Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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La guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania y la reducción sin precedentes del suministro de gas natural procedente de la Federación de Rusia a los Estados miembros amenazan la seguridad del suministro de la Unión y sus Estados miembros. Al mismo tiempo, el uso del suministro de gas como arma y la manipulación de los mercados por parte de la Federación de Rusia mediante perturbaciones intencionadas de los flujos de gas han dado lugar a precios de la energía exorbitados en la Unión, poniendo en peligro no solo su economía, sino suponiendo también una grave amenaza para la seguridad del suministro. Un rápido despliegue de fuentes de energía renovables puede ayudar a mitigar los efectos de la actual crisis energética, al crear una defensa contra las acciones de Rusia. La energía renovable puede contribuir significativamente a evitar que Rusia pueda utilizar la energía como arma, ya que refuerza la seguridad del suministro de la Unión, reduce la volatilidad del mercado y hace que bajen los precios de la energía.

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En los últimos meses, las acciones de Rusia han deteriorado aún más la situación del mercado, en particular debido al aumento del riesgo de una interrupción total del suministro de gas ruso a la Unión en un futuro próximo, situación que ha afectado a la seguridad del suministro de la Unión. Esto ha aumentado drásticamente la volatilidad de los precios de la energía en la Unión y ha hecho que los precios del gas y la electricidad alcanzaran máximos históricos durante el verano, dando lugar a un aumento de los precios de la electricidad al por menor, que se prevé sigan repercutiéndose de forma gradual a la mayoría de los contratos de consumo, lo que supone una carga cada vez mayor para los hogares y las empresas. El deterioro de la situación de los mercados de la energía ha contribuido sustancialmente a la inflación general en la zona del euro, ralentizando el crecimiento económico en toda la Unión. Ese riesgo persistirá independientemente de cualquier reducción temporal de los precios al por mayor y será aún más pertinente el año próximo, como se reconoce en la propuesta de emergencia de la Comisión que acompaña a la Comunicación de la Comisión de 18 de octubre de 2022 titulada «Emergencia energética: unidos en la preparación, las compras y la protección de la UE». Las empresas energéticas europeas podrían enfrentarse a graves dificultades para llenar las instalaciones de almacenamiento de gas el próximo año, ya que es muy probable que, dada la situación política actual, llegue a la Unión menos gas de gasoducto, o ninguno, procedente de Rusia. Además, el objetivo para 2023, fijado en el Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), es llenar el 90 % de la capacidad de almacenamiento de gas de la Unión, mientras que para este invierno era del 80 %. Asimismo, acontecimientos imprevisibles, como el sabotaje de gasoductos y otros riesgos de perturbaciones de la seguridad del suministro, podrían crear tensiones adicionales en los mercados del gas. Más aún, las perspectivas de competitividad de las industrias europeas de tecnologías de energías renovables se han visto debilitadas por las recientes políticas en otras regiones del mundo destinadas a promover y acelerar la expansión de cadenas de valor completas de tecnologías de energías renovables.

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En este contexto y con el fin de hacer frente a la exposición de los consumidores y las empresas europeos a unos precios elevados y volátiles que están ocasionando dificultades económicas y sociales, de facilitar la necesaria reducción de la demanda de energía sustituyendo el suministro de gas natural por energía procedente de fuentes renovables y de aumentar la seguridad del suministro, la Unión debe adoptar medidas inmediatas y temporales adicionales para acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables, en particular mediante medidas específicas que sean capaces de acelerar a corto plazo el ritmo de despliegue de las energías renovables en la Unión.

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Dichas medidas de carácter urgente se han seleccionado por su naturaleza y potencial para ayudar a solucionar la emergencia energética a corto plazo. Más concretamente, los Estados miembros pueden aplicar rápidamente varias de las medidas establecidas en el presente Reglamento para racionalizar el proceso de concesión de autorizaciones aplicable a los proyectos de energías renovables, sin que ello exija cambios gravosos en sus procedimientos y sistemas jurídicos nacionales y de forma que se garantice una aceleración positiva del despliegue de las energías renovables a corto plazo. Algunas de estas medidas son de alcance general, como la introducción de la presunción refutable de que los proyectos de energías renovables son de interés público superior a efectos de la legislación medioambiental pertinente, o la introducción de aclaraciones sobre el ámbito de aplicación de determinadas directivas medioambientales, así como la simplificación del marco de autorización para la repotenciación de las instalaciones de producción de electricidad procedente de energías renovables de modo que se centre en los impactos derivados de las modificaciones o ampliaciones con respecto al proyecto original. Otras medidas se dirigen a tecnologías específicas, como una concesión de autorizaciones mucho más corta y más rápida para equipos solares en estructuras existentes. Conviene aplicar estas medidas de emergencia lo antes posible y adaptarlas según sea necesario para abordar adecuadamente los retos actuales.

