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LA JUNTA ÚNICA DE RESOLUCIÓN:
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (1) y en particular su artículo 42, artículo 43, apartado 5, artículo 50, apartado 3, artículo 56, apartados 1 a 3, artículos 61, 63 y 64,
Visto el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (2),
Vista la consulta con el Supervisor Europeo de Protección de Datos,
Considerando:
(1) La Junta Única de Resolución (en lo sucesivo, la «JUR») cumple las funciones de una autoridad de resolución como parte del Mecanismo Único de Resolución (en lo sucesivo, el «MUR») de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 806/2014. La misión de la JUR consiste en garantizar la resolución ordenada de los bancos en quiebra, con una repercusión mínima en la economía real, el sistema financiero, y las finanzas públicas de los EM participantes y otros países.
(2) El artículo 12 bis del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea condena el acoso psicológico y sexual. La política de la JUR sobre protección de la dignidad de la persona y prevención del acoso psicológico y el acoso sexual también define las disposiciones del citado artículo promoviendo la cultura del respeto y la protección de la dignidad de todo el personal de la JUR. Introduce asimismo procedimientos simples y eficaces para proteger la dignidad de todas las personas que trabajan para la Agencia. En el marco de esta política, un funcionario o cualquier persona que trabaje para la Agencia con arreglo a la legislación nacional, podrá iniciar un procedimiento informal si se siente víctima de acoso psicológico o sexual solicitando el apoyo de un consejero confidencial.
(3) La entidad de la JUR encargada de los recursos humanos notificará a la entidad de la JUR encargada del cumplimiento los casos recurrentes relativos a la misma persona, de conformidad con el artículo 7, apartado 5, de la política de la JUR sobre protección de la dignidad de la persona y prevención del acoso psicológico y el acoso sexual. La entidad encargada del cumplimiento informará a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, quien, en su caso, pondrá en marcha el procedimiento previsto en el anexo IX del Estatuto de los funcionarios.
(4) La JUR, representada aquí por su coordinador para la lucha contra el acoso, trata diversas categorías de datos personales, en particular datos de identificación, datos de contacto y datos profesionales. Los datos personales se almacenan en un entorno electrónico o en papel de un modo seguro que impide el acceso ilícito a personas que no necesiten conocerlos y la transferencia ilícita a estas personas. Los datos personales tratados se retienen de conformidad con las normas sobre retención de documentos de la JUR. Al final del período de retención, la información relacionada con el caso, incluidos los datos personales, se transfiere a los archivos históricos o se suprime de acuerdo con el principio de minimización de datos y exactitud de los mismos;
(5) Las normas internas deberán aplicarse a todas las operaciones de tratamiento llevadas a cabo por la JUR en el desempeño de sus actividad de prevención del acoso psicológico o sexual, detección y enjuiciamiento de las infracciones, entre otras, del Código ético de la JUR y del Estatuto de los funcionarios.
