Butlletí Oficial de l'Estat

EL PARLAMENTO EUROPEO,

- Vistos la cuenta de gestión y el balance financiero relativos al ejercicio 2001 [SEC(2002) 405 - C5-0242/2002],

- Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2001 y las respuestas de las instituciones (C5-0538/2002) (1),

- Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (C5-0538/2002),

- Vistos los artículos 275 del Tratado CE, 78 quinto del Tratado CECA y 179 bis del Tratado CEEA,

- Vistos el artículo 77 del Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 (2), los artículos 145 a 147 del Reglamento financiero de 25 de junio de 2002 (3) y el artículo 13 de las Normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo (4),

- Visto el apartado 7 del artículo 89 del Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977, en el que se pide a cada una de las instituciones comunitarias que hagan todo lo necesario para dar efecto a las observaciones que figuran en las decisiones de aprobación de la gestión,

- Vistos el artículo 93 bis y el apartado 3 del artículo 184 de su Reglamento, así como su anexo V,

- Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A5-0082/2003),

1. Aprueba la gestión de su Secretario General en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2001;

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de la presente Decisión;

3. Otorga la liberación de responsabilidad al contable en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2001 de conformidad con las disposiciones transitorias (5) que regulan el procedimiento de aprobación de la gestión durante el período que precede a la entrada en vigor del nuevo Reglamento financiero;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que contiene sus observaciones al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, así como al Defensor del Pueblo Europeo, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

El Secretario General

Julian PRIESTLEY

El Presidente

Pat COX

________

(1) DO C 295 de 28.11.2002, p. 1.

(2) DO L 356 de 31.12.1977, p. 1.

(3) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

(4) PE 265.492/MESA/def.

(5) Artículo 267 del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 357 de 31.12.2002, p. 1).

RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo que contiene las observaciones que forman parte integrante de la decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2001 en lo que se refiere a la Sección I - Parlamento Europeo

EL PARLAMENTO EUROPEO,

- Vistos la cuenta de gestión y el balance financiero relativos al ejercicio 2001 [SEC(2002) 405 - C5-0242/2002],

- Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2001 acompañado de las respuestas de las instituciones (C5-0538/2002) (1),

- Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (C5-0538/2002),

- Vistos los artículos 275 del Tratado CE, 78 quinto del Tratado CECA y 179 bis del Tratado CEEA,

- Vistos el artículo 77 del Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 (2), los artículos 145 a 147 del Reglamento financiero de 25 de junio de 2002 (3) y el artículo 13 de las Normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo (4),

- Visto el apartado 7 del artículo 89 del Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977, en el que se pide a cada una de las instituciones comunitarias que hagan todo lo necesario para dar efecto a las observaciones que figuran en las decisiones de aprobación de la gestión,

- Vistos el artículo 93 bis y el apartado 3 del artículo 184 de su Reglamento, así como su anexo V,

- Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A5-0082/2003),

1. Toma nota de las cifras con las que se cerraron las cuentas del Parlamento Europeo para el ejercicio 2001, a saber:

TABLA OMITIDA EN PÁGINA 61

Cuestiones generales

2. Recuerda que, tras su reciente revisión, el Reglamento, y en particular el primer guión de su artículo 93 bis, establece ahora (con efectos a partir del procedimiento de aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2003) que se concederá la aprobación de la gestión al Presidente del Parlamento Europeo y no a su Secretario General;

3. Considera que el procedimiento de aprobación de la gestión debe cubrir no sólo las actividades de gestión del Secretario General y de la administración del Parlamento Europeo, sino también las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de la Institución, a saber, su Presidente, su Mesa y la Conferencia de Presidentes, aún más en la medida en que la Mesa ha conferido a algunos vicepresidentes la responsabilidad de supervisar cuestiones administrativas (5); encarga a su comisión competente que preste una especial atención a estos aspectos cuando elabore su informe de aprobación de la gestión para el ejercicio 2002;

4. Toma nota de que las nuevas Normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo (6) (aprobadas para reflejar el nuevo Reglamento financiero incluyen una serie de disposiciones relativas al proceso de aprobación de la gestión y, en particular,

- la designación del Presidente del Parlamento Europeo como ordenador en el sentido del Reglamento financiero (apartado 1 del artículo 5 de las Normas internas);

- la obligación del Secretario General (apartados 1 y 2 del artículo 6 de las Normas internas) de presentar al Presidente los informes anuales de los directores generales junto con una declaración firmada que incluya una declaración de fiabilidad sobre la buena gestión financiera de la Institución, acompañada de matizaciones;

5. Encarga a su Presidente que remita dichos informes anuales a la Comisión de Control Presupuestario para que los examine a efectos del procedimiento de aprobación de la gestión;

Ejecución del presupuesto

6. Toma nota del alto grado de ejecución del presupuesto, como lo pone de manifiesto el índice de utilización de los créditos disponibles (compromisos) durante el ejercicio 2001 (99,33 % frente al 99,28 % en 2000 y al 98,97 % en 1999); toma nota de que el grado de utilización de los créditos (pagos) prorrogados automáticamente del ejercicio anterior se ha mantenido más o menos constante en los últimos tiempos (92,07 % en 2001, 91,16 % en 2000 y 91,96 % en 1999);

7. Felicita al Secretario General por la eficaz utilización de los créditos presupuestarios puestos a disposición por el Parlamento Europeo, como muestran los elevados índices de utilización;

8. Toma nota de que los principales cambios introducidos en los créditos del presupuesto para el ejercicio 2001 tal como se aprobaron en un primer momento se refieren:

- al artículo 200 ("Alquileres y cánones enfitéuticos"): un aumento del 173,79 % destinado a acelerar la financiación del edificio LOW en Estrasburgo;

- al artículo 201 ("Seguros"): un aumento del 186,54 % derivado de la necesidad de celebrar contratos adicionales con motivo de la anulación por parte de sus aseguradores de la cobertura existente a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001; Encarga a su Secretario General que informe a la Comisión de Control Presupuestario sobre la evolución de los procesos judiciales contra sus anteriores aseguradores;

9. Toma nota (7) de que el número de documentos controlados por el Interventor se mantuvo más o menos estable en 2001, con una cifra de 33 146 (frente a 33 335 en 2000), mientras que el índice de devolución de documentos (índice de error) (8) experimentó un pequeño incremento del 7,0 % en 2000 al 7,6 % en 2001 (8,4 % en 1999);

10. Manifiesta su preocupación por el hecho de que el gran número de errores que ahora se detectan y corrigen gracias a la labor del interventor pasen inadvertidos cuando se suprima la verificación ex ante;

11. Se congratula de la continuada reducción del número de casos en los que el Interventor ha denegado su visado (9) (12 en 1999, 8 en 2000, 6 en 2001 y 4 en 2002) como prueba de que el programa de formación profesional en materia presupuestaria destinado a los ordenadores está dando sus frutos; señala que, de las seis denegaciones de visado correspondientes a 2001, en cuatro de ellas la autoridad superior hizo caso omiso y otra (no 01/04) se remitió a la OLAF que, previa investigación, concluyó que no había pruebas de irregularidad financiera;

12. Recuerda el apartado 4 de su Decisión, de 10 de abril de 2002, sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2000 (10), relativa a la decisión del Presidente de hacer caso omiso de la denegación de visado no 01/06 (ausencia de un registro adecuado de los costes de interpretación en 2000); toma nota de que, en su reunión de los días 13 y 14 de mayo de 2002, la Mesa aprobó las conclusiones de la investigación administrativa y encargó a la Dirección de Interpretación que evaluara la viabilidad de las recomendaciones derivadas de esa investigación; cuestiona la utilidad de dicha estrategia circular;

13. Toma nota de la conclusión del Tribunal de Cuentas, en su comunicación de 15 de noviembre de 2002, sobre las decisiones de hacer caso omiso de las denegaciones de visado durante el ejercicio 2001, en el sentido de que este aspecto del control interno funciona con normalidad, puesto que ha revelado anomalías en la gestión administrativa, pero no pone en tela de juicio la legalidad de los gastos ni su conformidad con las normas sobre contratación pública; señala la opinión general, expresada en la sección del Informe Anual del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2001 relativa a los gastos administrativos (apartado 7.16), de que la auditoría sobre la fiabilidad de las cuentas no puso de manifiesto ninguna prueba de tergiversación material;