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Es necesario introducir medidas urgentes y específicas adicionales dirigidas a tecnologías y tipos de proyectos específicos que tengan el mayor potencial para desplegarse rápidamente y un efecto inmediato en los objetivos de reducir la volatilidad de los precios y la demanda de gas natural sin limitar la demanda global de energía. Además de la aceleración de los procesos de concesión de autorizaciones, en el caso de equipos de energía solar en estructuras artificiales conviene promover y acelerar la implantación de instalaciones solares a pequeña escala, entre otros para los autoconsumidores de energías renovables y los autoconsumidores colectivos, como las comunidades locales de energía, ya que son las opciones menos costosas y más accesibles y con un menor impacto ambiental o de otro tipo para desplegar rápidamente nuevas instalaciones de energías renovables. Asimismo, esos proyectos favorecen directamente a los hogares y las empresas que se enfrentan a precios elevados de la energía y protegen a los consumidores de la volatilidad de los precios. La repotenciación de instalaciones de producción de electricidad procedente de energías renovables es una opción para aumentar rápidamente la producción de energía renovable con el menor impacto en la infraestructura de red y el medio ambiente, también en el caso de las tecnologías de producción de energía renovable cuyos procesos de concesión de autorizaciones suelen ser más largos, como la energía eólica. Por último, las bombas de calor son una alternativa directa y renovable para las calderas de gas natural y tienen el potencial de reducir significativamente la demanda de gas natural durante la temporada de calefacción.

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Debido a la situación energética urgente y excepcional, los Estados miembros deben poder introducir exenciones de determinadas obligaciones de evaluación establecidas en la legislación medioambiental de la Unión para proyectos de energías renovables, proyectos de almacenamiento de energía y proyectos de redes eléctricas que sean necesarios para la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico. Para que se introduzcan tales exenciones deben cumplirse dos condiciones, a saber, que el proyecto esté ubicado en una zona específica de energías renovables o de la red y que dicha zona se haya sometido a una evaluación medioambiental estratégica. Además, para garantizar la protección de especies, deben adoptarse medidas de mitigación proporcionadas o, a falta de tales medidas, medidas de compensación.

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El presente Reglamento debe aplicarse a los procesos de concesión de autorizaciones que tengan una fecha de inicio en su período de aplicación. Teniendo en cuenta el objetivo del presente Reglamento, y la situación de emergencia y el contexto excepcional de su adopción, en particular el hecho de que una aceleración a corto plazo del ritmo de despliegue de las energías renovables en la Unión justifica la aplicación del presente Reglamento a los procesos de concesión de autorizaciones en curso, los Estados miembros deben poder aplicar el presente Reglamento, o algunas de sus disposiciones, a los procesos de concesión de autorizaciones en curso respecto de los cuales la autoridad pertinente no haya adoptado una decisión definitiva, siempre que la aplicación de dichas normas respete debidamente los derechos preexistentes de terceros y sus expectativas legítimas. Por lo tanto, los Estados miembros deben garantizar la aplicación del presente Reglamento a los procesos de concesión de autorizaciones en curso sea proporcional y proteja adecuadamente los derechos y las expectativas legítimas de todas las partes interesadas.

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Una de las medidas temporales consiste en la introducción de la presunción refutable de que los proyectos de energías renovables son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas, a efectos de la legislación medioambiental pertinente de la Unión, salvo cuando haya pruebas claras de que dichos proyectos tienen efectos adversos importantes sobre el medio ambiente que no pueden mitigarse ni compensarse. Las instalaciones de energías renovables, incluidas las bombas de calor y la energía eólica, son cruciales para luchar contra el cambio climático y la contaminación, reducir los precios de la energía y la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles, y garantizar la seguridad del suministro de la Unión. La presunción de que las instalaciones de energías renovables, incluidas las bombas de calor, son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas, permitiría, en caso necesario, que tales proyectos se beneficiaran, con efecto inmediato, de una evaluación simplificada de las excepciones específicas que se contemplan en la legislación medioambiental pertinente de la Unión. Teniendo en cuenta sus particularidades nacionales, los Estados miembros deben poder restringir la aplicación de esta presunción a determinadas partes de sus territorios o a determinadas tecnologías o proyectos. Los Estados miembros pueden considerar la aplicación de esta presunción en su legislación nacional pertinente en materia de ordenación del paisaje.

