Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(2)

Con arreglo al Programa de La Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea (3), los Estados miembros deben reflexionar sobre las posibilidades de concentrar en un solo Estado miembro la acción pública en los asuntos transfronterizos multilaterales, con el fin de incrementar la eficacia de la acción pública, garantizando a la vez la correcta administración de la justicia.

(3)

En el Programa de Medidas Destinado a Poner en Práctica el Principio de Reconocimiento Mutuo de las Resoluciones en Materia Penal (4) se aboga por un instrumento que prevea la posibilidad de remitir las causas penales a otros Estados miembros.

(4)

Es necesario seguir desarrollando la cooperación judicial entre los Estados miembros para mejorar la eficiencia y la adecuación de la administración de la justicia penal dentro del espacio común de libertad, seguridad y justicia y para garantizar que el Estado miembro más apropiado investigue o enjuicie la infracción penal. En particular, que los Estados miembros cuenten con normas comunes en relación con la remisión de causas penales podría contribuir a evitar que se sustancien, en paralelo y de manera innecesaria en diferentes Estados miembros, varios procedimientos penales por los mismos hechos y respecto de la misma persona, lo que podría constituir una vulneración del principio non bis in idem. Tales normas comunes también podrían reducir la multiplicidad de procedimientos penales por los mismos hechos o respecto de la misma persona que se estén sustanciando en diferentes Estados miembros. Tales normas comunes pretenden garantizar asimismo que pueda procederse a la remisión de la causa penal si la entrega de una persona para su enjuiciamiento penal en virtud de una orden de detención europea con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo (5) se retrasa o deniega por motivos tales como que ya se esté sustanciando un procedimiento penal en otro Estado miembro por la misma infracción penal, con el fin de evitar la impunidad de la persona perseguida.

(5)

Contar con normas comunes para la remisión de causas penales también es esencial para combatir eficazmente la delincuencia transfronteriza, lo que reviste especial importancia en relación con los delitos cometidos por organizaciones delictivas, como el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de armas de fuego, la delincuencia medioambiental, la ciberdelincuencia o el blanqueo de capitales. La persecución penal de las organizaciones delictivas que actúan en varios Estados miembros puede suponer inmensas dificultades para las autoridades implicadas. La remisión de causas penales es un instrumento importante que reforzaría la lucha contra las organizaciones delictivas que actúan por toda la Unión.

(6)

A fin de garantizar que la cooperación entre autoridades requirentes y autoridades requeridas en cuanto a la remisión de causas penales sea eficaz, deben establecerse normas sobre la remisión mediante un acto de la Unión jurídicamente vinculante y directamente aplicable.

(7)

El presente Reglamento debe aplicarse a todas las solicitudes de remisión presentadas en el marco de causas penales.

(8)

La Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo (6) tiene como objetivo evitar las situaciones en que una misma persona es objeto de procesos penales paralelos en distintos Estados miembros por los mismos hechos, que podrían llevar a una resolución final de dichos procesos en dos o más Estados miembros. Dicha Decisión Marco establece para ello un procedimiento de consulta directa entre las autoridades competentes de los Estados miembros en cuestión con el fin de alcanzar un consenso en torno a una solución eficaz con el fin de evitar las consecuencias adversas que se derivarían de tales procedimientos paralelos, así como la pérdida de tiempo y de recursos para esas autoridades competentes. Cuando esas autoridades competentes decidan, previa consulta de conformidad con dicha Decisión Marco, concentrar el procedimiento en un Estado miembro mediante la remisión de la causa penal, tal remisión debe efectuarse de conformidad con el presente Reglamento.

(9)

Otros actos jurídicos en materia penal, en particular los relativos a tipos específicos de delitos, como la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y las Decisiones Marco 2002/475/JAI (8) y 2008/841/JAI (9) del Consejo, incluyen disposiciones sobre los factores que deben tenerse en cuenta para centralizar las actuaciones del proceso penal en un único Estado miembro en caso de que más de uno de ellos tenga jurisdicción para enjuiciar los mismos hechos. Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros en cuestión decidan, tras cooperar de conformidad con dichos actos jurídicos, centralizar las actuaciones del proceso penal en un único Estado miembro mediante la remisión de la causa penal, tal remisión debe efectuarse de conformidad con el presente Reglamento.

(10)

Se han adoptado varios actos jurídicos de la Unión sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales en materia penal, en particular las Decisiones Marco 2005/214/JAI (10), 2008/909/JAI (11) y 2008/947/JAI (12) del Consejo. El presente Reglamento complementa esas Decisiones Marco y no afecta a su aplicación.

(11)

El presente Reglamento no afecta a los intercambios espontáneos de información regulados por otros actos jurídicos de la Unión.

(12)

El presente Reglamento no se aplica a las decisiones de reasignación, acumulación o escisión de casos respecto de los cuales la Fiscalía Europea haya ejercido sus competencias de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (13).

(13)

A efectos del presente Reglamento, los Estados miembros deben designar a sus autoridades competentes de manera que se promueva el principio del contacto directo entre ellas.

(14)

A efectos del presente Reglamento y en aras de facilitar su aplicación efectiva en toda la Unión, en caso de que la estructura de los sistemas jurídicos internos de los Estados miembros con tradiciones de common law no permita que sus órganos jurisdiccionales y sus fiscales adopten medidas accesorias a la resolución de aceptar o rechazar la remisión de la causa penal, otra autoridad con competencia para adoptar medidas en procedimientos penales debe poder tomar dichas medidas accesorias. La intervención de dicha autoridad competente no debe prejuzgar en modo alguno la resolución, que debe adoptar exclusivamente un juez, un tribunal, un juez de instrucción o un fiscal, sobre si se acepta o rechaza la remisión de la causa penal, resolución que debe incluir necesariamente la apreciación de los motivos de rechazo en virtud del presente Reglamento. La intervención de cualquier otra autoridad competente tiene únicamente por objeto facilitar dicha toma de decisiones judiciales y la aplicación efectiva del presente Reglamento.

(15)

Cuando sea necesario debido a la estructura de sus ordenamientos jurídicos internos, los Estados miembros deben tener la posibilidad de designar una o varias autoridades centrales para el envío y la recepción administrativos de solicitudes de remisión de causas penales, así como de cualquier otra correspondencia oficial relacionada con dichas solicitudes. Esas autoridades centrales también pueden prestar apoyo administrativo y desempeñar funciones de coordinación y de asistencia, facilitando y promoviendo así la aceptación de las solicitudes de remisión de causas penales.

(16)

Algunos actos jurídicos de la Unión ya exigen a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de delitos específicos, como los relacionados con el terrorismo, en virtud de la Directiva (UE) 2017/541, o con la falsificación del euro, en virtud de la Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, (14) en los casos en que se deniegue la entrega de la persona.

(17)

Para garantizar que la causas penales puedan remitirse de conformidad con el presente Reglamento cuando ello coadyuve a la eficiencia y la adecuación de la administración de la justicia y a la protección efectiva de los derechos fundamentales, reconocidos en el Derecho de la Unión, de los sospechosos, los acusados y las víctimas, el presente Reglamento debe determinar la jurisdicción en casos específicos para que el Estado requerido pueda ejercer su jurisdicción respecto de las infracciones penales a las que sea aplicable el Derecho nacional del Estado requirente. El Estado requerido debe tener jurisdicción sobre las infracciones penales objeto de la solicitud de remisión de causas penales, siempre que se considere que es el más apropiado para ejercer la acción penal con respecto a la infracción penal de que se trate. Las normas de jurisdicción establecidas en el presente Reglamento no deben impedir a los Estados miembros adoptar medidas nacionales para asegurarse de que puedan ejercer su jurisdicción en los casos específicos previstos en el presente Reglamento.