14. Recuerda que, de conformidad con la Decisión de la Mesa de 10 de diciembre de 2001, con efecto a partir del 1 de enero de 2002 de conformidad con las Normas internas, el Interventor simplemente comunica a la Comisión de Control Presupuestario las denegaciones de visado; toma nota de que en tres de las cuatro denegaciones de visado correspondientes al ejercicio 2002 el Presidente hizo caso omiso con arreglo al artículo 21 de las Normas internas; expresa su preocupación por las circunstancias en que se produjo la denegación de visado número 02/02 relativa a la regularización de las facturas de teléfono de la Oficina de Información de Bonn durante el período 1992 a 1998; pide a su Secretario General que examine si este asunto merece que se lleve a cabo una investigación administrativa y que comunique sus conclusiones a la comisión competente;

15. Pide al Secretario General que indique en qué medida se aplicaron realmente las recomendaciones de la Comisión de Control Presupuestario en relación con los casos de denegación de visado por parte del interventor para el ejercicio 2001;

Presentación y contenido de las cuentas (análisis de la gestión presupuestaria)

16. Se congratula del reconocimiento por parte del Tribunal de Cuentas, en el apartado 7.3 de su Informe Anual 2001, de que, según las observaciones incluidas en el apartado 7.3 de su Informe Anual 2000, el Parlamento Europeo ha mejorado la presentación y accesibilidad de su análisis de la gestión presupuestaria; considera, no obstante, que deben realizarse más esfuerzos para informar a los lectores de una forma fácilmente comprensible sobre las características más significativas de los gastos del ejercicio, posiblemente de forma análoga al informe anual que una empresa transmite a sus accionistas; lamenta que un documento tan importante como las cuentas anuales del Parlamento Europeo sólo esté disponible en forma de subsección de un volumen técnico publicado por la Comisión en una sola lengua (SEC(2002) 405 - FR); pide a su Secretario General que informe sobre la viabilidad de publicar el documento "Compte de gestion" del Parlamento, incluyendo un análisis perfeccionado de la gestión presupuestaria, en el sitio Internet del Parlamento;

17. Recuerda el apartado 12 de la citada Decisión de 10 de abril de 2002 relativo a la ausencia en el balance financiero del Parlamento Europeo de una referencia a la responsabilidad eventual relativa a los derechos de pensión de sus funcionarios; toma nota con satisfacción de que el balance financiero consolidado de la Comisión (SEC(2002) 406 - FR, Volumen IV) incluye ahora una provisión (15 300 millones de euros) para responsabilidades y cargas relativas al sistema de pensiones de los funcionarios comunitarios junto con un recordatorio de que "los Estados miembros garantizarán colectivamente el pago de estas prestaciones" (11);

18. Toma nota con satisfacción de las garantías del Secretario General (12) en el sentido de que ninguno de los problemas que supuestamente sufre el sistema contable de la Comisión afecta al Parlamento Europeo; toma nota de que el Parlamento Europeo no comparte el mismo sistema contable que utiliza la Comisión y de que sus patrones presupuestarios y de gasto son de tipos totalmente distintos; recuerda que el Tribunal de Cuentas no ha identificado en ningún momento en el sistema contable del Parlamento Europeo deficiencias similares a los problemas sufridos por la Comisión;

Gestión - Seguimiento de las recomendaciones del estudio ROME-PE

19. Acoge favorablemente los esfuerzos realizados para orientar en mayor medida al Parlamento Europeo hacia la gestión por actividades y para mejorar los servicios ofrecidos a los diputados en su trabajo parlamentario; observa con interés las notas del Secretario General sobre el tema "Asistencia legislativa: Nuevas bazas para la Institución" (13), y espera con interés poder evaluar las propuestas específicas del Secretario General sobre la base de los trabajos preparatorios realizados por los grupos de trabajo de la Mesa en octubre de 2002; confía en que estas propuestas contribuyan a incrementar la eficacia operativa y presupuestaria al maximizar el potencial de los recursos humanos y financieros del Parlamento Europeo; subraya la urgencia de estas medidas ante el considerable aumento y complejidad de la carga de trabajo del Parlamento Europeo y el impacto de la ampliación en 2004 (14);

20. Toma nota de las conclusiones y recomendaciones finales del estudio externo ROME-PE sobre el repertorio operativo de los puestos de trabajo del Parlamento (presentado en diciembre de 2001) y de las reflexiones que este documento ha estimulado con miras a una utilización más eficaz de la base de datos sobre cualificaciones del personal (15);

21. Celebra la creación de una base de datos para los puestos de la Secretaría General, operativa desde el 1 de enero de 2003, que permite una explotación estadística detallada que ofrece una visión de conjunto de la situación del cuadro de efectivos, así como la creación, en el curso de 2003, de otra base de datos para las competencias disponibles, que permitirá garantizar una mayor adecuación entre las necesidades funcionales de la Institución (base de datos de puestos) y los recursos humanos disponibles (base de datos de cualificaciones) (16);

22. Acoge favorablemente la reestructuración (17) de la DG V mediante la creación de una División de Organización Interna y Programación de Recursos Humanos que, junto con la División de Formación Profesional, informa directamente al Director General; considera que ello marca claramente el paso de una administración tradicional de los recursos humanos hacia una gestión más activa de los mismos;

23. Observa que esta racionalización de los recursos humanos con miras a la ampliación está vinculada a las propuestas relativas a un régimen de jubilación anticipada para los funcionarios del Parlamento y sus grupos políticos; confía en que el cese de los funcionarios que puedan optar a este régimen se lleve a cabo de forma totalmente justa, transparente y no discriminatoria y no tenga como resultado privar de golpe al Parlamento de todas las competencias de las que dispone (18);

24. Acoge con satisfacción las propuestas para la mejora de la asistencia facilitada por la Secretaría del Parlamento a los diputados en el contexto de sus actividades legislativas; considera que las propuestas actuales pueden constituir un importante impulso para modernizar al máximo la organización de la Secretaría del Parlamento; subraya, no obstante, que ello no debe debilitar la función política del Parlamento; pide al Secretario General que transmita a la Comisión de Control Presupuestario el informe final sobre la reorganización de la Secretaría y sus métodos de trabajo (19);

25. Manifiesta su decepción por el hecho de que se hayan realizado escasos progresos en el establecimiento de "prioridades negativas" durante los últimos doce meses y, por lo tanto, de ahorros en actividades no fundamentales, y encarga a su Mesa que vuelva a estudiar la posibilidad de reiniciar el proceso;

Movilidad

26. Respalda la política de movilidad y constata que 118 funcionarios de grado A (algo más del 20 % del total) han sido objeto de movilidad durante los tres años de aplicación de este sistema, que la movilidad ha pasado a ser un elemento aceptado de la cultura de la Secretaría General, y que las personas afectadas, tanto los jefes de servicio como los funcionarios sometidos a la movilidad, tienen una opinión esencialmente positiva al respecto (20);

27. Toma nota de las críticas (21) que tachan este procedimiento de excesivamente rígido, e insiste en que un enfoque más individualizado, junto con el desarrollo de una serie de herramientas de gestión de recursos humanos, debería conducir a algunas mejoras en relación con las medidas de acompañamiento, en particular por lo que respecta a la formación profesional; considera asimismo, a este respecto, que el ritmo de movilidad debe acelerarse para los funcionarios jóvenes; acoge favorablemente la reciente modificación del Reglamento de la Mesa sobre la movilidad con el fin de establecer una movilidad acelerada para los nuevos funcionarios al comienzo de su carrera y de sacar provecho de la experiencia adquirida por los funcionarios de más edad ampliando el período de referencia de cinco a siete años;

28. Acoge con satisfacción la apertura del sistema de décloisonnement por el cual los funcionarios LA pueden ser transferidos a puestos A en el mismo grado sin necesidad de pasar por un concurso oposición de categoría A; señala, sin embargo, la posición desfavorable para aquellos antiguos funcionarios LA que pasaron a un puesto de categoría A mediante un concurso oposición antes del décloisonnement, habiendo de volver al grado inicial (A7) de la categoría A, con independencia de la antigüedad que tuvieran en la categoría LA; considera, pues, que estos antiguos funcionarios LA salen perjudicados injustamente en lo que respecta a la evolución de su carrera, en comparación con los colegas que pasen a beneficiarse del décloisonnement, habiendo tenido que permanecer en un mismo nivel salarial por más tiempo (en algunos casos por más de 10 años) que otros funcionarios (5 años); pide al Secretario General que elabore una lista de estos funcionarios y formule propuestas al respecto antes del 1 de julio de 2003 para poner remedio a esta situación injusta;

