Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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El desvío de la ayuda financiera a los paraísos fiscales puede dañar la integridad de las finanzas públicas de los Estados miembros, así como el correcto funcionamiento del sistema financiero de la Unión y del mercado interior de la Unión. La Comisión ha adoptado una postura clara contra los paraísos fiscales en los últimos años a través de su estrategia exterior para una imposición efectiva (1).

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La pandemia de COVID-19 ha dado lugar a medidas sin precedentes a nivel nacional y de la Unión para apoyar a las economías de los Estados miembros y facilitar su recuperación. A este respecto cabe destacar las intervenciones del Estado para garantizar la liquidez y el acceso a la financiación de las empresas, sujetas en gran parte a las normas sobre ayudas estatales de la Unión.

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El volumen de la ayuda financiera, particularmente en forma de apoyo a la liquidez, concedida a las empresas en las actuales circunstancias relacionadas con la COVID-19 hace necesaria la aplicación de medidas inmediatas y coordinadas para evitar el uso indebido de la financiación pública. Hasta ahora, estas medidas se han adoptado principalmente en el contexto de las normas sobre ayudas estatales de la Unión. Por otra parte, y más allá de las circunstancias relacionadas con la COVID-19, la concesión de ayuda financiera debe responder a la necesidad de luchar contra la evasión y el fraude fiscales así como el abuso de los presupuestos nacionales y de la Unión a costa de los contribuyentes y de los sistemas de seguridad social.

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Para llevar a cabo eficazmente los esfuerzos de lucha contra la elusión, el fraude y los abusos fiscales, es igualmente importante velar por el correcto funcionamiento del mercado interior. A tal fin, los Estados miembros deben coordinar su acción, evitar que sus bases imponibles se vean indebidamente erosionadas y garantizar que las soluciones que adopten no generen discrepancias o distorsiones del mercado significativas.

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La lista de la Unión de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales («lista de la UE de países y territorios no cooperadores») (2) está destinada a hacer frente a las amenazas que pesan sobre las bases imponibles de los Estados miembros de la UE. En este contexto, sería conveniente recomendar que los Estados miembros subordinen su ayuda financiera a las empresas de la Unión a la ausencia de vínculos entre dichas empresas y los países o territorios enumerados en la lista de la Unión. Por otra parte, la Comisión señala que, en el contexto de la concesión de ayudas estatales en forma de recapitalizaciones, varios Estados miembros han manifestado su intención de crear un vínculo estrecho entre la ayuda financiera y el pago por el beneficiario de la cuota de impuestos que le corresponde.

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No obstante, es fundamental que los Estados miembros protejan las actividades económicas reales en los países y territorios no cooperadores enumerados en la lista y que garanticen que esas actividades económicas no se vean afectadas inadvertidamente. Con este fin, los Estados miembros deben incluir en su legislación las excepciones adecuadas, a fin de garantizar que no se impida la ayuda financiera cuando exista una verdadera actividad económica.

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Con objeto de garantizar que la ayuda financiera pueda llegar a las empresas admisibles, los Estados miembros deben establecer requisitos razonables para demostrar la ausencia de vínculos con un país o territorio enumerado en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores. Al mismo tiempo, es esencial garantizar que las empresas no puedan eludir los requisitos para poder optar a la ayuda financiera.

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Con vistas a crear un marco global, los Estados miembros deben ampliar las condiciones para conceder ayuda financiera estatal a las empresas más allá de la mera ausencia de vínculos con los países y territorios no cooperadores, con el fin de incluir los casos en que se haya establecido que una empresa o sus propietarios han sido objeto de una condena por un delito grave o han incumplido sus obligaciones relativas al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social.

a)

residir a efectos fiscales en países o territorios enumerados en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores, o haberse constituido con arreglo a la legislación de esos países o territorios;

b)

estar controladas, directa o indirectamente, por accionistas de países o territorios enumerados en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores, hasta el nivel del titular real, tal como se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/849;

c)

controlar, directa o indirectamente, filiales en países o territorios enumerados en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores o poseer establecimientos permanentes en esos países o territorios, ni

d)

compartir la propiedad con empresas de países o territorios enumerados en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores.

a)

que el nivel de la obligación tributaria en el Estado miembro que concede la ayuda durante un período de tiempo dado (por ejemplo, los últimos tres años) se considere adecuado en comparación con su volumen de negocios global o su nivel de actividad, a nivel nacional y de grupo, durante el mismo período;

b)

que la empresa contraiga compromisos jurídicamente vinculantes para suprimir sus vínculos con los países o territorios no cooperadores enumerados en la lista de la UE en un breve período de tiempo, a condición de que se realice un seguimiento adecuado y se apliquen sanciones en caso de incumplimiento.

a)

con el fin de simplificar los procedimientos y facilitar el acceso a la ayuda financiera, los Estados miembros podrían aceptar las autocertificaciones de los solicitantes como prueba de que cumplen plenamente los requisitos para recibir la ayuda financiera. Este proceso deberá complementarse con auditorías y controles mejorados en una fase posterior, haciendo pleno uso de las herramientas disponibles para mitigar el riesgo de incumplimiento, como los informes por país, el intercambio automático de información financiera, el intercambio de información previa petición o el acceso a la información sobre la titularidad real;

b)

los Estados miembros deberán establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para evitar que los solicitantes faciliten información falsa o inexacta, debiendo incluir, como mínimo, la recuperación de la ayuda financiera concedida indebidamente;

c)

los Estados miembros no deberán permitir la autocertificación y habrán de realizar verificaciones más rigurosas cuando la empresa en cuestión tenga vínculos con países o territorios enumerados en la lista de la UE y reclame poder acogerse a una excepción.

—

cuando se haya comprobado que la empresa o sus propietarios han sido condenados mediante sentencia firme por cualquiera de los delitos previstos en el artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5),

—

cuando se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que la empresa o sus propietarios han incumplido sus obligaciones en lo referente al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con el Derecho aplicable.