(18)

Además de la jurisdicción ya establecida por el Derecho nacional del Estado requerido, debe establecerse la jurisdicción sobre la base de los motivos específicos establecidos en el presente Reglamento, siempre que se considere que dicho Estado miembro es el más apropiado para ejercer la acción penal. El Estado requerido debe tener jurisdicción en aquellos supuestos en los que deniegue la entrega de un sospechoso o acusado contra el cual se haya dictado una orden de detención europea y que se encuentre en el territorio del Estado requerido y sea nacional o residente de este, cuando tal denegación se base en los motivos específicos establecidos en el presente Reglamento. Por ejemplo, debe establecerse la jurisdicción cuando se deniegue la entrega en virtud del artículo 4, apartado 7, letra b), de la Decisión Marco 2002/584/JAI, que se aplica en aquellos supuestos en los que los delitos se hayan cometido fuera del territorio del Estado miembro emisor y el Derecho del Estado miembro de ejecución no permita el enjuiciamiento de los mismos delitos cuando se cometan fuera de su territorio. Esa norma podría aplicarse en situaciones en las que un delito se cometa en el territorio de otro Estado miembro o de un tercer país por nacionales de otros Estados miembros o nacionales de terceros países, y el sospechoso o acusado resida en el Estado requerido. Esto es especialmente importante en lo que respecta a los delitos graves que violan valores fundamentales de la comunidad internacional, como los crímenes de guerra o el genocidio, en los que podría surgir un riesgo de impunidad debido a la denegación de una orden de detención europea basada en el artículo 4, apartado 7, letra (b), de la Decisión Marco 2002/584/JAI. El Estado requerido también debe tener jurisdicción cuando la infracción penal produzca sus efectos o el daño principalmente en el Estado requerido. El daño debe tenerse en cuenta siempre que se trate de uno de los elementos constitutivos de la infracción penal, de conformidad con el Derecho nacional del Estado requerido. El Estado requerido también debe tener jurisdicción cuando ya se estén sustanciando en dicho Estado uno o varios procesos penales contra el mismo sospechoso o acusado por otros hechos, de modo que todas las presuntas acciones u omisiones criminales de esa persona puedan ser juzgadas en una única jurisdicción, o cuando se estén sustanciando en dicho Estado uno o varios procedimientos penales contra otras personas por los mismos hechos, parte de los mismos hechos o hechos relacionados, lo que podría ser especialmente pertinente para concentrar la investigación y el enjuiciamiento de una organización delictiva en un Estado miembro. En ambos casos, el sospechoso o acusado en la causa penal que se remita debe ser nacional o residente del Estado requerido.

(19)

Para cumplir el objetivo del presente Reglamento y prevenir conflictos de jurisdicción, teniendo especialmente en cuenta a aquellos Estados miembros cuyos ordenamientos jurídicos se basen en el principio de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal y a aquellos en los que dicho principio solo se contemple para determinadas infracciones penales, el Estado requirente, al solicitar la remisión de la causa penal, debe poder inhibirse de conocer la causa contra la persona afectada por la infracción penal, por la que se presente la solicitud. Por lo tanto, el presente Reglamento debe permitir que las autoridades competentes del Estado requirente se inhiban de conocer, suspendan o archiven la causa penal ya incoada en favor del Estado miembro que se considere más apropiado para el enjuiciamiento, incluso cuando, de conformidad con el Derecho nacional, esas autoridades estén obligadas a ejercer la acción penal. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento sobre los efectos de la remisión de causas penales en el Estado requirente.

(20)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

(21)

El presente Reglamento no afecta a los derechos procesales establecidos en la Carta o en otros actos jurídicos de la Unión, como las Directivas 2010/64/UE (15), 2012/13/UE (16), 2013/48/UE (17), (UE) 2016/343 (18), (UE) 2016/800 (19) y (UE) 2016/1919 (20) del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los Estados miembros para los que son vinculantes. En particular, la autoridad requirente debe velar por el respeto de dichos derechos, consagrados en el Derecho de la Unión y en el Derecho nacional, cuando se solicite la remisión de una causa penal en virtud del presente Reglamento.

(22)

Los Estados miembros deben velar por que, en la aplicación del presente Reglamento, se tengan en cuenta las necesidades de las personas vulnerables. De conformidad con la Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013, relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales (21), debe entenderse por acusado o sospechoso vulnerable todo acusado o sospechoso que no pueda comprender el proceso penal o participar eficazmente en él debido a su edad, a su condición mental o física o a alguna discapacidad.

(23)

Del mismo modo, los Estados miembros deben garantizar que, al aplicar el presente Reglamento, se tengan en cuenta los derechos procesales de los sospechosos y acusados sometidos a prisión provisional, tomando en consideración, cuando proceda, la Recomendación (UE) 2023/681 de la Comisión (22).

(24)

Una autoridad requirente debe poder solicitar la remisión de la causa penal, bien por iniciativa propia, a raíz o no de una consulta con una autoridad requerida, o a propuesta de un sospechoso o acusado, o a propuesta de una víctima. El presente Reglamento no debe obligar a solicitar la remisión de la causa penal o a remitir la causa penal. Al valorar si debe solicitarse la remisión de la causa penal, la autoridad requirente debe valorar si dicha remisión va a contribuir al objetivo de que la administración de la justicia sea eficiente y adecuada, en particular si es proporcionada y adecuada a los fines del procedimiento de que se trate. Esa valoración debe hacerse caso por caso, con el fin de determinar el Estado miembro más apropiado para enjuiciar la infracción penal en cuestión.

(25)

Para valorar si la solicitud de remisión de la causa penal está justificada, la autoridad requirente debe tener en cuenta varios criterios, cuya prioridad y ponderación deben basarse en los hechos y los fundamentos de cada caso concreto. Todos los factores pertinentes deben considerarse bajo la luz del interés superior de la justicia. Por ejemplo, cuando la infracción penal se haya cometido total o parcialmente en el territorio del Estado requerido o cuando la mayoría de los efectos o una parte sustancial del daño causado por la infracción penal, en los casos en que dichos efectos o daño formen parte de los elementos constitutivos de la infracción penal, se haya producido en el territorio del Estado requerido, podría considerarse que dicho Estado es el más apropiado para enjuiciarla, dado que las pruebas que hayan de practicarse, como el testimonio de testigos, la declaración de las víctimas o los dictámenes periciales, se hallan en el Estado requerido y, por tanto, podrían obtenerse más fácilmente si la causa penal se remite. Además, la incoación de procesos posteriores de indemnización por daños y perjuicios en el Estado requerido se vería facilitada si el proceso subyacente en el que se determine la responsabilidad penal también se sustanciara en el mismo Estado miembro. Del mismo modo, si la mayoría de las pruebas debe practicarse en el Estado requerido, la remisión de la causa penal podría facilitar su obtención y posterior admisión de conformidad con el Derecho nacional del Estado requerido.

(26)

Cuando uno o varios sospechosos o acusados sean nacionales o residentes del Estado requerido, la remisión de la causa penal podría estar justificada para garantizar el derecho del sospechoso o acusado a estar presente en el juicio, de conformidad con la Directiva (UE) 2016/343. De forma similar, cuando una o varias víctimas sean nacionales o residentes del Estado requerido, la remisión de la causa penal podría estar justificada si con ello se permite a las víctimas que participen de manera más sencilla en el proceso penal y presten declaración como testigos durante el procedimiento. En los supuestos en que la entrega del sospechoso o acusado contra el que se haya dictado una orden de detención europea se deniegue en el Estado requerido por los motivos especificados en el presente Reglamento, la remisión también puede estar justificada cuando la persona se encuentre en el Estado requerido pese a no ser nacional ni residente de dicho Estado.

(27)

Corresponde a la autoridad requirente valorar, basándose en los elementos de que disponga, si existen motivos razonables para suponer que el sospechoso, el acusado o la víctima residen en el Estado requerido. Cuando solo se disponga de poca información, tal valoración debe someterse a consultas entre la autoridad requirente y la autoridad requerida a fin de confirmar el lugar de residencia del sospechoso, acusado o víctima en el Estado requerido. A efectos de esa valoración, pueden ser pertinentes diversas circunstancias objetivas que puedan indicar que la persona de que se trate ha establecido o tiene intención de establecer su centro habitual de intereses en un Estado miembro determinado. Podrían existir motivos razonables para suponer que una persona reside en el Estado requerido, en particular, cuando una persona esté dada de alta como residente en el Estado requerido por ser titular de un documento de identidad o un permiso de residencia o por estar inscrita en un registro oficial de residencia. Cuando la persona de que se trate no esté dada de alta en el Estado requerido, podría ser un indicativo de su residencia el hecho de que haya manifestado su intención de establecerse en ese Estado miembro o haya adquirido, tras un período estable de presencia en ese Estado miembro, determinados vínculos con ese Estado miembro que sean de un grado similar a los que se derivan del establecimiento de una residencia formal en dicho Estado miembro. Para determinar si, en una situación concreta, existen suficientes vínculos entre la persona de que se trate y el Estado requerido que constituyan motivos razonables para suponer que esta reside en ese Estado miembro, es necesario tener en cuenta diversos factores objetivos que caractericen la situación de dicha persona, entre los que se incluyen, en particular, la duración, la naturaleza y las condiciones de su presencia en el Estado requerido o los vínculos familiares o económicos que tenga en el Estado requerido. La titularidad de un vehículo matriculado o de una cuenta bancaria, el hecho de que la persona haya permanecido ininterrumpidamente en el Estado requerido u otros factores objetivos podrían tener relevancia para determinar la existencia de motivos razonables para suponer que la persona de que se trate reside en el Estado requerido. Una visita breve, una estancia vacacional, incluso en una casa de vacaciones, u otra estancia similar en el Estado requerido sin que haya ningún otro vínculo sustancial no es suficiente para determinar la residencia en ese Estado miembro.