Política de igualdad de oportunidades

29. Señala que el Parlamento Europeo ha abogado en más de una ocasión por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular por lo que respecta a la promoción de las mujeres a altos cargos en las instituciones europeas; lamenta que este objetivo no se haya cumplido en el período 1999-2001; manifiesta su preocupación por el hecho de que tan sólo el 22 % de los funcionarios de grado A sean mujeres y ninguno de los 3 directores generales nombrados recientemente sea una mujer; lamenta que en el período comprendido entre julio de 2000 y el 15 de diciembre de 2001 tan sólo 1 de los 6 puestos A1/A2 recayera sobre una mujer, sólo se nombrara a hombres para 12 puestos A3 y únicamente recayera sobre una mujer 1 de los 4 puestos LA3; constata, por otra parte, que para el resto de las promociones en la categoría A en el año 2001 tan sólo fueron promovidas el 14,3 % de las mujeres que podían optar a ello, frente al 30,8 % de los hombres; observa una tendencia positiva en la contratación de administradoras en 2001 (7 hombres/7 mujeres) (22);

30. Subraya que el problema persistente que supone el número excesivamente reducido de mujeres (23) en los grados elevados y la falta de progresos en este ámbito no debería obscurecer los avances logrados durante los tres últimos años en materia de condiciones de trabajo, infraestructuras sociales y sensibilización de la jerarquía;

31. Apoya el objetivo del informe Lalumière (24) a la Mesa, consistente en lograr, para 2007, el nombramiento de 2 mujeres como A1 y, para 2005, el nombramiento de 2 mujeres como A2 y de 8 mujeres como A3, así como el recurso, para los puestos LA, al paso de la categoría LA a A, con el fin de aumentar el número de mujeres que pueden ser nombradas para puestos A3; acoge también favorablemente la intención de contratar el mismo número de hombres y de mujeres en la categoría A;

32. Respalda las decisiones de la Mesa (25) en relación con el desarrollo de las carreras y la política en materia de recursos humanos, en particular: la necesidad de aplicar sistemáticamente el principio de preferencia, a igualdad de mérito, a las candidatas a los puestos de nivel superior mientras persista el desequilibrio; el estímulo de las candidaturas femeninas a los puestos de nivel medio mediante acciones de sensibilización y formación; la obligación de la Oficina de selección de personal de las Comunidades Europeas de respetar las obligaciones en materia de igualdad de oportunidades contempladas en los Tratados recientes y de garantizar la composición equilibrada en cuanto al género de su Consejo de Administración; garantizar la composición equilibrada en cuanto al género de los tribunales de concursos, así como el uso de procedimientos de selección no discriminatorios en términos de género;

Trabajo a tiempo parcial

33. Acoge favorablemente la información (26) que indica que en 2001 no se denegó ninguna de las 438 solicitudes de trabajo a tiempo parcial; apoya la decisión de la Mesa de 11 de junio de 2001, en virtud de la cual la administración ha creado un sistema por el que se compensa el trabajo a tiempo parcial con la contratación de agentes temporales;

34. Señala que la sesión de Estrasburgo discrimina inadvertidamente a los empleados a tiempo parcial, que en su mayoría suelen ser mujeres;

Limitación de los gastos de misión

35. Celebra la renegociación (27) del "Acuerdo Fontaine-Juncker", con el resultado de que a partir de 2004 tan sólo deberá permanecer en Luxemburgo el 50 % del personal permanente del Parlamento, lo que permitirá el traslado de personal adicional a Bruselas, especialmente tras la ampliación;

36. Acoge favorablemente la estabilización a un nivel reducido de los gastos de misión del personal entre Luxemburgo y Bruselas gracias al traslado de personal, realizado de forma consensuada y teniendo debidamente en cuenta los aspectos sociales; apoya la propuesta de fusión de las secretarías de las comisiones y de los servicios de la Dirección General de Estudios, que actualmente tienen su sede en Luxemburgo y que habrán de trasladarse a Bruselas;

37. Pide que las misiones de los asistentes de los Vicepresidentes y de los Cuestores se limiten de ordinario a Bruselas y Estrasburgo, y que cualquier otra misión esté sujeta a un máximo anual por asistente;

Oficina Europea de lucha contra el Fraude (OLAF)

38. Considera que la cooperación entre el Parlamento Europeo y la OLAF es generalmente satisfactoria; señala, no obstante, las siguientes dificultades:

- el tiempo excesivo que lleva concluir las investigaciones;

- las dudas sobre si el derecho a la defensa de las personas investigadas se respeta adecuadamente en todos los casos;

- el hecho de que los testigos acuerden presentar pruebas que contribuyan al curso de la investigación sin ser conscientes de que en el informe final puede figurar una evaluación de su participación en el supuesto fraude investigado;

39. Pide al Comité Supervisor de la OLAF que considere estos asuntos en el contexto de sus actividades de evaluación; Informes de evaluación

40. Reconoce que la evaluación anual del personal por medio de un sistema de puntos de promoción conlleva mucho trabajo pero conduce, por otra parte, a un mayor diálogo dentro de los servicios y a un desarrollo más estable y predecible de las carreras, al tiempo que permite tener en cuenta en mayor medida, aunque aún insuficiente, los méritos (28);

Formación

41. Subraya la importancia que reviste la aprobación del nuevo Reglamento financiero que entró en vigor el 1 de enero de 2003, así como el hecho de que se aplique a todas las instituciones por igual; felicita al Secretario General por la rapidez y eficacia con la que la administración ha llevado a cabo los preparativos internos necesarios para la aplicación del nuevo Reglamento financiero; pide al Secretario General que garantice el pleno respeto en toda la Institución de los principios y las disposiciones en él contenidos y que todos los ordenadores reciban una formación adecuada antes de asumir funciones con responsabilidad financiera; toma nota con satisfacción de la imposición de módulos de formación de 12 días para todos los nombramientos de A3 y puestos superiores;

Contratación

42. Toma nota de la reciente reglamentación de la Mesa por la que se establece el procedimiento de nombramiento de altos funcionarios en la administración del Parlamento (29); pide a su Presidente que antes del 1 de julio de 2003 presente a la Comisión de Control Presupuestario un informe de evaluación del funcionamiento de la nueva reglamentación, en el que se indiquen los problemas que puedan haber surgido y, en particular, se examine en qué medida ha podido desviarse la Mesa, a la hora de nombrar altos funcionarios, de la práctica tradicional de componer conjuntos equilibrados desde el punto de vista geográfico y político y avanzar hacia una política de nombramientos basada en las cualificaciones, los méritos y las capacidades;

43. Continúa preocupado por la falta de transparencia que se constata en el procedimiento de nombramiento de altos cargos en el Parlamento; considera que la cuestión de proteger la intimidad de los candidatos no justifica la falta de transparencia del procedimiento; pide que los nombres de todos los candidatos seleccionados para ocupar altos cargos (A1, A2 y A3) en la Secretaría del Parlamento y en sus grupos políticos se publiquen en los tablones de anuncios y en el boletín interno de la Institución; da instrucciones a su Secretario General para que publique las listas de los candidatos seleccionados en concursos abiertos e internos;

44. Acoge favorablemente la creación de la Oficina de selección de personal de las Comunidades Europeas mediante decisión del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social, del Comité de las Regiones y del Defensor del Pueblo Europeo, de 25 de julio de 2002 (30); observa que la Oficina ya se está encargando de la selección de auxiliares para la preadhesión en nombre de las instituciones, con el fin de elaborar listas de candidatos adecuados; confía en que la creación de esta Oficina conduzca a la aparición de una función pública europea comunitaria, la limitación de los costes y la mejora de la movilidad entre las instituciones (31);