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Esto pone en evidencia el importante papel que pueden desempeñar las energías renovables en la descarbonización del sistema energético de la Unión, ya que ofrece soluciones inmediatas para sustituir a la energía basada en combustibles fósiles y aborda el deterioro de la situación del mercado. En el proceso de planificación y de concesión de autorizaciones, al ponderar los intereses jurídicos de cada caso, debe darse prioridad a la construcción y explotación de instalaciones de energías renovables y al desarrollo de la infraestructura de red conexa, al menos en el caso de los proyectos que se consideren de interés público, con el fin de eliminar los cuellos de botella en el proceso de concesión de autorizaciones y en la explotación de instalaciones de energías renovables. Por lo que se refiere a la protección de especies, esta prioridad solo debe darse en tanto en cuanto se adopten medidas adecuadas de conservación de especies que contribuyan a mantener las poblaciones de esas especies en un estado de conservación favorable, o a restablecerlas a ese estado, y se destinen suficientes recursos financieros, además de zonas, a tal efecto.

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La energía solar es una fuente de energía renovable clave para poner fin a la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles rusos al tiempo que se alcanza la transición hacia una economía climáticamente neutra. La energía solar fotovoltaica, que es una de las fuentes de electricidad disponibles menos costosa, y la tecnología solar térmica, que proporciona calefacción renovable a bajo coste por unidad de calor, pueden desplegarse rápidamente y beneficiar directamente a los ciudadanos y las empresas. En este contexto, en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 18 de mayo de 2022 titulada «Estrategia de Energía Solar de la UE», se fomentará el desarrollo de una cadena de valor industrial resiliente en la Unión, en particular a través de la Alianza de la Industria Solar Fotovoltaica, que se pondrá en marcha a finales de 2022. La aceleración y la mejora de los procesos de concesión de autorizaciones para proyectos de energías renovables contribuirá a sustentar la ampliación de la capacidad de la Unión para fabricar tecnologías de energía limpia. Las circunstancias actuales, y en particular la elevadísima volatilidad de los precios de la energía, exigen una actuación inmediata para garantizar unos procesos de concesión de autorizaciones significativamente más rápidos con el fin de acelerar considerablemente el ritmo de la instalación de equipos de energía solar en estructuras artificiales, que suele ser menos compleja que la instalación en suelo y que puede contribuir rápidamente a mitigar los efectos de la actual crisis energética, siempre que se mantengan la estabilidad, fiabilidad y seguridad de la red. Así pues, estas instalaciones deben beneficiarse de procesos de concesión de autorizaciones más cortos que otros proyectos de energías renovables.

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El plazo máximo para el proceso de concesión de autorizaciones para la instalación de equipos de energía solar y su almacenamiento coubicado y conexiones a la red, en estructuras artificiales existentes o futuras creadas con fines distintos de la producción de energía solar, debe ser de tres meses. Se debe establecer asimismo para tales instalaciones una excepción específica al requisito de ser objeto de evaluaciones de impacto ambiental con arreglo a la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), dado que no es probable que planteen problemas relacionados con usos que compiten por el espacio o con el impacto medioambiental. La inversión en pequeñas instalaciones descentralizadas de energía solar para convertirse en autoconsumidores de energías renovables es uno de los medios más eficaces para que los consumidores de energía reduzcan sus facturas de energía y su exposición a la volatilidad de los precios. Debe permitirse a los Estados miembros la exclusión de determinadas zonas o estructuras del ámbito de aplicación de dicho plazo reducido y dicha excepción por determinadas razones justificadas.