(28)

La remisión de la causa penal también podría estar justificada cuando se estén sustanciando uno o varios procedimientos penales por los mismos hechos, parte de los mismos hechos u otros hechos contra el sospechoso o acusado en el Estado requerido o cuando se estén sustanciando uno o varios procedimientos penales contra otras personas por los mismos hechos, parte de los mismos hechos o hechos relacionados en el Estado requerido, por ejemplo, en asuntos de enjuiciamiento de organizaciones delictivas transfronterizas, en los que los distintos acusados pueden ser enjuiciados en diferentes Estados miembros. Además, si el sospechoso o acusado está cumpliendo o va a cumplir una pena privativa de libertad en el Estado requerido por habérsele condenado por otra infracción penal, la remisión de la causa penal podría estar justificada para garantizar el derecho del reo a estar presente en el juicio por el que se solicite la remisión de la causa penal mientras cumple la pena en el Estado requerido. Las autoridades requirentes deben tener debidamente en cuenta si la remisión de la causa penal puede mejorar las perspectivas de reinserción social de la persona de que se trate si la pena se ejecutase en el Estado requerido. A tal fin, puede tenerse en cuenta el vínculo de la persona con el Estado requerido, si esta lo considera el lugar donde tiene sus vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales, económicos o de cualquier otro tipo. Además, las autoridades competentes suelen llegar a acuerdos sobre la concentración de las actuaciones del proceso basándose en determinar la jurisdicción más adecuada. Estos acuerdos pueden alcanzarse en reuniones de coordinación de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), creada por el Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo (23), en reuniones bilaterales o multilaterales sin la intervención de Eurojust o a raíz de una consulta de conformidad con la Decisión Marco 2009/948/JAI.

(29)

Antes de considerar la remisión de la causa penal por el único motivo de que la mayoría de las pruebas se hallen en el territorio del Estado requerido, se anima a la autoridad requirente a que tenga en cuenta la posibilidad de obtener pruebas en otros Estados miembros a través de los instrumentos existentes de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales —como, para los Estados miembros vinculados por ella, la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (24)— y de asistencia judicial mutua.

(30)

Los sospechosos, los acusados y las víctimas deben poder proponer la remisión de la causa penal que les afecte a otro Estado miembro. Los sospechosos, los acusados y las víctimas deben poder realizar tal propuesta a las autoridades competentes, ya sean las del Estado requirente o las del Estado requerido, cuando consideren que existen razones por las que la remisión de la causa penal está justificada en interés de la justicia. Por ejemplo, un sospechoso, un acusado o una víctima puede realizar tal propuesta en el Estado requirente cuando tenga conocimiento de que en el Estado requerido se están sustanciando procedimientos penales por los mismos hechos, parte de los mismos hechos u otros hechos contra el mismo sospechoso o acusado, o por los mismos hechos, parte de los mismos hechos o hechos relacionados contra otras personas. Tal propuesta podría realizarse en el Estado requerido cuando, por ejemplo, un sospechoso, un acusado o una víctima resida en dicho Estado o sea nacional de este, o tenga conocimiento de que se ha incoado un procedimiento por los mismos hechos, parte de los mismos hechos u otros hechos contra los mismos sospechosos o acusados. Aunque dicha propuesta debe considerarse y registrarse, no debe imponer ni a la autoridad requirente ni a la autoridad requerida obligación alguna de solicitar la remisión de la causa penal ni de remitirla ni de celebrar consultas con la autoridad de otro Estado miembro a tal efecto. Si alguna de esas autoridades descubre que se están sustanciando varios procedimientos penales en paralelo por la propuesta de remisión de la causa penal presentada por el sospechoso, el acusado o la víctima, o el abogado que les represente, están obligadas a consultar a la otra autoridad de conformidad con la Decisión Marco 2009/948/JAI.

(31)

La autoridad requirente debe informar lo antes posible al sospechoso o acusado de la intención de presentar una solicitud de remisión de la causa penal y debe darle la oportunidad de manifestar su opinión, también sobre aspectos relacionados con la justicia restaurativa, de conformidad con el Derecho nacional aplicable, para que las autoridades puedan tener en cuenta los intereses legítimos de esa persona antes de resolver la solicitud de remisión. Es importante proporcionar esa información por escrito. También debe ser posible proporcionarla oralmente, a condición de que el hecho de haberse proporcionado la información quede registrado con arreglo al procedimiento previsto en el Derecho nacional. Debe ser posible proporcionar la información utilizando formularios normalizados. Cuando la autoridad requirente lo considere necesario, por ejemplo, debido a la edad del sospechoso o acusado de que se trate o de su estado físico o psíquico, se debe dar la oportunidad de manifestar su opinión a su representante legal, cuando se conozca. Al considerar el interés legítimo del sospechoso o acusado a ser informado sobre la intención de presentar una solicitud de remisión, la autoridad requirente debe tener en cuenta la necesidad de garantizar la confidencialidad de la investigación o el riesgo de detrimento para la investigación contra dicha persona, por ejemplo, siempre que sea necesario para preservar un interés público importante, como en los casos en que dicha información pueda perjudicar las investigaciones encubiertas en curso o menoscabar gravemente la seguridad nacional del Estado miembro en el que se sustancie el procedimiento penal. Cuando la autoridad requirente no pueda localizar al sospechoso o acusado ni ponerse en contacto con él a pesar de haberlo intentado razonablemente, la obligación de informar a la persona debe regir desde el momento en que sea posible localizar al sospechoso o acusado o ponerse en contacto con él.

(32)

En la aplicación del presente Reglamento deben tenerse en cuenta los derechos de las víctimas establecidos en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (25), incluido el derecho a la información. El presente Reglamento no debe interpretarse de tal modo que impida a los Estados miembros conceder a las víctimas, en virtud del Derecho nacional, derechos más garantistas que los establecidos en el Derecho de la Unión.

(33)

Para decidir sobre la solicitud de remisión de la causa penal, la autoridad requirente debe tener debidamente en cuenta los intereses legítimos de las víctimas, incluidos su protección y los aspectos relacionados con la justicia restaurativa, y valorar si la remisión de la causa penal puede ser perjudicial para la capacidad de las víctimas de cara al ejercicio efectivo de sus derechos en el proceso penal de que se trate. Forma parte de esa valoración, por ejemplo, considerar la posibilidad de que las víctimas presten declaración durante el juicio en el Estado requerido si este no es el Estado miembro en el que residen, así como los medios disponibles para hacerlo. Además, debe considerarse la posibilidad de que las víctimas obtengan y presenten pruebas, por ejemplo, de testigos y peritos, a fin de demandar una indemnización o acogerse a algún programa de protección de testigos o de justicia restaurativa en el Estado requerido. El derecho de la víctima a una indemnización no debe verse perjudicado por la remisión de la causa penal. El presente Reglamento no afecta a las reglas sobre indemnización y restitución de bienes a las víctimas en los procedimientos nacionales.

(34)

Cuando sea necesario garantizar que la protección proporcionada a la víctima en el Estado requirente se mantenga en el Estado requerido, las autoridades competentes del Estado requirente deben valorar si procede dictar una orden europea de protección de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (26) o, para los Estados miembros vinculados por ella, la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (27).

(35)

Una vez que la autoridad requirente tenga intención de presentar una solicitud de remisión de la causa penal, debe informar de ello lo antes posible a las víctimas que residan o, en el caso de las personas jurídicas, que estén establecidas en el Estado requirente y que reciban información sobre el proceso penal de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2012/29/UE, tal como se haya transpuesto en Derecho nacional, o, en el caso de las personas jurídicas, que hayan recibido dicha información de conformidad con el Derecho nacional. La autoridad requirente debe dar a dichas personas la oportunidad de manifestar su opinión, de conformidad con el Derecho nacional aplicable, para que las autoridades puedan tener en cuenta sus intereses legítimos antes de resolver la solicitud de remisión. Es importante proporcionar esa información por escrito. También debe ser posible proporcionarla oralmente, a condición de que el hecho de haber proporcionado la información haya quedado registrado con arreglo al procedimiento previsto en el Derecho nacional. Debe ser posible proporcionar la información utilizando formularios normalizados o, en caso de que deba informarse a un número excepcionalmente elevado de víctimas, a través de otros medios para informar al público, como los instrumentos específicos de publicación en línea de que dispongan las autoridades judiciales con arreglo al Derecho nacional. Cuando la autoridad requirente lo considere necesario, por ejemplo, debido a la edad de la víctima o a su estado físico o psíquico, se debe dar la oportunidad de manifestar su opinión a su representante legal, cuando se conozca. Al considerar el interés legítimo de las víctimas de ser informadas sobre la intención de presentar una solicitud de remisión, la autoridad requirente debe tener en cuenta la necesidad de garantizar la confidencialidad de la investigación o el riesgo de detrimento para la investigación, por ejemplo, en los casos en que dicha información pueda perjudicar las investigaciones encubiertas en curso o menoscabar gravemente la seguridad nacional del Estado requirente.