(6) Las normas internas deben aplicarse a las operaciones de tratamiento llevadas a cabo durante los procedimientos informales, así como durante el seguimiento de la actuación consecutiva a los resultados de dichos procedimientos. Las normas internas deben aplicarse a las operaciones de tratamiento que formen parte de las actividades vinculadas a las funciones del responsable del cumplimiento y ética de la JUR. También se incluyen la asistencia y la cooperación prestadas por el responsable del cumplimiento y ética de la JUR a las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales al margen de sus investigaciones administrativas;
(7) La JUR tiene que justificar el carácter estrictamente necesario y proporcionado de las limitaciones en una sociedad democrática y respetar la esencia de los derechos y las libertades fundamentales;
(8) En este marco, la JUR debe respetar, en la mayor medida posible, los derechos fundamentales de los interesados durante los procedimientos antes mencionados, en particular, los relacionados con el derecho de acceso y rectificación, el derecho de supresión, la portabilidad de los datos, etc., establecidos en el Reglamento (UE) 2018/1725;
(9) Sin embargo, la JUR puede estar obligada a aplazar la información al interesado y otros derechos del interesado, en particular, para proteger los procedimientos informales en curso y los derechos de otras personas relacionadas con los procedimientos informales en curso o cerrados;
(10) Así pues, la JUR puede aplazar la información con el fin de proteger a la presunta víctima y/o el procedimiento informal y/o el archivo de los procesos de datos en el contexto del procedimiento informal;
(11) La JUR debe levantar la limitación a condición de que dejen de cumplirse las circunstancias que las hubieran justificado y tan pronto se dé esta condición;
(12) La JUR deberá supervisar las condiciones restrictivas de forma periódica, cada seis meses y revisarlas cuando sea necesario;
(13) Para ello, deberá consultar al RPD durante las revisiones.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Decisión establece normas internas relativas a las condiciones en las que la JUR, en el marco del procedimiento informal de la política de la JUR sobre protección de la dignidad de la persona y la prevención del acoso psicológico y el acoso sexual. La JUR podrá limitar la aplicación de los derechos consagrados en los artículos 14 a 21 y 35, así como su artículo 4, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) 2018/1725.
2. La presente Decisión se aplica a las operaciones de tratamiento de datos personales por parte de la JUR con el fin de iniciar, llevar a cabo y cerrar procedimientos informales en el marco de la política de la JUR sobre protección de la dignidad de la persona y prevención del acoso psicológico y el acoso sexual. Para las operaciones de tratamiento de datos personales por parte de la JUR con el fin de llevar a cabo investigaciones internas, investigaciones administrativas y procedimientos disciplinarios, se aplica una decisión diferente relativa a la limitación de derechos (para referencia: SRB/ES/2019/32).
3. Las categorías de datos afectadas son los datos sólidos (datos administrativos, teléfono, dirección privada, comunicaciones electrónicas y datos sobre tráfico) y/o los datos frágiles (evaluaciones, apertura de investigaciones, informes sobre investigaciones preliminares, etc.).
4. Con arreglo a las condiciones establecidas en la presente Decisión, las limitaciones podrán aplicarse a los siguientes derechos: derecho de acceso, rectificación, supresión y derechos de portabilidad, derechos de información, confidencialidad de la comunicación y principios del tratamiento de datos, siempre que se refieran a un derecho.
Especificación del responsable del tratamiento y salvaguardas
1. Las salvaguardas adoptadas para evitar las violaciones de datos, las filtraciones o las revelaciones no autorizadas son las siguientes: limitación de los derechos de acceso a las carpetas electrónicas y al buzón funcional para la presentación de reclamaciones, armarios protegidos con llaves y formación específica sobre confidencialidad de las personas que manejan la información.
2. El responsable del tratamiento de esta operación de tratamiento es la JUR, representada aquí por el Coordinador para la lucha contra el acoso de la JUR.
3. Los datos personales tratados se almacenan y retienen de conformidad con las normas relativas a la retención de documentos de la JUR. El período de retención respeta el principio de retención no más allá de lo necesario para el cumplimiento de la finalidad de la operación de tratamiento y, en su caso, para permitir la resolución de litigios judiciales o administrativos.
Limitaciones
1. De conformidad con el artículo 25, apartado 1, del Reglamento 2018/1725, las limitaciones solo se aplicarán para salvaguardar:
— la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención;
— la protección del interesado o de los derechos y libertades de terceros;
— la prevención, la investigación, la detección y la resolución de infracciones de normas deontológicas;
2. Toda limitación será la necesaria y proporcionada en una sociedad democrática y respetará la esencia de los derechos y libertades fundamentales.
3. Se realizará una prueba de necesidad y proporcionalidad sobre la base de las presentes normas internas. Esta se documentará con una nota interna de evaluación para cumplir con la obligación de rendir cuentas en cada caso.
