lugar, la Comisión analizó el nivel de precios medios de las exportaciones argentinas a mercados de terceros países y lo comparó con el nivel de precios medios de las exportaciones argentinas al mercado de la Unión, a fin de determinar el precio de exportación potencial del biodiésel en ausencia de las medidas compensatorias.

(342)

Con el fin de comparar los precios de las exportaciones a la Unión con los precios de las exportaciones a terceros países al mismo nivel, la Comisión examinó el nivel de los precios para la Unión y el nivel de los precios para terceros países disponibles públicamente en las estadísticas de exportación argentinas (135), en ambos casos a nivel FOB.

(343)

Sobre esta base, la Comisión constató que, durante el período de investigación de la reconsideración, el precio unitario de exportación del biodiésel a la Unión fue un 25 % superior al precio unitario de exportación a terceros países (Canadá y China), lo que hace que el mercado de la Unión sea más lucrativo (y, por tanto, más atractivo) para los productores exportadores argentinos. De forma prospectiva, teniendo en cuenta que el precio de exportación a la Unión analizado está influenciado por el precio mínimo de importación en virtud del compromiso, el nivel de los precios para terceros países muestra el nivel potencial de los precios subvencionados para la Unión, en ausencia de las medidas y del compromiso.

(344)

En efecto, la inspección de los productores exportadores incluidos en la muestra permitió a la Comisión comprender los efectos del precio mínimo de importación establecido con arreglo al compromiso. La inspección puso de manifiesto que, si los precios en la Unión son inferiores al precio mínimo de importación, o si no permiten obtener beneficios suficientes por encima del precio mínimo de importación, los productores exportadores argentinos prefieren exportar aceite de soja u otros productos intermedios como aceite neutralizado (que se produce en la misma línea de producción que el biodiésel, pero un paso por delante en la cadena de producción), que no están sujetos a derechos compensatorios de la Unión y tienen un coste de producción inferior al del biodiésel. Esta decisión empresarial no requiere prolongados plazos de ajuste, ya que es sumamente fácil activar y desactivar las fábricas de biodiésel. Por lo tanto, el precio mínimo de importación establecido en virtud del compromiso impide realizar exportaciones a un precio menor, lo que probablemente ocurriría en ausencia de las medidas y del compromiso.

(345)

La Comisión analizó si la Unión constituía un mercado atractivo para los exportadores argentinos de biodiésel.

(346)

Durante el período de investigación de la reconsideración, los productores exportadores incluidos en la muestra exportaron biodiésel únicamente a la Unión. Además, sobre la base de la información públicamente disponible comunicada por los poderes públicos de Argentina, la Unión fue el principal destino de exportación del biodiésel argentino durante el período de investigación de la reconsideración, y esta fue la situación al menos desde 2020 (136). La información públicamente disponible confirmó que «la Unión Europea sigue siendo el mercado principal y prácticamente exclusivo del biodiésel argentino» (137).

(347)

Por otra parte, como se recuerda en el considerando 243, el mandato nacional sobre el biodiésel del 7,5 %, efectivo durante la mayor parte del período de investigación de la reconsideración y mantenido sin cambios también después de este período, redujo la cantidad de biodiésel consumido en el mercado interno argentino en comparación con el anterior mandato del 10 % en virtud de la Ley de Biocombustibles de 2006 y con el mandato temporal del 12,5 %. Como consecuencia de ello, un mandato nacional bajo sobre el biodiésel empuja una mayor cantidad de producción hacia la exportación, en particular hacia la Unión.

(348)

En términos más generales, la industria del biodiésel en Argentina está enfocada en gran medida a la exportación, y solo las empresas más pequeñas se dedican a abastecer al mercado interno. Por el contrario, las grandes empresas exportadoras están situadas a lo largo del río Paraná, en un lugar estratégico para las exportaciones que permite el envío directo a la Unión y otros destinos de exportación.

(349)

Por último, la Comisión analizó si los mercados de terceros países tienen la capacidad de absorber parte de la producción argentina de biodiésel.

(350)

Perú, en 2016, y los Estados Unidos, en 2017, que solían ser destinos tradicionales de exportación del biodiésel argentino, impusieron derechos antidumping y compensatorios al biodiésel argentino, a un nivel prohibitivo (138).

(351)

Como puede verse en el cuadro 2, las exportaciones de Argentina a terceros países aumentaron en el período de investigación de la reconsideración. Sobre la base de las estadísticas argentinas disponibles de acceso público (139), este aumento se debió principalmente al incremento de los volúmenes de exportación a Canadá. Sin embargo, en general, estas exportaciones a terceros países constituyeron solo una fracción del volumen total de las exportaciones durante el período de investigación de la reconsideración, es decir, solo el 3,6 %, mientras que la parte restante estaba totalmente orientada a la Unión. Durante el período de investigación de la reconsideración, el único destino de exportación adicional fue China, que importó de Argentina una cantidad irrelevante de 21 toneladas. Sin embargo, China tiene su propia producción de biodiésel y no podrá absorber el aumento de los volúmenes de exportación. Por lo tanto, la Comisión concluyó que no es probable que haya terceros países con capacidad para absorber las exportaciones de biodiésel de Argentina.

(352)

Teniendo en cuenta todo lo anterior y con arreglo al artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base, la Comisión llegó a la conclusión de que era probable que las subvenciones continuaran si se dejasen expirar las medidas vigentes.

(353)

La investigación demostró que, durante el período de investigación de la reconsideración, siguieron entrando en el mercado de la Unión importaciones procedentes de Argentina a precios subvencionados.

(354)

Además, durante el período de investigación de la reconsideración, la Comisión constató que el exceso de capacidad excedentaria en Argentina era significativo. El atractivo del mercado de la Unión en términos de tamaño y precios de venta también indicaba que, si se dejasen expirar las medidas compensatorias, las exportaciones argentinas probablemente se dirigirían al mercado de la Unión.

(355)

Sobre esta base, la Comisión consideró probable que los productores exportadores argentinos aumentaran sus exportaciones de biodiésel a precios subvencionados al mercado de la Unión si se dejaran expirar las medidas compensatorias y, por tanto, también el compromiso en vigor.