(36)

También debe poder utilizarse formularios normalizados en determinadas situaciones previstas en el presente Reglamento, para facilitar a la autoridad requirente y a la autoridad requerida una asistencia mutua en informar al sospechoso, acusado o víctima y en solicitar su opinión sobre la intención de presentar una solicitud de remisión de la causa penal. La posibilidad de utilizar dichos formularios normalizados no debe excluir la posibilidad de que la autoridad requirente o la autoridad requerida envíen directamente una notificación a los sospechosos, los acusados o las víctimas.

(37)

La correcta aplicación del presente Reglamento presupone la comunicación entre la autoridad requirente y la autoridad requerida, a las que debe alentarse a consultarse entre sí siempre que sea conveniente para facilitar la aplicación armoniosa y eficiente del presente Reglamento, ya sea directamente o, cuando proceda, a través de Eurojust .

(38)

La autoridad requirente debe poder consultar a la autoridad requerida antes de presentar la solicitud de remisión de la causa penal cuando ello sea necesario, en particular, para determinar si la remisión de la causa penal coadyuvaría a la eficiencia y la adecuación de la administración de la justicia, y también determinar si es proporcionada y adecuada a los fines del procedimiento de que se trate, así como si es probable que la autoridad requerida aduzca alguno de los motivos de rechazo recogidos en el presente Reglamento.

(39)

En la transmisión de la solicitud de remisión de la causa penal, la autoridad requirente debe proporcionar información exacta y clara sobre las circunstancias y condiciones subyacentes a la solicitud, así como la documentación justificativa que se considere oportuno, con el fin de que la autoridad requerida pueda resolver con conocimiento de causa sobre la solicitud de remisión de la causa penal. La autoridad requirente debe traducir a una lengua oficial del Estado requerido o a cualquier otra lengua aceptada por dicho Estado en virtud del presente Reglamento el formulario de solicitud cumplimentado y, con el fin de reducir los costes y tiempos de traducción, al menos lo esencial de la documentación justificativa o de cualquier información escrita. Lo esencial de los documentos de que se trate son los extractos necesarios para que la autoridad requerida resuelva con conocimiento de causa sobre la solicitud de remisión de la causa penal.

(40)

Mientras la autoridad requerida no haya adoptado una resolución sobre si aceptar o rechazar la remisión de la causa penal, la autoridad requirente debe poder retirar la solicitud de remisión, por ejemplo, si descubre otros elementos por los que la remisión ya no parezca justificada. La información sobre la retirada de la solicitud de remisión de la causa penal debe proporcionarse inmediatamente a la autoridad requerida y comunicarse a los sospechosos o acusados y a las víctimas, según proceda.

(41)

La autoridad requerida debe comunicar a la autoridad requirente si acepta o rechaza la remisión de la causa penal sin demora injustificada y, en cualquier caso, a más tardar sesenta días después de haber recibido la solicitud de remisión de la causa penal. En supuestos específicos, cuando la autoridad requerida no pueda respetar este plazo, por ejemplo, si considera que necesita información adicional, solo debe ser posible prorrogarlo por un máximo de treinta días, para evitar retrasos excesivos. Al aceptar la remisión de la causa penal, la autoridad requerida debe adoptar una resolución debidamente motivada. En los casos en que la autoridad requerida rechace la remisión de la causa penal, debe informar a la autoridad requirente de los motivos de rechazo. A tal fin, basta con que la autoridad requerida proporcione información sucinta sobre el motivo o los motivos fundados de rechazo

(42)

Cuando la autoridad requerida haya aceptado la remisión de la causa penal, la autoridad requirente debe dar traslado a la autoridad requerida, sin demora injustificada, de los originales o copias certificadas de todos los documentos de los autos, o al menos de las partes pertinentes de estos, junto con su traducción. Una vez archivado el proceso nacional, la autoridad requirente debe transmitir sin demora injustificada a la autoridad requerida las partes pertinentes restantes de los autos, en original o en copia certificada, incluidas las pruebas físicas pertinentes, como los objetos del delito o las muestras de sangre o de ADN. La documentación original solo debe transmitirse si la pide la autoridad requerida, por ejemplo, cuando sea necesario examinar un documento con fines forenses. Siempre que ya no se necesiten en el Estado requerido, los documentos originales de los autos y las pruebas físicas deben devolverse al Estado requirente a petición de este, por ejemplo, si dichos documentos o pruebas físicas son necesarios a efectos de otra investigación penal. Cuando el Estado requirente, a petición del Estado requerido, indique que no tiene intención de recuperar los documentos originales de los autos o las pruebas físicas cuando ya no sean necesarios o al término del procedimiento, el Estado requerido debe poder decidir, de conformidad con su Derecho nacional, cómo proceder con las pruebas restantes, incluido si las conserva o las destruye. Una vez aceptada la solicitud de la remisión de la causa, y con el fin de garantizar la eficiencia de la remisión, la autoridad requirente y la autoridad requerida deben poder consultarse mutuamente para determinar los documentos o partes de documentos necesarios que deban trasladarse y traducirse, en caso necesario. No obstante, es importante que la decisión de enviar solo partes de los documentos sea equilibrada y esté basada en un examen minucioso de los documentos en cuestión, a fin de no comprometer la equidad del proceso.

(43)

La remisión de la causa penal no debe rechazarse por motivos distintos de los contemplados en el presente Reglamento. Para que la remisión de la causa penal sea aceptada, debe ser posible el enjuiciamiento en el Estado requerido de los hechos subyacentes al proceso penal que se pretenda remitir. La autoridad requerida debe rechazar la remisión de la causa penal si la acción u omisión objeto de la remisión de la causa no constituye una infracción penal en el Estado requerido o si el Estado requerido no tiene jurisdicción para enjuiciar tal infracción penal, a menos que se trate de la jurisdicción otorgada en virtud del presente Reglamento. La autoridad requerida también debe rechazar la remisión de la causa penal si no se cumplen las condiciones para enjuiciar la infracción penal en el Estado requerido. Tal podría ser el caso, por ejemplo, si la víctima no hubiera presentado a tiempo la denuncia o querella necesaria para enjuiciar la infracción penal en el Estado requerido o si, debido a la muerte o enajenación mental del sospechoso o acusado, el enjuiciamiento se hubiera vuelto imposible con arreglo al Derecho nacional del Estado requerido. Además, la autoridad requerida debe rechazar la remisión de la causa penal si existen otros impedimentos para el enjuiciamiento en el Estado requerido.La autoridad requerida debe poder rechazar la remisión de la causa penal si el sospechoso o acusado goza de algún privilegio o inmunidad en virtud del Derecho nacional del Estado requerido, por ejemplo, relativo a determinadas categorías de personas, como el personal diplomático, o a relaciones específicamente protegidas, como la prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado; o si la autoridad requerida considera que la remisión no está justificada atendiendo al objetivo de eficiencia y adecuación de la administración de la justicia, por ejemplo, porque no se cumplan ninguno de los criterios para solicitar la remisión de la causa penal; o si el formulario de solicitud de la remisión de la causa final está incompleto o es manifiestamente incorrecto y no ha sido completado ni subsanado por la autoridad requirente, lo que significaría que la autoridad requerida no dispone de la información necesaria para valorar la solicitud de remisión de la causa penal. La autoridad requerida también debe poder rechazar la solicitud si se refiere a acciones u omisiones no constitutivas de infracción penal en el lugar en el que se hayan cometido y el Estado requerido no tiene jurisdicción de origen para investigar y enjuiciar tal infracción. Tal motivo de rechazo tiene en cuenta el principio de territorialidad, lo que significa que el Estado requerido debe poder rechazar la remisión de procesos penales en aquellos supuestos en los que la presunta infracción penal que se ha cometido fuera del territorio del Estado requirente no constituye una infracción penal en el lugar donde se ha cometido, y el Derecho nacional del Estado requerido no autoriza el enjuiciamiento de tales infracciones cuando se cometan fuera de su territorio. A los efectos del presente Reglamento, se entiende por «jurisdicción de origen» la jurisdicción ya prevista por el Derecho nacional, que no se deriva del presente Reglamento.