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Las instalaciones de autoconsumo, incluidas aquellas para autoconsumidores colectivos, como las comunidades locales de energía, también contribuyen a reducir la demanda global de gas natural, a aumentar la resiliencia del sistema y a la consecución de los objetivos de la Unión en materia de energías renovables. No es probable que la instalación de equipos de energía solar con una capacidad inferior a 50 kW, incluidas las instalaciones de autoconsumidores de energías renovables, tengan efectos adversos importantes sobre el medio ambiente o la red y tampoco plantean problemas de seguridad. Además, las pequeñas instalaciones no suelen requerir una ampliación de la capacidad en el punto de conexión a la red. Habida cuenta de los efectos positivos inmediatos de tales instalaciones para los consumidores y de los limitados impactos ambientales que pueden generar, conviene racionalizar aún más el proceso de concesión de autorizaciones aplicable a estas instalaciones, siempre que no superen la capacidad existente de conexión a la red de distribución, mediante la introducción del concepto de silencio administrativo positivo en los procesos de concesión de autorizaciones pertinentes, con el fin de promover y acelerar el despliegue de estas instalaciones y aprovechar sus beneficios a corto plazo. Debe permitirse a los Estados miembros la aplicación de un umbral inferior a 50 kW por razón de sus limitaciones internas, siempre que el umbral siga siendo superior a 10,8 kW. En cualquier caso, durante el proceso de concesión de autorizaciones de un mes de duración, las autoridades o entidades pertinentes pueden rechazar las solicitudes recibidas para tales instalaciones por motivos relacionados con la seguridad, estabilidad y fiabilidad de la red mediante una respuesta debidamente motivada.

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La repotenciación de las instalaciones de energías renovables existentes tiene un potencial significativo para aumentar rápidamente la producción de electricidad renovable, permitiendo así reducir el consumo de gas. La repotenciación permite seguir utilizando emplazamientos con un potencial significativo en términos de energía renovable, lo que reduce la necesidad de designar nuevos emplazamientos para proyectos de energías renovables. La repotenciación de un parque eólico con aerogeneradores más eficientes permite mantener o aumentar la capacidad existente, pero con menos aerogeneradores que sean más grandes y más eficientes. La repotenciación también se beneficia de la conexión a la red existente, de un grado probablemente más elevado de aceptación pública y del conocimiento de los impactos medioambientales.

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Se calcula que, entre 2021 y 2025, 38 GW de capacidad eólica terrestre llegarán al final de su vida útil normal de 20 años. El desmantelamiento de estas capacidades en lugar de su repotenciación daría lugar a una reducción sustancial de la capacidad de energía renovable actualmente instalada, lo que complicaría aún más la situación del mercado de la energía. Una simplificación inmediata y la aceleración de los procesos de concesión de autorizaciones para la repotenciación son cruciales a fin de mantener y aumentar la capacidad de las energías renovables en la Unión. Para ello, el presente Reglamento introduce medidas adicionales para racionalizar aún más el proceso de concesión de autorizaciones aplicable a la repotenciación de proyectos de energías renovables. En particular, el plazo máximo de seis meses aplicable al proceso de concesión de autorizaciones para la repotenciación de proyectos de energías renovables debe incluir todas las evaluaciones de impacto ambiental pertinentes. Además, siempre que la repotenciación de una instalación de energía renovable, o la mejora de una infraestructura de red conexa que sea necesaria para integrar la energía renovable en el sistema eléctrico, sea objeto de una determinación previa o de una evaluación de impacto ambiental, estas deben limitarse a evaluar los posibles impactos significativos derivados de la modificación o la ampliación con respecto al proyecto original.

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Con el fin de promover y acelerar la repotenciación de las instalaciones de energías renovables existentes, debe establecerse con inmediatez un procedimiento simplificado para las conexiones a la red en los casos en los que la repotenciación dé lugar a un aumento limitado de la capacidad total en comparación con el proyecto original.

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Al repotenciar una instalación solar, es posible aumentar la eficiencia y la capacidad sin aumentar el espacio ocupado. Por lo tanto, siempre que en el proceso no se aumente el espacio utilizado y que se sigan cumpliendo las medidas de mitigación ambiental exigidas inicialmente, el impacto en el medio ambiente de la instalación repotenciada no variaría con respecto a la instalación original.