(356)

El producto similar era fabricado por cuarenta y tres productores de la Unión que eran miembros del EBB, más una veintena de productores de la Unión que no eran miembros. Estos productores constituyen la industria de la Unión en el sentido del artículo 9, apartado 1, del Reglamento de base.

(357)

La producción total de la Unión durante el período de investigación de la reconsideración se estableció en torno a las 14 925 455 toneladas. La Comisión determinó esta cifra sobre la base de la respuesta actualizada al cuestionario sobre macroindicadores presentada por el EBB después de la inspección. Los datos del EBB sobre la producción de biodiésel en la Unión provenían de un proveedor externo de información de mercado denominado Stratas.

(358)

Además de lo indicado en el considerando 16, a la luz de la cifra revisada de producción de la Unión establecida durante el curso de la investigación, los cuatro productores de la Unión incluidos en la muestra representaban el 12 % de la producción total de la Unión del producto similar.

(359)

La Comisión estableció el consumo de la Unión sobre la base de los volúmenes de ventas alcanzados en la Unión por la industria de la Unión según fueron presentados por el EBB y verificados en sus instalaciones, y sobre la base de los datos de importación de Comext.

(360)

El consumo de la Unión evolucionó de la siguiente manera:

Cuadro 4

Consumo de la Unión (toneladas)

(361)

El consumo de la Unión evolucionó positivamente durante el período considerado, en consonancia con el aumento de los mandatos relativos al uso y la mezcla de biodiésel en la Unión.

(362)

La Comisión estableció el volumen de las importaciones sobre la base de las estadísticas de importación de Comext y del Global Trade Atlas (GTA). La cuota de mercado de las importaciones se determinó sobre la base del consumo de biodiésel de la Unión que figura en el cuadro 4 y los datos de ventas de los productores de la Unión facilitados por el solicitante, Comext y el GTA.

(363)

Las importaciones en la Unión procedentes del país afectado evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 5

Volumen de las importaciones (toneladas) y cuota de mercado

(364)

Las importaciones procedentes de Argentina experimentaron fluctuaciones, pero en general disminuyeron durante el período considerado (– 44 % en total). Su cuota de mercado se redujo del 5,1 % en 2020 al 2,6 % en el período de investigación de la reconsideración. Cabe señalar que el compromiso mencionado en el considerando 2 siguió siendo efectivo durante todo el período considerado.

(365)

La Comisión determinó los precios de las importaciones basándose en los datos de Comext.

(366)

El precio medio de las importaciones en la Unión procedentes del país afectado evolucionó de la manera siguiente:

Cuadro 6

Precios de importación (EUR/tonelada)

(367)

El precio de las importaciones procedentes de Argentina subió de manera significativa durante el período considerado (+ 95 % en total). Esta subida de precios debe considerarse a la luz del compromiso mencionado en el considerando 2, que siguió siendo efectivo durante el período considerado.

(368)

La subcotización de precios de las importaciones se estableció a partir de las respuestas verificadas al cuestionario.

(369)

La Comisión determinó la subcotización de los precios durante el período de investigación de la reconsideración comparando:

(370)

La comparación de los precios se realizó, tipo por tipo, utilizando transacciones en la misma fase comercial, con los debidos ajustes en caso necesario, y tras deducir rebajas y descuentos. La comparación, expresada en porcentaje del volumen de negocios de los productores de la Unión incluidos en la muestra durante el período de investigación de la reconsideración, puso de manifiesto que los precios argentinos no estaban subcotizando los precios de la industria de la Unión. La ausencia de subcotización debe considerarse a la luz de los compromisos de precios ofrecidos por los exportadores argentinos en 2019.

(371)

Las importaciones de biodiésel procedentes de terceros países distintos de Argentina provenían principalmente de China, el Reino Unido y Singapur.

(372)

El volumen de las importaciones que entraron en la Unión, así como la cuota de mercado y las tendencias de los precios de las importaciones de biodiésel procedentes de otros terceros países, evolucionaron de la forma siguiente:

Cuadro 7

Importaciones procedentes de terceros países

(373)

Durante el período de investigación de la reconsideración, el precio medio de las importaciones procedentes de terceros países distintos de Argentina fue generalmente superior al precio de importación desde Argentina. Sin embargo, los precios de las importaciones no son directamente comparables debido a diferencias en los flujos comerciales o en las materias primas utilizadas. En efecto, solo puede hacerse una comparación significativa de los precios, los volúmenes y las cuotas de mercado del biodiésel de diferentes orígenes cuando se reconoce la gama de productos en cuestión. A este respecto, el biodiésel chino se fabricaba con materias primas que atraerían un precio más elevado en el mercado de la Unión debido a una prima por doble contabilización en virtud de las Directivas sobre fuentes de energía renovables («DFER»), mientras que una parte importante de las importaciones procedentes de terceros países distintos de China eran a base de cultivos, como confirman, entre otros, el informe estadístico de 2023 del EBB (142), los informes GAIN sobre China (143) y la Unión Europea (144), la información de mercado (145) y una serie de investigaciones de defensa comercial realizadas por la Comisión (146).

(374)

En relación con las importaciones procedentes de Singapur, los precios de dichas importaciones no reflejaban las condiciones reales del mercado. En cuanto a las importaciones en la Unión originarias del Reino Unido (147), se trataba principalmente de mercancías comercializadas (148),, posiblemente a precios de transferencia tras un equilibrio de posiciones en los productores transfronterizos del Reino Unido (149) y de la UE, que la Comisión no pudo rastrear más a fondo. Además, existen indicios de prácticas comerciales anormales en el sector del Reino Unido durante el período considerado (150). En tercer lugar, las autoridades responsables del Reino Unido han concedido autorizaciones de perfeccionamiento activo a empresas petroleras para las importaciones de biodiésel, lo que ha facilitado el comercio en la Unión de biodiésel no originario del Reino Unido a través de este país y hace menos claras las estadísticas. Estas prácticas no han cesado hasta hace poco tiempo (151) (152).