Personal con contratos de corta duración

45. Observa que, en virtud de la reglamentación actual, los contratos de los auxiliares contratados al margen de la sesión pueden tener una duración máxima de tres años (32); solicita que los cambios previstos para 2003 en el sistema de contratación y gestión (mediante presupuestos descentralizados y un sistema de agrupamiento de servicios) conduzcan a una mayor estabilidad y previsibilidad para el personal afectado; pide una mejora de la situación estatutaria de los agentes locales contratados para trabajar en Estrasburgo; Restaurante de los diputados, restaurantes autoservicio y bares

46. Observa que el sector de cantinas, bares, restauración y tiendas tiene una estructura compleja que incluye tres lugares de trabajo, numerosos puntos de venta, una cuenta de anticipos, una subvención anual a cargo del presupuesto del Parlamento, un contratista de abastecimiento y un auditor externos, y una combinación de una contabilidad en valores devengados y una contabilidad presupuestaria; reconoce, sin cuestionar en modo alguno la regularidad de esta gestión financiera o de su estructura actual, que, debido a ello, no resulta fácil formarse una opinión global de las operaciones del sector; da instrucciones a su Secretario General para que presente a la Comisión de Control Presupuestario antes del 1 de julio de 2003 una explicación simple y somera sobre el funcionamiento de este sector, en especial, en lo que respecta a la relación entre la subvención anual y la situación general relativa a los beneficios y pérdidas; Lugares de trabajo y edificios Sede del Parlamento Europeo

47. Toma nota del análisis detallado (33) presentado el 16 de octubre de 2002 por el Parlamento Europeo a la Convención Europea en relación con el coste que supone el mantenimiento de los tres lugares de trabajo; constata que el coste de esta dispersión se estima en 169 millones de euros, 120 millones de los cuales corresponden a la infraestructura (60 millones por el arrendamiento de 300 000 m2 de salas de reunión, despachos y espacios técnicos, 18 millones de gastos accesorios [agua, gas, electricidad, seguros, mantenimiento de las instalaciones técnicas y gastos de seguridad], 42 millones para equipos técnicos y acondicionamiento y amueblamiento de los locales, 40 millones para personal de apoyo y misiones [contratación de personal de apoyo: 22 millones de euros; gastos de misión: 18 millones] y 9 millones para una serie de gastos de otro tipo [abonos telefónicos, gastos de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, cobertura de seguro para las instalaciones telefónicas, informáticas y audiovisuales, equipamientos de los despachos y gestión de operaciones que incluyen 15 camiones que cada mes transportan armarios y baúles metálicos con documentos]);

48. Observa que, debido al traslado de personal a Estrasburgo, se pierden 25 855 días al año; señala que esto asciende a un coste para el contribuyente de 3,9 millones de euros, y que sería el equivalente al empleo a tiempo completo de 60 miembros de personal por un año; pide que las cifras presentadas en el informe sobre el coste de los tres lugares de trabajo del Parlamento se modifiquen para incluir esta información adicional, y se remitan a la Convención Europea;

49. Subraya que la próxima ampliación conllevará un aumento del presupuesto del Parlamento de un 20 %; considera probable que los gastos que supone el mantenimiento de los tres lugares de trabajo sigan la misma tendencia, lo que daría lugar a unos gastos adicionales de aproximadamente 34 millones de euros;

50. Subraya la pérdida de eficiencia que ocasionan a los diputados el tiempo de viaje, la existencia de dos sistemas de clasificación de documentos y el desplazamiento regular de los archivos, etc. de un lugar de trabajo a otro, y toma nota de los costes indirectos que ello supone para los diputados (distintos modos de transporte a su disposición, duración adicional de los viajes y frecuencia de los vuelos);

51. Respalda la idea de que la concentración de las actividades en un solo lugar de trabajo conllevaría costes excepcionales de infraestructura y traslado de personal; recuerda que, con toda probabilidad, esos gastos serían compensados por el abandono de los edificios más grandes ocupados actualmente por el Parlamento; reconoce que también podrían surgir costes recurrentes que variarían considerablemente en función del país elegido;

52. Admite que la decisión sobre los lugares de reunión del Parlamento figura en el Tratado, pero en contra de la voluntad del Parlamento;

53. Exige que la Convención Europea examine seriamente, y tomando en consideración el estudio mencionado más arriba, la conveniencia de concentrar las actividades del Parlamento Europeo en una única sede; pide a la Convención que modifique el artículo 289 del Tratado CE y que en el proyecto de Constitución Europea garantice que el Parlamento Europeo y sus diputados puedan adoptar por sí mismos una decisión sobre la sede en la que desean desarrollar sus actividades; pide a sus representantes en la Convención Europea que defiendan esta posición en el seno de la misma;

54. Manifiesta su perplejidad ante el hecho de que los costes de las reuniones de comisiones celebradas fuera de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo asciendan a un total de 1 144 530 euros anuales; pide que estas reuniones "exteriores" de las comisiones se limiten a un máximo de una reunión por año, y que dichas reuniones se justifiquen con una explicación de por qué la comisión no pueden celebrarla en uno de los tres lugares de trabajo, y que cuenten con la aprobación de la Mesa del Parlamento;

Política inmobiliaria en Estrasburgo - LOW

55. Lamenta que las negociaciones sobre el coste definitivo de las inversiones del edificio LOW sigan aún en suspenso debido al recurso pendiente ante el Tribunal de Justicia sobre la fecha contractual de finalización y señala la incertidumbre que esto crea para la planificación del presupuesto del Parlamento (34);

56. Insiste en que se mantengan contactos administrativos y políticos con la SERS (Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg) y la ciudad de Estrasburgo para intentar encontrar, al margen del proceso judicial (35) - soluciones para salvar el desfase existente entre el precio solicitado por la seras y el precio que el Parlamento Europeo está dispuesto a pagar;

57. Recomienda a la Mesa que reconsidere la propuesta de construir dos nuevas salas de reuniones en Estrasburgo; considera que una reconfiguración de los edificios existentes podría ser suficiente para acomodar la llegada de los nuevos diputados después de la ampliación;

Política inmobiliaria en Luxemburgo

58. Celebra que las autoridades luxemburguesas hayan reembolsado en su totalidad los gastos ocasionados en agosto de 2000 por el abandono temporal del edificio ADG a consecuencia de los trabajos de desamiantado (36);

Política inmobiliaria en Bruselas

59. Constata que, desde el 15 de enero de 2001, todos los edificios de Bruselas son propiedad del Parlamento Europeo gracias a las inyecciones de capital de los años precedentes;

Losa

60. Subraya que, de conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 3 del Protocolo entre el Parlamento Europeo y el Estado belga, firmado el 23 de julio de 1998, volverán a correr a cargo de este último todos los gastos de mantenimiento y conservación que corresponden al Parlamento Europeo; subraya que el proyecto de protocolo de acuerdo complementario entre las Comunidades Europeas y el Reino de Bélgica relativo al reembolso de la provisión abonada por el Parlamento Europeo para el mantenimiento y la conservación de la losa se remitió a las autoridades belgas el 25 de abril de 2002; constata que el 23 de octubre de 2002 se envió una segunda carta y que las dos quedaron sin respuesta; subraya que se trata de un importe total de 4,74 millones de euros (valor a 31 de diciembre de 2001) (37); exhorta a las autoridades belgas a que cumplan sus obligaciones sin demora;

D4-D5/Ardenne

Gestión del Parlamento del proceso de selección del proyecto

61. Recuerda una serie de factores importantes que fueron decisivos a la hora de elegir el proyecto D4-D5/Ardenne como proyecto de ampliación de los edificios existentes del Parlamento Europeo en Bruselas: la ubicación geográfica y las conexiones de transporte a partir de los edificios actualmente ocupados, y la promesa del Gobierno belga de asumir los costes de los terrenos y de las obras de viabilidad;

62. Recuerda que el 8 de marzo de 2001 la Presidenta del Parlamento Europeo envió una carta al Primer Ministro belga, en la que le preguntaba si se iban a conceder gratuitamente terrenos para cualquier proyecto inmobiliario previsto por el Parlamento (y no sólo en relación con el emplazamiento del edificio D4-D5, tal como había afirmado el Sr. Martens mediante carta de 18 de noviembre de 1991 y había confirmado posteriormente el Sr. Dehaene) y si las autoridades federales poseían un edificio o una ubicación que pudieran ofrecer al Parlamento; constata que estas preguntas quedaron sin respuesta, incluso después de que el Parlamento Europeo enviara, el 13 de julio de 2001, un recordatorio al Primer Ministro belga (38);

