Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

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El artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión, en todas sus acciones, se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.

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El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe la discriminación por cualquier motivo, ya sea sexo, raza, origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual. El artículo 23 de la Carta consagra el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El artículo 26 reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad. Además, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley está consagrada en el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(4)

De conformidad con el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Unión. En virtud del artículo 157, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, como el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

(5)

Sobre las bases de esas disposiciones, se han adoptado distintas Directivas sobre la prohibición de la discriminación en los ámbitos pertinentes.

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La Directiva 2000/43/CE del Consejo (1) prohíbe la discriminación directa o indirecta basada en el origen racial o étnico, incluido el acoso. Esta Directiva se aplica a todas las personas tanto del sector público como del privado, incluidos los organismos públicos, en relación con: a) las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y a la ocupación, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación, independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles de la clasificación profesional, con inclusión de lo relativo a la promoción; b) el acceso a todos los tipos y niveles de orientación profesional, formación profesional, formación profesional superior y reciclaje profesional, incluida la experiencia laboral práctica; c) las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración; d) la afiliación y la participación en una organización de trabajadores o empresarios, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas; e) la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria; f) las ventajas sociales; g) la educación; y h) el acceso a bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los mismos, incluida la vivienda.

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La Directiva 2000/78/CE del Consejo (2) prohíbe la discriminación directa e indirecta, incluido el acoso, por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en lo relativo al empleo, la ocupación y la formación profesional. Esta directiva se aplica a todas las personas, tanto del sector público como del privado, incluidos los organismos públicos, en relación con las letras a) a d) expuestas en el considerando anterior.

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La Directiva 2004/113/CE del Consejo (3) prohíbe la discriminación directa e indirecta por motivos de sexo, incluidos el acoso y el acoso sexual, en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

(9)

La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) relativa a la igualdad de género prevé una prohibición de discriminación directa e indirecta por motivos de sexo, incluido el acoso y el acoso sexual, y en lo relativo al acceso al empleo, incluida la promoción, y a la formación profesional, las condiciones de trabajo, incluida la retribución, y los regímenes profesionales de seguridad social.

(10)

La Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) prohíbe la discriminación directa e indirecta, incluidos el acoso y el acoso sexual, entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma. El ámbito de aplicación de la Directiva abarca todos los tipos de discriminación, con la mención específica de la protección social y la maternidad.

(11)

Todas las Directivas citadas (en lo sucesivo, «las Directivas en materia de igualdad») han sido transpuestas en los Estados miembros. Las Directivas en materia de igualdad, a excepción de la Directiva 2000/78/CE, establecen que los Estados miembros designarán un organismo u organismos para la promoción, el análisis, el seguimiento y el apoyo de la igualdad de trato entre todas las personas sin discriminación por los motivos especificados en las Directivas correspondientes (en lo sucesivo, «organismos para la igualdad»). En consecuencia, todos los Estados miembros han establecido organismos para la igualdad.

(12)

La presente Recomendación se aplica a los organismos para la igualdad establecidos en virtud de las Directivas en materia de igualdad mencionadas.

(13)

Cuando las Directivas en materia de igualdad disponen el establecimiento de organismos para la igualdad, exigen a los Estados miembros que velen por que las competencias de aquellos incluyan la asistencia independiente a las víctimas de discriminación, la realización de estudios independientes sobre discriminación, la publicación de informes independientes y la formulación de recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con tal discriminación.

(14)

Además, el 2 de julio de 2008 la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Consejo sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (6). El ámbito de aplicación de la propuesta abarca a) la protección social, incluidas la seguridad social y la sanidad; b) las ventajas sociales; c) la educación, y d) el acceso a bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los mismos, incluida la vivienda. En virtud de la propuesta de Directiva, los Estados miembros están obligados a designar un organismo u organismos para la igualdad de trato también en los ámbitos mencionados, que podrán ser los mismos organismos que se crearon previamente en el marco de las Directivas en materia de igualdad. Aunque la propuesta no se ha adoptado hasta la fecha, conviene alentar a los Estados miembros a que designen organismos para la igualdad en estos ámbitos, pues la experiencia demuestra que esta práctica refuerza la protección contra la discriminación.

(15)

Asimismo, las Directivas 2006/54/CE y 2010/41/UE exigen a los Estados miembros que garanticen que una de las competencias de los organismos para la igualdad sea el intercambio de la información disponible con organismos europeos equivalentes.

(16)

En algunos Estados miembros, el mandato de los organismos para la igualdad engloba también los delitos motivados por el odio y la incitación al odio, lo cual es particularmente pertinente a la hora de garantizar la aplicación efectiva de la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo (7) relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, que establece normas mínimas relativas a la tipificación penal, el enjuiciamiento y la sanción de la incitación al odio y la delincuencia de índole racista.

(17)

Además de sus obligaciones resultantes de las Directivas para establecer organismos para la igualdad, la mayoría de los Estados miembros han ampliado el mandato de sus organismos para la igualdad para abarcar la discriminación por motivos de género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en los ámbitos del empleo y la ocupación, el acceso a bienes y servicios y su suministro, la educación, la protección social y los beneficios sociales, entre otros, cubriendo así el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78/CE.