(375)

El examen de la situación económica de la industria de la Unión incluyó una evaluación de todos los indicadores económicos que influyeron en el estado de la industria de la Unión durante el período considerado.

(376)

Como se ha indicado en el considerando 16, se recurrió al muestreo para determinar la situación económica de la industria de la Unión.

(377)

Para determinar el perjuicio, la Comisión distinguió entre indicadores de perjuicio macroeconómicos y microeconómicos. La Comisión evaluó los indicadores macroeconómicos basándose en los datos contenidos en la respuesta al cuestionario sobre macroindicadores presentada por el solicitante. Los datos se referían a todos los productores de la Unión. La Comisión evaluó los indicadores microeconómicos basándose en los datos contenidos en las respuestas al cuestionario de los productores de la Unión incluidos en la muestra. Se consideró que estos dos conjuntos de datos eran representativos de la situación económica de la industria de la Unión.

(378)

Los indicadores macroeconómicos son: producción, capacidad de producción, utilización de la capacidad, volumen de ventas, cuota de mercado, crecimiento, empleo, productividad, magnitud del margen de dumping y recuperación con respecto a prácticas de subvención anteriores.

(379)

Los indicadores microeconómicos son: precios unitarios medios, coste unitario, costes laborales, existencias, rentabilidad, flujo de caja, inversiones, rendimiento de las inversiones y capacidad de reunir capital.

(380)

El total de la producción, la capacidad de producción y la utilización de la capacidad de la Unión durante el período considerado evolucionó de la manera siguiente:

Cuadro 8

Producción, capacidad de producción y utilización de la capacidad

(381)

La producción, la capacidad de producción y la utilización de la capacidad se situaron en niveles relativamente similares en el período de investigación de la reconsideración en comparación con 2020. Sin embargo, los volúmenes de producción disminuyeron significativamente en el período de investigación de la reconsideración en comparación con 2022.

(382)

Durante el período considerado, el volumen de ventas y la cuota de mercado de la industria de la Unión evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 9

Volumen de ventas y cuota de mercado

(383)

Durante el período considerado, la cuota de mercado de la industria de la Unión cayó casi 10 puntos porcentuales, hasta situarse en una cuota de mercado del 64,7 % en el período de investigación de la reconsideración. Los volúmenes de ventas de la industria de la Unión y la cuota de mercado correspondiente empezaron a disminuir en 2021.

(384)

La industria de la Unión no experimentó ningún crecimiento en términos de producción durante el período considerado, a pesar de la evolución positiva del consumo de biodiésel en dicho período. De hecho, el volumen de ventas y la cuota de mercado de la industria de la Unión disminuyeron durante el período de referencia.

(385)

Durante el período considerado, el empleo y la productividad evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 10

Empleo y productividad

(386)

La Comisión señaló que no todos los productores de la Unión notificaron datos de empleo al EBB con el mismo enfoque y que eran necesarias algunas estimaciones para las empresas que no notificaron datos, lo que dio lugar a algunas deficiencias en los datos de que disponía la Comisión en relación con el empleo. En cualquier caso, el número estimado de empleados presentado anteriormente se consideró razonablemente exacto y adecuado a efectos de la presente investigación, a saber, porque la propia Comisión cotejó una parte significativa de los datos durante las inspecciones in situ realizadas a los productores de la Unión incluidos en la muestra y al solicitante.

(387)

Los márgenes de subvención de todos los productores exportadores incluidos en la muestra fueron superiores al nivel mínimo. No obstante, la magnitud de los márgenes de subvención reales tuvo una incidencia limitada en la industria de la Unión, dado que los precios de las importaciones procedentes de Argentina se derivaban de los compromisos.

(388)

Como se indica en el considerando 3, el producto objeto de reconsideración ya ha sido objeto de varias investigaciones antidumping y antisubvención.

(389)

Las medidas antidumping y antisubvención vigentes contra los Estados Unidos (ampliadas a los envíos procedentes de Canadá, con algunas exenciones (153)) se renovaron durante el período considerado. No hay indicación alguna de que dichas medidas hayan sido ineficaces.

(390)

En 2020, la industria de la Unión dio muestras claras de recuperación tras la conclusión de la investigación original y la imposición en 2019 de medidas compensatorias definitivas contra las importaciones de biodiésel originario de Indonesia (154).

(391)

La industria de la Unión estaba empezando a recuperarse de las anteriores subvenciones perjudiciales al biodiésel procedente de Argentina e Indonesia cuando llegó al mercado de la Unión un volumen creciente de importaciones de biodiésel procedentes de China a precios bajos. Las importaciones chinas objeto de dumping tuvieron efectos tanto de volumen como de precios durante el período considerado, incluida la contención de los precios en el mercado de la Unión, y tuvieron un efecto claramente negativo en la situación financiera de la industria de la Unión.

(392)

La industria de la Unión sufrió un perjuicio importante a causa de las importaciones de biodiésel chino durante el período de investigación de la reconsideración. Las medidas antidumping contra China que abarcaban el mismo período considerado que la presente reconsideración se impusieron provisionalmente en agosto de 2024 y se confirmaron después en febrero de 2025 (155).

(393)

Durante el período considerado, los precios de venta unitarios medios de los productores de la Unión aplicados a clientes no vinculados en la Unión evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 11

Precios de venta en la Unión y coste unitario de producción

(394)

Entre 2020 y 2022, los precios de venta siguieron la evolución de los costes, aumentando ambos en un 90 % hasta 2022. En el período de investigación de la reconsideración, la industria de la Unión no pudo reflejar el aumento de los costes en sus precios de venta y se vio obligada a vender casi a precio de coste.

(395)

Al final del período considerado, la diferencia entre el coste unitario de producción y el precio de venta unitario cayó y llegó a ser de apenas 2 EUR.