63. Lamenta que en el momento de la prospección del mercado la concesión gratuita de terrenos por parte del Gobierno belga se garantizara única y exclusivamente para el proyecto D4-D5/Ardenne; toma nota, sin embargo, de que la evaluación del proyecto realizada por el Parlamento se basó exclusivamente en criterios funcionales;

64. Constata que la S.A. Promotion Leopold (filial de la S.A. SEL), en lo que se refiere a los edificios D4-D5, y la S.A. Immomills Louis De Waele Development, en lo que se refiere al edificio Ardenne, han presentado documentos en los que se establecen derechos exclusivos sobre los citados terrenos; constata que la S.A. Promotion Leopold es propietaria del 11 % de los terrenos D4-D5 y titular de una opción de compra del 89 % de dichos terrenos, lo que le permite adquirir su propiedad en cualquier momento hasta el 6 de abril de 2005, fecha en que expira esa opción de compra (acuerdo de opción de compra de 6 de abril de 2000 SNCB/SA Promotion Leopold), mientras que la S.A. Immomills Louis De Waele Development se convirtió en propietaria del terreno Ardenne mediante un acto auténtico de venta de 23 de enero de 1998 (39);

65. Constata que esta situación justificaría el recurso excepcional al procedimiento negociado de conformidad con la letra b) del apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (40) (41);

66. Considera que la administración y la Mesa del Parlamento Europeo actuaron correctamente en la búsqueda de una decisión justa sobre la ampliación de los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas e intentaron honestamente, con plena transparencia y consideración de las disposiciones del Reglamento financiero y del Derecho comunitario en materia de contratación pública, adoptar la decisión más favorable para el Parlamento Europeo teniendo en cuenta las circunstancias (42);

67. Estima que en la legislatura anterior y en el marco del diálogo institucional con el Gobierno Federal Belga, el Parlamento Europeo no disponía de fundamento jurídico para defender una reserva de terreno de construcción con vistas a una eventual ampliación de la Unión Europea; afirma que el proyecto de la ampliación estuvo rodeado de enormes incertidumbres y que la Mesa del Parlamento no pudo tomar decisiones formales de previsión al respecto hasta disponer del fundamento jurídico del Tratado de Niza y la confirmación del Consejo Europeo de Copenhague, así como que en esas fechas los derechos de propiedad de los terrenos adyacentes estaban ya en manos de SA Promotion Léopold, así como de SA Immomills Louis De Waele Development;

Situación ante la que se ha encontrado el Parlamento

68. Lamenta asimismo que, incluso tras las promesas de los Primeros Ministros Martens y Dehaene, las autoridades belgas no pusieran estos terrenos a disposición del Parlamento Europeo, sino que ofrecieran a agentes inmobiliarios y promotores la posibilidad de obtener la propiedad o una opción de compra, en particular mediante un acuerdo de opción de compra que vinculaba a los promotores del proyecto D4-D5 con la SNCB (Société nationale des chemins de fer belge), firmado el 6 de abril de 2000 y derivado a su vez de otro acuerdo firmado anteriormente, el 22 de mayo de 1990, sobre los edificios D4-D5; manifiesta su sorpresa por el hecho de que la SNCB haya apoyado plenamente esta estrategia;

69. Considera que el desarrollo de los acontecimientos situó al Parlamento Europeo ante hechos consumados y le privó de su plena libertad de acción para aplicar plenamente el Derecho comunitario en materia de contratación pública; opina que hubiera sido más equitativo convocar una licitación pública para la construcción de un anexo al Parlamento Europeo en los terrenos que el Gobierno belga ya había concedido gratuitamente;

70. Considera que, aunque la administración y la Mesa del Parlamento actuaran correctamente a la hora de aplicar el Derecho comunitario en materia de contratación pública, estaría justificado que las autoridades competentes (nacionales y/o europeas) investigaran si la libertad de toma de decisiones del Parlamento se vio limitada por los acuerdos elaborados entre las autoridades belgas y otros terceros;

Infraestructuras sociales

71. Exige que en la construcción de los nuevos edificios se garantice al máximo el acceso de las personas con discapacidad; Guardería de Bruselas

72. Celebra que el Parlamento Europeo haya firmado una opción de compra (43) para el Instituto Albert I (Wayenbergstraat), propiedad de la Fundación Marie Haps, lo que permitirá ampliar la capacidad actual de acogida de niños para finales de 2004;

Política de seguridad

73. Señala que la Mesa del Parlamento Europeo y el Secretario General ya habían prestado atención a la política de seguridad antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001; señala, a este respecto, las notas de 14 de septiembre de 2000 (44), 9 de mayo de 2001 (45), 18 de septiembre de 2001 (46) y 20 de febrero de 2002 (47); respalda las medidas vigentes en relación con un mejor control del acceso y de los flujos de visitantes; solicita, no obstante, el refuerzo de la cooperación con los servicios de seguridad nacionales responsables de garantizar la seguridad de los edificios en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo; lamenta que la seguridad de los edificios en Bruselas, efectuada por efectivos policiales, deje que desear; pide a las autoridades belgas que vigilen los edificios del Parlamento Europeo de la misma manera que vigilan los Parlamentos federal y regional, para lo cual utilizan, entre otros, los servicios de la policía militar;

74. Reconoce el problema de la delincuencia callejera en el barrio europeo; insta a que se establezcan suficientes controles policiales pero señala que una parte del problema se debe también a la propia construcción de las instituciones europeas que convirtió este barrio originariamente residencial en un desierto urbano; señala que un barrio mixto compuesto de oficinas y viviendas, así como un control social sano, podrían contribuir a una considerable mejora de la seguridad; insta a un mayor contacto y diálogo entre los residentes del barrio y el Parlamento;

75. Lamenta que el Tribunal de Cuentas no haya accedido a su solicitud, enunciada en el punto 16 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de abril de 2000, sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión (48), consistente en la elaboración de un informe especial sobre la práctica de adjudicación de contratos de vigilancia de sus edificios, así como un examen de su rentabilidad;

76. Reitera su petición de que se elabore un informe especial sobre el procedimiento de adjudicación de estos contratos de vigilancia de los edificios del Parlamento, incluido el examen de su rentabilidad, dado que, al parecer, no se han resuelto los problemas que ya se plantearon en 2000;

Mejor utilización de los edificios del Parlamento Europeo

77. Aprueba el objetivo de utilizar mejor los edificios del Parlamento Europeo; señala que de esta manera aumentará considerablemente el grado de ocupación de los edificios en Bruselas y Estrasburgo; considera que este enfoque da una nueva dimensión al Parlamento al permitirle ser actor en el debate político, en otro ámbito distinto de su actividad estrictamente parlamentaria; considera que esta utilización podría implicar más directamente a nuestros conciudadanos en la construcción europea, con la organización de acontecimientos que atraigan a los medios de comunicación y a los ciudadanos;

78. Apoya los cinco criterios que establecen el marco de estas iniciativas: coherencia política con las orientaciones del Parlamento Europeo, respeto y dignidad del Parlamento Europeo, prolongación directa de las actividades parlamentarias, apertura y mediatización, control contable (coste razonable, búsqueda de cofinanciación exterior);

Grupos políticos

79. Recuerda que, de conformidad con el apartado 2.7.1 de la Reglamentación relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida presupuestaria 3701 (49), los informes auditados (es decir, las cuentas) de los grupos políticos y los informes equivalentes de los diputados no inscritos se remitirán a la Comisión de Control Presupuestario;