(44)

El principio non bis in idem, tal como se establece en los artículos 54 a 58 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 (28) y en el artículo 50 de la Carta y tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es un principio general del Derecho penal según el cual el acusado no puede ser juzgado ni condenado por una infracción penal por la que ya haya sido absuelto o condenado por resolución judicial firme. Por lo tanto, la autoridad requerida debe rechazar la remisión de la causa penal en caso de que la asunción de la competencia al respecto sea contraria a dicho principio.

(45)

Al examinar si acepta o rechaza una solicitud de remisión de una causa penal, la autoridad requerida debe valorar si esta remisión contribuye al objetivo de que la administración de la justicia sea eficiente y adecuada. Esa valoración debe hacerse caso por caso, con el fin de determinar el Estado miembro más apropiado para enjuiciar la infracción penal en cuestión. La autoridad requerida debe disponer de un amplio margen de apreciación a efectos de dicha valoración. Esa valoración debe limitarse a las circunstancias pertinentes del caso, que incluye la existencia de indicios que lleven a pensar, prima facie, que la infracción penal no se ha cometido, en su totalidad o en parte, en el territorio del Estado requerido, el hecho de que la mayoría de los efectos o una parte sustancial del daño que forman parte de los elementos constitutivos de la infracción penal no se hayan producido en el territorio de dicho Estado, y que el sospechoso o acusado no sea nacional ni residente de dicho Estado. La situación personal, material o familiar de una víctima, un testigo u otra persona afectada no debe ser decisiva en sí misma para valorar si la remisión de la causa penal coadyuva a la eficiencia y la adecuación de la administración de la justicia.

(46)

Antes de decidir rechazar la solicitud de remisión de la causa penal por cualquiera de los motivos de rechazo, la autoridad requerida debe, cuando proceda, consultar a la autoridad requirente para obtener la información adicional necesaria.

(47)

El Estado requerido debe garantizar que los sospechosos, los acusados y las víctimas dispongan de una tutela judicial efectiva frente a la resolución por la que se acepte la transmisión de los procesos penales, de conformidad con el artículo 47 de la Carta y los procedimientos aplicables en virtud del Derecho nacional, siempre que sus derechos se vean perjudicados por la aplicación del presente Reglamento. La revisión de la resolución relativa a la remisión de la causa penal debe basarse exclusivamente en los criterios establecidos en los motivos de rechazo previstos en el presente Reglamento. La valoración de si debe remitirse el proceso penal debe implicar la toma en consideración de todas las circunstancias pertinentes para el examen de dichos criterios. A menudo, esa valoración podría implicar no solo la ponderación de los intereses o derechos de las personas cuyos derechos puedan verse afectados, sino también la toma en consideración de las especificidades y los aspectos prácticos del funcionamiento del sistema de justicia penal. Dicho recurso debe entenderse sin perjuicio de otras vías de recurso previstas en el Derecho nacional.

(48)

La autoridad requerida debe disponer de una amplia facultad de apreciación para valorar si la remisión de la causa penal redunda en el interés de la eficiencia y la adecuación de la administración de la justicia, y si una solicitud de remisión debe rechazarse por alguno de los motivos de rechazo facultativos establecidos en el presente Reglamento. El examen del ejercicio de dicha facultad de apreciación debe limitarse a revisar si, al dictar la resolución por la que se acepta la solicitud de remisión de la causa penal, la autoridad requerida se ha extralimitado manifiestamente en su facultad de apreciación.

(49)

El resultado del recurso podría ser que la resolución de aceptar la remisión de la causa penal se confirme o se retire en todo o en parte. En principio, en caso de que el recurso prospere, el proceso penal se devolverá al Estado requirente. Sin embargo, en algunas situaciones, el órgano jurisdiccional también podría decidir, de conformidad con su Derecho nacional, que la resolución de aceptar la remisión de la causa penal pueda mantenerse siempre que se cumplan determinadas condiciones o formalidades adicionales, por ejemplo, la condición de que se cumplimenten algunos elementos que falten en el formulario de solicitud, o de que se adopten medidas adicionales para la ejecución de la remisión, como el mantenimiento de la protección de los testigos.

(50)

El recurso previsto en el presente Reglamento no debe suponer ninguna revisión de los fundamentos del caso, por ejemplo, acerca de si las pruebas son suficientes para justificar la apertura o la continuación de una investigación, si los hechos del asunto o los aspectos subjetivos —como el dolo o la imprudencia grave— se han establecido con arreglo a las normas aplicables, o en relación con el valor probatorio o la fuerza probatoria de las pruebas ya obtenidas o con la credibilidad de las declaraciones.

(51)

Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la tutela judicial efectiva, el Estado requerido debe garantizar que los sospechosos, acusados y víctimas tengan derecho a acceder a todos los documentos relacionados con la remisión de la causa penal que hayan servido de base a la resolución de aceptación de una remisión en virtud del presente Reglamento y que sean necesarios para impugnar eficazmente dicha resolución. El derecho de acceso a dichos documentos debe ejercerse de conformidad con los procedimientos del Derecho nacional del Estado requerido, y puede limitarse cuando ello socave la confidencialidad de la investigación, o de algún otro modo perjudique la investigación o la seguridad de las personas. Toda denegación de dicho acceso debe ponderarse con los derechos de las personas afectadas, teniendo en cuenta las diferentes fases del proceso penal. Las restricciones a dicho acceso deben interpretarse en sentido estricto y de conformidad con el derecho a un proceso equitativo en virtud de la Carta.

(52)

El plazo para que el sospechoso, el acusado o la víctima ejercite un acción judicial efectiva no debe ser superior a quince días a partir de la fecha de recepción por la persona interesada de la resolución motivada por la que se acepta la remisión de la causa penal. Debe aplicarse el Derecho nacional a los supuestos en los que no se haya identificado al sospechoso, al acusado o a la víctima en el momento de la remisión de la causa penal y en los que, por esa razón, la resolución motivada no haya podido comunicarse a dicha persona en ese momento.

(53)

La aceptación de la remisión de la causa penal por parte de la autoridad requerida debe producir la suspensión o el archivo de la causa penal en el Estado requirente para evitar la duplicación de medidas en el Estado requirente y el Estado requerido. No obstante, ello debe entenderse sin perjuicio de las diligencias de investigación o procesales de otro tipo necesarias, en particular de las medidas urgentes necesarias que el Estado requirente pueda tener que adoptar tras haberse recibido de la autoridad requerida la notificación de la aceptación, cuando así lo exijan la eficiencia y la adecuación de la administración de la justicia. El concepto de «diligencias de investigación o procesales de otro tipo» debe interpretarse de forma amplia, en el sentido de que incluye no solo cualquier diligencia de obtención de pruebas, sino también cualquier resolución procesal que imponga la prisión provisional o cualquier otra medida cautelar. Para garantizar que el proceso penal no se prolongue en exceso en el Estado requirente, una vez que las diligencias de investigación o procesales de otro tipo practicadas hayan concluido o ya no sean necesarias, el proceso penal debe suspenderse o archivarse en el Estado requirente. Si se ha interpuesto un recurso con efecto suspensivo en el Estado requerido, el proceso penal no debe suspenderse ni archivarse en el Estado requirente hasta que se resuelva el recurso en el Estado requerido.

(54)

En los casos en que la jurisdicción respecto de la causa penal se derive exclusivamente del presente Reglamento y cuando se haya recibido la solicitud de remisión y esté aún pendiente la resolución de aceptar o rechazar la remisión de la causa penal, los Estados miembros deben poder disponer en su Derecho nacional de una base jurídica para la detención preventiva del sospechoso o acusado que se encuentre en el Estado requerido o para la adopción de otras medidas provisionales por parte de la autoridad competente de dicho Estado. Dicha detención preventiva u otras medidas provisionales solo deben adoptarse de conformidad con el Derecho nacional, y solo cuando sea necesario. Dicha detención preventiva u otras medidas provisionales deben estar sujetas a las mismas garantías procesales que se apliquen a las mismas medidas en virtud del Derecho nacional, incluida la supervisión judicial. Además, dicha detención provisional u otras medidas provisionales deben adoptarse tras una evaluación adecuada sobre la base de la información de que disponga la autoridad requerida. No obstante, el presente Reglamento no debe servir de base jurídica para detener a una persona con vistas a su traslado físico al Estado requerido con el fin de que este pueda ejercer la acción penal contra dicha persona.