(396)

Durante el período considerado, los costes laborales medios de los productores de la Unión incluidos en la muestra evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 12

Costes laborales medios por trabajador

(397)

Por término medio, el coste laboral de los productores de la Unión incluidos en la muestra aumentó en un 15 % durante el período considerado. Dado que el coste laboral representa menos del 3 % del coste de fabricación del biodiésel, el aumento de los costes laborales, que no se contradice con el aumento global medio del 12 % del coste laboral en la Unión en el período 2020-2023 según Eurostat (156), tiene una incidencia insignificante sobre la situación de la industria de la Unión.

(398)

Durante el período considerado, los niveles de existencias de los productores de la Unión incluidos en la muestra evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 13

Existencias

(399)

La Comisión ya había declarado anteriormente que el nivel de existencias es un indicador menos significativo para este tipo de industria (157). La Comisión confirmó que la industria de la Unión se esforzó por mantener las existencias en un nivel bajo, pero esto no siempre fue posible a la luz de la situación del mercado. También señaló que, dado que el producto objeto de reconsideración se vende a granel, una única entrega puede constar de un volumen significativo de más de 10 000 toneladas, lo cual puede tener repercusiones significativas en el nivel de las existencias, en función de la fecha exacta de la transacción.

(400)

Durante el período considerado, la rentabilidad, el flujo de caja, las inversiones y el rendimiento de las inversiones de los productores de la Unión incluidos en la muestra evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 14

Rentabilidad, flujo de caja, inversiones y rendimiento de las inversiones

(401)

La Comisión determinó la rentabilidad de los productores de la Unión incluidos en la muestra expresando el beneficio neto, antes de impuestos, obtenido en las ventas del producto similar a clientes no vinculados en la Unión como porcentaje del volumen de negocio de esas ventas. La rentabilidad de la industria de la Unión se situó en niveles muy bajos durante el período considerado y cayó hasta el umbral de rentabilidad en el período de investigación de la reconsideración.

(402)

El flujo de caja neto representa la capacidad de los productores de la Unión para autofinanciar sus actividades. La tendencia del flujo de caja neto se deterioró sustancialmente durante el período considerado y fue muy negativa a partir de 2021.

(403)

Las inversiones en las empresas incluidas en la muestra fluctuaron durante el período considerado. En general, las inversiones se aprueban años antes de su ejecución. Las inversiones en la última parte del período considerado fueron proyectos previstos desde hace tiempo y solo afectaban a dos empresas.

(404)

El rendimiento de las inversiones es el beneficio de estas expresado como porcentaje de su valor contable. Evolucionó de manera negativa, en consonancia con la rentabilidad; fue muy bajo durante todo el período considerado y de apenas el 1,3 % en el período de investigación de la reconsideración, debido, en particular, al muy bajo nivel de rentabilidad.

(405)

En cuanto a la capacidad de la industria de la Unión para reunir capital, esta se vio dificultada por un flujo de caja muy negativo a partir de 2021.

(406)

La anterior evaluación de macroindicadores y microindicadores económicos demuestra que la industria de la Unión sufrió un perjuicio importante durante el período de investigación de la reconsideración, dado que perdió una cuota de mercado significativa y el aumento de sus precios de venta fue insuficiente para repercutir en ellos el acusado aumento de sus costes de producción, lo que resultó en una disminución de su rentabilidad que, a su vez, afectó negativamente al rendimiento de las inversiones y al flujo de caja. El hecho de que unos pocos indicadores (la capacidad de producción y el número de empleados) no se deteriorasen no menoscaba la determinación de un perjuicio.

(407)

Por todo lo anterior, la Comisión concluyó que, durante el período de investigación de la reconsideración, la industria de la Unión sufrió un perjuicio importante en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento de base.

(408)

Durante el período considerado, los volúmenes de las importaciones procedentes de Argentina disminuyeron un 44 %, como se muestra en el cuadro 5, mientras que el consumo creció en torno a un 9 % (como se muestra en el cuadro 4). Esto dio lugar a una disminución de la cuota de mercado de las importaciones procedentes de Argentina de 2,4 puntos porcentuales, del 5,1 al 2,7 %, en un momento en que la cuota de mercado de la industria de la Unión disminuyó más de 9 puntos porcentuales para situarse en el 64,7 % en el período de investigación de la reconsideración.

(409)

Los precios de los exportadores argentinos incluidos en la muestra, que representaban el 68 % de las importaciones de biodiésel argentino en la Unión durante el período de investigación de la reconsideración, no subcotizaron los precios de la Unión. Dado que los precios de las importaciones argentinas durante el período de investigación de la reconsideración, que figuran en el cuadro 6, eran superiores a los precios de los exportadores argentinos incluidos en la muestra, la Comisión concluyó que, en general, los precios de las importaciones argentinas no subcotizaron los precios de la industria de la Unión en el período de investigación de la reconsideración.

(410)

CARBIO alegó que las importaciones de biodiésel argentino no eran la causa de ningún perjuicio que pudieran haber sufrido los productores de la Unión.

(411)

La investigación no permitió concluir que las importaciones subvencionadas procedentes de Argentina hayan contribuido al perjuicio importante sufrido por los productores de biodiésel de la Unión durante el período de investigación de la reconsideración.

(412)

El análisis anterior muestra que no se produjo un aumento global del volumen y de la cuota de mercado de las importaciones originarias de Argentina durante el período considerado. Los compromisos vigentes implicaban que los precios de las importaciones argentinas subvencionadas eran suficientemente elevados y no podían haber impedido a la industria de la Unión lograr precios sostenibles y márgenes de beneficio razonables.

(413)

La industria de la Unión perdió una cuota de mercado significativa en beneficio, en particular, del biodiésel a base de residuos procedente de China objeto de dumping. La Comisión no pudo determinar el perjuicio causado por las importaciones procedentes de Argentina.

(414)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión concluyó que, a la luz de su nivel de precios, las importaciones subvencionadas procedentes del país afectado no podían haber causado el perjuicio importante a la industria de la Unión observado durante el período de investigación de la reconsideración.