80. Hace suyas las siguientes observaciones en relación con las cuentas de los grupos políticos:

a) Las cuentas de siete grupos políticos (PPE-DE, PSE, UEN, ELDR, GUE/NGL, EDD, Verts/ALE) se han publicado en el sitio Internet del Parlamento, de conformidad con el apartado 48 de la Decisión arriba mencionada de 10 de abril de 2002;

b) Aunque un grupo presentó las cuentas de una fundación luxemburguesa al Presidente (en las que se indicaban los activos, incluidas las inversiones en capital y propiedades inmobiliarias), estas cuentas no se han publicado en el sitio Internet del Parlamento;

c) Para que sea completo, el sitio Internet también debería incluir las cuentas auditadas del grupo TDI, disuelto el 2 de octubre de 2001;

d) La reglamentación financiera interna de los grupos políticos relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida presupuestaria 3701 también deberá publicarse en el sitio Internet del Parlamento;

e) En cada uno de los siete casos, los auditores han emitido un dictamen de las cuentas de los grupos libre de matizaciones;

f) A pesar de un aumento en el índice de utilización de los créditos de la partida presupuestaria 3701, que osciló en 2001 entre el 87,96 % y el 105,45 % (en comparación con cifras muy inferiores en 2000), las cuentas de los grupos siguen mostrando prórrogas sustanciales de un ejercicio a otro que ascienden a más de la mitad de la subvención anual de cada grupo; el 28 de noviembre de 2001, la Mesa aprobó una interpretación del apartado 2.1.6 de la Reglamentación relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida presupuestaria 3701 en el sentido de que el límite máximo (del 50 % de los créditos anuales) impuesto a la prórroga de créditos no utilizados (límite máximo aplicable a partir del 1 de enero de 2002) se aplicaría sólo a partir de la prórroga de créditos del ejercicio 2002 al ejercicio 2003;

g) Independientemente de la existencia de considerables importes prorrogados, el presupuesto del Parlamento para el ejercicio 2003 incrementó los créditos de la partida presupuestaria 3701 en un 8,4 %; en interés de la buena gestión financiera, no deberían autorizarse nuevas excepciones a las normas relativas a las prórrogas de créditos;

81. Toma nota de las siguientes observaciones en relación con la contabilidad de los diputados no inscritos;

a) De conformidad con las normas actualmente en vigor (Reglamentación relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida presupuestaria 3701), las cuentas de los diputados no inscritos no son auditadas, sino simplemente revisadas y, en algunos casos, corregidas por la Administración; se pide al Secretario General que informe sobre la posibilidad de exigir en el futuro una certificación por parte de un auditor externo;

b) Las disposiciones de la Reglamentación relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida presupuestaria 3701 deben ser revisadas y clarificadas con el fin de evitar reclamaciones por tipos de gastos improcedentes (es decir, aquellos que ya quedan cubiertos por las dietas de los diputados, por ejemplo, las dietas para gastos generales, las dietas de secretariado) (50), e ir acompañadas, para orientar a los diputados, de una lista de tipos de gastos procedentes de conformidad con dicha Reglamentación;

82. Toma nota de que, sobre la base de la información facilitada por el Secretario General (51), la Reglamentación relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida presupuestaria 3701 debe volver a examinarse con el fin de determinar si es compatible con el nuevo Reglamento financiero, y de que un grupo de trabajo comunicará sus conclusiones y recomendaciones a la Mesa a finales de marzo de 2003; pide a la Mesa que la revisión de la citada Reglamentación se base en las siguientes consideraciones:

- La necesidad de explicar detalladamente y con claridad las responsabilidades de los grupos políticos en lo que se refiere a la ejecución del presupuesto;

- El dictamen del Servicio Jurídico del Parlamento (52) en el sentido de que la situación jurídica, financiera y contractual de los grupos debe exponerse de forma detallada y explícita en el Reglamento o en otras reglamentaciones internas;

- Las normas deben establecer claramente los controles que se pide a los auditores que lleven a cabo y las garantías específicas que deben dar en sus certificaciones de conformidad, basadas en las mejores prácticas que aplican actualmente los auditores de los grupos y, en particular, la garantía de que los créditos de la partida presupuestaria 3701 no se han utilizado para adquirir propiedades inmobiliarias o para financiar campañas electorales;

83. Acoge con satisfacción la información facilitada por el Secretario General (53) de que los contables de los grupos políticos entregarán en breve a la administración un inventario de sus activos inmovilizados, indicando el valor de los mismos; pide al Secretario General que presente un informe global a la Comisión de Control Presupuestario que cubra el inventario de todos los grupos políticos junto con propuestas en relación con el problema específico de las propiedades adquiridas por los grupos políticos para sus delegaciones nacionales y localizadas en lugares a los que la administración no tiene acceso;

84. Toma nota con satisfacción de que el programa de trabajo del Tribunal de Cuentas para 2003 incluye un informe de seguimiento del informe especial del Tribunal de Cuentas no 13/2000 sobre los gastos de los grupos políticos del Parlamento Europeo (54);

85. Encarga a su Comisión de Control Presupuestario que continúe dedicando una sección de la aprobación anual de la gestión a las cuentas auditadas de los grupos políticos y de los diputados no inscritos, prestando especial atención a las observaciones realizadas al respecto por el Tribunal de Cuentas en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio 2002;

86. Toma nota de la aprobación el 19 de febrero de 2003 por parte la Comisión de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos [COM(2003)77 final]; señala que, tras la entrada en vigor del Tratado de Niza, el procedimiento está sujeto ahora a la codecisión; expresa su esperanza de que el Consejo y el Parlamento, en el tercer año tras la publicación del informe especial no 13/2000 del Tribunal de Cuentas, puedan adoptar una decisión para la aplicación del Estatuto antes de las próximas elecciones europeas;

87. Reitera la solicitud formulada en la Resolución arriba mencionada de 13 de abril de 2000 para el ejercicio 1999 y en su Decisión sobre la aprobación de la gestión de 4 de abril de 2001 (55) para que el Tribunal de Cuentas lleve a cabo una auditoría de las finanzas de los grupos políticos cada dos años, con el fin de ayudar a la Comisión de Control Presupuestario en la elaboración del informe contemplado en el punto 2.7.3 de la Reglamentación relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida presupuestaria 3701 (56);

Adjudicación de contratos

88. Toma nota de que en 2001 (57) se consultó a la Comisión Consultiva de Compras y Contratos (CCCC) en relación con 279 transacciones o procedimientos de adquisición por un valor total de unos 430 millones de euros, incluidas tres inyecciones de capital (edificios) por un valor aproximado de 320 millones de euros, y de que la proporción de contratos que fueron objeto de licitación fue comparable, en líneas generales, a las de años anteriores:

TABLA OMITIDA EN PÁGINA 76

89. Señala el descubrimiento, en el Informe Anual de la CCCC, de que, de los 279 asuntos examinados en 2001, un total de 37 (13,35 %) no fueron aceptados en la forma en que se presentaron;

90. Reconoce que los informes trimestrales y anuales de la CCCC constituyen una valiosa herramienta de gestión que ofrece una visión completa de las actividades de contratación y adquisición de la Institución; pide a su Secretario General que, a raíz de la abolición de la CCCC como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Reglamento financiero el 1 de enero de 2003, tome medidas para garantizar que su Comisión de Control Presupuestario siga recibiendo con regularidad información completa sobre las actividades de adquisición y contratación del Parlamento; señala en este contexto la decisión (58) de crear un nuevo Grupo Interservicios de Contratos Públicos (GICP) de carácter consultivo, que se inspirará en la experiencia y los conocimientos especializados que la CCCC ha ido acumulando a lo largo de los años, sin por ello socavar la autonomía ni la responsabilidad de los ordenadores con arreglo a las nuevas normas;

91. Toma nota de que la CCCC ha sido reemplazada por el Grupo Interservicios de Contratos Públicos, que asesorará sobre cuestiones relacionadas con la contratación pública; pide, sin embargo, la garantía de que la responsabilidad de los directores generales permanezca intacta y de que las decisiones relativas a la contratación pública sigan siendo responsabilidad de los mismos;

Política de información

92. Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea [COM(2002) 350 final]; toma nota asimismo de la nota del Secretario General "Proyecto de programa de acciones de información y de comunicación con vistas a las elecciones europeas de junio de 2004" (59);

93. Reitera su petición de que el Parlamento celebre un debate anual sobre la política de información de la UE antes de que se establezcan las orientaciones presupuestarias para el siguiente ejercicio presupuestario;

94. Reitera que deben tenerse en cuenta los siguientes principios en materia de información pública y comunicación: imparcialidad y ausencia de propaganda, facilitación de información objetiva, y facilitación de una oferta de información variada y equilibrada;