4. Las limitaciones se controlarán debidamente y se efectuará una revisión periódica cada seis meses.
5. Las limitaciones se levantarán tan pronto como dejen de cumplirse las circunstancias que las hubieran justificado.
6. El riesgo para los derechos y libertades del interesado es la limitación temporal del ejercicio efectivo de sus derechos de información, supresión o defensa, entre otros, tal como garantiza el Reglamento (UE) 2018/1725. Estos riesgos no se tendrán en cuenta en el ámbito de aplicación de la prueba de necesidad y proporcionalidad mencionada en el apartado 3 del presente artículo.
Participación del responsable de la protección de datos
1. La JUR informará, sin demora justificada y a lo largo del procedimiento de limitación, al responsable de la protección de datos (RPD) de la JUR (en lo sucesivo, «el RPD») siempre que se limite la aplicación de los derechos de los interesados de conformidad con la presente Decisión. Facilitará el acceso a los registros y la evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de la limitación.
2. El RPD podrá solicitar por escrito al responsable del tratamiento que revise la aplicación de las limitaciones. La JUR notificará por escrito al RPD el resultado de la revisión solicitada y cuándo se ha levantado la limitación.
Comunicación de información al interesado
1. En los anuncios de protección de datos, publicados en la intranet, donde se informe a los interesados de sus derechos en el marco de determinado procedimiento, la JUR incluirá información sobre la posible limitación de dichos derechos. Esta información abarcará los derechos que pueden limitarse, las razones de la limitación y la posible duración de esta.
2. Además, la JUR informará a los interesados individualmente de sus derechos en relación con las limitaciones presentes o futuras, sin demora injustificada y por escrito, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
3. Se informará a los interesados de los principales motivos en que se hubiera basado la aplicación de la limitación y de su derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos.
Derecho de acceso del interesado
1. Cuando los interesados soliciten acceso a sus datos personales tratados en el contexto de uno o varios casos específicos o a una operación de tratamiento determinada, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1725, la JUR circunscribirá su evaluación de la solicitud únicamente a dichos datos personales.
2. Cuando la Junta limite, en su totalidad o en parte, el derecho de acceso a que se refiere el artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1725, deberá adoptar las siguientes medidas:
a) informará al interesado, en su respuesta a la solicitud, de la limitación y de los principales motivos de esta, así como de la posibilidad de presentar una reclamación ante el SEPD o de interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
b) consignará los motivos de la limitación, incluida una evaluación de la necesidad y proporcionalidad de la limitación; a tal efecto, la anotación deberá indicar cómo comprometería la concesión de acceso el objetivo de las actividades de investigación de la JUR o de las limitaciones aplicadas de conformidad con el artículo 2, apartado 3, o cómo podría afectar negativamente a los derechos y libertades de otros interesados.
La comunicación de la información mencionada en la letra a) podrá aplazarse, omitirse o denegarse en caso de que pudiera dejar sin efecto la limitación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25, apartado 8, del Reglamento (UE) 2018/1725.
3. La anotación a que se refiere la letra b) del apartado 2 y, en su caso, los documentos que contengan los elementos de hecho y de derecho subyacentes serán registrados. Se pondrán a disposición del Supervisor Europeo de Protección de Datos, previa solicitud. Será de aplicación el artículo 25, apartado 7, del Reglamento (UE) 2018/1725.
Derecho de rectificación, supresión y limitación del tratamiento de datos
Cuando la JUR limite, total o parcialmente, la aplicación del derecho a la rectificación, supresión o limitación del tratamiento a que se refieren el artículo 18; el artículo 19, apartado 1; y el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, adoptará las medidas contempladas en el artículo 6, apartado 2, de la presente Decisión y las consignará de conformidad con lo dispuesto en su artículo 6, apartado 3.
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 18 de septiembre de 2019.
Por la Junta Única de Resolución
Elke KÖNIG
La Presidenta
(1) DO L 225 de 30.7.2014, p. 1.
(2) DO L 295 de 21.11.2018, p. 39.
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