(415)

La Comisión ha concluido, en el considerando 407, que la industria de la Unión sufrió un perjuicio importante durante el período de investigación de la reconsideración. La Comisión también ha concluido en la sección anterior que el perjuicio a la industria de la Unión observado durante el período de investigación de la reconsideración no pudo haber sido causado por las importaciones subvencionadas procedentes de Argentina debido principalmente a su nivel de precios, que está influenciado por la existencia de un compromiso. El perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión durante el período de investigación de la reconsideración fue causado por las importaciones de biodiésel objeto de dumping procedentes de China (158). La Comisión consideró que, en ausencia de compromisos, el efecto de la magnitud de los márgenes reales de subvención en la industria de la Unión no habría sido insignificante, dado el volumen de las importaciones procedentes de Argentina durante el período considerado y la naturaleza del producto, que es un producto básico. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión evaluó la probabilidad de que reapareciera el perjuicio que causaron originariamente las importaciones subvencionadas procedentes de Argentina en caso de que se dejasen expirar las medidas vigentes.

(416)

A este respecto, la Comisión examinó la capacidad de producción y la capacidad excedentaria de Argentina, la relación entre los precios en el país afectado, los precios de exportación a la Unión y los precios de exportación a otros terceros países, los niveles de precios probables de las importaciones procedentes de Argentina en ausencia de medidas compensatorias, el atractivo del mercado de la Unión, y la incidencia del volumen de importación potencial y de los niveles de precios de importación probables en la situación de la industria de la Unión si se dejaran expirar las medidas.

(417)

Como se muestra en el cuadro 3 y en los informes GAIN (159) y se concluye en el considerando 340, los productores exportadores del país afectado tienen una capacidad excedentaria significativa y, por lo tanto, la capacidad de aumentar sustancialmente la producción de biodiésel si la situación del mercado es favorable. En sus observaciones posteriores al inicio, CARBIO impugnó este punto alegando que no habría inversiones en un futuro próximo, que la producción y la capacidad de producción de biodiésel en Argentina habían disminuido y que esta tendencia continuaría en el futuro como consecuencia de los efectos del calentamiento global en Argentina. A pesar de los retos a los que se enfrenta la agricultura debido al calentamiento global, sigue siendo un hecho indiscutido que la capacidad de producción de Argentina ascendió a más de cinco veces el consumo interno en 2024 (160) y aproximadamente al 25 % del consumo de biodiésel en la Unión durante el período de investigación de la reconsideración (161). Por lo tanto, las alegaciones de CARBIO fueron desestimadas.

(418)

En una comunicación de 15 de marzo de 2024, CARBIO alegó que no es probable que reaparezca un aumento de las importaciones de biodiésel argentino en ausencia de medidas, debido a la pérdida de atractivo del mercado de la Unión a raíz de determinadas iniciativas legislativas (que van desde la eliminación gradual del uso de aceite de soja por algunos Estados miembros hasta el fomento del biodiésel a base de residuos por la Unión a través de iniciativas relacionadas con la cadena de suministro sin deforestación), a los nuevos mandatos de mezcla en Argentina y a la posibilidad de que Argentina venda biodiésel en nuevos mercados, a saber, Brasil (162).

(419)

La Comisión constató que las alegaciones de CARBIO no estaban respaldadas por hechos. En cuanto a la supuesta reaparición improbable de un aumento de las importaciones de biodiésel argentino en la Unión, la Comisión señaló que la Unión es el mayor consumidor de biodiésel del mundo, con un 23 % del consumo mundial en 2023 (163). A pesar de los precios artificialmente elevados en el mercado interno argentino a que se hace referencia en el considerando 239 y de los nuevos mandatos de mezcla en Argentina, el consumo interno de biodiésel en el país afectado fue muy bajo y representó el 0,9 % de la producción argentina de biodiésel durante el período de investigación de la reconsideración. Las exportaciones fueron el principal pilar de la industria argentina del biodiésel y, aunque variaban en función de las condiciones del mercado, la Unión siguió siendo, con diferencia, el principal mercado de exportación de biodiésel argentino año tras año, como se muestra en la respuesta al cuestionario presentada por los poderes públicos de Argentina (164). Con la importancia que tienen las exportaciones para su industria, Argentina se enfrentaba a crecientes dificultades para vender en el extranjero. Como se señala en el considerando 350, las autoridades peruanas y estadounidenses impusieron elevadas medidas antisubvenciones y antidumping al biodiésel argentino que frenaron las importaciones procedentes de Argentina (165). Según las estadísticas argentinas, en 2024, las exportaciones de biodiésel de Argentina a destinos distintos de la Unión se limitaron básicamente a Canadá, como se indica en el considerando 351. Las exportaciones a Canadá representaron menos del 10 % de las exportaciones argentinas y se realizaron a precios menos atractivos que los precios de exportación a la Unión. Los productores argentinos no tenían perspectivas significativas de exportar a otros mercados (166). A pesar de los cambios legislativos que supuestamente afectan al atractivo del mercado de biodiésel de la Unión, esta se ha comprometido a impulsar alternativas al gasóleo fósil tradicional, en particular a través del biodiésel convencional, como confirma la DFER III (167). En resumen, el mercado de la Unión era y es atractivo en términos de tamaño, precio y accesibilidad, por lo que es muy probable que la expiración de las medidas compensatorias en vigor dé lugar a un aumento significativo de las importaciones subvencionadas procedentes del país afectado.

(420)

Además, como se muestra en el cuadro 5, los volúmenes de las importaciones procedentes del país afectado siguieron siendo importantes durante el período considerado. En Argentina hay treinta y dos plantas de biodiésel y todas ellas utilizan como materia prima aceite vegetal obtenido por trituración de soja (168), es decir, una materia prima que, como la mayor parte de la producción de la Unión, no recibe una prima por doble contabilización con arreglo a la DFER y, por tanto, obtiene precios más bajos en el mercado que el biodiésel fabricado con las materias primas enumeradas en el anexo IX de la DFER II. El biodiésel es un producto básico y, por tanto, la competencia en el mercado entre el biodiésel argentino y el fabricado en la Unión se basa en el precio.