95. Subraya que la información difundida por la UE debe poner de manifiesto los valores europeos comunes, a saber, la democracia, el pluralismo, la seguridad, la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la cohesión etc., y mostrar al ciudadano, al mismo tiempo, las ventajas concretas en su vida cotidiana ligadas a su pertenencia a la Unión, con objeto de evitar que la imagen de la Unión sea la de un terreno de confrontación permanente entre intereses nacionales divergentes;

96. Reafirma su compromiso con el derecho de los ciudadanos a tener acceso a una continuada, completa, imparcial y objetiva corriente de información básica sobre la UE, en su propia lengua; considera que la difusión de esta información en todas las lenguas oficiales reconocidas en los Estados miembros y en las lenguas menos utilizadas deberá ser asegurada por las autoridades apropiadas en un lenguaje comprensible y destaca la importancia de desarrollar prioritariamente campañas de información específicas, particularmente en los países candidatos a la adhesión;

97. Celebra la cooperación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento en el marco del Grupo Interinstitucional sobre información y comunicación y solicita el refuerzo de dicha cooperación;

98. Acoge favorablemente la instalación, en las zonas reservadas a los visitantes en Bruselas y Estrasburgo, de una exposición permanente sobre la historia del Parlamento Europeo;

99. Señala una vez más el bajo nivel de los recursos que se destinan a información y comunicación (25,8 millones de euros en 2001, es decir, el 2,58 % del presupuesto total del Parlamento Europeo), una gran parte de los cuales (11,2 millones de euros, es decir, el 43 %) se destina al programa de visitas y a Euroscola;

100. Reconoce que se han hecho importantes esfuerzos para modernizar el programa de visitas, en particular mediante la mejora de los instrumentos de trabajo (apoyo informático/audiovisual, sitio Internet del servicio "Visitas") y de la utilización de los recursos humanos (multilingüismo, sistema informático Gevisite), y celebra que estas medidas se hayan traducido en una mejor planificación de las tareas y en la organización de una serie de conferencias destinadas a los ciudadanos de los países candidatos a la adhesión; toma nota de que se ha encargado a una consultora la realización de un estudio sobre la calidad del programa propuesto a los visitantes y sobre el impacto del mismo, y que dicho estudio estará disponible para finales de junio de 2003; pide al Secretario General que facilite una copia de dicho estudio a la Comisión de Control Presupuestario (60);

Asistentes de los diputados

101. Reitera que es absolutamente necesario garantizar los derechos de los asistentes contratados por los diputados, con inclusión de un seguro y una seguridad social adecuados; considera que el mejor medio para lograrlo es un estatuto de los asistentes; insta, en este contexto, al Consejo a que tramite rápidamente la propuesta modificada presentada por la Comisión el 16 de julio de 2002 (61) con vistas a la modificación del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de forma que el nuevo régimen pueda entrar en vigor ya antes de las elecciones de 2004; pide a la Mesa del Parlamento Europeo que antes del 30 de junio de 2003 adopte una decisión sobre las 12 propuestas (62) presentadas el 7 de octubre de 2002 por el Vicepresidente del Parlamento Europeo responsable del estatuto de los asistentes (63);

102. Señala que este estatuto no se aplicaría a los prestadores de servicios, dado que éstos, en virtud de su estatuto jurídico, deben cumplir ellos mismos sus obligaciones en materia de seguridad social y fiscalidad; recomienda a la Mesa, con el fin de garantizar la mayor transparencia posible, que imponga a los diputados que contraten a prestadores de servicios la obligación de transmitir a la administración una copia de las facturas correspondientes al prestador de servicios/diputado, por analogía con la obligación ya existente de presentar a la administración el contrato de trabajo celebrado entre el asistente parlamentario y el diputado (64); señala la opinión del interventor (65), según la cual, tal como sucede con todos los prestadores de servicios en cualquier otro ámbito de la actividad parlamentaria, un pago debe estar basado en la presentación de una factura válida por los servicios prestados;

Dietas de los diputados

103. Insiste en que los principios básicos de claridad, transparencia, regularidad y responsabilidad deberán aplicarse a todos los pagos efectuados con cargo al presupuesto de la Institución, incluidos los pagos realizados a los diputados;

104. Recuerda las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en el sentido de que los importes reembolsados por los gastos de viaje y estancia en que incurran los diputados deben corresponder a los gastos de viaje reales y a la duración real de la estancia;

105. Toma nota con satisfacción de la creación por la Mesa de un grupo de trabajo sobre los gastos y las dietas de los diputados en el contexto de las negociaciones del Estatuto de los diputados e insta al grupo de trabajo a que ejecute las recomendaciones del Tribunal de Cuentas;

106. Observa con preocupación el número cada vez mayor de diputados que registran su asistencia durante las semanas "amarillas", con unos costes que ascienden a 372 675 euros, y señala que estas semanas "amarillas" se instituyeron originalmente para que los diputados dedicaran una parte importante de su tiempo a estar en contacto con las circunscripciones a las que representan;

107. Expresa su preocupación por la ampliación del horario de apertura del registro central de firmas de las 7.00 a las 22.00 horas; pide al Secretario General que presente propuestas para una supervisión mínima del registro;

108. Señala que, en la actualidad, las contribuciones al régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados se descuentan automáticamente de las dietas para gastos generales; pide al Secretario General que informe antes del 1 de julio de 2003 sobre la viabilidad de pedir a los diputados que prevean una orden de domiciliación bancaria para pagar dichas contribuciones;

109. Recuerda, en el marco de las funciones de los diputados, el derecho de éstos al desempeño de sus tareas en todas las lenguas oficiales de los Estados miembros y ruega encarecidamente que se arbitren los medios para poder disponer de toda la documentación en todas las lenguas al mismo tiempo para evitar discriminaciones y que no se vean disminuidos o cercenados el derecho y la obligación de ejercer plenamente sus funciones representativas;

El asunto de la Administración de Anticipos de los Diputados

110. Toma nota de que se ha aplicado el procedimiento contemplado en el artículo 22 del Estatuto de los funcionarios con el fin de establecer responsabilidades en relación con la diferencia de 4 136 125 francos belgas entre la situación de caja y las correspondientes cuentas en 1982;

Medio ambiente

111. Reconoce que los nuevos edificios que se están construyendo actualmente para el Parlamento Europeo ofrecen una oportunidad única de dar ejemplo mediante la aplicación de las mejores prácticas ambientales; manifiesta su satisfacción por el hecho de que los edificios D4-D5/Ardenne se diseñen y construyan respetando las normas de protección del medio ambiente; respalda las decisiones de instalar un sistema de recuperación, almacenamiento y utilización del agua de lluvia en el edificio D4; respalda la decisión de reducir el consumo de energía de los edificios aplicando las siguientes opciones técnicas: aislamiento térmico eficaz, sistema de aire acondicionado que favorezca la recuperación de calorías o frigorías gratuitas, utilización de placas solares para calentar el agua, posibilidad de crear una unidad de generación combinada (66);

112. Acoge con satisfacción la información facilitada por el Secretario General (67) según la cual, a raíz de la publicación de una licitación, la administración del Parlamento firmará en breve un contrato con una consultora especializada en gestión de medio ambiente para encomendarle un estudio global de su política interna de medio ambiente cuyas conclusiones se espera que estén disponibles en el curso de 2003; insiste en que las conclusiones de dicho estudio deberán remitirse a las comisiones competentes del Parlamento; reitera cuanto se señala en el apartado 75 de la citada Decisión de 10 de abril de 2002 (68), en el que se destaca la necesidad de aplicar en los nuevos edificios del Parlamento principios administrativos sostenibles;

113. Toma nota de que la administración estudia actualmente los aspectos prácticos y administrativos (69) de un plan elaborado en 2002 tras un estudio realizado por Iris Consulting sobre un mejor plan de movilidad (transporte) en Bruselas; coincide en que hay que animar a las personas que utilizan los edificios del Parlamento en Bruselas a que utilicen en la medida de lo posible el transporte público; reconoce, no obstante, que, para realizar progresos significativos en este ámbito, será necesario que la zona de la rue Belliard sea más accesible para los peatones; encarga a su Secretario General que continúe sus contactos con las autoridades belgas competentes para hacer la zona que rodea los edificios del Parlamento más segura y más atractiva para el tráfico peatonal y ciclista;