(55)

Las autoridades competentes del Estado requerido deben informar a la autoridad requirente por escrito de cualquier resolución adoptada al término del procedimiento penal en el Estado requerido. La Decisión Marco 2009/948/JAI impone una obligación similar cuando se ha llegado a un acuerdo sobre la concentración de los procesos en un Estado miembro. Cuando la autoridad requerida decida archivar el proceso penal relacionado con los hechos subyacentes a la solicitud de remisión, debe informar a la autoridad requirente de los motivos por los que ordene el archivo. La autoridad requerida debe traducir, como mínimo, lo esencial de dicha información y del escrito de la resolución definitiva adoptada en el Estado requerido a una lengua oficial del Estado requirente o a cualquier otra lengua aceptada por dicho Estado de conformidad con el presente Reglamento. Se entiende que lo esencial de la información y de la resolución son los extractos necesarios para que la autoridad requirente tenga conocimiento de su contenido general.

(56)

Si la autoridad requerida decide archivar el proceso penal relacionado con los hechos subyacentes a la solicitud de remisión, la autoridad requirente debe poder reanudar o volver a incoar el proceso penal si ello no constituye una vulneración del principio non bis in idem, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, cuando la resolución de archivar el proceso no prohíba definitivamente el ejercicio de la acción penal en virtud del Derecho nacional del Estado requerido y no se haya adoptado tras una apreciación del fondo del asunto, y no excluya, por lo tanto, el posterior ejercicio de diligencias penales por los mismos hechos en dicho Estado. Las víctimas deben estar facultadas para incoar o solicitar que se vuelva a incoar un proceso penal en el Estado requirente de conformidad con el Derecho nacional de dicho Estado siempre que ello no constituya una vulneración del principio non bis in idem.

(57)

Una vez remitido el proceso penal de conformidad con el presente Reglamento, la autoridad requerida debe aplicar el Derecho y los procedimientos nacionales pertinentes. Ninguna disposición del presente Reglamento debe interpretarse de tal modo que condicione la discrecionalidad para ejercitar la acción penal que otorgue el Derecho nacional.

(58)

Ninguna disposición del presente Reglamento debe interpretarse de tal modo que afecte a la duración de la prescripción en el Estado requerido establecida en su Derecho nacional.

(59)

Con el fin de dar pleno efecto a la remisión de la causa penal, las pruebas remitidas por la autoridad requirente no podrán ser inadmitidas en el proceso penal correspondiente en el Estado requerido por el mero hecho de haber sido obtenidas en otro Estado miembro. El órgano jurisdiccional competente del Estado requerido debe mantener su discrecionalidad judicial a la hora de evaluar dichas pruebas de conformidad con el Derecho nacional, si bien los sospechosos y acusados deben conservar el derecho a impugnar su admisibilidad de conformidad con sus derechos de defensa en virtud de la Carta. En consonancia con esos principios, y dentro del respeto de los diferentes sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros, tal como se establece en el artículo 67, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ninguna disposición del presente Reglamento debe interpretarse como una prohibición de que los órganos jurisdiccionales apliquen los principios fundamentales del Derecho nacional relativos a la equidad del procedimiento que apliquen en sus sistemas nacionales, incluidos los sistemas de common law.

(60)

El Estado requerido debe aplicar su Derecho nacional para fijar la pena aplicable a la infracción penal en cuestión. Si la infracción penal se cometió en el territorio del Estado requirente, a la hora de determinar la pena las autoridades requeridas deben poder tener en cuenta la pena máxima establecida en el Derecho nacional del Estado requirente, siempre que ello redunde en beneficio del acusado y se ajuste al Derecho nacional del Estado requerido. Esto debe tenerse en cuenta en los supuestos en los que la remisión de la causa penal dé lugar a la aplicación en el Estado requerido de una pena superior a la pena máxima fijada en el Estado requirente para esa misma infracción penal, con vistas a garantizar un grado de seguridad jurídica y de previsibilidad de la ley aplicable a los sospechosos o acusados de que se trate. La pena máxima establecida en el Derecho nacional del Estado requirente debe tenerse siempre en cuenta cuando la jurisdicción del Estado requerido se derive exclusivamente del presente Reglamento.

(61)

Cada Estado miembro debe correr con sus propios costes de remisión de procesos penales, incluidos los relacionados con el ejercicio de los derechos procesales a los que el sospechoso o acusado tenga derecho en cada uno de los Estados miembros en cuestión, de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional aplicables. Los Estados miembros no deben poder reclamarse mutuamente el reembolso de los gastos que resulten de la aplicación del presente Reglamento. No obstante, si el Estado requirente incurre en gastos elevados o excepcionales por la traducción de los documentos del expediente que vayan a remitirse al Estado requerido, la autoridad requerida debe considerar la propuesta de reparto de los gastos que presente la autoridad requirente. En tales casos, la autoridad requirente y la autoridad requerida deben consultarse mutuamente a fin de llegar a un acuerdo sobre el reparto de los gastos. Lo más conveniente es que estas consultas se realicen antes de que se presente la solicitud de remisión. Si no se puede llegar a un acuerdo antes de que se adopte la resolución por la que se acepte la remisión de la causa penal, la autoridad requirente debe poder resolver si retira la solicitud de conformidad con el presente Reglamento o mantiene la solicitud y corre con la parte de los gastos que se considere excepcionalmente elevada.

(62)

El uso de un formulario de solicitud normalizado traducido a todas las lenguas oficiales de la Unión facilitaría la cooperación y el intercambio de información entre la autoridad requirente y la autoridad requerida, lo que les permitiría adoptar una resolución sobre la remisión de la causa penal con mayor rapidez y eficacia. El uso de dicho formulario también reduciría los gastos de traducción y contribuiría a mejorar la calidad de las solicitudes.

(63)

En el formulario de solicitud solo deben figurar los datos personales necesarios para facilitar la resolución sobre la solicitud por parte de la autoridad requerida en lo que respecta a la remisión de la causa penal. El formulario de solicitud debe contener una indicación de las categorías de datos personales, por ejemplo, si la persona afectada tiene la condición de sospechoso, acusado o víctima, así como casillas específicas para cada una de esas categorías.

(64)

A fin de resolver eficazmente la posible necesidad de mejorar el formulario de solicitud que debe utilizarse para solicitar la remisión de la causa penal u otro tipo de formulario, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación de los anexos del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (29). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(65)

A fin de garantizar que el intercambio de los datos relacionados con los asuntos sea rápido, directo, interoperable, fiable y seguro, la comunicación realizada en virtud del presente Reglamento entre la autoridad requirente y la autoridad requerida y con la participación de las autoridades centrales, cuando se hayan designado, así como con Eurojust, debe llevarse a cabo, por regla general, a través del sistema informático descentralizado a que se refiere el Reglamento (UE) 2023/2844 del Parlamento Europeo y del Consejo (30). En particular, el sistema informático descentralizado debe utilizarse, por regla general, para el envío del formulario de solicitud, de cualquier otra información y documentos pertinentes, así como de cualquier otra comunicación entre las autoridades realizada en virtud del presente Reglamento. En los casos en los que se apliquen una o varias de las excepciones establecidas en el Reglamento (UE) 2023/2844, en particular cuando el uso del sistema informático descentralizado no sea posible o adecuado, debe ser posible utilizar otros medios de comunicación, tal como se especifica en dicho Reglamento.

(66)

Los Estados miembros deben poder utilizar un programa informático desarrollado por la Comisión (en lo sucesivo, «programa informático de aplicación de referencia») en lugar de un sistema informático nacional. El programa informático de aplicación de referencia debe basarse en una configuración modular, lo que significa que el programa informático se distribuye y entrega de forma separada de los componentes del sistema e-CODEX, establecido con arreglo al Reglamento (UE) 2022/850 del Parlamento Europeo y del Consejo (31), que son necesarios para conectarlo al sistema informático descentralizado. Esa configuración debe permitir a los Estados miembros reutilizar o mejorar sus infraestructuras nacionales existentes de comunicación judicial para que puedan emplearse en supuestos transfronterizos.

(67)

La Comisión debe ser responsable de la creación, el mantenimiento y el desarrollo del programa informático de aplicación de referencia. La Comisión debe diseñar, desarrollar y mantener los programas informáticos de aplicación de referencia de manera que los responsables del tratamiento puedan garantizar el cumplimiento de los requisitos y principios en materia de protección de datos establecidos en el Reglamento (UE) 2018/1725 (32) del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (33), en particular las obligaciones de protección de datos desde el diseño y por defecto y el nivel elevado de ciberseguridad. El programa informático de aplicación de referencia también debe incluir medidas técnicas adecuadas y permitir las medidas organizativas necesarias para garantizar un nivel adecuado de seguridad e interoperabilidad, teniendo en cuenta que también es probable que se intercambien categorías especiales de datos. La Comisión no trata datos personales en el contexto de la creación, el mantenimiento y el desarrollo del programa informático de aplicación de referencia.