(421)

Tras la divulgación, CARBIO señaló que, con toda probabilidad, la ausencia de medidas sobre las importaciones argentinas no daría lugar a una reaparición del perjuicio importante para la industria de la Unión por los siguientes motivos: 1) las importaciones de biodiésel originario de Argentina han disminuido significativamente en los últimos años y la evaluación de la Comisión de las capacidades excedentarias disponibles en Argentina pasó por alto la propia conclusión de la Comisión de que los productores de biodiésel que cumplen el mandato nacional argentino están sujetos a una prohibición legal de exportar; 2) no existe subcotización de precios y el compromiso compensa los posibles efectos de cualquier presunta subvención; y 3) la causa de cualquier perjuicio sufrido por la industria de la Unión se atribuye a las importaciones chinas de biodiésel objeto de dumping, como también confirmó la Comisión.

(422)

La Comisión discrepó de estas alegaciones de CARBIO. En cuanto al primer punto, cabe señalar que CARBIO reconoció la existencia de capacidades excedentarias disponibles que podrían exportarse a la Unión (aunque en menor medida de lo que concluyó la Comisión). Además, la investigación ha constatado en el considerando 40 que un productor de biodiésel perteneciente al grupo de un productor exportador incluido en la muestra fabricaba biodiésel que posteriormente se vendía tanto en el mercado interno como en el mercado de exportación. Para dicho productor de biodiésel, la asignación de un contingente en el marco del mandato sobre el biodiésel implicaba que la capacidad dedicada a la exportación era menor. Por lo tanto, existe una interacción entre la capacidad para el mercado interno y la capacidad para el mercado de exportación. En lo que respecta a la segunda cuestión, la Comisión señaló que el compromiso en vigor no compensaría los efectos de ninguna supuesta subvención en ausencia de las medidas actuales, en la medida en que el compromiso está vinculado a la existencia de las propias medidas compensatorias. En otras palabras, en ausencia de medidas y del compromiso, es probable que la subcotización reaparezca. En cuanto al tercer punto, aunque la investigación de reconsideración concluyó que el perjuicio observado durante el período de investigación de la reconsideración no fue causado por las importaciones procedentes de Argentina, también llegó a la conclusión de que, si no se mantienen las medidas, la reaparición de las importaciones argentinas a precios desleales causaría un perjuicio y frenaría la recuperación esperada de la industria de la Unión respecto del perjuicio causado por las importaciones chinas objeto de dumping como consecuencia de la reciente imposición de derechos antidumping sobre estas.

(423)

Teniendo en cuenta las constataciones resumidas en esta sección, cabe esperar pues que, si se permite que expiren las medidas, los exportadores argentinos tendrían un incentivo para exportar a la Unión a precios que subcotizaran los precios de venta de los productores de la Unión a niveles similares a los constatados en la investigación original. Con ello se ejercería presión sobre los precios de la industria de la Unión, que perdería volúmenes de ventas o se vería obligada a rebajar sus precios, con la consiguiente incidencia en la rentabilidad.

(424)

Por todo ello, se concluye que la ausencia de medidas daría lugar con toda probabilidad a un aumento significativo de las importaciones subvencionadas procedentes de Argentina y que probablemente reaparecería un perjuicio importante causado por dichas importaciones.

(425)

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento de base, la Comisión examinó si el mantenimiento de las medidas compensatorias en vigor sería contrario al interés de la Unión en su conjunto. La determinación del interés de la Unión se basó en una estimación de los diversos intereses pertinentes, en particular los de la industria de la Unión, los de los importadores, los de los operadores comerciales y los de los usuarios.

(426)

La industria de la Unión está compuesta por más de sesenta productores en toda la Unión y emplea directamente a cerca de seis mil personas. Ningún productor se opuso a la investigación.

(427)

La Comisión determinó que, en el caso de que no se renovasen las medidas, la industria de la Unión, que operaba en el umbral de rentabilidad durante el período de investigación de la reconsideración, pasaría a ser deficitaria y se enfrentaría a insolvencias, debido al aumento repentino del biodiésel argentino a bajo precio, lo que comprometería aún más la viabilidad de la industria de la Unión.

(428)

La continuación de las medidas existentes permitiría a la industria de la Unión seguir su proceso de recuperación y, en última instancia, alcanzar niveles de rentabilidad sostenibles.

(429)

La Comisión concluyó, por tanto, que la renovación de las medidas redundaría en interés de la industria de la Unión.

(430)

Un operador comercial activo en la Unión se registró como parte interesada en el procedimiento, pero no presentó observaciones.

(431)

Al inicio del procedimiento, se invitó a las empresas que participan en la producción y distribución de gasóleo fósil y que también participan en la mezcla obligatoria de gasóleo fósil con biodiésel a que cumplimentaran los cuestionarios. La única que respondió al cuestionario alegó que no tenía conocimientos suficientes para expresar su posición sobre una posible renovación de las medidas. El biodiésel representaba una parte muy pequeña del negocio global de esta empresa. A la luz de lo anterior, de la posición de esta empresa, y del hecho de que no facilitó la mayor parte de la información con el nivel de detalle requerido, esto es, limitada a las actividades relacionadas con el biodiésel (argentino), la Comisión concluyó que no había indicios de que el mantenimiento de las medidas tuviera repercusiones importantes para ella.

(432)

CARBIO alegó que la reciente imposición de derechos antidumping sobre las importaciones de biodiésel procedentes de China daría lugar a la eliminación de China como fuente de suministro, por lo que el mercado de la Unión necesitará un aumento de las importaciones de biodiésel en los próximos años. Sin embargo, las medidas antidumping sobre las importaciones chinas se encuentran en niveles moderados, que oscilan entre el 10 y el 35,6 %, y no pueden considerarse prohibitivas. Además, existen fuentes alternativas de suministro sin medidas de defensa comercial. Esto queda demostrado por la importante cuota de mercado de las importaciones procedentes de otros terceros países (véase el cuadro 7). La Comisión consideró que la continuación de las medidas existentes permitiría a la industria de la Unión proseguir su proceso de recuperación y continuar abasteciendo a su mercado interno.