(18)

El texto de las Directivas sobre la igualdad confiere a los Estados miembros un amplio margen de discreción en lo relativo a la estructura y el funcionamiento de los organismos para la igualdad. Ello genera importantes diferencias entre los distintos organismos para la igualdad establecidos en los Estados miembros en lo que respecta a su mandato, competencias, estructuras, recursos y funcionamiento operativo. Estas diferencias redundan en ocasiones en la insatisfacción de los ciudadanos a la hora de acceder a la protección, una protección que es desigual de un Estado miembro a otro (8).

(19)

Hay Estados miembros que han fundado más de un organismo para la igualdad, lo que exige la creación de mecanismos claros para su coordinación y cooperación.

(20)

En algunos Estados miembros, los organismos para la igualdad existentes han visto su mandato ampliado a los ámbitos más diversos sin que ello conllevara un aumento adecuado de los recursos. Algunos organismos para la igualdad incluso han sufrido importantes reducciones en sus presupuestos, lo cual puede provocar un debilitamiento de su capacidad para llevar a cabo sus tareas (9).

(21)

Algunos estudios han identificado casos de organismos para la igualdad que carecen de independencia y efectividad por motivos como la existencia de presiones exteriores o unos niveles de personal inadecuados (10).

(22)

En la práctica, la independencia de los organismos para la igualdad puede verse especialmente afectada cuando son establecidos como parte de un ministerio que obedece instrucciones emanadas directamente desde el Gobierno.

(23)

Los organismos para la igualdad no deben concentrar sus energías de forma desproporcionada en algunas tareas en detrimento de otras (11).

(24)

Para ayudar a los grupos o individuos que sufren discriminación a hacer uso de sus derechos, los organismos para la igualdad deben conseguir aumentar su visibilidad entre el público general, así como la de las normas antidiscriminatorias en vigor y de las vías de recurso. Para ello, todo el mundo debe tener fácil acceso a los organismos para la igualdad, tanto de forma física como en línea. También se debe facilitar la presentación de denuncias a través de la confidencialidad y de unos procedimientos simples y gratuitos.

(25)

Para contribuir a garantizar el buen funcionamiento de los organismos para la igualdad de manera equivalente en toda la Unión, parece apropiado recomendar normas relativas a los mismos a los Estados miembros.

(26)

La necesidad de crear normas relativas a los organismos para la igualdad se volvió a subrayar en el informe conjunto de 2014 sobre la aplicación de las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE (12), el informe de 2015 sobre la aplicación de la Directiva 2004/113/CE (13) así como en el informe de evaluación de la Recomendación sobre transparencia salarial de 2014 y el Plan de Acción de la UE 2017-2019 «Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres» (14). Además, el Parlamento Europeo hizo un llamamiento a la creación de normas relativas a los organismos para la igualdad en su Resolución de 2015 (15).

(27)

Las Naciones Unidas (16), la Red Europea de Organismos para la Igualdad (17) y el Consejo de Europa (18) ya han adoptado normas relativas a los organismos para la igualdad y las instituciones de defensa de los derechos humanos.

(28)

La presente Recomendación tiene como destinatarios a los Estados miembros. Su objetivo es contribuir a colmar la brecha normativa entre los organismos para la igualdad en toda Europa.

(29)

La Recomendación establece las normas relativas al mandato, la independencia, la efectividad, la accesibilidad y la coordinación de los organismos para la igualdad, así como las normas relativas a su acceso, con el fin de garantizar que puedan desempeñar sus funciones con eficacia.

(30)

La presente Recomendación se basa en el compromiso de la Comisión de alentar y ayudar a los Estados miembros a mejorar su capacidad de hacer cumplir la legislación de la Unión y establecer las vías para garantizar que los individuos y grupos que sufren discriminación y están protegidos por el Derecho de la Unión puedan disfrutar plenamente de sus derechos, de conformidad con la Comunicación «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación» (19). Los organismos para la igualdad independientes desempeñan un papel fundamental a la hora de aplicar la legislación de la Unión de manera efectiva y de hacer que se cumpla de manera íntegra y coherente. Los organismos para la igualdad son también instituciones de gran valor para el desarrollo sostenible de sociedades democráticas, igualitarias e inclusivas.

(31)

En los ámbitos regulados por las normas de competencia de la Unión, las normas relativas a los organismos para la igualdad también deben cumplir los requisitos de accesibilidad recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Esta Convención fue aprobada en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2010/48/CE del Consejo (20), de 26 de noviembre de 2009, y, por tanto, forma parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión que prevalece sobre el Derecho derivado de la UE.

(32)

Las Directivas 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE y 2006/54/CE obligan a los Estados miembros a comunicar toda la información disponible sobre su aplicación para que la Comisión pueda elaborar un proyecto de informe de evaluación que examine las medidas que se han adoptado en virtud de las Directivas pertinentes. La comunicación se realizará dentro de determinados intervalos preestablecidos (21) para que la Comisión pueda adoptar y publicar el informe. Si la comunicación incluyera información sobre el cumplimiento de la presente Recomendación por parte de los Estados miembros, sería posible efectuar una evaluación de su impacto.

(33)

A nivel de la Unión, la presente Recomendación se entiende sin perjuicio a los principios de Derecho procesal nacional y a las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Tampoco implica una ampliación de las competencias de la Unión, como disponen los Tratados y el Derecho derivado de la Unión.

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