(68)

El programa informático de aplicación de referencia desarrollado por la Comisión como sistema final debe recopilar sistemáticamente los datos estadísticos necesarios a efectos de seguimiento, y estos deben transmitirse a la Comisión. En caso de que los Estados miembros opten por utilizar un sistema informático nacional en lugar del programa informático de aplicación de referencia desarrollado por la Comisión, dicho sistema podría estar equipado para recopilar sistemáticamente esos datos y, en tal caso, estos deben transmitirse a la Comisión. El conector de e-CODEX también podría estar equipado con una función que permita la generación de datos estadísticos pertinentes.

(69)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para crear el sistema informático descentralizado. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (34).

(70)

El presente Reglamento debe sentar la base jurídica para el intercambio de datos personales entre Estados miembros a efectos de la remisión de causas penales, de conformidad con el artículo 8 y el artículo 10, letra a), de la Directiva (UE) 2016/680. No obstante, cualquier otro aspecto relacionado con los datos personales —como el plazo para la conservación de los datos personales que recibe la autoridad requirente, el tratamiento de los datos personales por parte de la autoridad requirente y la autoridad requerida— debe estar regulado por el Derecho nacional de los Estados miembros adoptado en virtud de la Directiva (UE) 2016/680. La autoridad requirente y la autoridad requerida deben considerarse responsables del tratamiento de los datos personales a efectos de dicha Directiva. Las autoridades centrales podrían prestar apoyo administrativo a la autoridad requirente y la autoridad requerida y, en la medida en que estén tratando datos personales en nombre de esos responsables, deben considerarse encargadas del tratamiento de los responsables respectivos. Por lo que se refiere al tratamiento de datos personales por Eurojust, el Reglamento (UE) 2018/1725 debe aplicarse en el contexto del presente Reglamento, sin perjuicio de las normas específicas de protección de datos establecidas en el Reglamento (UE) 2018/1727. Ninguna disposición del presente Reglamento debe interpretarse de tal modo que se extiendan los derechos de acceso a otros sistemas de información de la Unión en virtud de los actos jurídicos de la Unión por los que se establezcan dichos sistemas.

(71)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la remisión de causas penales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(72)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado, mediante carta de 13 de julio de 2023, su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(73)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22, sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(74)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 22 de mayo de 2023 (35).

1)

«Estado requirente»: el Estado miembro que esté conociendo de una causa penal y desde el que se presente una solicitud de remisión de esa causa a otro Estado miembro, o que haya iniciado o recibido una solicitud de consulta relativa a una posible remisión de una causa penal;

2)

«Estado requerido»: el Estado miembro al que se transmita una solicitud de remisión de una causa penal para que asuma la competencia respecto de esa causa o que haya recibido una solicitud de consulta o iniciado una consulta relativa a una posible remisión de una causa penal;

3)

«autoridad requirente»:

a) el juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal competente del Estado requirente en el asunto de que se trate, o

b) cualquier otra autoridad designada competente a tal efecto por el Estado requirente, que actúe, en el asunto de que se trate, en calidad de autoridad de investigación en el proceso penal con competencia para solicitar la remisión de la causa penal con arreglo al Derecho nacional. Además, antes de que se transmita a la autoridad requerida, la solicitud de remisión de la causa penal deberá recibir la validación de un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal del Estado requirente tras comprobar que cumple las condiciones para la presentación de tales solicitudes con arreglo al presente Reglamento. Cuando la solicitud de remisión de la causa penal haya sido validada por un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal del Estado requirente, esa autoridad también se podrá considerar autoridad requirente a efectos de la transmisión de la solicitud;

4)

«autoridad requerida»: el juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal competente para aceptar o rechazar la remisión de la causa penal de conformidad con el artículo 11, apartado 1, y para adoptar, cuando así lo permita el ordenamiento jurídico del Estado requerido, medidas subsiguientes de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento o cualquier medida prevista en su Derecho nacional.

Sin perjuicio de la obligación de que la resolución de aceptar o rechazar la remisión de una causa penal de conformidad con el artículo 11, apartado 1, deba ser adoptada exclusivamente por un juez, tribunal, juez de instrucción o fiscal sobre la base de su apreciación de los motivos de rechazo con arreglo al artículo 12, el Estado requerido podrá disponer, debido a la estructura de su ordenamiento jurídico interno derivada de una tradición de common law, cuando su ordenamiento jurídico nacional no permita que sus órganos jurisdiccionales o el ministerio fiscal adopten medidas distintas de la resolución de aceptar o rechazar la remisión de la causa penal de conformidad con el artículo 11, apartado 1, que otra autoridad, competente para adoptar medidas en los procesos penales con arreglo a su Derecho nacional, adopte medidas con el único fin de facilitar la adopción de tal resolución. Esa otra autoridad competente también podrá adoptar medidas subsiguientes a efectos del presente Reglamento;

5)

«sistema informático descentralizado»: un sistema informático descentralizado conforme a la definición del artículo 2, punto 3, del Reglamento (UE) 2023/2844;

6)

«víctima»: una víctima tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2012/29/UE, o una persona jurídica, tal como se defina en el Derecho nacional, que haya sufrido un daño o un perjuicio económico como resultado directo de una infracción penal que sea objeto de un proceso penal al que sea aplicable el presente Reglamento.

a)

el Estado requerido, basándose en el artículo 4, punto 7, letra b), de la Decisión Marco 2002/584/JAI, deniegue la entrega del sospechoso o acusado que se encuentre en su territorio y sea nacional o residente del Estado requerido;

b)

el Estado requerido deniegue la entrega del sospechoso o acusado contra el que se haya dictado una orden de detención europea y que se encuentre en su territorio y sea nacional o residente de dicho Estado si, en situaciones excepcionales, comprueba que existen motivos fundados para creer, por estar probado de forma expresa y objetiva, que la entrega supondría, dadas las circunstancias particulares del asunto, una vulneración manifiesta de algún derecho fundamental pertinente reconocido en el artículo 6 del TUE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»);

c)

la mayoría de los efectos de la infracción penal o una parte sustancial del daño que formen parte de los elementos constitutivos de la infracción penal se haya producido en el territorio del Estado requerido;

d)

se estén sustanciando uno o varios procedimientos penales en el Estado requerido contra el sospechoso o acusado por otros hechos y el sospechoso o acusado sea nacional o residente del Estado requerido, o

e)

se estén sustanciando uno o varios procedimientos penales en el Estado requerido contra otras personas por los mismos hechos, parte de los mismos hechos o hechos relacionados y el sospechoso o acusado en la causa penal objeto de remisión sea nacional o residente del Estado requerido.

a)

que la infracción penal se haya cometido, en su totalidad o en parte, en el territorio del Estado requerido, o que la mayoría de los efectos de la infracción penal o una parte sustancial del daño que formen parte de los elementos constitutivos de la infracción penal se haya producido en el territorio del Estado requerido;

b)

que uno o varios de los sospechosos o acusados sean nacionales o residentes del Estado requerido;

c)

que uno o varios de los sospechosos o acusados se encuentren en el territorio del Estado requerido y dicho Estado deniegue su entrega al Estado requirente basándose en:

i) el artículo 4, punto 2, de la Decisión Marco 2002/584/JAI,

ii) el artículo 4, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, cuando la denegación no se deba a que sobre dicha persona pese una resolución definitiva por la misma infracción penal que obstaculice actuaciones penales posteriores, o

iii) el artículo 4, punto 7, de la Decisión Marco 2002/584/JAI;

d)

que uno o más sospechosos o acusados para quienes se haya dictado una orden de detención europea se encuentren en el Estado requerido y este deniegue la entrega de esas personas si comprueba que, en situaciones excepcionales, existen motivos fundados para creer, por estar probado de forma expresa y objetiva, que su entrega supondría, dadas las circunstancias particulares del asunto, una vulneración manifiesta de algún derecho fundamental pertinente de los reconocidos en el artículo 6 del TUE y en la Carta;

e)

que la mayoría de las pruebas pertinentes para la investigación se encuentren en el Estado requerido o la mayoría de los testigos pertinentes sean residentes del Estado requerido;

f)

que se estén sustanciando uno o varios procedimientos penales en el Estado requerido por los mismos hechos, parte de los mismos hechos u otros hechos contra el sospechoso o acusado;

g)

que se estén sustanciando uno o varios procedimientos penales en el Estado requerido contra otras personas por los mismos hechos, parte de los mismos hechos o hechos relacionados;

h)

que uno o varios de los sospechosos o acusados estén cumpliendo o vayan a cumplir una pena privativa de libertad en el Estado requerido;

i)

que sea probable que la ejecución de la pena en el Estado requerido mejore las perspectivas de reinserción social del reo o existan otros motivos que justifiquen que la ejecución de la pena en el Estado requerido sea más adecuada;

j)

que una o varias de las víctimas sean nacionales o residentes del Estado requerido;

k)

que las autoridades competentes de los Estados miembros hayan alcanzado un consenso, con arreglo a la Decisión Marco 2009/948/JAI o de algún otro modo, sobre la concentración de las actuaciones del proceso penal en un Estado miembro.