(433)

Por tanto, la Comisión concluyó que la renovación de las medidas no supondría un perjuicio significativo para los intereses de los importadores, los operadores comerciales y los distribuidores. Estos operadores económicos forman parte de la cadena de suministro y repercutirán los costes derivados de las medidas, si los hubiere en ausencia de compromisos, a los usuarios y consumidores.

(434)

No hay indicios de que las medidas vigentes hayan afectado negativamente a los usuarios de biodiésel de la Unión. No hay pruebas de que ninguna de las medidas en vigor haya tenido un efecto negativo en su rentabilidad.

(435)

Cabe señalar que los precios finales de los combustibles se ajustan más bien al precio del petróleo crudo fósil (169) y que alrededor del 40 % del precio del diésel en las gasolineras de la UE son impuestos (170), que pueden modularse en función de los diversos intereses o necesidades. Asimismo, pueden aplicarse incentivos para el uso del biodiésel (171). Teniendo en cuenta estos hechos y el pequeño porcentaje de biodiésel (normalmente, no más del 10 %) que suele mezclarse con el gasóleo fósil, no se encontró ninguna prueba de que la renovación de las medidas fuera claramente contraria a los intereses de los usuarios o de los consumidores o fuera a contrarrestar las consecuencias positivas del mantenimiento del statu quo para la industria de la Unión.

(436)

Además, la Comisión consideró que el mantenimiento de las medidas existentes impulsará la sostenibilidad y los esfuerzos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de suministro y tendrá un efecto positivo en la industria abastecedora de la Unión a medida que aumenten los ingresos y la utilización de la capacidad.

(437)

Por todo lo anterior, la Comisión concluyó que, desde el punto de vista del interés de la Unión, no había razones convincentes contra el mantenimiento de las medidas vigentes en relación con las importaciones de biodiésel originario de Argentina.

(438)

Sobre la base de las conclusiones alcanzadas por la Comisión acerca de la continuación de la subvención, la probabilidad de reaparición del perjuicio causado por las importaciones procedentes de Argentina y el interés de la Unión, deben mantenerse las medidas compensatorias sobre el biodiésel originario de Argentina.

(439)

Para minimizar el riesgo de elusión debido a la diferencia en los tipos de los derechos, son necesarias medidas especiales que garanticen la aplicación de los derechos individuales, que solo procede previa presentación de una factura comercial válida a las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Dicha factura debe ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 3, del presente Reglamento. Mientras no se presente esta factura, las importaciones deben someterse al derecho compensatorio aplicable a «todas las demás importaciones originarias de Argentina».

(440)

Si bien es necesario presentar esta factura para que las autoridades aduaneras de los Estados miembros apliquen los tipos individuales del derecho compensatorio a las importaciones, no es el único elemento que dichas autoridades deben tener en cuenta. De hecho, aunque se presente una factura que cumpla todos los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 3, del presente Reglamento, las autoridades aduaneras de los Estados miembros deben llevar a cabo las comprobaciones habituales y pueden, como en cualquier otro caso, exigir documentos adicionales (documentos de transporte, etcétera), con objeto de verificar la exactitud de los datos incluidos en la declaración y garantizar que la consiguiente aplicación del tipo del derecho más bajo esté justificada, de conformidad con la legislación aduanera.

(441)

Si el volumen de las exportaciones de una de las empresas que se benefician de los tipos individuales del derecho más bajos aumentara significativamente tras imponerse las medidas en cuestión, podría considerarse que ese aumento de volumen constituye en sí mismo un cambio en las características del comercio como consecuencia de la imposición de las medidas a efectos del artículo 23, apartado 3, del Reglamento de base. En tales circunstancias, y si se dieran las condiciones, podría iniciarse una investigación antielusión. En esta investigación podría examinarse, entre otras cosas, la necesidad de retirar los tipos individuales del derecho, con la consiguiente imposición de un derecho de ámbito nacional.

(442)

En el considerando 2 se ha señalado que la Comisión aceptó ofertas de compromiso mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2019/245. La Comisión consideró que eliminan los efectos perjudiciales de las importaciones subvencionadas y limitan en un grado suficiente el riesgo de elusión.

(443)

CARBIO y los poderes públicos de Argentina alegaron que, en caso de que se renovaran las medidas en vigor, debería mantenerse el compromiso existente. CARBIO consideró que el compromiso era un mecanismo eficaz, que actuaba como factor de estabilización de los precios de importación del biodiésel en la Unión, dados los elevados precios a los que se comercializaba el biodiésel argentino y el margen de subcotización negativo que figura en la solicitud (– 2 %). CARBIO señaló que sus miembros eran disciplinados y se comprometían a proseguir sus esfuerzos con un acuerdo renovado.

(444)

La Comisión señaló que la actual reconsideración por expiración tiene por objeto evaluar si está justificada la continuación de las medidas compensatorias. Cualquier evaluación del compromiso en vigor queda fuera del ámbito de la actual reconsideración por expiración.

(445)

A raíz de la intención de la Comisión de aplicar el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base a los poderes públicos de Argentina, el EBB pidió, en lugar de ello, la supresión de los compromisos, justificada por la falta de cooperación de los poderes públicos de Argentina. El EBB planteó, en particular, el papel de los poderes públicos en el compromiso de conformidad con el Reglamento de base. Por otra parte, el EBB destacó que una de las informaciones que faltaban de las que figuran en el considerando 71, relativa a los precios y las políticas de precios de los productores de soja y aceite de soja, era esencial para establecer el precio mínimo de importación en el marco del compromiso. Además, el EBB señaló que los poderes públicos de Argentina no facilitaron información sobre un mercado muy líquido y transparente, como es el mercado de la soja en Argentina, y que Molinos Agro confirmó en su respuesta al cuestionario que el mercado de la soja era así. Por último, la falta de cooperación de los poderes públicos de Argentina habría vulnerado la confianza en la que se basó la aceptación del compromiso.