114. Pide que se facilite más información interna, dentro y en los alrededores de los edificios del Parlamento Europeo, sobre la movilidad sostenible (carteles, monitores con las conexiones ferroviarias de la estación de Luxemburgo, información sobre los transportes colectivos/públicos), e insta a la Mesa a que establezca un centro de gestión de la movilidad profesional, visible, continuo e interactivo, preferiblemente como parte de los servicios ya existentes, en el que todos los funcionarios puedan informarse sobre una movilidad más sostenible;

115. Señala que, a escala internacional, la UE desempeña un papel pionero en la política climática; considera que las instituciones europeas también deben contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por la UE en el marco del Protocolo de Kyoto; felicita al Secretario General por las medidas ambientales ya adoptadas en relación con la política inmobiliaria y la gestión cotidiana (70), y pide que, antes del 31 de julio de 2003, estas medidas se agrupen y se transpongan en un plan de política climática del Parlamento Europeo que establezca unos objetivos claros y que constituya una aportación al cumplimiento de las normas de Kyoto;

Transparencia

116. Toma nota con satisfacción de que en 2001 los 626 diputados presentaron las declaraciones de intereses financieros de conformidad con el artículo 2 del anexo I del Reglamento; toma nota de que a 30 de enero de 2003 un total de 444 diputados han actualizado sus declaraciones correspondientes a 2002 (71); anima a los diputados a que autoricen la publicación de sus declaraciones en Internet;

117. Aplaude la decisión adoptada por la Mesa en su reunión del 13 de enero de 2003 de que el registro de los miembros de los grupos de intereses y de los grupos a los que representan con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del anexo IX del Reglamento se publique en la página Internet del Parlamento;

118. Recuerda que, de conformidad con el apartado 9 del artículo 14 de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados (72), "el Parlamento Europeo establecerá una lista nominal del conjunto de los asistentes, accesible al público"; toma nota de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (73) de que, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) no 45/2001 (74), dicha información personal sólo puede revelarse si la persona a la que se refieren los datos ha dado su consentimiento; comparte la preocupación del Defensor del Pueblo Europeo (75) en el sentido de que la decisión del Parlamento de publicar un registro de los asistentes de los diputados "ha sido puesta en duda argumentando que la protección de datos confiere a los asistentes el derecho a permanecer en el anonimato aunque su sueldo sea pagado con el dinero de los contribuyentes europeos";

119. Aplaude, por consiguiente, la decisión de la Mesa de 10 de febrero de 2003 de publicar en el sitio web del Parlamento la lista de ayudantes acreditados (sujeta a excepciones por motivos razonados), que incluirá el nombre del diputado que efectúa la contratación del ayudante;

120. Toma nota con preocupación de que el Defensor del Pueblo Europeo también ha criticado (76) al Parlamento Europeo por haber rechazado, basándose en el Reglamento (CE) no 45/2001, su propuesta de que informe a los candidatos de futuros concursos de contratación de que se publicarán los nombres de los candidatos que superen las pruebas;

121. Toma nota, como un ejemplo más de la tensión no resuelta entre la transparencia [Reglamento (CE) no 1049/2001] (77) y la protección de datos [Reglamento (CE) no 45/2001], del dictamen del Servicio Jurídico (78) en el sentido de que los documentos (concretamente: denegaciones de visado del Interventor) relativos a actos realizados por los ordenadores en el ejercicio de sus funciones no pueden divulgarse sin haber borrado previamente sus nombres;

122. Es consciente de una falta de claridad comparable en los acuerdos que rigen el flujo de información potencialmente sensible entre la OLAF y la Comisión de Control Presupuestario, siendo las disposiciones del anexo VII del Reglamento del Parlamento Europeo un marco bastante inadecuado para regular dicha información;

123. Encarga a su Presidente que, basándose en el asesoramiento del Secretario General y del Servicio Jurídico, estudie qué acciones podría ser necesario incluir, posiblemente enmiendas al Reglamento, para alcanzar un equilibrio adecuado entre las exigencias de claridad, transparencia y acceso a los documentos, por una parte, y la legítima protección de los datos privados, por otra, y que presente propuestas adecuadas a los órganos competentes.

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(1) DO C 295 de 28.11.2002, p. 1.

(2) DO L 356 de 31.12.1977, p. 1.

(3) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

(4) PE 265.492/MESA/def.

(5) Véase la lista de responsabilidades de los miembros de la Mesa en PE 315.558/MESA/def.

(6) Véase el acta de la Mesa de 4.12.2002, anexo 2.

(7) Fuente: Informe del Interventor a la Institución no 2/01 (PE 315.560 MESA/An.).

(8) Definido como el porcentaje de correcciones en relación con el número de documentos presentados.

(9) Véase el anexo.

(10) DO L 158 de 17.6.2002, p. 43.

(11) Apartado 1 del artículo 83 del Estatuto de los funcionarios.

(12) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 5).

(13) PE 318.464/MESA, PE 324.669/MESA, PE 324.894/MESA.

(14) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 7).

(15) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 7).

(16) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 7).

(17) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 14).

(18) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 7).

(19) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 7).

(20) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 10).

(21) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 10).

(22) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 11 y anexo 2).

(23) Véase el informe de la Vicepresidenta Lalumière a la Mesa (PE 318.444/MESA).

(24) Véase el informe de la Vicepresidenta Lalumière a la Mesa (PE 318.444/MESA).

(25) Véase el informe de la Vicepresidenta Lalumière a la Mesa (PE 318.444/MESA).

(26) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 13).

(27) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 20).

(28) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 14).

(29) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 20).

(30) DO L 197 de 27.7.2002, p. 53.

(31) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 14).

(32) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 14).

(33) PE 320.860/MESA/def.; véase asimismo el cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 25).

(34) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 34, 44).

(35) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 34, 44).

(36) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 37).

(37) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 36).

(38) Fuente: Nota a la atención de los miembros de la Mesa sobre la selección de un proyecto inmobiliario en Bruselas - PE 308.949/MESA, 17 de octubre de 2001.

(39) Fuente: dictamen jurídico sobre el procedimiento aplicable para la celebración de un contrato enfitéutico con opción de compra en el marco de la negociación sobre los edificios D4-D5 en Bruselas (SJ-281/00 de 6 de diciembre de 2000) y dictamen jurídico sobre la elección de un procedimiento negociado con los promotores de un proyecto inmobiliario en Bruselas en el contexto de la futura ampliación de la Unión Europea (SJ-262/01).

(40) DO L 199 de 9.8.1993, p. 54.

(41) Fuente: dictamen jurídico sobre la elección de un procedimiento negociado con los promotores de un proyecto inmobiliario en Bruselas en el contexto de la futura ampliación de la Unión Europea (SJ-262/01).

(42) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 39).

(43) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 32).

(44) PE 293.557/MESA y anexos.

(45) PE 302.593/MESA y anexos.

(46) PE 308.879/MESA.

(47) PE 311.852/MESA.

(48) DO C 40 de 7.2.2001, p. 398.

(49) Anexo al acta de la Mesa de 1.2.2001 (PE 315.827).

(50) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 50).

(51) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 49).

(52) SJ-316/02.

(53) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 52).

(54) DO C 181 de 28.6.2000.

(55) DO L 160 de 15.6.2001, p. 25.

(56) PE 298.252/MESA/def., acta de la Mesa de 11.12.2000 y 1.2.2001.

(57) Fuente: Informe de actividades 2001 de la CCCC.

(58) PE 324.930/MESA.

(59) PE 320.937/MESA, 10 de septiembre de 2002.

(60) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 56).

(61) DO C 331 E de 31.12.2002, p. 23.

(62) PE 321.006/MESA.

(63) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 61).

(64) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 62).

(65) Informe Anual ni 03/01, apartado 4.2.

(66) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 43, P 72 y anexo 6).

(67) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 72).

(68) DO L 158 de 17.6.2002, p. 43.

(69) Cuestionario y respuestas - PE 315.838 (P 73).

(70) Véase el Anexo 6 - Cuestionario.

(71) Fuente: PE - DG I.

(72) PE 113.116/rev. XIII - 08-2002 (Véase también el apartado 7 del anexo VI a dicha Reglamentación).

(73) PE 316.190.

(74) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

(75) Carta de 30.9.2002 (PE 321.047/MESA).

(76) Carta de 30.9.2002 (PE 321.047/MESA).

(77) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

(78) SJ-289/2002.