a)

informará al sospechoso o acusado, de conformidad con el Derecho nacional aplicable y en una lengua que comprenda, de su intención de presentar una solicitud de remisión de la causa penal, y

b)

brindará al sospechoso o acusado la oportunidad de manifestar su opinión sobre dicha remisión, también sobre cuestiones relacionadas con la justicia restaurativa.

a)

el cumplimiento de dichas obligaciones implicase socavar la confidencialidad de la investigación o perjudicarla de algún otro modo;

b)

el sospechoso o acusado no pudiese ser localizado o no fuese posible ponerse en contacto con él pese a los intentos razonables de la autoridad requirente, o

c)

la solicitud de remisión de la causa penal se presentase como consecuencia de la propuesta del sospechoso o acusado en virtud del artículo 5, apartado 3.

a)

informará a la víctima, de conformidad con el Derecho nacional aplicable y en una lengua que comprenda, de su intención de presentar una solicitud de remisión de la causa penal, y

b)

brindará a la víctima la oportunidad de manifestar su opinión sobre la remisión, también sobre cuestiones relacionadas con la justicia restaurativa.

a)

el cumplimiento de dichas obligaciones implicase socavar la confidencialidad de la investigación o perjudicarla de algún otro modo, o

b)

la solicitud de remisión de la causa penal se presentase como consecuencia de la propuesta de la víctima en virtud del artículo 5, apartado 3.

a)

información sobre la autoridad requirente;

b)

la descripción de la infracción penal que es objeto del proceso penal y las disposiciones aplicables del Derecho penal del Estado requirente;

c)

los motivos por los que la remisión de la causa penal es necesaria e idónea y, en particular, cuáles de los criterios enumerados en el artículo 5, apartado 2, concurren en el asunto;

d)

la información necesaria de que se disponga sobre el sospechoso o acusado y la víctima;

e)

una valoración de los efectos que la remisión de la causa penal tendría en los derechos del sospechoso o acusado y de la víctima a partir de la información de la que disponga la autoridad requirente, incluida, cuando proceda, la opinión de las personas interesadas obtenida de conformidad con el artículo 6, apartados 3 y 4, o el artículo 7, apartados 2 y 3, o las propuestas realizadas en virtud del artículo 5, apartado 3;

f)

información sobre las actuaciones o diligencias procesales que afecten al proceso penal efectuadas en el Estado requirente, incluida cualquier medida coercitiva provisional en curso y el plazo para la aplicación de dicha medida;

g)

cualquier condición específica aplicable al tratamiento de los datos personales en el sentido del artículo 9, apartado 3, de la Directiva (UE) 2016/680.

a)

que la solicitud se refiera a hechos no constitutivos de infracción penal según el Derecho nacional del Estado requerido;

b)

que la asunción de la competencia respecto de la causa penal sea contraria al principio non bis in idem;

c)

que al sospechoso o acusado no se le pueda exigir responsabilidad penal por la infracción penal debido a su edad;

d)

que la acción penal haya prescrito con arreglo al Derecho nacional del Estado requerido;

e)

que no se cumplan las condiciones para enjuiciar la infracción penal en el Estado requerido;

f)

que la infracción penal esté amnistiada por el Derecho nacional del Estado requerido;

g)

que el Estado requerido no tenga jurisdicción sobre la infracción penal de conformidad con el Derecho nacional o jurisdicción en virtud del artículo 3.

a)

que el Derecho nacional del Estado requerido prevea alguna inmunidad o privilegio que impida emprender acciones judiciales;

b)

que la autoridad requerida considere que la remisión de la causa penal no coadyuva a la eficiencia y la adecuación de la administración de la justicia;

c)

que la infracción penal no se haya cometido, en su totalidad o en parte, en el territorio del Estado requerido, la mayoría de los efectos o una parte sustancial del daño que formen parte de los elementos constitutivos de la infracción penal no se hayan producido en el territorio de dicho Estado y el sospechoso o acusado no sea nacional ni residente de dicho Estado;

d)

que el formulario de solicitud a que se refiere el artículo 8, apartado 1, esté incompleto o sea manifiestamente incorrecto, y no se haya completado ni subsanado tras la consulta a que se refiere el apartado 3 del presente artículo;

e)

la solicitud se refiera a hechos no constitutivos de infracción penal en el lugar en el que se hayan producido, y el Estado requerido carezca de jurisdicción de origen, con arreglo a su Derecho nacional, para enjuiciar esa infracción penal.

a)

informará al sospechoso o acusado de la resolución de aceptar la remisión de la causa penal;

b)

proporcionará al sospechoso o acusado una copia de la resolución motivada por la que se acepte la remisión de la causa penal, e

c)

informará al sospechoso o acusado del derecho a la tutela judicial efectiva en el Estado requerido, con mención de los plazos para ejercerlo.

a)

el cumplimiento de dichas obligaciones implicase socavar la confidencialidad de la investigación o perjudicarla de algún otro modo, o

b)

el sospechoso o acusado no pudiese ser localizado o no fuese posible ponerse en contacto con él pese a los intentos razonables de la autoridad requerida o de la autoridad requirente, respectivamente.

a)

la resolución de la autoridad requerida de aceptar la remisión, y

b)

el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva en el Estado requerido, con mención de los plazos para ejercerlo.

a)

el cumplimiento de dichas obligaciones implicase socavar la confidencialidad de la investigación o perjudicarla de algún otro modo, o

b)

la víctima no pudiese ser localizada o no fuese posible ponerse en contacto con ella pese a los intentos razonables de la autoridad requerida o de la autoridad requirente, respectivamente.

a)

las especificaciones técnicas de los modos de comunicación por medios electrónicos a efectos del sistema informático descentralizado;

b)

las especificaciones técnicas de los protocolos de comunicación;

c)

los objetivos en materia de seguridad de la información y las medidas técnicas pertinentes que garanticen las normas mínimas de seguridad de la información y un nivel elevado de ciberseguridad para el tratamiento y la comunicación de información dentro del sistema informático descentralizado;

d)

los objetivos mínimos de disponibilidad y los posibles requisitos técnicos conexos para los servicios prestados por el sistema informático descentralizado;

e)

las especificaciones de procesamiento digital tal como se definen en el artículo 3, punto 9, del Reglamento (UE) 2022/850.

a)

el número de solicitudes de remisión de causas penales presentadas, incluidos los criterios aducidos para solicitar la remisión, por el Estado requirente;

b)

el número de remisiones de causas penales aceptadas y rechazadas, incluidos los motivos de rechazo, por el Estado requerido;

c)

el tiempo empleado por el Estado requirente en transmitir información sobre la resolución de aceptación o rechazo de la remisión de la causa penal.

a)

el número de investigaciones y acusaciones cuya tramitación no continuó tras la aceptación de la remisión de la causa penal;

b)

el número de casos en los que se hayan interpuesto recursos contra las resoluciones de aceptación de la remisión de la causa penal, especificando en cada caso si lo interpuso el sospechoso, el acusado o la víctima, y el número de resoluciones impugnadas que hayan prosperado;

c)

cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de los actos de ejecución a que se refiere el artículo 25, apartado 1, los costes generados en virtud del artículo 27, apartado 2.

a)

las autoridades que, de conformidad con su Derecho nacional, tengan competencia a efectos del artículo 2, punto 3, para presentar o validar solicitudes para la remisión de causas penales, y aquellas que tengan competencia a efectos del artículo 2, punto 4, para tomar decisiones en lo que respecta a dichas solicitudes;

b)

información relativa a las otras autoridades a que se refiere el artículo 2, punto 4, párrafo segundo, si el Estado miembro recurre a la posibilidad establecida en virtud de dicho párrafo;

c)

información relativa a la autoridad o autoridades centrales designadas si el Estado miembro hace ejercicio de la facultad establecida en el artículo 20;

d)

las lenguas aceptadas a efectos de la solicitudes de remisión de causas penales, para la presentación de información complementaria y para cualquier comunicación entre autoridades, cuando actúen como Estado requirente y como Estado requerido.