(446)

Los poderes públicos de Argentina y CARBIO alegaron que la información sobre los precios que podrían haber facilitado los distintos proveedores de soja en el contexto de la actual reconsideración por expiración era diferente del precio de la soja en el mercado interno argentino, que es el factor pertinente para determinar el precio mínimo de importación. Los poderes públicos de Argentina también señalaron que la falta de presentación de la misma información en la investigación original no impidió el acuerdo sobre un compromiso. En consecuencia, los poderes públicos de Argentina y CARBIO alegaron que la falta de cooperación de los poderes públicos de Argentina no constituía un incumplimiento del compromiso, teniendo también en cuenta el hecho de que los poderes públicos de Argentina no eran parte en él. Además, según los poderes públicos de Argentina, la respuesta de Molinos Agro al cuestionario muestra que, si el mercado es transparente, no hay ningún uso práctico que justifique mantener un registro de productores de soja. Por último, CARBIO alegó que la continuación del compromiso redundaba en interés de la Unión.

(447)

La Comisión señaló que cualquier evaluación del compromiso en vigor queda fuera del ámbito de la actual reconsideración por expiración. Por lo tanto, esta alegación no se tomó en consideración.

(448)

Tras la divulgación final, CARBIO reiteró las mismas observaciones expuestas en el considerando 443, que la Comisión ya abordó en el considerando 444.

(449)

Tras la divulgación final, el EBB reiteró que la Comisión debía evaluar la incidencia de la falta de cooperación de los poderes públicos de Argentina en la presente investigación con respecto al compromiso en vigor. Alegó que esto debía hacerse en el contexto de la presente reconsideración por expiración, o bien en el contexto de una evaluación por separado. Además, el EBB consideró que la falta de información exacta sobre el mercado de la soja en Argentina haría imposible que la Comisión estableciera un precio mínimo de importación, ya que este se calcula sobre la base de las cotizaciones mensuales del precio del aceite de soja publicadas por los poderes públicos de Argentina. Por lo tanto, según el EBB, el compromiso carecía de justificación y debía suspenderse.

(450)

La Comisión reiteró que cualquier evaluación del compromiso en vigor queda fuera del ámbito de la actual reconsideración por expiración. Sin embargo, en principio, esto no prejuzga el inicio de una evaluación de si se ha producido o no un incumplimiento del compromiso, que en cualquier caso sigue siendo independiente de la actual reconsideración por expiración. Por lo tanto, esta alegación no se tuvo en cuenta en el contexto de la presente investigación.

(451)

Además, el EBB presentó una serie de alegaciones relativas a la relación entre la información no facilitada por los poderes públicos de Argentina y la determinación del precio mínimo de importación.

(452)

La Comisión señaló que cualquier evaluación del compromiso en vigor queda fuera del ámbito de la actual reconsideración por expiración. Por lo tanto, estas alegaciones no se tomaron en consideración.

(453)

En caso de que, con arreglo al artículo 13, apartado 9, del Reglamento de base, la Comisión denuncie la aceptación de un compromiso a raíz de un incumplimiento con respecto a transacciones concretas y declare que las facturas de compromiso correspondientes no son válidas, se originará una deuda aduanera en el momento de la aceptación de la declaración de despacho a libre práctica de dichas transacciones.

(454)

Los tipos individuales del derecho aplicables a cada empresa que se especifican en el presente Reglamento son aplicables exclusivamente a las importaciones del producto objeto de reconsideración originario de Argentina y fabricado por las personas jurídicas mencionadas. Las importaciones del producto objeto de reconsideración fabricado por cualquier otra empresa no mencionada expresamente en la parte dispositiva del presente Reglamento, incluidas las entidades vinculadas a las mencionadas expresamente, deben estar sujetas al tipo del derecho aplicable a «todas las demás importaciones originarias de Argentina». No deben estar sujetas a ninguno de los tipos individuales del derecho.

(455)

Una empresa puede solicitar la aplicación de estos tipos individuales del derecho si posteriormente cambia el nombre de su entidad. La solicitud debe remitirse a la Comisión (172). y debe incluir toda la información necesaria para demostrar que el cambio no afecta al derecho de la empresa a beneficiarse del tipo del derecho que se le aplica. Si el cambio de nombre de la empresa no afecta a su derecho a beneficiarse del tipo del derecho que se le aplica, se publicará un reglamento sobre el cambio de nombre en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(456)

Se informó a todas las partes interesadas de los hechos y consideraciones principales sobre la base de los cuales se tenía intención de recomendar el mantenimiento de las medidas existentes. También se les concedió un plazo para presentar sus observaciones tras la comunicación de la información. Se recibieron observaciones de los poderes públicos de Argentina, CARBIO y el EBB, que se han tratado en las secciones pertinentes anteriores.

(457)

Los exportadores o productores que no exportaron el producto afectado a la Unión durante el período que se tuvo en cuenta para fijar el nivel del derecho actualmente aplicable a sus exportaciones pueden solicitar a la Comisión someterse al tipo del derecho antisubvención aplicable a las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra. La Comisión debe aceptar dicha solicitud, siempre que se cumplan tres condiciones. El nuevo productor exportador tendría que demostrar: i) no haber exportado el producto afectado a la Unión durante el período utilizado para fijar el nivel del derecho aplicable a sus exportaciones; ii) no estar vinculado a una empresa que lo haya hecho y, por tanto, esté sujeta a los derechos antisubvención; y iii) haber exportado el producto afectado posteriormente o haber contraído una obligación contractual irrevocable de hacerlo en cantidades sustanciales.

(458)

Con arreglo al artículo 109 del Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo y del Consejo (173), cuando deba reembolsarse un importe a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tipo de interés será el aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación, tal como se publique en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea el primer día natural de cada mes.

(459)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036.

Empresa

Derecho compensatorio

Código TARIC adicional

Aceitera General Deheza S.A.

33,4  %

C493

Bunge Argentina S.A.

33,4  %

C494

LDC Argentina S.A.

26,2  %

C495

Molinos Agro S.A.

25,0  %

C496

Viterra Argentina S.A.

25,0  %

C497

Vicentin S.A.I.C.

25,0  %

C498

COFCO International Argentina S.A.

28,2  %

C490

Cargill S.A.C.I.

28,2  %

C491

Todas las demás importaciones originarias de Argentina

33,4  %

C999