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La tecnología de las bombas de calor es clave para producir calefacción y refrigeración renovables a partir de energía ambiente, incluida la procedente de plantas de tratamiento de aguas residuales, y energía geotérmica. Las bombas de calor también permiten el uso del calor y el frío residuales. Un rápido despliegue de bombas de calor, que aprovechan fuentes de energía renovables infrautilizadas, como la energía ambiente, la energía geotérmica y el calor residual de los sectores industrial y terciario, incluidos los centros de datos, permite sustituir las calderas de gas natural y otras calderas basadas en combustibles fósiles por una solución de calefacción renovable, aumentando al mismo tiempo la eficiencia energética. De este modo se acelerará la reducción del uso de gas para el suministro de calefacción, tanto en los edificios como en la industria. Con el fin de acelerar la instalación y el uso de bombas de calor, conviene introducir procesos específicos de concesión de autorizaciones más cortos para tales instalaciones, incluido un procedimiento simplificado para la conexión a la red eléctrica de bombas de calor más pequeñas en los casos en que no existan preocupaciones en materia de seguridad, no sean necesarios trabajos adicionales para las conexiones a la red y no exista incompatibilidad técnica entre los componentes del sistema, a menos que la legislación nacional no exija tal procedimiento. Gracias a una instalación más rápida y sencilla de bombas de calor, el aumento del uso de energías renovables en el sector de la calefacción, que representa casi la mitad del consumo de energía de la Unión, contribuirá a la seguridad del suministro y ayudará a hacer frente a situaciones de mercado más complicadas.

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Al aplicar los plazos para la instalación de equipos de energía solar, la repotenciación de instalaciones de producción de electricidad procedente de energías renovables y el despliegue de bombas de calor, no debe contabilizarse en dichos plazos el período de tiempo durante el cual se están construyendo o repotenciando las instalaciones, sus conexiones a la red y la infraestructura de red necesaria conexa, excepto cuando coincida con otros trámites administrativos del proceso de concesión de autorizaciones. Asimismo no debe contabilizarse en dichos plazos el período de tiempo dedicado a los trámites administrativos necesarios para acometer mejoras significativas de la red requeridas para garantizar su estabilidad, fiabilidad y seguridad.

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Con el fin de facilitar aún más el despliegue de las energías renovables, los Estados miembros deben poder conservar la posibilidad de seguir reduciendo los plazos del proceso de concesión de autorizaciones.

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Siguen siendo aplicables las disposiciones del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente («Convenio de Aarhus»), en lo que respecta al acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y en particular las obligaciones de los Estados miembros en cuanto a la participación del público y el acceso a la justicia.

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El principio de solidaridad energética es un principio general del Derecho de la Unión tal como establece el Tribunal de Justicia Europeo en su sentencia de 15 de julio de 2021, en el asunto C-848/19 P (3), Alemania/Polonia, y se aplica a todos los Estados miembros. Cuando se aplica el principio de solidaridad energética, el presente Reglamento permite que los efectos derivados del despliegue más rápido de proyectos de energías renovables se distribuyan a través de las fronteras. Las medidas establecidas en el presente Reglamento se dirigen a instalaciones de energías renovables en todos los Estados miembros y cubren una amplia gama de proyectos, incluidos aquellos en estructuras existentes, las nuevas instalaciones de equipos de energía solar y la repotenciación de instalaciones existentes. Habida cuenta del grado de integración de los mercados de la energía de la Unión, cualquier aumento del despliegue de las energías renovables en un Estado miembro debería ser beneficioso también para otros Estados miembros en términos de seguridad del suministro y precios más bajos, y debería ayudar a que la electricidad renovable fluya a través de las fronteras hasta donde sea más necesaria y garantizar que la electricidad renovable producida a bajo coste se exporte a los Estados miembros en los que la producción de electricidad sea más cara. Además, las nuevas capacidades de energía renovable instaladas en los Estados miembros tendrán un impacto en la reducción global de la demanda de gas en toda la Unión.

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De conformidad con el artículo 122, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo, a propuesta de la Comisión, puede decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidas adecuadas para la situación económica, en particular si surgen dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía. A la luz de los recientes acontecimientos y las recientes acciones de Rusia, el elevado riesgo de una interrupción total del suministro de gas ruso, unido a las perspectivas inciertas de alternativas, suponen una amenaza significativa de perturbación del suministro de energía, al aumentar más los precios de la energía y poner por consiguiente más presión en la economía de la Unión. Es por lo tanto necesario adoptar medidas urgentes.

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Teniendo en cuenta la magnitud de la crisis energética, el nivel de su impacto social, económico y financiero, y la necesidad de actuar lo antes posible, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Su validez se limita a dieciocho meses, con una cláusula de revisión que permita a la Comisión proponer su ampliación, en caso necesario.

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Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.